Opinión

Un triunfo que espera ser definitivo La lucha por la legalización del aborto en Argentina

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de legalización del aborto. Ahora, el Senado de ese país debe ratificar la medida para ponerla en vigencia. Su aprobación constituye una victoria para los grupos feministas que luchan por los derechos de las mujeres. Con esta medida, el aborto puede salir de la clandestinidad y pasar a formar parte de una verdadera política de salud pública. El proyecto puede servir de base para otros países de América Latina, donde los sectores conservadores siguen negándose a enfrentar el problema.

Un triunfo que espera ser definitivo / La lucha por la legalización del aborto en Argentina

Durante los últimos días, la agenda feminista ha tenido una nueva conquista en América Latina. En Argentina, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, tras décadas de lucha de diversos colectivos de mujeres. La media sanción a la ley contó con apoyos transversales. Diputados y diputadas de todo el arco político se manifestaron en favor de la iniciativa, en una votación que terminó siendo muy ajustada. Previamente a la votación, se habían desarrollado importantes debates en la misma Camara de Diputados pero también en los medios de comunicación y en las más diversas esferas de la sociedad. Finalmente, el miércoles 13 de junio, se alcanzó la aprobación del proyecto legislativo que enfrentó a los sectores favorables a la legalización con aquellos autodenominados «pro-vida».

Los argumentos de quienes se oponían a la Ley giraban en torno a la consigna de «salvar las dos vidas». Su discursividad estaba fuertemente marcada por una perspectiva religiosa –fundamentalmente católica– y hacía evidentes los escasos argumentos en materia de la problemática real. Sin abordar el problema como parte de la salud pública, algunos diputados y diputadas que rechazaban la iniciativa, llegaron a realizar analogías absurdas. Un diputado comparó a las mujeres con los marsupiales y, literalmente, sostuvo: «Los marsupiales terminan su desarrollo fuera del seno de la hembra. Se arrastran y maman durante meses en la bolsa hasta que terminan el desarrollo. Si tuvieramos el mismo sistema y los bebés de 10 o 15 centímetros estuvieran prendidos a la teta de su madre ¿sería tan fácil tirarlos a la basura? Apoyemos la vida, las dos, no una sola».

Esta es solo una de las muchas expresiones ridículas que pudieron escucharse en el debate. El nivel argumentativo de aquellos o aquellas que representaban a provincias como Santiago del Estero, Tucamán o San Luis, rozaba al de la Edad Media . Ninguno tuvo en cuenta la problemática de la práctica en la clandestinidad, las muertes de las mujeres, ni la deuda del Estado en materia de salud pública como reforzadora de desigualdades.

Se calcula que, en Argentina, se producen alrededor de 460.000 abortos inducidos por año, lo que se traduce a 52 por hora o 0,86 por minuto, según los datos de Economía Feminista, un colectivo de investigadoras que se encarga de visibilizar las problemáticas de género desde una visión económica. En definitiva, se ha llegado a mensurar que cada dos días una mujer muere por la práctica en lugares clandestinos y en condiciones precarias. Los abortos constituyen la primera causa de mortalidad materna sobre los casos por hipertensión o sepsis. Y la ilegalidad convierte al aborto en una práctica insegura: desde clínicas privadas en donde los médicos ingresan a las pacientes con otro diagnóstico hasta métodos más precarios como agujas de tejer o perejil, maniobras todas ellas sumamente riesgosas.

Es en este marco en el que las desigualdades se refuerzan: las mujeres que pueden pagar acceden a la práctica del aborto sin poner en riesgo sus vidas (aunque no en todos los casos) y las que menos tienen quedan relegadas a la práctica en sus casas, en situaciones de marginalidad y poca higiene. En muchos casos se desarrollan infecciones y, en otros, la muerte. Pero más allá de los datos, existe un discurso social patriarcal de culpabilidad y castigo hacia las mujeres que legitima la penalización. La investigadora Dora Barrancos, propone pensar en la culpabilidad que se instala en las mujeres bajo el argumento de que «se embarazan». Sobre ellas, afirma Barrancos, recae el fantasma de la maternidad, limitando su sexualidad. El patriarcado cercena el goce y las obliga a la reproducción. La criminalización del aborto es la respuesta del sistema.

En Argentina ya rige el Protocolo de Aborto No Punible, que establece que una mujer puede realizar un aborto en caso de violación, de correr riesgo su vida o su salud, o en caso de que el embarazo provenga de «un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente». Sin embargo, aún cuando el Protocolo está vigente, el colectivo Economía Feminista sostiene: «Muchos médicos indican por lo bajo que, aún en los casos contemplados dentro del protocolo del Aborto No Punible, prefieren no practicar el procedimiento por miedo a luego tener problemas legales: como todavía no hay una aplicación uniforme de la Ley a nivel nacional y como dicha Ley ha sido parte de las rencillas partidarias del presente gobierno y el anterior, con idas y vueltas en su aplicación, quienes practiquen abortos contemplados en el protocolo temen el día de mañana enfrentar problemas legales. Además, también indican que quienes realizan la práctica (cumpliendo con la ley) y quienes se muestran a favor de la legalización total del aborto terminan siendo estigmatizados y etiquetados por sus propios colegas». Esto, sin contar que la ilegalidad mueve millones en ventas de medicamentos para abortos con pastillas.

Resulta evidente que, en la posición condenatoria, ha tenido un lugar privilegiado el sector más conservador de la Iglesia Católica. En la misma posición se manifiestan iglesias de otros credos y un grupo de toco-ginecólogos y obstetras. En las provincias más conservadoras de Argentina esto deriva en un verdadero problema. Estos sectores también son aquellos que presionan para que la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral existente, y sancionada en el año 2006, no se aplique en las escuelas o se aborde tamizada por la ideología y contenidos difusos. Todo este conjunto de actores políticos, sociales y religiosos son los opositores a lo que ellos mismo denominan como «ideología de género». Pero su peso no solo es fuerte en Argentina – donde afortunadamente la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo parece estar sorteándolos – sino que también lo es en América Latina.

