Tema central

Una relación conflictiva

Aunque suele hablarse de las políticas macroeconómicas como neutrales, los últimos avances del feminismo económico demuestran que no es así. En América Latina, la apertura comercial y la inserción subordinada en la globalización profundizaron las desigualdades de género: se instalaron industrias que utilizan trabajo precario preponderantemente femenino, como las maquiladoras, al tiempo que las privatizaciones redujeron la calidad de los servicios públicos y obligaron a las mujeres a extender aún más sus dobles jornadas de trabajo. El artículo sostiene que es necesario repensar, en el marco de los organismos internacionales, la relación entre comercio, crecimiento económico y género, y aprovechar la integración regional para lograr mejores condiciones de vida y sociedades más equitativas.

Una relación conflictiva

En la actualidad, cuando hasta los analistas económicos más cuidadosos hablan de una de las peores crisis económicas del último siglo, solo comparable a la Gran Depresión de los años 30, es necesario revisitar los últimos años de neoliberalismo no sin cierta trágica ironía. Uno de los elementos más importantes para develar las razones que explican la actual crisis es el proceso de liberalización del comercio y las inversiones, columna fundamental de la globalización de las últimas décadas. Las perspectivas acerca de la actual crisis como una «muerte anunciada» anticipada por los críticos de la liberalización comercial y financiera sin reglas parecen cobrar más importancia que en el pasado. Los argumentos acerca de la relación entre el crecimiento económico basado en el uso intensivo de la fuerza de trabajo, la liberalización comercial y el desarrollo han sido objeto de nuevas miradas. La idea de que la liberalización comercial generaría un impacto automáticamente positivo sobre el crecimiento se reveló falsa. En los últimos años se han desarrollado críticas contundentes a esta idea. Como señala Dani Rodrick, «no existen pruebas satisfactorias para concluir que la liberalización comercial tiene per se un impacto positivo sobre el crecimiento». Contra lo que muchos afirmaban, el comercio no ha resultado ser el motor del desarrollo.

Al mismo tiempo, en ese proceso de creciente liberalización del comercio internacional y de las inversiones, que profundizó el modelo de división internacional del trabajo, las desigualdades de género han jugado un papel fundamental. La búsqueda de mano de obra barata, que llegó junto con la flexibilización laboral orientada a atraer inversiones extranjeras, produjo en muchos países y regiones una agudización de las desigualdades, en particular de las de género. De este modo, resulta evidente la funcionalidad de las desigualdades de género a la producción globalizada.

El presente artículo reflexiona sobre algunos elementos que, desde la perspectiva de la economía feminista, evidencian el carácter de las desigualdades entre hombres y mujeres como parte estructurante de las economías. En particular, la forma en que la subordinación social de las mujeres ha sido utilizada por el modelo neoliberal globalizante.

Se trata de un ejercicio nuevo, con relativamente poco tiempo de acumulación teórica y empírica, ya que los análisis feministas sobre la economía son de reciente data. El objetivo es incorporar el género como una categoría analítica de la economía –junto con otras dimensiones, como clase y raza–, con el objetivo de avanzar en la construcción de modelos económicos que tengan como principio básico la satisfacción de las necesidades humanas. Sin embargo, a pesar de los importantes avances de la economía feminista, su incidencia en la teoría económica dominante es aún muy escasa. El falso supuesto de la neutralidad de género de las políticas económicas y el análisis macroeconómico en general debe ser desarrollado más profundamente. Las siguientes líneas apuntan a darle visibilidad a esta cuestión como forma de ayudar a superar ese rezago.

Las políticas macroeconómicas tienen género

Durante el proceso de construcción del pensamiento económico en todas sus vertientes teóricas, el concepto de género ha sido prácticamente ignorado. En muchos años, no se avanzó en establecer las necesarias relaciones entre el papel naturalizado de las mujeres y su aporte a las economías nacionales y a la creación de riquezas en general. De acuerdo con Vivianne Ventura Dias,

