Opinión

Venezuela en la calle

La situación venezolana ha cambiado drásticamente. La oposición logra capitalizar apoyos de sectores populares y el chavismo entra en crisis.

Venezuela en la calle

Venezuela lleva más de un mes en la calle. Desde que el Tribunal Supremo de Justicia promulgó una sentencia que en la práctica disolvía la Asamblea Nacional controlada por la oposición, diariamente se han producido protestas masivas en todo el país. Caracas es una ciudad medio paralizada. Ha habido momentos emblemáticos, como la lluvia de huevos y otros objetos que le cayeron a Nicolás Maduro en un acto en San Félix, una localidad obrera en la región de Guayana, al sur del país, y hasta hace poco bastión del chavismo. En un reciente partido de fútbol, los jugadores del Lara y el Anzoátegui no fueron tras el balón con el pitazo inicial, para sorpresa del árbitro y los espectadores, y pararon en seco para comenzar un minuto de silencio por los caídos, en un gesto que pasará a la historia (la Federación de Fútbol aún discute si rompieron alguna regla). La imagen de la señora que solitaria detuvo a una tanqueta, recordando al héroe anónimo de Tiananmen, se hizo icónica y viral. Lo mismo pasó con la del joven que se desnudó frente a otra, para infinita rabia de los policías que no dudaron en rociarlo con perdigones. Pero también ha habido saqueos en zonas populares y los muertos ya suman más de 30. Toda esta diversidad y amplitud de la protesta indica que lo que está pasando se diferencia en aspectos muy importantes de lo que habíamos visto hasta ahora.

En efecto, el respeto al Parlamento, la libertad de los presos políticos y el establecimiento de un cronograma electoral en un país donde las elecciones están suspendidas hasta nuevo aviso son las banderas de los partidos de oposición; pero conectan con una situación bastante más compleja. La defensa de la democracia ocurre en medio de una de las crisis sociales y económicas más grandes de nuestra historia. El desplome de la moneda (una contracción de casi 20% en tres años), la inflación más alta del mundo (algunos calculan que será de 720% en 2017) y un desabastecimiento de 90% a 100% en algunos productos y, para enorme angustia de la ciudadanía, de medicinas, ha empujado a la pobreza a más de 80% de los venezolanos. Alrededor de un millón y medio de personas han emigrado en una verdadera desbandada. El deterioro de las condiciones de vida comenzó hace algunos años, lo que generó un aumento sistemático de las protestas, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Sin embargo, al menos en los sectores más pobres, esto no se había traducido políticamente. La situación ha cambiado de manera radical. Ya no se protesta para que el gobierno arregle los problemas: cada vez más venezolanos han concluido que lo que hay que hacer es cambiar el gobierno.

Así, uno de los argumentos centrales con los que el gobierno deslegitimaba a la oposición, señalando que solo representaba a la clase media o alta, perdió sentido. Los últimos acontecimientos demuestran que no se trata de una simple lucha de clases en la que una oligarquía se niega a ceder sus privilegios ante una revolución que reivindica los derechos sociales. Hubo, naturalmente, algo de eso, y el golpe de 2002 en el que un empresario se autoproclamó presidente ayudó bastante a darle verosimilitud a la tesis. Sin embargo, la oposición siempre fue más que un simple partido oligárquico. La mayor parte de ella ha luchado sinceramente por una democracia que consideró en peligro y contra un modelo económico que temía desastroso. Las dos cosas se demostraron ciertas. Ahora, es capaz de ganar en circuitos electorales populares. Los más pobres, beneficiados por las políticas sociales, durante mucho tiempo hicieron caso omiso de la oposición, hasta que la bancarrota del modelo económico los afectó a ellos más que a otros. En 2016 la idea de revocar a Maduro por medio de un referéndum se hizo popular en toda la sociedad, por lo que su suspensión gracias a unas sentencias de legalidad dudosa para la mayoría generó una indignación general. En buena medida, eso es la que ha estallado ahora. No es que los saqueos en zonas populares de Caracas y otras ciudades tengan en sí una connotación política, pero sí demuestran la profundidad de los problemas sociales (hambre, delincuencia, rabia, indignación). Estas manifestaciones se enmarcan en un contexto en el que, por primera vez desde la llegada de Hugo Chávez al poder, las protestas opositoras se han escenificado también en el oeste de Caracas, considerado un coto del chavismo.

Ante la impopularidad, Maduro ha respondido con la anulación de la Asamblea Nacional mediante una serie de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, la suspensión de las elecciones y un intento de ilegalizar los partidos. Su plan para las protestas parece ser la represión sistemática por parte de la policía, la Guardia Nacional y los grupos paramilitares conocidos como «colectivos». Pero la situación nacional e internacional lo empujó a proponer alguna salida, y en el acto del 1° de Mayo convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. En un primer momento, parecería una buena señal, pero pronto todos comprendieron que no es así. Al esbozar su naturaleza, la oposición y la mayor parte de los analistas, así como muchos gobiernos extranjeros, concluyeron que se trata de otra forma de autogolpe. En vez de seguir lo pautado por las leyes, Maduro propuso una Constituyente que no sería elegida directamente por los ciudadanos en igualdad de condiciones, sino por un método que reproduciría algo parecido a los Estados Generales anteriores a la Revolución Francesa, en los que cada estamento mandaría a su portavoz, o a un congreso de soviets, en el que organizaciones sociales controladas por el gobierno, como los consejos comunales, sindicatos y comités de reparto de comida, elegirían a los diputados. Ya muchos juristas han señalado la ilegalidad del método, mientras la mayor parte de los observadores sospecha que el objetivo final de Maduro es no medirse en comicios que no podría ganar de ninguna manera.

Está, por lo tanto, justificado el temor de que la medicina sea peor que la enfermedad. La fiscal general Luisa Ortega Díaz, una ficha del chavismo que se ha desmarcado y que encendió la protesta cuando denunció la inconstitucionalidad de la sentencia 156, ya invocó el derecho a rebelión consagrado en el muy polémico artículo 350 de la Constitución (ha dicho: «no podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo a la ley»). Tímidamente, otros líderes del chavismo, como el diputado Eustoquio Contreras, han rechazado la propuesta. Venezuela lleva un mes en la calle y es probable que siga en ella por un tiempo más. Ojalá que sin muertes y con un desenlace democrático e institucional.

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