Entrevista

«Una verdadera campaña de odio»

Thomas Manz habla desde San Pablo sobre el interrogatorio a Lula da Silva y sobre la campaña mediática contra el Partido de los Trabajadores (PT).

«Una verdadera campaña de odio»

Entrevista realizada por Hannes Alpen.


-- Hace ya un tiempo que las noticias relacionadas con el escándalo de coimas y fraude en torno a la petrolera paraestatal brasileña Petrobras ocupan la portada de los diarios. Las acusaciones de corrupción también se dirigen contra la presidenta en ejercicio, Dilma Rousseff, y contra el PT. El viernes pasado, hasta el popular ex presidente Lula da Silva fue sacado de su casa a la mañana temprano por la policía y llevado a declarar. ¿De qué se lo acusa?

El escándalo de Petrobras, que en Brasil se conoce como Lava Jato, trata sobre el desvío sistemático de sumas millonarias de la petrolera para financiar en forma ilegal a políticos y partidos, entre otros. En Brasil, las donaciones empresariales son normales; alrededor del 75 por ciento de las costosas campañas electorales se financian de ese modo. Lo que se investiga en el caso del Lava Jato es si parte de esas donaciones empresariales proviene de la malversación de dinero de Petrobras. Como el gobierno, que desde 2003 está en manos del PT, influye en los nombramientos para ocupar puestos clave en Petrobras, los fiscales que investigan la causa se concentraron desde el principio en elementos de sospecha contra políticos del PT, al tiempo que se lanzaban una y otra vez acusaciones contra Rousseff y Lula, aunque hasta ahora sin indicios concretos.

Las acusaciones contra Lula, que el viernes pasado llevaron a su «conducción coercitiva» para que prestara declaración ante la Policía Federal, giran en torno a la propiedad de dos bienes inmuebles de los que Lula sería el verdadero propietario – acusación que él rechaza – y que el ex presidente habría adquirido con dinero proveniente de coimas de empresas. También se lo acusa de que los honorarios de las conferencias a través de las cuales financia el «Instituto Lula» en realidad serían también coimas pagadas por empresas favorecidas durante su presidencia. Lula prestó declaración en reiteradas ocasiones sobre todas estas acusaciones y en ningún momento se negó a colaborar con las autoridades que llevan adelante la investigación. En este contexto, su «conducción coercitiva”, sobre la que además se montó un enorme show mediático, resulta absolutamente fuera de lugar, incluso muchos juristas la consideran ilegal. El juez Sérgio Moro, a cargo de la causa y responsable de la medida, argumenta en cambio que la «conducción coercitiva» se realizó para «proteger» a Lula, para que pudiera prestar declaración sin las protestas de manifestantes indignados.

-- Lula había anunciado que quería volver a presentarse como candidato en las elecciones de 2018. ¿Cuáles son sus posibilidades luego de los episodios recientes?

Si bien Lula no descartaba la posibilidad de una candidatura propia para 2018, en los últimos tiempos se había mostrado un tanto reticente al respecto. Sin embargo, encuestas recientes muestran que sigue siendo un candidato con muy buenas perspectivas. En cualquiera de los escenarios electorales imaginables alcanzaría alrededor del 20 por ciento de los votos, lo cual le garantizaría entrar en el balotaje. Ninguno de los candidatos posibles de la oposición le lleva una ventaja clara. Justamente esa competitividad persistente de Lula – a pesar de las campañas masivas de los medios en su contra – es lo que evidentemente ha asustado a la oposición. Por eso, resulta difícil creer que el momento elegido para mediática declaración forzada de Lula ante la Policía Federal haya sido casual. En todo caso, resulta funcional al interés de la oposición en continuar dañando la imagen de Lula. Además, esta medida contra Lula vuelve a dar nuevos bríos a quienes impulsan un proceso de destitución contra la presidenta Rousseff. Su convocatoria a realizar nuevas manifestaciones en todo el país el próximo domingo finalmente no tuvo suficiente fuerza persuasiva luego de que el Tribunal Supremo de Brasil aceptara una demanda por corrupción y lavado de dinero contra Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, quien había abierto el camino para el proceso de destitución de Rousseff en el Congreso. Comparado con el interés que las acusaciones contra Lula suscitan en los medios, el caso Cunha tiene una repercusión relativamente escasa.

-- Bajo el lema «Quien busca, encuentra», la justicia brasileña ha desarrollado una capacidad particular para investigar acusaciones de corrupción. Por momentos, en este caso da la impresión de que algunos fiscales y jueces persiguen intereses personales. El combate positivo de la corrupción ¿deja cierto resabio?

Que la corrupción extendida en Brasil no sólo se denuncie, sino que por fin sea perseguida por la Justicia, es ciertamente uno de los grandes logros de la democracia brasileña de la última década. Y el hecho de que empresarios y políticos de renombre entren en la mira de la Justicia no hace más que subrayar el mensaje de que la ley vale para todos. A todo esto, fueron principalmente los gobiernos de Lula y de Rousseff los que otorgaron a las autoridades judiciales la independencia necesaria como para posibilitar este período de combate de la corrupción.

Lamentablemente, cada vez más indicios apuntan a que el combate de la corrupción también se entremezcla con intereses políticos. El conocido sociólogo Luiz Werneck ya había advertido antes de fin de año que el período histórico del combate de la corrupción podía mutar hacia un período de revanchismo. Y es que las investigaciones se concentran mucho en políticos cercanos al gobierno aunque casi todos los partidos – incluso los de la oposición – se beneficiaron más o menos en igual medida con las donaciones de las grandes empresas sospechadas de estar implicadas en el escándalo de Petrobras. El ahínco mostrado por el juez Sérgio Moro, que lidera la investigación de la operación Lava Jato, parece guiado por la convicción moral de que la justicia debe «limpiar» la política. Por momentos uno tiene la impresión de que se deja guiar por una presunción de culpabilidad generalizada contra la política. Los métodos que emplea en su «campaña de saneamiento”, como las herramientas de la «conducción coercitiva», la prisión preventiva y los testigos protegidos, a las que recurre con llamativa frecuencia, chocan cada vez más con críticas. Muchos juristas consideran que se han traspasado los límites de la legalidad. En este contexto, Marco Aurelio Mello, juez del Supremo Tribunal Federal, incluso llegó a afirmar que el país está desprovisto de la seguridad jurídica que tanto necesita en la difícil etapa que está atravesando.

-- El monopolio de medios del grupo Globo también enfrenta acusaciones de llevar adelante una campaña contra el Partido de los Trabajadores. ¿Cómo debe juzgarse esto?

El panorama mediático en Brasil está hiperconcentrado. Alrededor del 70 por ciento de las coberturas es producida por empresas controladas por sólo seis familias. El grupo Globo tiene un papel descollante en este fenómeno. Pero no sólo ellos, sino también la mayoría de los medios conservadores se manejan en la actualidad como actores políticos. Han desatado una verdadera campaña de odio contra el Partido de los Trabajadores y, sobre todo, contra Lula y Dilma Rousseff. Ya casi no puede hablarse de coberturas objetivas, más bien se están sobrepasando los límites de la difamación y la injuria. Algunos medios, como la revista «Veja», directamente se especializaron en una cobertura de noticias anti Lula. Esto refleja el rechazo profundamente arraigado de las élites económicas hacia el «arribista» Lula, que junto con el Partido de los Trabajadores impulsó el desarrollo de la democracia brasileña para que dejara de ser una democracia de élites y se transformara en una democracia de masas.

Fuente: http://www.ipg-journal.de/kurzinterview/artikel/ei...

Traducción: Alejandra Obermeier


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