Esto se debe a que, hasta hace muy poco, el género no se consideraba una categoría relevante de análisis ni en macroeconomía ni para el estudio de las finanzas y el comercio internacional. La mayoría de los economistas reconoce las desigualdades de género en el nivel microeconómico, por ejemplo, en la operación de los mercados laborales o en la distribución de recursos dentro de los hogares. Pero, a menudo, les resulta más difícil ver la relevancia de este punto a nivel planetario. Esto se debe al presupuesto general de que la macroeconomía trata sobre conjuntos y que tanto los objetivos políticos (tales como estabilidad de precios, generación de puestos de trabajo, crecimiento o balanza exterior) como los instrumentos políticos tradicionales de la macroeconomía (políticas fiscales, monetarias y de tasa cambiaria) son neutrales respecto del género. Y la misma postura suele adoptarse para analizar el comercio y las finanzas internacionales. Por lo tanto, el género es ignorado en los niveles teórico, empírico y de creación de políticas, lo cual contribuye a perpetuar la discriminación por género que se percibe en el actual funcionamiento de la economía.

La incorporación de la categoría de género a los estudios económicos se enfocó, en un primer momento, al análisis del ingreso de las mujeres al mercado laboral y la persistencia de las desigualdades en ese ámbito. Posteriormente, los análisis buscaron incluir aspectos de la llamada «economía del cuidado», en referencia al trabajo doméstico no remunerado e invisibilizado por la economía formal, al que se intentó incluir como parte de las actividades económicas nacionales: esto fue motivo de numerosas propuestas orientadas a hacer explícito este tipo de trabajo, como su inclusión en las estadísticas económicas o su incorporación al PIB de los países. La perspectiva de la economía del cuidado incorpora así algunos elementos de la vida cotidiana y busca darles cabida en los estudios económicos sobre la producción de la riqueza en nuestras sociedades. De este modo, se incluyen en ella los servicios y las actividades necesarios para la reproducción de la vida y el trabajo de los seres humanos en una perspectiva amplia: tanto aquellos ofrecidos en el ámbito doméstico como los servicios prestados por los sectores público y privado. Esto comprende tareas y atribuciones, muchas de ellas socialmente construidas como femeninas: la educación y el cuidado de los hijos, el trabajo cotidiano tendiente a la reproducción de la vida y los servicios de asistencia a los familiares que requieren atención, como los ancianos y los enfermos.

Estos estudios feministas buscan visibilizar las actividades del cuidado y enfatizan cómo el trabajo no remunerado, ejercido fundamentalmente por las mujeres en la esfera doméstica, condiciona su inserción en el mercado. Es en la articulación entre la esfera productiva y la reproductiva donde se hacen más evidentes las desigualdades de género. Por eso, estos estudios y análisis contribuyeron a remarcar cómo la construcción social de la desigualdad entre hombres y mujeres se manifiesta en los diversos ámbitos de la vida como subordinación y relaciones desiguales de poder.

Estos sesgos discriminatorios limitan la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, su acceso a empleos formales y su capacidad de negociación salarial. Se trata de una verdadera asimetría de oportunidades definida por las restricciones de movilidad y la menor disponibilidad de tiempo de las mujeres como resultado de sus responsabilidades familiares. Esas desigualdades se traducen en segregación laboral y salarios diferentes para iguales tareas, dificultades en el acceso a la propiedad y al crédito y una mayor necesidad de servicios públicos, entre otros aspectos.

¿Por qué comercio y género?

En los últimos años, como parte de las políticas impulsadas por las instituciones de Bretton Woods, en especial para los países en desarrollo, la liberalización comercial se convirtió en parte esencial de las condicionalidades exigidas en el marco de las estrategias de ajuste estructural. Para ello fueron cobrando más relevancia los acuerdos regionales de comercio y, sobre todo, las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC), basadas en la idea de la liberalización progresiva del comercio internacional mediante la eliminación de barreras y protecciones y la consecuente ampliación del acceso a los mercados. Esta premisa ha guiado las políticas comerciales de muchos países, pese a que varias naciones industrializadas mantuvieron las protecciones a su propia producción agrícola e industrial en sectores fundamentales para el mundo en desarrollo, como los alimentos y los textiles.

En el marco de este modelo económico hegemónico, se promovió fuertemente la idea del comercio internacional como motor del desarrollo, aunque simultáneamente se reconociera que la liberalización comercial produciría perdedores y no solo ganadores. Los defensores de la liberalización comercial, basados en la premisa del crecimiento económico, esperaban una disminución de la pobreza en el mundo, aunque al mismo tiempo afirmaban que sería necesario implementar políticas compensatorias para contrarrestar los potenciales efectos no deseados sobre los perdedores de las reformas.

