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¿Un futuro político hipotecado?

La llegada de Evo Morales a la Presidencia no ha resuelto los problemas pendientes de Bolivia: las tensiones con los nucleos opositores que reclaman autonomía, sobre todo con el Comité Civíco de Santa Cruz, sumadas a los conflictos con los prefectos y las reivindicaciones de los pueblos indígenas, han puesto al gobierno en una situación difícil. Fortalecido económicamente por los mayores ingresos consecuencia de la nacionalización de los hidrocarburos, el gobierno ha optado por satisfacer, en la medida de lo posible, los reclamos de sus bases. Esto ha llevado a un copamiento del Estado por una nueva cohorte de funcionarios, a menudo poco calificados, y ha acentuado la arraigada costumbre de llevar los reclamos a la calle mediante paros y bloqueos.

¿Un futuro político hipotecado?

Si existe una constante en la historia de Bolivia, es sin dudas la dificultad para gobernar, para establecer instituciones que la población considere legítimas y que sean capaces de engendrar modos perdurables de funcionamiento para la administración del país. Luego de un agitado periodo militar (1964-1982), marcado por numerosos golpes de Estado, el gobierno civil hizo nacer la esperanza de que el país saldría, finalmente, de la inestabilidad crónica, sobre todo a partir de 1985, cuando el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Alianza Democrática Nacional (ADN) llegaron a un acuerdo para gobernar.

La impresión es que, desde el punto de vista político, hasta 1999 el país había comenzado a construir un conjunto de mecanismos que ofrecían garantías creíbles para una vida democrática ordenada (cortes electorales independientes, perfeccionamiento del sistema de votación, designación de altos funcionarios a través del voto de dos tercios de los miembros del Congreso, creación del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo, etc.).

Pero la calma duró poco. Dos momentos marcan simbólicamente la fragilidad del proceso. El primero, en 1989, es la alianza que lleva a Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a la Presidencia. En efecto, Paz Zamora había quedado tercero en las elecciones, con 19,6% de los votos, detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada y del ex-dictador Hugo Banzer. Para convertirse en presidente, Paz Zamora estableció con Banzer el Acuerdo Patriótico. Así, un candidato que había ganado renombre en la lucha contra la dictadura con propuestas socialistas inspiradas en el marxismo y que formó parte de la Unión Democrática y Popular (UDP), coalición de centroizquierda que gobernó entre 1982 y 1985, se aliaba con quien había sido su principal enemigo. Este viraje político, en extremo pragmático, demostraba la ausencia de convicciones profundas por parte de los dirigentes del MIR, y suscitó la reprobación moral de la población. Desde entonces, las fronteras entre los principales partidos políticos se mezclaron y ya no existió la posibilidad de fundar las alianzas electorales en propuestas programáticas claramente delineadas. Además, el juego era mucho más problemático dado que, de acuerdo con la Constitución boliviana, si ninguno de los candidatos alcanza la mitad más uno de los votos, el presidente debe ser elegido por el Congreso. Esto obligaba a negociar alianzas entre partidos con posterioridad a la votación de los electores, a fin de obtener la mayoría en el parlamento. Luego de la voltereta del MIR, resultó evidente que aquel por quien se había votado podía aliarse después con el candidato por el que no se habría votado por nada del mundo; este pacto contra natura hizo no solo que los partidos políticos perdieran credibilidad, sino también que el sistema electoral perdiera legitimidad.

La segunda ruptura simbólica ocurrió en 2000, durante la presidencia de Hugo Banzer (1997-2000), cuando se produjo en Cochabamba la «guerra del agua» para lograr la anulación del contrato que atribuía la administración del servicio a Aguas del Tunari, un consorcio cuyo principal accionista es la empresa estadounidense Bechtel. Sobrepasado por la amplitud de la movilización liderada por la Coordinadora del Agua y de la Vida, que reunía a los usuarios y a la Federación de Fabriles, la Federación de Campesinos Regantes, las federaciones estudiantiles y luego los sindicatos de cocaleros, el gobierno decidió establecer el estado de sitio. Sin embargo, fue incapaz de hacer respetar la decisión, que debió anular algunos días más tarde. Los problemas continuaron hasta que el gobierno cedió y anuló el contrato.

Desde 1985, todos los gobiernos habían utilizado con éxito el estado de sitio para extinguir los incendios desatados por las protestas sociales. Era la primera vez que este recurso extremo no funcionaba. Por otra parte, el hecho de que Banzer, ex-presidente de un gobierno dictatorial, no lograra ya generar temor, ni siquiera utilizando al ejército como fuerza represiva, tuvo, evidentemente, un impacto considerable. Para decirlo claramente, significó que la puerta quedaba abierta a todas las protestas y que ninguna fuerza podría detenerlas, aun cuando los sectores que reclaman estuvieran poco organizados.

La conjunción de estos dos fenómenos –el creciente descrédito de la clase política y el aumento del poder de las organizaciones contestatarias– llevó a la aparición de una nueva elite política, cuyo mascarón de proa y principal aglutinador era Evo Morales.

Ahora bien, mientras el debilitamiento de la clase política se acentuaba, los sucesivos gobiernos creaban nuevos canales de representación política que aumentaban considerablemente el número de candidatos. La Ley de Participación Popular, que creó 311 municipios que cubren todo el territorio nacional, no solo inauguró la elección por voto de la población de alcaldes y consejeros municipales, sino también la designación de responsables de los Comités de Vigilancia (organizaciones encargadas de establecer prioridades en los proyectos de desarrollo e infraestructura y de seguir su ejecución, con facultades para fiscalizar el trabajo de los funcionarios), que son a su vez delegados de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). Esta ley, además de abrir un espacio de deliberación y regulación entre la administración central y el nivel local, también buscó extender el juego político al mundo rural y crear así una serie de escalones en el acceso a la representación nacional. Este nuevo dispositivo se completó con la creación, mediante la Ley de Descentralización de 1995, de un consejo departamental que reúne a representantes designados por las municipalidades. Finalmente, se introdujeron cambios en el sistema electoral: Bolivia se dividió en circunscripciones electorales uninominales que eligen la mitad de los diputados (el resto se sigue eligiendo de manera proporcional).

Todas estas medidas, que apuntan a acercar a electores y elegidos, han resultado también en el aumento de la capacidad de maniobra del liderazgo local y en el aumento espectacular de los conflictos por la ocupación de diversos espacios institucionales. Lo central es que nunca antes en la historia del país los líderes locales han tenido tantas oportunidades de ascenso social por la vía política. En consecuencia, en ese contexto de descrédito de la política tradicional, los apetitos se han agudizado más que nunca, y la carrera por el poder (o los poderes) se ha vuelto desenfrenada.