Tema central

Una obra para varios elencos. Apuntes sobre la estabilidad del neoliberalismo en el Perú

Si bien la victoria de Ollanta Humala pareció integrar al Perú en el bloque posneoliberal, la ruptura con el ala izquierda del frente político que lo postuló alineó al gobierno con la conservación del orden vigente. La cohesión de las elites empresariales desde los años 80, a la que contribuyeron el temor a las izquierdas y la renovación ideológica neoliberal promovida entre otros por Hernando de Soto, explica la estabilidad del neoliberalismo peruano, alimentado por el crecimiento económico y la expansión de la economía extractiva. Así, hoy pervive un macroarreglo institucional de matriz neoliberal que parece inconmovible, aunque parte de la opinión pública se manifieste en favor de proyectos alternativos.

Una obra para varios elencos. Apuntes sobre la estabilidad del neoliberalismo en el Perú

Con el triunfo de Ollanta Humala en mayo de 2011, el Perú parecía integrarse al llamado «giro progresista» que atravesó la región desde la victoria de Hugo Chávez en Venezuela a fines de 1998. Sin embargo, luego de la ruptura de Humala con el ala izquierda de su coalición, encabezada por su ex-primer ministro Salomón Lerner, y habiendo transcurrido un poco más de la mitad de su gobierno, resulta claro que el presidente peruano prefirió mantener las alianzas políticas y las orientaciones básicas que vienen gobernando el país desde los años 90. En palabras de Alberto Vergara, existe en el Perú un «macroarreglo institucional» surgido con la promulgación de la Constitución de 1993 y que se ha mantenido inalterado en sus líneas fundamentales. Dicho arreglo ha establecido una serie de pautas de relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil que se expresan en la esfera política en el texto constitucional y en la esfera económica en el modelo de desarrollo neoliberal1.

El «giro progresista» de gran parte del continente parece incapaz de permear la política peruana, o siquiera de desestabilizar ese macroarreglo institucional. En este contexto, la derecha –como coalición no solo política sino también social que participa activamente en su sostenimiento– parece vivir en un proceso de consolidación continuo. Pero ¿cómo se explica la fortaleza de estos acuerdos y coaliciones? ¿Por qué la resiliencia de la derecha peruana?

A lo largo de este artículo, se prestará atención a dos atributos definitorios de los movimientos de derecha. En primer lugar, son organizaciones cuyo núcleo electoral pertenece a los estratos social y económicamente más altos. Por dicho núcleo se entiende aquel círculo dentro del movimiento capaz de definir las orientaciones ideológicas del partido, sus posiciones programáticas, y que además gestiona una parte significativa de sus finanzas. En segundo lugar, son organizaciones que, en contextos de democracia electoral, son obligatoriamente policlasistas. Es decir que si bien las elites, por definición siempre minoritarias, tienen un peso singular en estas organizaciones, están obligadas a construir coaliciones que las excedan para enfrentar exitosamente los procesos electorales2.

La renovación de la derecha peruana

El origen del actual ciclo de la derecha peruana debe rastrearse hasta la década de 1980, cuando se produjeron algunas de las condiciones que posibilitaron su posterior reconsolidación: a) las elites económicas aumentaron su cohesión; b) se desarrolló una ideología que actuó como herramienta eficaz para la construcción de una coalición policlasista; y c) se produjo una coyuntura crítica favorable para estos sectores políticos. Conceptualizar la derecha en una versión gibsoniana permite prestar atención simultáneamente a dos escenarios distintos: las elites y los votantes3.En enero de 1980 se iniciaba un nuevo gobierno civil. El Perú de la década previa estuvo inmerso en un profundo proceso de radicalización. El gobierno militar reformista de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y un conjunto de movimientos políticos sindicales y sociales, desde la base, habían provocado un cimbronazo en el país4. Las agrupaciones de izquierda clasista y revolucionaria se habían multiplicado durante la década de 1970, el movimiento sindical había crecido exponencialmente, la Teología de la Liberación se había expandido con fuerza en las comunidades de base así como entre la jerarquía de la Iglesia católica, y los campesinos estaban inmersos en un radical proceso de reforma agraria. Pese al abrupto final de la experiencia velasquista y su recambio por un gobierno militar conservador, el Perú y sus estructuras sociales no volverían a ser las mismas. Como señalaba en 1989 Desco, un think tank vinculado a las fuerzas de izquierda, en ese periodo