Tras varios años de recetas liberalizadoras, los resultados no han sido los esperados, y aunque la actual crisis financiera y el aumento de los precios de los alimentos y la energía han puesto al descubierto la fragilidad de estos argumentos, aún se insiste en esta perspectiva liberalizante. De hecho, las dificultades observadas en torno de las negociaciones en la OMC desde 1999 en la Reunión Ministerial de Seattle demuestran el descontento con el rumbo de estas por parte de muchos países del Sur, lo cual ha contribuido a que las negociaciones permanezcan trabadas hasta el momento.

Por su condición social desigual, las mujeres, en particular las más pobres, tuvieron mayores dificultades para enfrentar los procesos de globalización y liberalización económica. En muchos países, se encuentran entre los principales «perdedores» de los cambios. En los últimos años, diversos estudios han realizado esfuerzos considerables por vincular las políticas comerciales, la pobreza y la equidad de género. En general, los resultados evidencian una relación negativa entre las tres variables.

La creciente utilización de mano de obra femenina en la fabricación de productos destinados a la exportación es una constante en la producción globalizada. Ya en 1981 Diane Elson y Ruth Pearson mencionaron el incremento del trabajo femenino en las «fábricas del mercado mundial», donde las mujeres son contratadas por muy bajos salarios y en condiciones sumamente precarias. Desde ese entonces, un número creciente de estudios ha confirmado el vínculo entre la producción para la exportación y el empleo de mujeres. En general, estas revelaciones apoyan la tesis de que la producción para la exportación en los países en desarrollo se lleva a cabo en tándem con la feminización del trabajo remunerado. Por su parte, Susan Joekes afirma de manera contundente: «En la época actual, no se han registrado grandes performances de exportación en países en desarrollo que no estén vinculadas al trabajo de las mujeres».

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de investigación, resulta muy difícil conocer los efectos precisos de la liberalización del comercio y de la expansión de las exportaciones sobre las mujeres y las relaciones de género, y separar estos impactos de otros también producidos por el conjunto de políticas de ajuste estructural. Por ese motivo, los análisis sobre la relación entre políticas comerciales y situación de género se orientaron en general al estudio de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, en particular en los sectores de producción de textiles e indumentaria, electrónica, productos de cuero y agroindustrias de procesamiento de alimentos.

Considerando algunos de estos hallazgos, y aun reconociendo los vacíos y las dificultades de los estudios, desarrollaremos a continuación tres aspectos, casi a modo de ejemplo, que revelan cómo las políticas económicas y comerciales de liberalización profundizan las desigualdades de género.

Inversiones: atracción fatal por las desigualdades de género

La liberalización comercial progresiva, premisa fundamental del sistema mundial de comercio impulsado por el modelo neoliberal, fue acompañada por una liberalización de las inversiones a través de la facilitación de la circulación de los capitales alrededor del planeta. De hecho, las medidas para propiciar el ingreso y la salida de capitales, así como la seguridad para las inversiones, son los elementos más importantes de las políticas macroeconómicas neoliberales.

El interés de las economías en desarrollo por atraer inversiones extranjeras y la necesidad de las empresas transnacionales de expandir y globalizar su producción y maximizar sus beneficios han dado lugar a distintas modalidades productivas en diversas regiones del mundo. Los acuerdos de liberalización de las inversiones han otorgado grandes facilidades para la instalación de empresas transnacionales sin exigir como contrapartida los «requisitos de desempeño» que se reclamaban en el pasado. La flexibilización de las leyes y los estándares laborales con el objetivo de reducir los costos de la mano de obra ha generado un incremento de la precariedad y ha profundizado las malas condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, la capacidad de los Estados para controlar las condiciones laborales se ha visto reducida como resultado de las premisas del «Estado mínimo».

