La discusión de la nueva Constitución cubana alentó una fuerte movilización de las iglesias evangélicas. El blanco era el artículo 68, que habilitaba el matrimonio igualitario. Finalmente, el gobierno retiró el artículo antes de que la nueva Carta Magna fuera aprobada en febrero pasado en un referéndum popular. No obstante, tanto el desarrollo evangélico como el de los movimientos LGBTI son parte del nuevo paisaje cubano, en medio de las reformas y de la apertura limitada, hoy, por primera vez en medio siglo, sin un presidente de apellido Castro.

Cuba transita por reformas económicas pero también constitucionales y, desde abril de 2018, cuenta con un presidente de la «nueva generación», tras casi medio siglo de gobierno de Fidel y Raúl Castro. La economía se enfrenta hoy a nuevos retos, entre ellos el debilitamiento de Venezuela, que tiene repercusiones en la isla, así como la necesidad de emprender la unificación monetaria. Pero, por el momento, se prevé que continúe el estancamiento económico para 2019.

El acercamiento de Cuba y Venezuela pareció reconciliar pasado y futuro. El socialismo del siglo XXI venía al rescate del del XX para, además, mejorarlo. Pero no fue así y hoy, a veinte años de la Revolución bolivariana, Venezuela se encuentra en una crisis de su modelo de populismo petrolero crecientemente autoritario. Y Cuba transita su propia forma de restauración capitalista. Pero Cuba y Venezuela comparten también una certeza: no hay paraísos adonde regresar. Ni la Cuba pre-59 ni la Venezuela pre-Chávez eran la panacea que hoy algunos creen.

Tras la caída de la Unión Soviética y el Periodo Especial, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba comenzaron a ocupar un rol central en la economía y en la gestión de empresas estratégicas. Desde allí, los militares proyectaron una imagen de eficiencia en una economía caracterizada por el inmovilismo y la burocracia. No obstante, las FAR siguen ancladas en visiones de la Guerra Fría y sumergidas en la opacidad.

Lejos de la política de aislamiento y de sanciones, Occidente recurre al poder blando frente al proceso de reformas que Raúl Castro inició en 2005.

Después de que en 2006 Raúl Castro reemplazara a su hermano e iniciara su política de reformas, al menos una cosa es clara: la transición ordenada cubana produce ganadores y perdedores. La vieja narrativa del pacto revolucionario entre el Estado y el pueblo, que suponía el intercambio de la lealtad política por la independencia nacional, la protección social y la erradicación de la pobreza, se ha agotado. La generación joven está alienada de la política. La etnicidad ha vuelto a marcar líneas de desigualdades. ¿Quiénes se benefician con las reformas? ¿Hay una propuesta del gobierno para establecer un nuevo pacto social con la población? La clave del éxito se encuentra exclusivamente en Cuba. No obstante, los cambios en las relaciones con Estados Unidos abren nuevos escenarios.

El anuncio realizado simultáneamente a las 12 del mediodía del 17 de diciembre de 2014 por los presidentes de Cuba y Estados Unidos, Raúl Castro y Barack Obama, sobre el acuerdo para comenzar el largo proceso de normalizar sus vínculos bilaterales, tras 18 meses de negociaciones secretas, fue tan inesperado para la mayor parte de los analistas internacionales como trascendente para la historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Sus repercusiones se harán sentir en el corto, mediano y largo plazos, en el conjunto del espacio interamericano.

Inicialmente impulsado por intelectuales, músicos, escritores y artistas, desde fines de la década de 1990 el movimiento afrocubano ha ido logrando romper el silencio oficial que cubría el tema racial en Cuba. En los últimos años, la lucha por la igualdad racial se ha enriquecido con la participación de organizaciones y activistas que han traducido las denuncias al lenguaje de los derechos ciudadanos. Aunque el movimiento afrocubano ha ganado en complejidad y diversidad, el debate de los últimos años ha ido produciendo, en paralelo, una serie de grandes temas de interés compartido. Estos puntos de acuerdo anticipan, quizás, la posibilidad de un programa consensuado y una acción común.

Este artículo analiza la compleja relación del Estado cubano con sus emigrados, a los que, desde un enfoque de seguridad nacional, ha excluido de la nación y de la comunidad política. El caso cubano se analiza en perspectiva comparada, atendiendo al modo en que los Estados latinoamericanos enfrentan el problema de la inclusión de sus diásporas, y se parte de la idea de que, en las últimas décadas, la ampliación de la presencia de los migrantes y su creciente importancia en la economía y la sociedad cubanas constituyen un nuevo escenario para pensar una reforma migratoria. En este nuevo contexto, es indispensable una profunda reevaluación no solo de la política migratoria, sino de la definición simbólica de la nación y la ciudadanía.