[l]a intervención del Estado en la economía, los derechos laborales, el cuestionamiento ideológico del capitalismo, el imperialismo y la dominación, son (...) conceptos francamente asentados en la cultura del país. Si a su vigencia añadimos el hecho de que las reformas del régimen de Velasco causaron verdadero terror en no pocos sectores del capitalismo en el país, podemos explicarnos los síntomas de inquietud y los afanes de recuperación del tiempo perdido.5

Ese terror, o si se quiere la certeza de la necesidad de iniciar el camino que permitiera a las elites económicas recuperar la conducción del país, fue lo que llevó a la gestación de una nueva generación de intelectuales que renovaría tanto en contenidos como en formas a la derecha nacional. En 1978, al calor de la transición puesta en marcha por el régimen militar, regresaron al país dos intelectuales fundamentales del neoliberalismo peruano: Hernando de Soto y Felipe Ortiz de Zevallos6.Como señaló Ortiz de Zevallos en ese año, durante la Conferencia Anual de Empresarios (CADE) –un encuentro que reúne hasta hoy al poder político y empresarial–, se necesitaba de una elite que pudiera dirigir colectivamente el país y que estuviera formada tanto en «las artes eternas del gobierno» como en «el conocimiento técnico para la puesta en marcha de un Estado moderno». Como apuntó Francisco Durand, «la idea del proyecto alternativo de poder era ya clara»7.

A su llegada a Lima, De Soto combinaría su trabajo en una empresa minera con la difusión del pensamiento neoliberal. Para ello organizó dos seminarios, en 1979 y 1981, cuyos protagonistas fueron importantes miembros de la Sociedad Mont Pelerin (SMP). El primero, titulado «Democracia y economía de mercado»8, contó con la presencia de Friedrich Hayek, la figura más importante de la SMP; en el segundo, participó estelarmente Milton Friedman.

Para Desco, estos encuentros obedecían a un doble propósito: a) «dotar de ideología a nuestra clase empresarial» y b) deshacerse de la «indigestión de las ideas generalizadas de la izquierda», tal como afirmó el orador final de aquel encuentro y cabeza del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya9.

Luego de estos encuentros, De Soto se abocó al desarrollo del Instituto Libertad y Democracia, organización que había creado con la ayuda de importantes personajes relacionados con la SMP. En los años siguientes, De Soto delineó el marco ideológico dentro del cual las elites podrían emprender la búsqueda de apoyos electorales necesarios para su proyecto10. El otro sendero, escrito en 1984, significó una reinterpretación de la crisis que vivía el país y de su historia. Proponía la desaparición de los clivajes clasistas y populistas que habían dominado la escena intelectual y, hasta cierto punto, la escena política hasta ese momento, y proponía una nueva división del mapa social donde los empresarios –formales e informales– quedaban enfrentados al precario Estado nacional-popular construido11. Al inicio de esta sección mencionamos que la cohesión que las elites económicas peruanas alcanzaron durante la década de 1980 resulta un factor relevante para entender los orígenes del actual ciclo de la derecha peruana. Durante los años 70 se habían producido hasta dos intentos infructuosos de unidad gremial dentro de las elites económicas nacionales. Pero el tercer intento, ya en los años 80, finalmente logró corporizarse en la Confederación Nacional de Empresarios Peruanos (Confiep), que consiguió agrupar a la totalidad de cámaras empresariales relevantes de la economía nacional. El éxito de esta experiencia gremial era en parte consecuencia de los aprendizajes anteriores. En la fundación de la Confiep se prestó especial atención a la creación de un gremio que incluyera la totalidad de los gremios empresariales. Además, se estableció que ese gremio solo se movilizaría frente a cuestiones de interés general de sus asociados. Por otra parte, las circunstancias políticas de 1984, año de la fundación de la Confiep, representaban un formidable reto para los empresarios, pues otros sectores de la sociedad no solo enarbolaban proyectos alternativos para el país, sino que se encontraban fuertemente organizados12. Uno de estos proyectos resultaría victorioso en las elecciones de 1985. Alan García, líder del Partido Aprista, llegó con un programa económico heterodoxo de incentivo vía la demanda, intervención estatal y acuerdos sectoriales con los grandes empresarios. Sin embargo, a medida que la gestión fue avanzando y los acuerdos sectoriales no rendían los frutos esperados por el gobierno, la relación entre este y las elites económicas se tensó progresivamente. Esta tensión desembocó en el intento de estatización de la banca llevado a cabo en 1987.