En este contexto, una de las ventajas comparativas ofrecidas a los inversionistas extranjeros por diversos gobiernos de países en desarrollo es la disponibilidad de amplios contingentes de mano de obra barata, especialmente de mujeres, para empresas que producen, en la mayor parte de los casos, bienes intensivos en trabajo de baja calificación. Las facilidades ofrecidas para la instalación de industrias de procesamiento de exportaciones o ensamblaje de productos en zonas francas fueron el modo en que se articularon los intereses de muchos gobiernos con los de gran número de corporaciones transnacionales. Se trata de un tipo de producción –las llamadas «maquiladoras»– en plantas de montaje de piezas que son ensambladas y destinadas a la exportación. Esta forma de producción se vale especialmente de mano de obra femenina en condiciones laborales de extrema precariedad, con trabajos inseguros, bajos salarios y pésimas condiciones sanitarias, entre otras dificultades. Esto ha generado enormes impactos en la vida social y familiar en las regiones y comunidades donde se instalan, que revelan las consecuencias sobre las mujeres de estos procesos de apertura comercial y atracción de inversiones. Como señalan Alma Espino y Verónica Amarante, «las negociaciones sobre flujo de inversiones directas, que tienden a favorecer su expansión, tienen efectos múltiples, por ejemplo sobre el sector informal de la economía y a través de las Zonas de Libre Comercio (…). La inversión extranjera puede contribuir a la ampliación del sector informal, que es un área sensible por su característica de concentrador de empleo femenino».

Estas modalidades de trabajo constituyen las formas predominantes de la organización productiva de la mano de obra femenina en diversos países de América Latina, especialmente en México, los de América Central (sobre todo Honduras y El Salvador) y el Caribe, en particular en República Dominicana.

La extensión de esta forma de contratación de la fuerza de trabajo femenina confirma la idea, ya adelantada, de que las desigualdades de género resultan funcionales a la atracción de inversiones. En un sinnúmero de ocasiones, las inversiones no solo se aprovechan de las desigualdades de género existentes, sino que muchas veces parecen incluso sentirse atraídas por ellas.

En ese sentido, en caso de que prosperen las negociaciones en la OMC que buscan facilitar e incrementar la inversión extranjera directa en los países en desarrollo, pueden esperarse impactos significativos sobre las condiciones de trabajo de las mujeres. Dado que estas negociaciones incluyen la liberalización comercial para los productos industriales a través de las negociaciones del NAMA (acceso a los mercados de los productos no agrícolas), los posibles efectos sobre las mujeres podrían ser considerables, debido a su mayor presencia en los sectores menos competitivos de la industria, a pesar de ser este el sector donde aparece cierta mejora en términos de salarios femeninos. Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que es justamente el sector industrial el que cuenta con un potencial mayor a la hora de mejorar el perfil ocupacional y elevar los salarios de las mujeres, que en buena medida todavía se encuentran volcadas al trabajo doméstico y otras categorías ocupacionales de salarios bajos. Por eso es necesario que el debate sobre los impactos de posibles acuerdos NAMA en el ámbito de la OMC tenga en cuenta a las mujeres y la igualdad de género.

Otro aspecto que debe mencionarse, y al que la crisis financiera global le otorga una mayor actualidad, es el de los efectos de la liberalización financiera sobre las desigualdades de género. El sector financiero, supuestamente neutral al género, no favorece el acceso de la mujer a los mercados financieros y ejerce una discriminación importante principalmente a través del crédito, elemento fundamental para la sustentabilidad mercantil o económica de la producción. Se trata, en suma, de otro elemento que profundiza las desigualdades de género en los mercados globalizados.

Los servicios públicos privatizados y la doble jornada de trabajo de las mujeres

Los programas de ajuste estructural, sumados a la liberalización de servicios que se negocia en la OMC en el marco del Acuerdo General del Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) y el resto de los acuerdos comerciales, han promovido un proceso de disminución del papel del Estado y, con ello, de reducción drástica de los servicios públicos, algunos de ellos esenciales.

En los últimos años, los acuerdos de servicios han generado una pérdida del apoyo estatal con que contaban antes las mujeres a través de ciertos servicios públicos en los ámbitos doméstico y comunitario. La privatización de los servicios esenciales y la reducción de diversos beneficios sociales han impactado fuertemente en el incremento del trabajo doméstico, ya que estos servicios y apoyos que antes ofrecía el sector público tendían a disminuir las tareas del cuidado, especialmente en los hogares más pobres, en los que los servicios públicos son esenciales para reducir la pobreza.

