Opinión

El nuevo escenario de confrontación venezolano

Maduro asumirá nuevamente el gobierno con una oposición fragmentada y una situación económica y política fuera de todo control. Las tensiones geopolíticas se suman al precario estado del país. En el chavismo, aparecen voces disidentes. El 10 de enero, cuando Maduro vuelva a ponerse la banda presidencial, se evidenciará el nuevo escenario de confrontación.

El nuevo escenario de confrontación venezolano

Nicolás Maduro tomará posesión de su segundo mandato en una situación paradojal. Resultó elegido, pero sin competencia en la arena electoral y política. Su partido maneja 20 de las 24 gobernaciones, 310 de las 335 alcaldías y la totalidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Además, el Plan de Recuperación Económica que encaminara semanas después de su triunfo electoral del 20 de mayo se ha disuelto sin resultados tangibles de mejoría. La hiperinflación, la caída del PIB y el resto de los indicadores económicos muestran que el empeoramiento del país no parece haberse detenido después de cuatro meses de ejecución. Así, Maduro llega nuevamente al gobierno sin mucho que plantear, debido a que su principal ofrecimiento electoral, un programa para la recuperación económica, fracasó entre la elección del 20 de mayo y su toma de posesión. Esto lo deja sin capacidad de producir expectativas de que pueda controlar la caótica situación económica en el sexenio próximo.

Si los esquemas económicos de Maduro se muestran agotados, la oposición aparece extremadamente derrotada y atomizada. Carece de fuerzas para llamar a movilizaciones. Hasta el discurso de la ayuda humanitaria ha venido cediendo. Solo les queda esperar una salida de fuerzas que la subdivide más a ella misma. Las sanciones económicas también afectan al empresariado que la sostiene. Con el panorama opositor, la salida de Maduro, que algunos voceros de gobiernos vecinos consideran «inminente», solo puede esperarse a partir de una intervención militar interna o externa.

El auge de los gobiernos de derecha en la región, encabezados ahora por Brasil, ha subido el tono de las declaraciones. No solo califican de ilegítimo al gobierno de Maduro, sino que han planteado de manera pública algunos modos de intervención –incluso por la vía militar–. ¿Están dispuestos Colombia y Brasil a asistir a una guerra con Venezuela?

La tensión se acrecienta con el movimiento de fichas de Rusia, que envió este diciembre por algunos días los bombarderos estratégicos TU-160 en visita oficial a Venezuela; esto fue antecedido por el otorgamiento de créditos en el orden de los 6.000 millones de dólares. China ya había otorgado créditos por 5.000 millones exclusivamente para ser invertidos en la industria petrolera venezolana, cuya producción continúa mermando, incluso con el aumento de los precios petroleros.

Ante el posicionamiento de Rusia y China y la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan a Caracas, no se vislumbra con claridad la posición de Estados Unidos. Las sanciones que ha venido aplicando Donald Trump contra funcionarios venezolanos han terminado aferrándolos más en el poder. Además, las sanciones que se han lanzado contra la actividad económica venezolana del petróleo, el oro y las criptomonedas afectan a todo el país y no parecen debilitar a Maduro, sino darle argumentación a su lógica política.

10 de enero: nuevo acontecimiento

El 20 de diciembre se reunió en Bogotá el Grupo de Lima, compuesto por viceministros y coordinadores nacionales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Salvo México, el resto de los países aseguraron que no reconocerán la investidura de Maduro para su nuevo periodo debido a que no cumple los «mínimos estándares democráticos». Sin embargo, no aclararon si llevarán a cabo alguna acción conjunta de las que se vienen rumorando, como el retiro de embajadores o las sanciones económicas.

Con más detalle, el vicepresidente electo de Brasil, el general Hamilton Mourao –quien fuera encargado militar de la embajada en Venezuela–, vaticinó un golpe de Estado en el que «Naciones Unidas tendrá que intervenir através de las tropas de paz. (...) Allí está el papel de Brasil: liderar las tropas de paz». Veremos si luego de su asunción en el cargo, a partir del 1º de enero, mantiene esta línea dura.

Hay que advertir que la posición de la Unión Europea comienza a ser diferente de la de estos países. Tras un año de sanciones, la organización del Viejo Continente está gestionando la creación de un «grupo de contacto internacional» que facilite el diálogo, motorizado por España, cuyo canciller ha declarado que dicho grupo debe estar lleno de «buena voluntad», como una manera de demostrar que quiere producir otro tipo de relaciones con Maduro que no pase por una política de sanciones.

Como vemos, las paradojas sobre Venezuela no se le presentan solo a Maduro, sino al mundo entero. Eso es lo que probablemente ha llevado a Estados Unidos a no apresurar una decisión terminante sobre el 10 de enero.

Ante esta complejidad geopolítica y el movimiento de fichas de las potencias mundiales sobre Venezuela, ¿le importa al mundo la legitimidad de Maduro o priman otros intereses? ¿Habrá un debilitamiento de la democracia y un aumento de la crisis social ante la presión internacional?