Las elites económicas llegaban a esa coyuntura habiendo resuelto sus problemas de acción colectiva en el nivel gremial, en un escenario donde la ideología/programa neoliberal elaborada por De Soto circulaba ampliamente en la opinión pública. La fallida estatización bancaria fue el momento de aparición de un liderazgo que iba a encarnar el proyecto neoliberal: el del escritor Mario Vargas Llosa.

Si bien el autor de La ciudad y los perros fue derrotado en las elecciones presidenciales de 1990, en el camino no solo logró alinear tras de sí a las organizaciones políticas de derecha, sino que se hizo con el apoyo unánime de las elites empresariales y movilizó a sectores urbanos, medios y altos, que por primera vez entraban en la lucha electoral. La inesperada victoria de Alberto Fujimori frente a Vargas Llosa, favorito en todas las encuestas, no supuso, sin embargo, la derrota de la coalición social que había respaldado al escritor. Las dirigencias empresariales organizadas en la Confiep, así como muchos de los políticos que acompañaron a Vargas Llosa en su aventura política, no tuvieron problemas en apoyar al nuevo gobierno una vez que este dio signos inequívocos en dirección a los programas de ajuste estructural y la implementación de políticas neoliberales.

La estabilidad autoritaria

Dos fueron los problemas que el gobierno de Fujimori debió enfrentar desde su llegada al poder: el económico y la violencia política. El primero implicaba controlar el proceso hiperinflacionario y reinsertar al país en los mercados de deuda internacionales. El segundo, hacer frente a la violencia de los actores armados que habían acentuado su presencia en las zonas urbanas, especialmente en Lima, la capital del país.

La coalición que sirvió de soporte al gobierno de Fujimori estuvo integrada por cuatro actores: las Fuerzas Armadas, los sectores conservadores de la Iglesia católica, las elites empresariales y los organismos internacionales13. Esta coalición se consolidó en la medida en que el poder de Fujimori aumentaba y se cristalizaba con una serie de coyunturas favorables. Primero, con el autogolpe de Estado y la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, en 1992; luego, con la aprobación vía referéndum (aunque fraudulento) de la Constitución de 1993; y finalmente, con la reelección de Fujimori en 1995.

Sobre la base de esta coalición y en el contexto del ajuste estructural a inicios de los años 90, las elites económicas lograron penetrar importantes centros de decisión estatal a través de una nueva capa tecnocrática llegada al servicio público. Los poderes y coaliciones que se enfrentaron al proyecto fujimorista fueron especialmente débiles. Si a inicios de su gobierno Fujimori enfrentó alguna oposición social, aunque disminuida por la violencia política, el golpe de Estado le permitió consolidar su poder e intervenir directamente sobre el resto de los poderes públicos llamados a controlarlo.La lucha contra los grupos subversivos, unida a las características del liderazgo fujimorista, prácticamente arrasó con cualquier clivaje previamente existente. La actuación de Sendero Luminoso y la severa crisis económica no solo acentuaron las tendencias conservadoras en el electorado, sino que popularizaron valores tales como el orden y la mano dura. Fujimori logró construir un electorado policlasista que difícilmente podía ser ordenado de acuerdo con variables como el sector socioeconómico, el lugar de residencia o la pertenencia étnica de los electores.

