Opinión

¿Una ley de amnistía para narcotraficantes?

Andrés Manuel López Obrador, candidato a presidente de México, propone una polémica política de amnistía para narcotraficantes. La medida entraña dilemas éticos. Además, podría no ser efectiva para reducir la violencia y garantizar la paz.

¿Una ley de amnistía para narcotraficantes?

A mediados de febrero de 2018, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió la posibilidad de dar una amnistía a los narcotraficantes como una forma de lograr la paz en un país que lleva más de una década sufriendo la violencia provocada por el narcotráfico y su combate por parte del gobierno. Dicha propuesta, como era de esperarse ha provocado una gran polémica en México. ¿Es ésta realmente una solución al problema de la violencia del narco?

Una medida de este tipo plantea un dilema moral al dejar sin castigo conductas que, además de ser ilegales, la sociedad las ha considerado condenables, como lo son muchas de las acciones que realizan quienes trafican con drogas. Entre ellas se destacan el asesinato, la tortura y el secuestro. Ciertamente, la discusión moral se relativiza la hablar solamente de la producción, tráfico y venta de drogas, pues en principio, dichas actividades estarían simplemente abasteciendo una demanda de un producto que, en teoría, parte de una decisión personal que caería en el ámbito de las libertades individuales. Sin embargo, si nos referimos a los delitos sobre los cuales hay un consenso social de que son inadmisibles, como el asesinato o la tortura, no hay demasiado margen para pensar en una amnistía. Y de hecho, ese ha sido el punto más conflictivo en los procesos de negociación que buscan incorporar a la vida institucional a grupos políticos como las guerrillas. Perdonar crímenes de lesa humanidad, no resulta aceptable para buena parte de las sociedades. Evidentemente, el mensaje sobre el Estado de Derrecho es claramente negativo.

Existe, además, otro elemento a considerar. En los casos en los que se ha ofrecido amnistía a grupos levantados en armas contra el Estado, se trataba de actores políticos que tenían un proyecto de gobierno y no de grupos delictivos cuya meta final es el lucro por sí mismo, como en el caso del narcotráfico. En otras palabras, cuando nos referimos a grupos políticos ilegales, el supuesto de que una amnistía combinada con el otorgamiento de garantías lograría que abandonaran las armas es razonablemente cierto. No es el caso de los narcotraficantes. Para éstos últimos el lucro es la meta principal. Por lo que una incorporación a la legalidad no actuaría como un elemento disuasivo de los medios utilizados para lograr dicha meta, a saber, los asesinatos, los secuestros, etc. Lo que motiva a los narcotraficantes a dedicarse a esa actividad, utilizando la violencia como un mecanismo para competir en el mundo de la droga, es el alto margen de ganancia que tiene dicha actividad. Y ese incentivo no desaparece con una amnistía, al menos para la mayoría de quienes están involucrados en esa actividad.

El supuesto que subyace detrás de esta propuesta es que, como apuntó el propio López Obrador, la estrategia de combate al narco, basado en medidas coercitivas, no parece haber funcionado, al menos no para reducir la violencia dado que las causas de esta actividad delictiva tienen su base en aspectos sociales. Desde ese punto de vista, quienes están involucrados en el narcotráfico, lo harían porque no tienen otra alternativa para prosperar y, si tuvieran dichas opciones, abandonarían la actividad delictiva. Sin embargo, dicho supuesto solo es parcialmente cierto. Efectivamente, algunos de quienes están involucrados en el narcotráfico han sido llevados ahí por la falta de oportunidades, pero no parece ser el caso de todos ellos. Lo cierto es que en el mundo de narco hay de todo: desde jóvenes reclutados a la fuerza por las bandas criminales, población marginada que se involucra poco a poco en actividades ilegales y termina en el narco sin tener a veces conciencia de lo que ello implica, hasta «juniors» que encuentran muy cool dedicarse al narco, pasando por criminales profesionales que de manera consciente se han involucrado en ese negocio ilícito, a pesar de tener otras opciones para ganarse la vida. En ese sentido, no está claro que todos los que participan en el narco quieran dejar dicha actividad si tienen la oportunidad de hacerlo. Lo cierto es que, como ya apuntamos, el narco es una fuente de ingresos muy atractiva para una parte de la población. Es decir, hay un motor económico que se deriva del alto margen de ganancia de dicha actividad. Por lo tanto, la problemática no desaparecerá porque se ofrezca hipotéticamente la posibilidad de abandonarla.

