Opinión

Una salida al mar El conflicto entre Chile y Bolivia más allá de La Haya

El Tribunal de La Haya falló a favor de Chile ante la demanda boliviana que exigía una salida al mar. El conflicto no solo tiene como marco razones históricas, sino que es utilizado políticamente tanto por Evo Morales como por Sebastián Piñera. A pesar del fallo del Tribunal, todavía es posible explorar otras alternativas consensuadas pero que exigirían concesiones que ninguno de los dos países parece dispuesto a hacer.

Una salida al mar / El conflicto entre Chile y Bolivia más allá de La Haya

Durante los últimos 100 años, con pausas y treguas, los gobiernos de Chile y Bolivia han afrontado un problema de difícil solución: la demanda boliviana para obtener una salida soberana al océano Pacífico. Desde 2013, Bolivia interpuso una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Chile para obligarlo a negociar, sobre la que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acaba de pronunciarse.

Por el lado boliviano, la demanda no implicaba una reclamación territorial, sino posicional. Es decir, una salida al mar sin ganancias territoriales sustanciales, aunque en realidad los bolivianos siempre rehusaron definir las imprescindibles implicaciones espaciales. En ocasiones, hablaron de un enclave costero. En otras, de un corredor. El presidente Evo Morales, con su característica incontinencia verbal, incluso llegó a mencionar el despropósito legal de recuperar Antofagasta, el territorio perdido en 1879. La reclamación se había apoyado en dos argumentos básicos. El primero sostenía que, a lo largo de medio siglo, Chile le había hecho ofertas para una salida soberana al mar, y que estas creaban obligaciones que el vecino debería satisfacer. Esto es justo lo que desestimó la CIJ. El segundo apuntaba a una construcción ideológica de décadas que describe la pobreza boliviana como relacionada con la pérdida de la «cualidad» marítima en 1879. Este es el convencimiento de la mayor parte de los bolivianos. Están convencidos de que una bandera nacional ondeando sobre los arrecifes los hará más grandes y más prósperos.

Para mover este discurso con ganancias políticas internas, el presidente Morales encabezó una campaña cotidiana que invocaba la solidaridad con el más débil y trataba de movilizar diferentes recursos políticos internacionales en escenarios multilaterales. Recordando aquella advertencia de Umberto Eco sobre la delgada línea que separa el exceso de virtud del desenfreno del pecado, todo lo hizo mediante una agitación estruendosa, en ocasiones insultante, que estremecía no solo a sus militantes, sino también las fibras nacionalistas de la opinión pública chilena.

Del lado chileno, la argumentación se apoyó en una idea fuerte: que ninguno de los contactos previos generó obligaciones. En función de esto, Chile adujo que había sido consecuente con los acuerdos contraídos en 1904, facilitando a Bolivia acceso al mar en condiciones económicas excepcionalmente buenas. Chile había ganado y, por tanto, no había nada que negociar, y todo lo que Morales hacía era ilegítimo pues se circunscribía a sus aspiraciones reeleccionistas. Aunque la actitud oficial chilena fue más sobria que la de sus contrincantes, no pudo resistirse a las manipulaciones ideológicas, como cuando se deploraba el resentimiento infundado de los bolivianos, incapaces de reconocer las virtudes del tratado de 1904 –impuesto manu militari–, cuando perdieron 120.000 kilómetros cuadrados de un territorio repleto de salitre y cobre (y con ello la salida al mar) a cambio de unos millones de pesos oro, un ferrocarril y acceso a dos puertos chilenos.

El fallo del Tribunal Internacional de La Haya fue tan contundente como anonadante. Primero, porque por nueve votos contra tres desestimó la demanda boliviana –que reclamaba la obligación chilena de conversar sobre el tema, formalmente y de «buena fe»– y ni siquiera exhortó a hacerlo. En segundo lugar, porque fue en contra de casi todas las predicciones que sugerían un fallo salomónico ligeramente inclinado en favor de la pretensión boliviana.

El paisaje después de la batalla

En Bolivia, donde todos esperaban una victoria fundamental que obligaría a los chilenos a negociar, el primer efecto fue el abatimiento. Luego, la sociedad ha podido escuchar a un presidente resurgiendo de la derrota, cambiando los términos del fallo –al que llama informe parcializado pero que, afirma, insta a conversar– y anunciando nuevas batallas. Para Morales es fundamental continuar la agitación chovinista, sencillamente porque de ello podría depender su dudosa reelección. Sin embargo, hay que reconocer que tiene cada vez menos lugares donde hacerla. Por ello, es presumible que mueva el asunto del ámbito jurídico al ético, enfatizando los argumentos emotivos y usando las formas emergentes de diplomacia desde una sociedad civil global que mira con simpatía el empeño reivindicativo del primer presidente indígena de un país muy pobre.