Otros seis años con Maduro (2019-2015)

El Grupo de Lima y Estados Unidos desconocen la elección de Maduro, en la que no participaron el grueso de factores de oposición, aunque hubo un par de líderes opositores inscriptos en la contienda (Henry Falcón, participante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática y Javier Bertucci, del partido evangélico Esperanza por el Cambio). Lo cierto es que, a pesar de las trabas técnicas y judiciales que impusieron las instituciones del Estado venezolano, como inhabilitaciones de candidatos y partidos políticos, la decisión de no participar en la contienda fue una opción política y estratégica de los partidos y líderes opositores ante la falta de una alternativa de acción. Esto ha llevado al debilitamiento y la división entre los que no quieren dejar el camino abierto a Maduro en el terreno institucional y quienes se niegan a volver a participar hasta tanto no cambie la institucionalidad total y Maduro deje el poder, lo que parece muy alejado de la realidad.

Por su parte, para Maduro la situación política es muy clara. Viene de ganar con 67% unas elecciones presidenciales y va a mandar durante los próximos seis años. Lo que parece no tener claro es cómo puede gobernar un país totalmente descontrolado en su economía y con una situación de crisis social creciente.

La oposición no vislumbra una salida alternativa y tiene una nueva prueba de fuego el 5 de enero, cuando debe decidir, por consenso según acuerdos preestablecidos desde 2015, la directiva de la Asamblea Nacional que controla con mayoría sólida. Para este año le correspondería presidirla al partido más radical, Voluntad Popular, que además de tener sus principales líderes encarcelados, se opone a dialogar o tener cualquier acercamiento al gobierno y llama «entreguista» y «colaboracionista» a cualquiera que intente dialogar o participar en comicios. Mientras tanto, la otra parte de la oposición considera que, de tomar la Asamblea Nacional, este partido solo generaría mayor confrontación y terminaría unificando al chavismo. De no ponerse de acuerdo para la fecha, la oposición venezolana acabaría por diluirse.

La decisión de Estados Unidos de encarcelar a Alejandro Andrade, importante militar chavista que había aceptado la figura de «testigo protegido», lanza un mensaje directo a los militares venezolanos, que ahora pueden desconfiar de algún pacto secreto con el país del Norte para diseñar una salida de facto. Esto endurece aún más el mando militar chavista y consolida su lealtad hacia el presidente Maduro.

¿Puede haber otra salida a Maduro?

En un momento en que la oposición es prácticamente inexistente y no hay una política efectiva por parte de Estados Unidos y sus aliados en la región para derrocar a Maduro, el único escenario plausible es su perpetuación hasta que termine su mandato en 2025, a menos que el chavismo –como fuerza popular y militar– se divida o se levante contra él. Este no es un escenario muy probable debido al control interno de Maduro y su principal aliado, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y hombre fuerte que controla el partido de gobierno y las Fuerzas Armadas. No obstante, han sido muchas las voces que se han alzado frente a la línea oficial desde el triunfo de Maduro en mayo de este año. Ministros, partidos aliados, sectores sociales que incluyen barrios enteros y sectores campesinos se han venido levantando por diversas demandas. De hecho, ha habido alguna purga interna hacia varios de ellos. Los más politizados han desistido de una línea confrontacional y han quedado en una zona de «crítica obediente» pero que genera mucho debate y expectativa.

Por el contrario, en sectores populares donde ha ganado el chavismo, las manifestaciones por agua, gas doméstico, comida y transporte se vienen ampliando en las últimas semanas. Estas protestas se producen de forma descoordinada pero adquieren paulatinamente un mayor grado de intensidad. Algunas de ellas han sido reprimidas por las fuerzas del orden.

Resulta improbable que estas escaramuzas terminen en un gran levantamiento en los próximos meses, y mucho menos de cara al 10 de enero (fecha en que el chavismo se unificará aún más), pero es un escenario probable que el chavismo no llegue unido al final del sexenio y que se acentúe el descontento de los sectores populares contra la forma de gobierno del nuevo establishment, que ha estado perturbado por muchos casos de corrupción, mal manejo de recursos e improductividad en la reconocida industria petrolera.

Nada de esto es justificación suficiente para decretar la ilegitimidad de Maduro. Primero, porque el decreto de ilegitimidad de los países vecinos y Estados Unidos parece no hacer mella en el gobierno como tal e incluso puede fortalecerlo. Pero también porque este tipo de escándalos no existen solo en Venezuela, sino también en otros países de la región y nunca se forman grupos de países para declarar su ilegitimidad. Imaginemos que el peronismo o el Partido de los Trabajadores (PT) no asistieran a las elecciones en sus respectivos países: ¿podría declararse la ilegitimidad de los gobiernos que provengan de ese tipo de elecciones al que una de las fuerzas principales no asiste? ¿Es esta una razón de peso para intervenir militarmente un país?

Lo más preocupante es que el afianzamiento de la confrontación geopolítica entre China, Rusia y Estados Unidos haga de Venezuela un país donde la legitimidad de las decisiones del gobierno, la crisis social y la propia democracia sean consideraciones de segundo plano en relación con las presiones internacionales que recibe. Esto está por verse en los próximos meses.