Ahora bien, la heterogeneidad del conjunto de personas que participan en el narcotráfico, obliga a considerar si no una propuesta amnistía total, sí la de una reducción de las penas aplicables para aquellas personas que no han cometido delitos graves y que han sido reclutadas de manera forzada. Esto es, estaríamos hablando de los campesinos que cultivan droga, de los jóvenes que son reclutados a la fuerza y que no han participado en asesinatos, tortura o secuestros. Ciertamente, la distinción es difícil de hacer en la práctica, pero podría al menos ser un principio a tomar en cuenta en los procesos judiciales. Sin embargo, una amnistía generalizada, incluso para los líderes de las bandas criminales como planteó López Obrador, carece de sentido: no resolvería el problema de la violencia, pues aun aceptando que los amnistiados cesaran sus actividades criminales, el incentivo económico seguiría ahí y habría nuevos criminales que ocuparían su lugar. Una amnistía generalizada, además, enviaría un mensaje terrible a la sociedad pues dejaría en la impunidad crímenes graves que ninguna sociedad civilizada puede legalizar.

¿Qué hacer?

La razón de la polémica propuesta de amnistía para los narcotraficantes es el alto grado de violencia que genera esta actividad. Pero lo cierto es que la producción, tráfico y venta de drogas ilegales provoca violencia por una razón muy simple: por su ilegalidad. No existen mecanismos que regulen esas actividades, lo cual lleva a quienes participan de ellas a recurrir a la violencia. La ilegalidad, combinada con instituciones débiles que cumplen mal la función de suprimir este negocio, lleva a las bandas del narco a dirimir sus disputas por el mercado de manera violenta. Adicionalmente, al ser una actividad muy lucrativa, genera el dinero suficiente para corromper a la autoridad, lo cual debilita los controles gubernamentales que podrían limitar la violencia inherente a este negocio. Sin duda, pensar en una reducción de penas a quienes no hayan cometido delitos graves o a quienes hayan sido reclutados a la fuerza es un acto de justicia, pero pensar que una amnistía serviría para reducir la violencia, que es la principal razón argumentada por López Obrador, es simplemente falso.

La reducción de la violencia tiene dos elementos fundamentales. El primero es un fortalecimiento de las instituciones que lleven a una mejor aplicación de la ley y que permita castigar a quienes matan, secuestran y torturan y una legalización de las drogas que reduzca el incentivo económico que es el motor de dicha actividad. Este primer elemento está en manos del Estado mexicano, pero lleva mucho tiempo alcanzarlo. Fortalecer instituciones y el Estado de Derecho es una tarea compleja y de largo plazo, aunque esencial para cualquier democracia. El segundo elemento es el de la legalización de las drogas. Se trataría, sin duda alguna, de una medida mucho más rápida y efectiva para reducir la violencia, aunque no la eliminaría totalmente pues las bandas criminales ya creadas, probablemente seguirían dedicadas a actividades ilegales como ocurre ya de hecho. No obstante, la legalización de las drogas tiene muchas limitantes externas, como la presión que podría ejercer Estados Unidos y los compromisos internacionales adquiridos en la firma de las convenciones del régimen internacional de control de drogas. No obstante, ésas son las únicas opciones para enfrentar el problema de la violencia asociada al narcotráfico. La amnistía, a pesar de ser una propuesta atrevida «fuera de la caja», es simplemente inútil para el propósito que se busca.

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