Si bien constituyen el foco de numerosas políticas de desarrollo e infraestructura, las mujeres no han encontrado en los Estados «mínimos» la garantía de servicios de educación, salud, abastecimiento de agua y saneamiento y electricidad, entre tantos otros que afectan la calidad de vida de las familias, y se han visto obligadas a extender sus jornadas de trabajo. En algunos casos, esto las ha forzado a ampliar sus dobles jornadas de trabajo para suplir las carencias de los servicios públicos; en otros casos, directamente les ha impedido el acceso al mercado de trabajo.

Podemos por lo tanto afirmar que la privatización de los servicios públicos, negociada en los acuerdos de comercio que buscan su liberalización progresiva, ha reforzado las desigualdades de género, especialmente entre los sectores más pobres de la población.

Un caso emblemático es la privatización de los servicios de distribución de agua potable. Según un estudio realizado para la ciudad de Manaos, en el Amazonas brasileño, «en las diversas situaciones donde analizamos esa privatización, justificada siempre en la mejora de la prestación del servicio, encontramos que para la mayoría de las mujeres el resultado continúa siendo el trabajo de cargar el agua hasta la casa y la gestión cotidiana de la escasez, en penosas condiciones que aumentan finalmente el trabajo doméstico». En el caso estudiado, las estrategias de expansión de la empresa Suez produjeron una serie de impactos negativos sobre la población de la periferia urbana, especialmente en las mujeres. También como resultado de esas investigaciones hemos constatado que «tanto en regiones con escasez de agua como en las que abunda la misma, para ellas y para las niñas, la falta de acceso al servicio es la misma, y es el mismo resultado de la lata d’agua equilibrándose sobre sus cabezas muchas veces en largos recorridos». Así se sacrifica el tiempo de trabajo remunerado, el tiempo de estudio o simplemente de descanso, lo que demuestra que los efectos sobre las mujeres son similares incluso en países y situaciones diferentes.

La calidad en la prestación de los servicios y el aumento de los precios produjeron en América Latina muchos procesos de luchas en barrios y comunidades que han resistido las reformas privatizadoras. En muchas ocasiones, las mujeres lideraron esa resistencia.

Pero el impacto de las privatizaciones de los servicios públicos no se limita a sobrecargar de trabajo a las mujeres. Otro efecto que debe ser considerado es la pérdida de empleos públicos ligados a la prestación de servicios esenciales, ocupados en buena medida por mujeres, que son solo parcialmente compensados por la creación de nuevos puestos de trabajo, aunque en menor número y usualmente de peor calidad, en el sector privado.

En general, entonces, podemos concluir que la privatización de los servicios y su liberalización han reforzado los efectos asimétricos de las relaciones de género en nuestras sociedades y pueden haber contribuido a debilitar los efectos de los programas de combate a la pobreza. Las mujeres y la seguridad alimentaria

La agricultura, componente central de las negociaciones comerciales en curso, es un sector productivo de enorme importancia económica y social, donde las mujeres muchas veces juegan un rol crucial tanto en la producción para el mercado como, sobre todo, en la de subsistencia.

El modelo productivo de la «revolución verde», que ha permitido la implantación paulatina de una «agricultura sin agricultores», basada en el fortalecimiento del agronegocio exportador, concentrador de tierras y expulsor de mano de obra, ha desarticulado las formas tradicionales de garantizar la soberanía y la seguridad alimentarias. Frente a la desorganización de las formas productivas tradicionalmente incluyentes de la agricultura familiar y de subsistencia, desplazadas por modalidades cada vez mas tecnologizadas y sustentadas en la bioingeniería, los cambios producidos en la conformación de las familias y las comunidades han sido veloces y dramáticos.

El acuerdo sobre agricultura de la OMC, que ha buscado eliminar las barreras a las importaciones abriendo las fronteras nacionales a la producción agrícola de otros países, ha generado enormes impactos, especialmente en los países del Sur. La liberalización comercial ha permitido transformar radicalmente la agricultura a través de la incorporación de tecnología en un proceso inicial de industrialización y, más recientemente, de financierización de la producción, que ha generado un mercado especulativo de ventas a futuro en torno de los commodities.