Fue recién hacia finales de su gobierno, y en un contexto recesivo, cuando el respaldo de las elites económicas al fujimorismo se resquebrajó. En el marco de una crisis económica que implicó una notoria desaceleración del crecimiento, Fujimori lanzó su segunda reelección. Para ello debió avanzar sobre las instituciones y los ordenamientos legales creados a partir de la Constitución que él mismo había promulgado y que le impedía dicha postulación. El proyecto reeleccionista no solo generó rechazo de sus opositores en el campo de la política y la sociedad civil, sino también en algunos miembros de la elite empresarial. Sin embargo, hasta su intempestiva huida del país y la posterior declaratoria de vacancia por el Congreso de la República, el gobierno de Fujimori contó con el respaldo de prominentes miembros de la elite empresarial y con la opinión favorable de sus organismos gremiales. Como muestra, se puede recordar que la salida del país de Vladimiro Montesinos, asesor del presidente y figura clave en las operaciones más oscuras del fujimorismo14, se realizó en un avión que era propiedad de Dionisio Romero, accionista mayoritario del banco más grande del país y de uno de los conglomerados económicos más importantes15.

La llegada del gobierno de transición, con Valentín Paniagua a la cabeza, supuso un cambio en las reglas de juego entre el Estado y las elites empresariales16. No se trató de un cambio en las reglas del modelo de desarrollo, sino de un cambio en la relación entre el Estado y las elites económicas. El acceso privilegiado y tras bambalinas al poder del que los grandes empresarios habían gozado hasta ese momento se reformuló. Incluso el gobierno de Paniagua desarrolló acciones que fueron leídas como poco amables por los sectores empresariales. Pero una vez finalizado el gobierno de transición en 2001, la derecha peruana ha gozado de una creciente estabilidad. Desde el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) en adelante, la penetración de los intereses de las elites empresariales en el Estado ha regresado a la situación vivida en la década de 1990, obviamente sin los graves episodios de corrupción sucedidos durante el fujimorismo.

Estabilidad dentro de la inestabilidad

Desde el fin del gobierno de transición encabezado por Paniagua, el Perú vive, en términos históricos, su ciclo de democracia electoral más largo. Sin embargo, mientras se suceden las elecciones nacionales, regionales y locales y se consolida la democracia como régimen político, se ha formado un amplio consenso respecto a esta. La democracia peruana existe a pesar de la ausencia de un sistema de partidos. De hecho, lejos de fortalecerse con el pasar de los años, este sistema no ha hecho más que seguir una ruta de hiperfragmentación, que se refuerza con cada elección. A la pérdida de importancia de los partidos nacionales se le suma la proliferación de organizaciones políticas locales y regionales que no consiguen consolidarse.

En este marco de fragmentación, los últimos tres procesos presidenciales han dado como ganadores a candidatos de agrupaciones diferentes, cuyo único elemento en común fue quizá la promesa de ejecutar cambios (de diversa magnitud) en el macroarreglo institucional vigente, para al final conservarlo sin mayores modificaciones. La profunda estabilidad de este proyecto de país frente a la inestabilidad reinante en el elenco que supuestamente lo conduce plantea una paradoja que debe explicarse.

Para Vergara, las explicaciones de la estabilidad y reproducción de este macroarreglo son múltiples. En primer lugar, el ciclo económico de alto crecimiento –basado en la explotación de materias primas– que vivió el país entre 2003 y 2013, con tasas de crecimiento promedio de 6%. Al lado de esta razón económica, Vergara coloca una de naturaleza política: la precariedad de la clase política. La fragilidad de los partidos y los liderazgos políticos tiene como contracara un continuo fortalecimiento de una elite tecnocrática y de actores con poder de veto sectorial que parecen encarnar la garantía de la continuidad de dicho arreglo. Esta elite constituye una red tecnocrática bastante informal, modelada en las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas por un lado y por los organismos internacionales del otro. Es decir que los políticos formalmente al mando son sobrepasados por otros sectores más organizados y con mayores recursos17.