América Latina y los opositores a las ideologías de género

La cifra de abortos clandestinos en América Latina es alarmante. Según la última investigación Abortion Worldwide 2017 Uneven Progress and Access, publicada por el Instituto Guttmacher, la región ocupa el primer lugar con mayor tasa de abortos: 44 de cada 1000 mujeres en edad reproductiva (15-44 años) se realizan la práctica. Se estima que en el periodo comprendido entre 2010 y 2014, ocurrieron 6,5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe. La proporción total de embarazos que terminan en aborto aumentó de 23% a 32% en el último tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 50% de los abortos se realizan de manera ilegal y el número de muertes (evitables) es de 70.000 mujeres por año.

Se puede percibir que, en países en donde el aborto es legal, las cifras tanto de la práctica como de muertes disminuyó. Tal es el caso ejemplar de Uruguay que presenta la menor tasa de abortos en el mundo. La ley uruguaya permite la interrupción voluntaria del embarazo durante las 12 primeras semanas. Según el Ministerio de Salud Pública, Uruguay tiene una tasa de 10 abortos cada 1000 mujeres (comparado con países de Europa occidental que tienen 12 cada 1000). En el resto de los países de América Latina, como Colombia, Ecuador, Chile, Argentina (aunque ya se llegó a una media sanción en diputados para el proyecto de ley), está prohibido pero no se penaliza en casos de violación, si corre riesgo la salud de la mujer, etc. No obstante, la situación se agrava en países como Brasil en donde muere una mujer cada dos días. Al igual que en Bolivia, está despenalizado en caso de violación y si pone en «riesgo serio» la vida de la mujer. Pero la pesadilla se perpetúa en Paraguay y Venezuela: directamente no se puede abortar ni siquiera en caso de violación. Corre lo mismo para Perú en donde 8,4% de las mujeres refiere haber sufrido violencia sexual. Este último país hace poco está en campaña para la despenalización en caso de violación.

Por estos motivos, los feminismos regionales están unidos por la agenda del aborto legal, seguro y gratuito para sacar a las mujeres de la criminalidad y del pensamiento patriarcal que las oprime y que establece una maternidad obligatoria. El feminismo adquirió una nueva dinámica, una nueva generación de activistas que copa las calles para reclamar el control y la disposición de sus propios cuerpos. Sin embargo, existen ciertos grupos de derecha que se conocen como opositores a la «ideología de género» y se caracterizan por no aprobar las ideas ni derechos feministas y del colectivo LGTTBIQ, como el matrimonio igualitario, igualdad y autonomía de las mujeres, la oposición al término «género», entre otros. Estos grupos se sostienen sobre un pensamiento fundamentalista que recurre a las Escrituras para apoyar sus campañas y promover «moralidad». En una entrevista en Nueva Sociedad, Maxine Molyneaux, afirma: «Esta extraña visión del poder destructivo femenino está acompañada por los reclamos de los fundamentalistas de ser los guardianes de la estabilidad social, expresada a través de su apoyo a la familia patriarcal, firmemente basada en el lugar de las mujeres en el hogar como cuidadoras de hombres y niños». Cabe destacar que esto no se vincula con puntos de vista sino con colocar un techo a los derechos humanos. Estos grupos se extienden desde la nueva derecha hasta evangélicos y católicos vinculados a posturas reaccionarias y conservadoras. En Perú, la campaña #ConMisHijosNoTeMetas, presionó tanto como para que la Suprema Corte de Justicia anulara el enfoque de igualdad de género en las escuelas en el año 2017 y fueran destruidas las ediciones de libros en menos de seis meses porque, según ellos, proponían «homosexualizar a los hijos». El grupo utilizó la ley para cambiar el material educativo que estaba orientado a promover la educación reproductiva, sexual y de género.

Brasil también tiene un fuerte poder de esta derecha de cristianos en el poder político, la mayoría con denuncias de corrupción, y sancionando leyes en contra de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTTBIQ. Los evangélicos pidieron que los psicólogos «traten» a los homosexuales y que los gobiernos nieguen la anticoncepción y el aborto a las mujeres. Se trata de ideas que van, sencillamente, en contra de las obligaciones del Estado y el ejercicio de los derechos. Pero lo más peligroso sucede cuando estos grupos toman el poder y ocupan bancas en los Congresos y las Cámaras Legislativas porque pueden modificar leyes y recortar derechos, como ocurre en Brasil y Paraguay.

Voy a cambiar las cosas que no puedo aceptar

Al igual que sucedió en su momento en Uruguay, ahora Argentina espera la sanción definitiva de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El proyecto, que este 14 de junio obtuvo una media sanción, propone «aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual para decidir». Los colectivos de mujeres de Latinoamérica acompañaron la vigilia que se hizo en el Congreso de la Nación en Buenos Aires. Las compañeras peruanas, por ejemplo, alentaron desde las redes en expectativa de una esperanza que mueva a América Latina en materia de género. Si bien puede pensarse que los grupos conservadores representados en el Congreso argentino y los diferentes parlamentos de América Latina, pujan por el poder, Argentina es un precedente de aquello que las organizaciones feministas acompañadas por los colectivos LGTTBIQ pueden lograr en materia de género. La batalla es ardua, pero la felicidad es plena cuando algo está por lograrse en materia de derechos humanos y cambios culturales. Ahí vamos.

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