En este contexto, la liberalización comercial impulsada por la OMC y los acuerdos comerciales en negociación constituyen una amenaza a la seguridad y la soberanía alimentarias de diversos países y poblaciones, como han señalado la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) y diferentes movimientos sociales. Como sostiene Nilüfer Çagatay,

en la actualidad, este acuerdo permite que los países que han restringido las importaciones y aplicado subsidios internos continúen protegiendo la producción agrícola, mientras que los países que no utilizaban estas herramientas con anterioridad se ven impedidos de hacerlo. Esto ha exacerbado las distorsiones existentes en el mercado, y ha tornado a los países en desarrollo aún más vulnerables al dumping de los productores de bajo costo. Los pequeños productores son los grandes afectados, ya que las corporaciones transnacionales se han visto favorecidas por este acuerdo. Pero ¿qué impactos generó esta liberalización de la agricultura en términos de género? Los enormes desplazamientos de población y los intensos flujos migratorios hacia las periferias urbanas y los países más industrializados, resultado de la desorganización de la producción familiar y de subsistencia, afectaron en forma especial a las mujeres, tanto en sus lugares de origen como en las áreas y países de destino. Se trata de movimientos migratorios cada día más conflictivos, dirigidos en general a los grandes centros urbanos, que han tendido a profundizar la pobreza en las ciudades, colocando a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad en tanto responsables de la gestión cotidiana de la subsistencia familiar.

[Sally] Baden, en un estudio del proceso de liberalización del mercado agrícola, señala las limitaciones que este representa desde una perspectiva de género. Argumenta que este mercado posee relaciones diferenciales de género y que, por lo tanto, las políticas de liberalización no actúan en forma neutral sobre hombres y mujeres. Los beneficios se concentran en los hombres, que son los que detentan el poder en las empresas de mayor tamaño que se vieron beneficiadas por la liberalización. Las desventajas de las mujeres no solo radican en su localización en las pequeñas empresas, sino que también obedecen al sesgo de género imperante en el Estado y las instituciones del mercado. Impactos de la liberalización comercial sobre las políticas de desarrollo para las mujeres

Estos ejemplos de impactos sobre las mujeres de los diversos sectores en negociación en los acuerdos comerciales (inversiones, servicios y agricultura) permiten avanzar en algunas conclusiones acerca de los efectos de la liberalización del comercio y las inversiones sobre el desarrollo y las desigualdades de género. Resulta evidente la falta de neutralidad de género de esas políticas, que han profundizado las brechas entre hombres y mujeres en diversas realidades y territorios.

Es posible pensar que el desarrollo de las potencialidades de las mujeres se encuentra fuertemente comprometido por tales políticas. En América Latina, un estudio comparativo entre diversos países sobre los impactos de la profundización del modelo agroexportador revela que

El crecimiento del comercio internacional en la región no ha contribuido como se esperaba a la creación de mejores oportunidades laborales y, especialmente, no ha aprovechado las condiciones de calificación de la oferta de trabajo femenina. Por otra parte, aun cuando las políticas comerciales hubieran sido exitosas en la creación de empleo y en particular, de empleo femenino, si las políticas públicas no atienden la esfera de la «economía del cuidado», ello no es suficiente para lograr un impacto positivo en términos de equidad social y de género. Esto es: las decisiones de política del ámbito netamente macroeconómico tienen que contemplar la esfera mesoeconómica –mercado de empleo y economía del cuidado– para traducirse en resultados positivos.

Se trata entonces, desde el punto de vista feminista, no solo de influir en las políticas macroeconómicas de comercio e inversión, sino también de dar nuevos rumbos y ampliar las propias políticas nacionales de igualdad de oportunidades y atención a las necesidades de las mujeres para avanzar en el camino de la superación de las brechas existentes.

Desafíos en América Latina

Los cambios en la situación política latinoamericana, especialmente en los últimos años, reflejados en la diversidad de gobiernos que, a pesar de sus diferencias, pueden ser definidos como sensibles a las causas populares, abren posibilidades para una integración regional diferente. Las propuestas de inserción integrada de estos países en la economía globalizada, no solo para lograr una mejor resistencia a los momentos económicos desfavorables sino también para implementar políticas proactivas conjuntas, tienen hoy más posibilidades que nunca.