A la hipótesis de Vergara me gustaría hacerle algunos añadidos. Las condiciones de partida que posibilitaron la renovación de la derecha durante los años 80 explican en buena medida la estabilidad del macroarreglo institucional actual al que Vergara se refiere. La creación de la Confiep en 1984 les permitió a las elites económicas resolver sus problemas de acción colectiva, reduciendo sus costos y ordenando su participación política, no solo a la hora de establecer vetos sectoriales, sino también al momento de incidir sobre la sociedad civil. El otro elemento clave fue el «paquete ideológico» desarrollado entre otros por De Soto, que significó una convincente adaptación del neoliberalismo a la realidad y la problemática peruanas. Contando con esta herramienta y resueltos sus problemas de acción colectiva, las elites económicas han podido reproducir su hegemonía sobre la sociedad civil.

Por otra parte, el crecimiento económico de los últimos diez años no solo legitima este proyecto de cara a los electores, sino que además facilita la acción colectiva de las elites. En un contexto de alto crecimiento, la puja por los excedentes entre distintos sectores económicos o entre firmas de un mismo sector tiende a moderarse, lo que fortalece las acciones comunes. En contextos de escasez donde el Estado, ya sea por acción u omisión, termina privilegiando los intereses sectoriales específicos, es más posible que se produzcan divisiones y se debilite la acción colectiva empresarial.

Más allá de la estabilidad que provee un escenario económico en crecimiento, la solidez de las elites económicas es facilitada también por su alto grado de acuerdo. La versión nacional del neoliberalismo goza, por lo menos en sus puntos principales, de un gran consenso entre estos círculos. Esta gran cohesión ideológica es también el producto de la historia reciente del país. Ciertamente, el accionar de Sendero Luminoso operó como un gran aliciente para el fin de los disensos dentro de las elites, pero también colaboró la implosión de los mencionados proyectos alternativos. La izquierda llegó fracturada a los comicios de 1990, mientras que el aprismo estaba exhausto luego de cinco años de un gobierno catastrófico (el primer gobierno reformista de Alan García).

Aquellos empresarios que veían con buen agrado la intervención estatal activa como forma de promover el capitalismo son hoy en el Perú una rara avis. Intervenciones de ese tipo son ampliamente rechazadas por el sector empresarial. Esta consolidación ideológica no puede ser vista exclusivamente como el subproducto del desarrollo económico del país. Es más bien un fenómeno que merece una explicación propia. La ideología, entendida como marcos de referencia comunes, facilita la orientación y la acción de los actores colectivos, en este caso el empresariado. La acción colectiva entonces se refuerza debido a los consensos existentes respecto a diagnósticos y soluciones.

El último elemento de la estabilidad de este macroarreglo está dado por la debilidad de otras fuerzas políticas alternativas al neoliberalismo. Si la precariedad de los políticos es condición de posibilidad para el fortalecimiento de las elites burocráticas, la inexistencia de proyectos políticos alternativos, con posibilidades mínimas de concreción, fortalece a quienes sostienen el proyecto vigente.

De hecho, la falta de alternativas políticas se ha agudizado desde que Humala reubicara su proyecto en las coordenadas del mencionado macroarreglo institucional. Desde que apareció en la escena política nacional en los primeros meses de 2006, el hoy presidente ejerció un monopolio incuestionable en la representación de esta porción del electorado. Más allá de sus consecuencias en el plano de las políticas públicas o en los alineamientos regionales del Perú, el viraje de Humala ha dejado sin representación política a esos sectores, sin que por ahora aparezca otro liderazgo u organización que tome la posta.

Inestabilidad dentro de la estabilidad

Para finalizar, ofrecemos algunas pistas sobre los posibles puntos de fuga de esta inconmovible estabilidad en el escenario peruano. Si se quiere describir adecuadamente el sistema de partidos actual, su continua fragmentación, debería añadírsele una característica adicional: su incapacidad para representar políticamente al conjunto del electorado. Como señala David Sulmont, en el Perú existe un sistema de representación política incompleto. Aquellos sectores más vulnerables (definidos a partir de su menor inclusión en la economía de mercado y/o por su pertenencia a sectores indígenas) vienen votando desde el fin de la transición por organizaciones políticas volátiles y con un bajo nivel de institucionalización. Si bien el conjunto del sistema de partidos se caracteriza por estos atributos, es posible afirmar que en las organizaciones que buscan representar a estos sectores el problema es más grave que en aquellas organizaciones que representan a sectores más integrados al mercado y con menor presencia indígena. El sistema de representación política en el país cojea18.

