Coyuntura

Un país suavemente ondulado. Resultados y desfíos de las elecciones uruguayas de 2009

El triunfo de José Mujica en la segunda vuelta de las elecciones uruguayas confirma la continuidad política del proyecto del Frente Amplio, al tiempo que plantea nuevos desafíos para un país poco acostumbrado a los cambios bruscos. El artículo repasa brevemente el sistema político y electoral uruguayo, analiza las principales alternativas de la campaña y ensaya una interpretación preliminar de los resultados, que se explican tanto por el desarrollo de la campaña como por las características estructurales del país, dividido a grandes rasgos en un bloque de centroderecha y otro de izquierda.

Un país suavemente ondulado. Resultados y desfíos de las elecciones uruguayas de 2009

«Tipos raros los uruguayos», escribía el periodista argentino Jorge Lanata en las vísperas del último domingo de noviembre, analizando la posible victoria de José Mujica, un viejo ex-guerrillero sin corbata y en pantuflas que pasó de la lucha armada a la militancia política. Darwin Desbocatti, un popular columnista radial uruguayo, parecía contestarle, el día después del balotaje, ironizando sobre la fama democrática del país: «Esto es Fashion Democratic Emergency. Acá nos tiran un Mugabe y te hacemos un Mandela… Danos 30 años…».Y es que quien repase las recientes elecciones de 2009 probablemente se encuentre con que la mayor parte de las coberturas internacionales oscilaron entre la extrañeza y la admiración, mientras que para los uruguayos los resultados fueron bastante previsibles. Lo que para los demás son contrastes que llaman la atención, para los uruguayos son, simplemente, características de un sistema político que depara pocas sorpresas en el corto plazo, porque va cambiando de a poco, como cambia de manera casi imperceptible la geografía local de una parte a otra del país. Desde fuera, los resultados pueden leerse como un efecto directo de una campaña que para los cánones locales tuvo casi todos los condimentos posibles. Pero esa fue solo la escenografía de algunos rasgos estructurales y tendencias de mediano y largo plazo, fundamentales para explicar lo que pasó y, en buena medida, sugerir lo que vendrá.

Este artículo repasa brevemente las características más salientes del sistema político y el sistema electoral uruguayos, analiza las principales alternativas de la campaña de 2009 en sus diferentes etapas, traza una interpretación preliminar de los resultados y sus causas e identifica algunos de los principales desafíos del próximo gobierno.

El ciclo electoral y sus significados

El sistema político uruguayo está considerado como uno de los más estables de América Latina. Aunque el interregno que significó el golpe de Estado y el régimen autoritario (1973-1985) dejó profundas huellas en la sociedad, la economía y la cultura locales, existe relativo consenso en que el país tiene una «democracia enraizada». Por supuesto, con sus peculiaridades. Entre algunos de sus rasgos distintivos es posible mencionar el alto nivel de «estatalidad», la existencia de tradiciones políticas fuertemente vinculadas a los partidos y una cultura política con fuerte valoración de la democracia.

La estatalidad se manifiesta en una burocracia pública asociada a un Estado con capacidad de penetrar en todo el territorio con sus servicios, un temprano sistema institucionalizado de políticas sociales relativamente universal y de amplia cobertura en el campo educativo, laboral y de salud, y una imagen del Estado en la opinión pública que reivindica su papel de limitador del mercado. Las tradiciones partidarias se expresan en un estilo de transacciones políticas generalmente preocupadas por la inclusión de diferentes actores, en lo que ha sido llamado una «partidocracia de consenso», un respaldo público importante a los partidos –aun en periodos alejados de las elecciones– y una vida particularmente activa de estos. La cultura política democrática se comprueba en actitudes y comportamientos tanto en el nivel micro –la frecuencia con que se habla de política o la confianza interpersonal– como macro –los indicadores de valoración de la democracia y la confianza en el sistema democrático, aun cuando puedan manifestarse críticas respecto a sus resultados–.

En 2009 se cumplió una década del funcionamiento de un nuevo sistema electoral en Uruguay. Hace diez años, el país, considerado dueño de una de las ingenierías de voto más complejas y sofisticadas del mundo, aprobó una reforma –votada por escaso margen en 1996– que inauguró los periodos electorales con duración de un año por quinquenio. El ciclo comienza en junio, cuando los partidos deben elegir a su candidato presidencial en elecciones primarias abiertas y simultáneas. Continúa en octubre, cuando se elige el Parlamento –30 senadores y 99 diputados–, y eventualmente el presidente si algún candidato supera 50% de los votos emitidos. Si ello no ocurre, se realiza una segunda vuelta en noviembre. Finalmente, en mayo del año siguiente se eligen los gobernantes locales.

En ese periodo, entonces, se verifica el verdadero reparto del poder político en Uruguay: se definen los liderazgos partidarios, la integración del Parlamento, la titularidad del Ejecutivo nacional y las autoridades locales.

El telón de fondo: variables estructurales y candidaturas

En esta oportunidad, la puja se verificaba en un escenario particular, pautado por el acceso al poder del primer gobierno de izquierda en la historia de Uruguay. Era razonable pensar, entonces, que eso se convertiría en uno de los aspectos centrales en la campaña. Y efectivamente lo fue, en varios sentidos.

Tabaré Vázquez asumió en 2005, luego de ganar las elecciones del año anterior con algo más de 50% de los votos y obtener mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Ex-intendente de Montevideo y candidato de la izquierda en dos elecciones anteriores, Vázquez encabezó un gobierno que fue original en varios sentidos. Para empezar, en su imagen: en cinco años, su gestión no ha dejado de tener una evaluación mayoritariamente positiva. En el momento de la elección, las encuestas le reconocían niveles de aprobación superiores a 65% y niveles de simpatía hacia su persona superiores a 70%, un récord en la historia uruguaya del último cuarto de siglo.

Pero el gobierno de izquierda fue más allá, marcando la cancha en varios sentidos, tanto en términos de gestión como de resultados. En el área económica, favorecido por el viento de cola de la coyuntura internacional, manejó con solvencia la macroeconomía y tuvo un razonable control de la política fiscal, logrando reducir algunas vulnerabilidades importantes, en el marco de un crecimiento económico sostenido con aumento de la inversión y disminución del peso y reprogramación a largo plazo de la deuda externa. En el área social, operó fuertemente en la nivelación de las relaciones laborales y en la expansión de derechos y logró un aumento importante de la formalización de las relaciones de trabajo, junto con un descenso de la desocupación, un incremento del salario real y una expansión de la cobertura y el monto de varias prestaciones sociales, desde planes de emergencia coyunturales hasta políticas universales no contributivas, que generaron una baja importante en los niveles de pobreza e indigencia. Como símbolo de los avances en esta dimensión es posible mencionar al Plan Ceibal, que permite que todos los niños y maestros de las escuelas públicas tengan gratuitamente una computadora personal con acceso a internet. Finalmente, en aspectos políticos e institucionales, el gobierno logró algunos avances notables en derechos humanos –que le permitieron juzgar y encarcelar a varios militares responsables de violaciones durante la dictadura– e implementar algunas iniciativas políticas claves, como la reforma tributaria y la reforma del sistema de salud.