Si bien este proceso se torna más y más complejo cada día, tanto por la densidad de los temas económicos y comerciales como por la diversidad de objetivos e intereses políticos de los países involucrados, es importante reconocer que el camino de recuperación de la soberanía de las naciones podría ser impulsado a partir de la integración regional mediante la creación de nuevos mecanismos de resistencia conjunta, la ampliación de los flujos comerciales Sur-Sur y la modificación de las reglas del sistema multilateral de comercio para su integración al mundo globalizado. Al mismo tiempo, la profundización de la democracia en la región puede convertirse en una nueva forma de permitir contrabalancear esos procesos de negociación para lograr una mejor inserción global.

Justamente, esta visión de la integración regional es una de las formas en que actualmente se busca la ampliación de los espacios políticos soberanos, a pesar de los problemas y las contradicciones internas en los países de la región. Procesos tales como la constitución de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) o la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) impulsada por Venezuela tienen la potencialidad de cuestionar la hegemonía del paradigma neoliberal y recuperar la soberanía nacional a partir del reimpulso a una integración regional más proactiva. Esto puede permitir que tales procesos se transformen en propuestas alternativas, en la medida en que están siendo construidos en un marco político de disputa del paradigma de desarrollo y del modelo de integración regional por parte de actores públicos portadores de intereses sociales plurales y diversos, que hoy se manifiestan de forma muy activa.

Se trata de un momento muy distinto del de los procesos integracionistas impulsados por Bolívar, San Martín o Artigas, y también diferente del panamericanismo de inicios del siglo XX, e incluso de las propuestas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en los 70. En todos estos casos, estaba ausente la marca fundamental de la época actual: la importancia del papel desempeñado por los movimientos sociales. En ese sentido, cabe preguntarse qué significa para la integración regional esta presencia masiva de los movimientos sociales.

La participación de los movimientos sociales organizados, elemento distintivo actual para la disputa del modelo de integración regional, incorpora la cuestión de la diversidad política, esencial para el proceso democrático. Y en este aspecto, cabe reconocer que el feminismo realizó una contribución histórica fundamental a la construcción de esta nueva visión pluralista de la democracia, a partir de una renovada forma del pensar y del hacer político, incorporando la idea de que la diversidad no es solo un conjunto de diferencias, sino un valor que enriquece la convivencia y al que se debe otorgar reconocimiento, jerarquizando así el proceso político de fortalecimiento de la democracia. En este marco, la participación de las organizaciones de mujeres fue fundamental para la ampliación de la democratización en la región a través de las luchas contra el racismo y a favor de la educación universal, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, abriendo el camino para la aparición de nuevos movimientos sociales.

Es necesario analizar con mayor profundidad este proceso y de qué manera puede asociarse al nuevo momento histórico que atraviesa la región y, al mismo tiempo, cómo puede contribuir a enfrentar la crisis financiera global, que aparece en los hechos como una nueva crisis del sistema. Los movimientos sociales tienen ahora la responsabilidad y el enorme desafío de contribuir a la reformulación del modelo de desarrollo, en el que la integración latinoamericana seguramente ocupará un lugar fundamental.

La valorización desenfrenada del capital y el crecimiento ilimitado como ejes de la economía globalizada han sido puestos en jaque por esta crisis global, que en realidad es una crisis de un modelo productivo insustentable. Desde el feminismo, el objetivo es contribuir a cuestionar ese modelo, no solo por la profunda crítica a la idea de la mercantilización de la vida versus trabajo no remunerado creador de riqueza, sino también desde la perspectiva de la pluralidad democrática. Ciertamente, son contribuciones sustanciales para la construcción de sociedades más justas, equitativas y solidarias.

Bibliografía

Baden, Sally: «Gender Issues in Agricultural Liberalization», Bridge Report No 41, Institute of Development Studies, Universidad de Sussex, Brighton, 1998.Durano, Marina: «Women in International Trade and Migration: Examining the Globalized Provision of Care Services», 2005, mimeo. Rodríguez, Graciela: «Estratégias das Mulheres para a OMC», Instituto Eqüit / IGTN, Río de Janeiro, 2003.