¿Valió la pena la convocatoria de la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas, UNGASS 2016, que sesionará en Nueva York del 19 al 21 de abril? El balance es claroscuro.

Oscuro porque, no obstante la petición del Secretario General de la ONU y del amplio debate informal preparatorio que consideraba todas las opciones, a la Asamblea no llega una propuesta de evaluación y cambio sustancial de política. Las negociaciones siguen marcadas por las inercias burocráticas y las posiciones dogmáticas. Las 187 organizaciones sociales que firmaron la declaración «Diplomacia o Negacionismo», muestran que la preparación oficial no fue incluyente ni transparente.

El documento que llega a la Asamblea, titulado «Nuestro compromiso conjunto de afrontar y combatir eficazmente el problema mundial de las drogas», combina el no reconocimiento del fracaso de la política vigente ni de sus consecuencias devastadoras, con la incorporación de algunos enunciados alternativos. Ratifica metas fallidas, aunque por fortuna no la de la UNGASS 1998, de buscar «Un mundo libre de drogas». Ahora, habla de «un mundo libre del abuso de las drogas» y acepta cierta flexibilidad tanto en la interpretación de las convenciones como en el diseño de políticas nacionales según necesidades y prioridades propias. Reitera que la política de drogas debe ser coherente con la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional, los Derechos Humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; debe tener un enfoque integrado, multidisciplinario, equilibrado, amplio y basado en datos científicos; y dar respuestas proporcionadas y eficaces en el proceso penal. Sin embargo, resulta muy débil el llamado a terminar con la aplicación de la pena de muerte o la cadena perpetua por delitos relacionados con drogas. Avanza en medidas de reducción de la demanda y en el consumo como asunto de salud pero, en lo relativo a la oferta, predomina un enfoque represivo.

Con todo, estos tres años -desde la convocatoria de la UNGASS a fines de 2012- dejan muchas novedades. En primer lugar, mostraron que no existe un consenso sobre este asunto global multifacético y multidimensional, que se manifiesta en forma diferente en las distintas regiones y que afecta más a unas poblaciones que a otras, y abrieron un debate por fuera de los marcos oficiales que evaluó el pasado, consideró todas las alternativas e incluyó a muy diversos actores. Aunque el informe final oficial ignore muchos de esos insumos, el tema ya no está solo bajo control de la Comisión de Estupefacientes, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, ni se limitó a los Estados con representación en Viena. En las otras sedes -Nueva York, Ginebra- y en diversos organismos de Naciones Unidas se manifestaron propuestas a favor de centrar la política en las personas y sus derechos, de revertir las consecuencias negativas de la estrategia vigente y resolver las tensiones al interior del sistema de Naciones Unidas y, en particular, de fiscalización de drogas.

Un grupo promotor del debate encabezado por los gobiernos de Colombia, México y Guatemala -cuyo llamado a evaluar la política dio origen a la convocatoria de la UNGASS 2016-, junto con otros entre los que han estado Uruguay, Suiza, Ghana, con académicos y organismos de la sociedad civil¹, suscitó una coordinación de esfuerzos preparatorios intergubernamentales, no gubernamentales, regionales e interregionales, que examinaron los documentos entregados por los Estados en Viena, los elaborados por la Unión Europea, la Celac y Unasur; las encuestas, consultas y recomendaciones de redes de expertos, de organizaciones sociales y de consumidores, las propuestas del foro mundial de agrupaciones de pequeños productores de cultivos de subsistencia relacionados con drogas, y el involucramiento de ONG defensoras de derechos humanos, de salud y de asuntos ambientales.

Quedan por fuera del documento oficial muchas propuestas que obtuvieron amplio consenso y que han empezado a vertebrar cambios o medidas de regulación en algunos países. Listemos algunas. Visibilizar a los grupos sociales afectados por la problemática y por la política de drogas, oírlos, superar la estigmatización y criminalización de que son objeto, reconocer otros usos legales de las drogas fiscalizadas -tradicionales, ancestrales, religiosos, artesanales o industriales; rebalancear el enfoque basado en la represión, la erradicación forzada y la sanción penal sin considerar su impacto ni los costos y daños que produce en lo social, el desarrollo y en materia ambiental; asegurar alternativas a la prisión y opciones de vida distintas a personas, familias y grupos que, por su situación de vulnerabilidad, se involucran con el mercado ilícito de drogas; eliminar inequidades y barreras judiciales, económicas, sociales, políticas, educativas y culturales para el acceso a los servicios de salud, los medicamentos y las diferentes opciones de tratamiento; ampliar la política de reducción de daños del uso de drogas a las consecuencias sociales o ambientales para una acción sin daños; cambiar los indicadores de evaluación -hectáreas erradicadas, laboratorios destruidos, kilos decomisados, personas detenidas o condenadas- y medir si la política de drogas previno el consumo, promovió la salud, redujo la violencia, mejoró la seguridad ciudadana, respetó los derechos humanos, protegió poblaciones vulnerables, y fomentó el desarrollo equitativo y sostenible con comunidades afectadas por la pobreza e inseguridad.

Ojalá el grupo promotor del debate logre que la Asamblea asuma su condición de órgano principal de deliberación, examine el fracaso tanto de la prohibición y de la guerra contra las drogas como de sus efectos contraproducentes, y abra una ventana al cambio con alternativas más humanas y efectivas.