En Chile, donde Morales ha conseguido una cuota significativa de antipatía, la reacción fue de satisfacción moderada (no mayor que cuando los futbolistas locales ganan un partido en la Copa América). Pero, al mismo tiempo, el fallo despertó los peores instintos chovinistas en grupos políticos y poblacionales que protagonizaron lamentables jolgorios vocingleros en los que participaron altos funcionarios gubernamentales, incluyendo al presidente Sebastián Piñera. Es predecible que la estrategia sea esperar a que Morales pierda las elecciones, mantener el asunto en un plano legal y producir una normalización de relaciones desde la arrogancia que siempre ha mostrado frente a su vecino país. Para el presidente Piñera, esta es una oportunidad especial para apuntalar una popularidad que baja perniciosamente a muy pocos meses de haber comenzado a gobernar.

No importa cuán seguras se sientan las elites chilenas, ni cuán dispuestas estén las bolivianas a reemprender la cruzada reivindicativa. El conflicto chileno-boliviano no tiene solución mientras ambas clases políticas sigan atrincheradas en sus mediocridades chovinistas. La aspiración boliviana de una salida soberana al mar –una costa con una bandera– no será posible porque la legislación chilena no lo autoriza, porque una mayoría de la población sigue un patrón nacionalista de conducta que haría terriblemente impopular cualquier cesión y porque si algún resquicio quedaba, ya no existe debido tanto a las impertinentes bravuconerías del presidente boliviano como al respaldo internacional que significó La Haya. Y Chile tendrá que seguir cargando con el costo político internacional de ser un país usurpador, que proclama sus obligaciones como virtudes y cuyo aparato de relaciones internacionales –gobierne la derecha o la izquierda– parece empotrado en la época victoriana. Bolivia seguirá demandando su salida al mar –así lo prescribe su Constitución– y Chile seguirá negándole ese derecho.

La solución pasa por dos premisas. La primera es pensar que ninguna primera opción es posible y que se necesita un escenario flexible, en el que todos estén dispuestos a entender las segundas mejores opciones de cada cual como las mejores para todos. Luego, dar un paso al frente y colocar la solución más allá de las normas westfalianas que han regido el derecho internacional desde el siglo XVII. Es decir, pasar por encima de las aprensiones territoriales nacionalistas.

Más allá de Westfalia

Hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas está sobre el tapete desde hace décadas: Arica Trinacional. Ha sido una propuesta inicialmente manejada por Perú en la segunda mitad de la década de 1970, fue desempolvada nuevamente en los intercambios intercancillerías en la década siguiente y la recreó nuevamente en 2006 un grupo de expertos binacionales.

En términos funcionales, Arica es un puerto boliviano, y así ha sido por siglos. En 1920, un documento de la cancillería boliviana –redactado por un poeta– afirmaba que era «un órgano vital»: «la puerta exclusiva de Bolivia». Por eso el escudo ariqueño –concedido a la ciudad a fines del siglo XVI– tiene en el centro una montaña que muchos ariqueños creen que alude al emblemático Morro de la ciudad, pero en realidad es el Cerro Rico de Potosí, la misma figura que aparece en el escudo de Bolivia. En la actualidad, 80% de la carga del puerto es boliviana, unos 500 camiones diarios que bajan desde el puesto fronterizo de Chungará/Tambo Quemado y que significan aproximadamente 40% de las exportaciones de ese país.

Aun cuando quisiera, Chile nunca podría ceder un enclave costero a Bolivia en Arica, pues esta región perteneció a Perú y el acuerdo de paz de 1929 con este país lo prohíbe. Por consiguiente, la única opción sería construir una zona portuaria de aguas profundas en el mismo límite con Perú, pero con soberanía compartida. Perú se beneficiaría al obtener acceso para su región sur a un puerto más moderno y sobre el que tendría poderes soberanos (en la actualidad usa un espigón anticuado y algunas prerrogativas en el puerto de Arica), mientras que Bolivia ganaría lo que pide, en términos realistas y bajo garantía internacional, lo que se completaría con el corredor con derecho de servidumbre de paso que utiliza hoy.

Chile también ganaría política y económicamente, y la ciudad de Arica (que seguiría siendo chilena) se libraría del ominoso puerto que secuestra su frente marino y podría pasar a una transformación turística que aprovechara sus riquezas paisajísticas e históricas y sus relaciones con Tacna. Al mismo tiempo, el puerto trinacional podría ser acompañado de inversiones logísticas e industriales que respondieran al reto de los corredores binacionales.

No estoy seguro de que, en principio, el actual gobierno boliviano acepte una solución de esta naturaleza, ni siquiera de que Perú esté de acuerdo. Menos aún de que una idea de esta naturaleza simpatice a la ultraconservadora cancillería chilena. Pero la propuesta sería una invitación para pensar esta región de manera diferente. En particular para la nación chilena, cuya deuda ética es incuestionable. No solo, ni siquiera principalmente, respecto a sus vecinos. Se lo debe a ella misma. A su futuro.