Aquellos que votaron por las promesas de cambio que encarnaron primero Toledo y luego Humala quedaron sin ningún tipo de representación una vez que estos accedieron a la Presidencia y dejaron de lado esas promesas. Hay que recordar que son estos mismos sectores los que apoyaron a Izquierda Unida en 1985 y los que durante los años 90 fueron cooptados por el fujimorismo a través de sus aparatos de clientelismo político. La falta de representación estable de estos sectores hace que se inclinen por uno u otro candidato que les ofrezca como horizonte algún tipo de cambio.

A la cojera que señala Sulmont puede añadirse la persistencia de una cultura política alejada de los ejes del proyecto neoliberal. Según estudios de opinión realizados durante 2013, entre 30% y 50% de los encuestados a escala nacional estaba de acuerdo en la intervención del Estado en cuestiones como la protección de los productos locales frente a la importación, la eliminación de la pobreza y el combate a la desigualdad, la protección del derecho al trabajo y el financiamiento público de los sindicatos. Además, 64% de los encuestados señaló que era necesario que se produjesen cambios en la política económica, frente a 28% que apoyaba su continuidad19.

De lo anterior se desprenden dos conclusiones: la primera es que existe un electorado disponible que carece de representación política. La segunda es que persiste un electorado con una cultura política potencialmente sensible a un nuevo proyecto, o siguiendo a Vergara, un nuevo macroarreglo institucional. Es lícito suponer que existe una superposición entre uno y otro electorado. No es entonces que no haya un electorado dispuesto a votar por alguna opción que proponga un cambio en este macroarreglo; lo que no se visualiza hoy es una fuerza política o un liderazgo que los represente. Una porción significativa del electorado, pese al alto crecimiento económico, parece impermeable al proyecto neoliberal vigente. Las manifestaciones más claras de esto pueden ser los estallidos sociales, en especial los vinculados a temas de industrias extractivas, que aparecen periódicamente en el país20.

La estabilidad del proyecto está entonces sometida a una inestabilidad inherente. Cabe la pregunta sobre un escenario futuro de desaceleración económica. Si diez años de alto crecimiento no lograron hacer desaparecer a este electorado, ¿qué pasará ahora que la bonanza parece haber llegado a su fin, o que al menos parece estar desacelerándose? Si el país entra en un ciclo de crecimiento reducido, es posible que este electorado vuelva a desestabilizar el pacto neoliberal. Este escenario tiene dos posibles salidas: por un lado, que tácticas más coercitivas reemplacen estrategias basadas en el consenso y que por lo tanto aumenten los niveles de represión social. La otra posibilidad es que las elites apunten a una competencia electoral restringida a través del cierre de la oferta política. En otras palabras, que intenten evitar la aparición de líderes políticos u organizaciones capaces de representar eficazmente a aquellos sectores impermeables al proyecto neoliberal. Desde esta mirada puede interpretarse lo sucedido durante las elecciones de 2011, cuando las elites empresariales, junto con los principales conglomerados mediáticos, llevaron adelante una campaña de descrédito y de ataques de una inusitada virulencia contra el entonces candidato Humala. De la misma manera puede ser entendido el intenso fuego cruzado que ha debido soportar la alcaldesa de Lima, Susana Villarán (de centroizquierda), durante toda su gestión, especialmente durante la revocatoria organizada en su contra, de la cual salió airosa por un estrecho margen, y durante las recientes elecciones locales que perdió por amplio margen. Por ahora parece que resulta más factible controlar el lado de la oferta política que el de la demanda. Si esta táctica funciona, es muy probable que las elecciones de 2016 sean una competencia entre las organizaciones políticas ubicadas a la derecha, que deberán disputarse los papeles actorales de una obra que lleva más de dos décadas en cartelera.

