Los escándalos de corrupción política ocurridos en México colocaron nuevamente un viejo tema en la discusión nacional y latinoamericana: el de la relación de las instituciones políticas con los comportamientos partidistas en el contexto de las democracias realmente existentes. Las notas siguientes exploran los recientes escándalos políticos, ofreciendo un contexto de interpretación y análisis. La idea central es que la crisis de la política y de los partidos forma parte de un proceso de debilitamiento del horizonte normativo de la democracia mexicana, que se despliega en dos dimensiones: la debilidad de las instituciones representativas, y el predominio del pragmatismo político de los actores.

La larga y accidentada transición mexicana que culminó en 2000 con el triunfo electoral del PAN y la derrota del PRI, significó el fin de un ciclo histórico de la política y la sociedad mexicanas. Las elecciones que se celebrarán en julio de 2003 serán las primeras en un régimen plenamente reconocido como democrático por todos los partidos. Se renovará la Cámara de Diputados y varios congresos estaduales, presidencias municipales y gubernaturas locales. La dimensión simbólica de la postransición, la experiencia de la alternancia, el comportamiento de las organizaciones, el costo público de la política, los efectos del sistema electoral sobre el sistema de partidos, y el papel de la política en las iniciativas económicas del nuevo régimen, forman algunos puntos del «mínimo irreductible» de temas que pueden configurar una visión del futuro de los partidos políticos en México.

En este trabajo se discute el fenómeno del nuevo intervencionismo estatal en la educación superior en el contexto de la globalización, la herencia de las políticas económicas neoliberales y los variados procesos de democratización política. La idea central a discutir es la capacidad de los paradigmas sociológicos y educativos que usualmente se emplean en América Latina para reconocer e interpretar los problemas de la agenda (o agendas) que implica la acción pública en el campo de la educación superior universitaria. Una política pública de educación superior que aspire a ser eficaz y legítima en el contexto de la nueva complejidad social y política de la región, es un asunto de poder, no una cuestión de nobles intenciones o diseños institucionales.