Opinión

Un silencio culpable

Mientras Trump estimula el racismo y clama por enclaustrar a su país, en América Latina ya se practican políticas migratorias cada vez más restrictivas.

Un silencio culpable

El asunto migratorio cuenta con escaso espacio en el ya precario diálogo intergubernamental de América Latina y el Caribe, a pesar de que muchos países de la región expulsan poblaciones o sirven de tránsito clandestino de migrantes que huyen de la violencia o buscan mejores oportunidades en Estados Unidos, país con el que tampoco existe concertación al respecto.

El sueño americano atrae gentes que viajan sin visa desde Asia (en especial de India, Nepal, Bangladés, China y Pakistán), África (ante todo Senegal, Ghana, Congo, Somalia), Medio Oriente (Siria), Latinoamérica y el Caribe (en particular Centroamérica, Haití y Cuba).

La emigración cubana ha sido constante por la situación de la isla y por la Ley de Ajuste Cubano que, desde 1966, les otorga residencia, permiso de trabajo, ayudas sociales y reunificación familiar. En 1994, ante la multiplicación de las balsas por el estrecho de La Florida, Washington decidió que los migrantes interceptados en el mar serían devueltos a Cuba, y sólo los que lograran pisar territorio estadounidense recibirían los beneficios. Ante el temor de que la normalización de relaciones entre Estados Unidos y la isla lleve a la restricción o supresión de esa ley, y aprovechando que Raúl Castro levantó las restricciones para viajar y vender vivienda, la migración cubana se ha intensificado y ha cambiado de ruta.

Como Ecuador suprimió la visa en 2008, enseguida llegaron allí cubanos en avión y otros migrantes de fuera del continente con el propósito de atravesar en forma clandestina ese país y otros siete más (Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México) hasta llegar a Estados Unidos. A partir de 2016, Ecuador aceptó la petición de sus vecinos de volver a exigir visa. El número de los migrantes que llegan a Brasil y siguen por la Amazonia pasando por Guyana o directamente por Colombia se ha incrementado. También migran cubanos desde Venezuela a donde habían llegado en intercambio y de donde desertan.

Para los países centroamericanos expulsores de población, el flujo de más de 30.000 cubanos en los dos últimos años se ha hecho insostenible. Cada uno trata de descargar el problema en su vecino. El 15 de noviembre de 2015, Nicaragua cerró su frontera con Costa Rica para impedir la entrada a 8.000 cubanos. A mediados de diciembre, Costa Rica cerró su frontera con Panamá e impidió el ingreso de más de mil cubanos, y para facilitar la salida de los que ya se encontraban allí tendió un puente aéreo con El Salvador, Guatemala y México. En mayo de 2016, Panamá cerró la frontera con Colombia y lanzó la «Operación Escudo» para «blindar» el país ante el narcotráfico, y envió a México a los cubanos que pudieran pagar su transporte; los otros fueron retornados al punto de ingreso desde Colombia adonde llegan gentes que ya antes habían iniciado su periplo de 8.000 km. Allí se ha concentrado el problema.

La Canciller colombiana consideró adecuada la medida de Panamá porque podría combatir la ilegalidad, ayudar a que Colombia no sea un país de tráfico ilegal y mantener el tránsito de colombianos que tengan resuelta su situación migratoria. Con su homólogo ecuatoriano anunció un acuerdo sobre deportaciones, control de pasos fronterizos irregulares y coordinación entre autoridades migratorias de ambos países incluso con Panamá.

A un mes de esas medidas, el problema, lejos de resolverse, se ha agravado para los migrantes y para las pequeñas poblaciones colombianas que ven llegar más gente de la que allí habita. Migrantes cansados y arruinados, mujeres embarazadas y con hijos pequeños, enfermos o heridos, se enfrentan a la escasez de comida, agua y hospedaje, y al hacinamiento con riesgos sanitarios y de salud. Pueblos llenos de penurias ven deteriorar sus ya precarias condiciones de vida. Las autoridades locales afirman que esa situación insostenible puede derivar en una crisis humanitaria o de orden público. Migración Colombia, la Armada Nacional y otras entidades nacionales consideran que, con salvoconductos, esas personas deben abandonar el país y volver a la última frontera de donde partieron.

Algunos tratan de llegar a Panamá de noche, cruzando el Golfo de Urabá pese al peligro de sus olas, en embarcaciones ilegales y sin ninguna seguridad. Otros lo intentan por la espesa selva del Darién, compartida por Colombia y Panamá. Muchos son abandonados en el mar o en la selva. Por dos mil dólares y a cambio de cargar a sus espaldas entre cinco y veinte kilos de cocaína, mafias y contrabandistas tratan de pasar a los migrantes por esa selva; entre más droga carguen mayores recursos pueden obtener para cruzar por Centroamérica y pagar los cinco mil dólares que exigen los ‘coyotes’ mexicanos por el paso a Estados Unidos.

Los países de origen, tránsito o acogida se limitan a detener, criminalizar y deportar a los migrantes, sin otorgarles mayor protección a personas que arriesgan su vida y son víctimas de todo tipo de peligros. Las redes criminales de trata de personas y los funcionarios corruptos los roban, maltratan y hasta asesinan. Los migrantes gastan varias veces más de lo que les costaría un vuelo desde su país hasta Estados Unidos, pero como no obtienen visas deben pagar más de diez mil dólares a traficantes de personas y en soborno a autoridades civiles, policiales y militares.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ignora el asunto. Otro tanto sucede en la cumbre de las Américas. Algo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra amenazada porque los Estados no aportan recursos para su funcionamiento. Mientras tanto, Trump estimula el racismo y clama por enclaustrar a su país.

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