  • 1. A. Vergara: «Alternancia sin alternativa: ¿Un año de Humala o 20 años de un sistema?» en Argumentos año 6 Nº 3, 7/2012.
  • 2. Edward Gibson: Class and Conservative Parties: Argentina in Comparative Perspective, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-Londres, 1996.
  • 3. Kevin Middlebrook (ed.): Conservative Parties, the Right and Democracy in Latin America, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-Londres, 2000.
  • 4. Entre las principales reformas del gobierno militar se incluyeron la reforma agraria, la expropiación de importantes empresas petroleras, la creación de empresas públicas en sectores estratégicos de la economía, el establecimiento de la comunidad industrial (obligatoriedad de la participación de los trabajadores en la gestión empresarial) y la expropiación de los principales medios de comunicación.
  • 5. «El simposio sobre Economía de Mercado. Una derecha en busca del tiempo perdido» en Quehacer No 2, 11-12/1979.
  • 6. Ortiz de Zevallos fundó el Instituto Apoyo y la revista Perú Económico, desde donde influyó en el debate económico e ideológico de los años 80. Por su parte, De Soto fundó el Instituto Libertad y Democracia, el think tank neoliberal más importante del país en los siguientes años.
  • 7. F. Durand: «La nueva derecha peruana: orígenes y dilemas» en Estudios Sociológicos vol. viii No 23, 1990.
  • 8. Si bien este seminario fue organizado por De Soto, fue auspiciado por el Instituto de Economía de Mercado vinculado al Partido Popular Cristiano (ppc) y la Fundación Konrad Adenauer, ligada a los demócratas cristianos alemanes. V. «El simposio sobre Economía de Mercado», cit.
  • 9. Ibíd.
  • 10. C.A. Adrianzén: «Neoliberalismo, redes de think tanks e intelectuales. Apuntes iniciales sobre el caso peruano», ponencia presentada en el coloquio «Pensar las derechas en América Latina en el siglo xx», Université Sorbonne Nouvelle - París 3, Université París 8 - Vincennes Saint-Denis y Universidad Nacional de General Sarmiento, París, 2014.
  • 11. C.A. Adrianzén: «De Soto y la (im)posible apuesta por un neoliberalismo popular» en Gonzalo Portocarrero et. al. (eds): Cultura política en el Perú: tradición autoritaria y democratización anómica, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú / Universidad del Pacífico / Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2010.
  • 12. F. Durand: ob. cit.
  • 13. F. Durand: Riqueza económica y pobreza política: reflexiones sobre las élites del poder en un país inestable, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003.
  • 14. Tanto Fujimori como Montesinos se encuentran presos por una serie de delitos que incluyen violaciones a los derechos humanos y apropiación de dineros públicos, entre otros.
  • 15. F. Durand: «Cleptocracia y empresariado en el Perú» en Nueva Sociedad No 194, 11-12/2004, disponible en www.nuso.org/upload/articulos/3233_1.pdf.
  • 16. La vacancia de Fujimori en septiembre de 2000 supuso el ascenso a la Presidencia del entonces presidente del Congreso Valentín Paniagua, miembro del opositor partido Acción Popular. Por mandato constitucional, este gobierno debía llevar a cabo en un plazo perentorio nuevas elecciones generales.
  • 17. A. Vergara: ob. cit.
  • 18. D. Sulmont: «Líneas de frontera y comportamiento electoral en el Perú. Diferencias sociales y tendencias del voto en las elecciones presidenciales peruanas: 1980-2006» en Orlando Plaza (coord.): Cambios sociales en el Perú 1968-2008. Homenaje a Denis Sulmont, pucp-cisepa, Lima, 2009.
  • 19. Datum Internacional: «Pulso Perú. Encuesta de opinión pública a nivel nacional», Lima, junio de 2014.
  • 20. Durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), el número de muertos por conflictos sociales según la Oficina de Gestión de Conflictos llegó a 191 (La República, 29/8/2011). Según la congresista Veronika Mendoza, en lo que va del gobierno de Humala el número de muertos por conflictos sociales llega a 35.