El pasado 27 de enero Ecuador sufrió el primer atentado terrorista de su historia: una bomba de manufactura casera voló un retén de policía en la fronteriza provincia de Esmeraldas, en la costa del Océano Pacífico. A partir de entonces varios hechos delincuenciales que se atribuyen a disidentes de la ex insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pertenecientes al frente Óliver Sinisterra, han comprometido la seguridad del país de la mitad del mundo y lo han sumergido en un conflicto que hasta hace pocos meses era entendido como ajeno.

La escalada de los actos criminales de los disidentes comandados por Walter Arizala, alias «Guacho», incluyó el secuestro y asesinato de un equipo periodístico del diario El Comercio, la muerte de cuatro marines que patrullaban la frontera, el secuestro de dos civiles de quienes se desconoce su paradero, el asesinato de un líder comunal en el poblado de Tobar Donoso (provincia del Carchi) y varios atentados que han afectado infraestructuras importantes en la zona, terminaron por resquebrajar el mito popular de que Ecuador era una «isla de paz».

El concepto de «país pacífico» nació décadas atrás, dada la inexistencia histórica en Ecuador de un conflicto armado interno como los comandados por grupos insurgentes de Perú y Colombia, países vecinos que lideran la producción de coca en el planeta.

Sin embargo la participación ecuatoriana en la economía ilegal internacional tuvo otro talante, ya que la ubicación geográfica del país y las condiciones de su infraestructura portuaria marítima y aeroportuaria fronterizas, la facilidad de conexión con las rutas de salida por las islas Galápagos hacia el canal de Panamá, Centroamérica, Estados Unidos y Asia, lo transformaron silenciosamente en un espacio de uso común para el almacenaje y distribución de droga.

La frontera norte de Ecuador está surcada geográficamente por tres regiones heterogéneas sobre las cuales se ubican igual número de provincias respectivamente: Esmeraldas en el litoral, Carchi, cordillera andina, y Sucumbíos en el perfil amazónico, que colindan, cada una, con los departamentos colombianos de Tumaco, Nariño y Putumayo en los que se produce el 60 % de toda la coca colombiana.

Según datos de la Fundación para la Paz y Reconciliación–Pares, sobre estos territorios actúan al menos doce grupos armados al margen de la ley con alcance internacional: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), La Empresa, Gente del Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Negritos, Los Mexicanos, Nuevo Grupo, el Ejército privado del narcotráfico al mando de alias «Cachi», Resistencia Campesina, frente Óliver Sinisterra, frente Steven Gonzáles y minerías ilegales.

Estos grupos realizan actividades delictivas como extorsión, secuestro, tráfico de personas, órganos, armas, drogas, precursores químicos, combustibles o sicariato. Además están inmersos en una disputa por el territorio, así como por el control de las rutas de comercio por las que se distribuye el producto hacia mercados ilegales transnacionales, espacios que resultaron abandonados cuando las FARC dejaron el conflicto, y que el gobierno colombiano no ocupó efectivamente luego de la firma del tratado de paz firmado en La Habana.

Tras los atentados ocurridos desde inicios de 2018, el Estado ecuatoriano adoptó estrategias de intervención que han sido cuestionadas a medida que se han desarrollado y cuyos efectos movieron el piso de algunos sectores políticos y sociales. Entre esas estrategias se destaca la negociación directa entre el gobierno y los secuestradores en un experimento cuasi improvisado por liberar a los periodistas cautivos, lo que le dio a alias «Guacho» un estatus de poder sobre las decisiones gubernamentales sin tener en cuenta que el presunto ex guerrillero no era más que un actor menor dentro de un sistema criminal más grande y mejor organizado. Esto debilitó la imagen del gobierno ante la mirada de los criminales y su propia autoridad sobre el territorio en disputa.

Asimismo, se intentó blindar la frontera norte mediante una militarización reactiva que fue criticada por carecer de una perspectiva integral del conflicto, y para la que no se planificó el involucramiento activo de la sociedad civil con incentivos para el desarrollo, al mismo tiempo que se excluyó del proceso a organismos no gubernamentales nacionales e internacionales o colaboradores foráneos.

Aparentemente, las instituciones nacionales de seguridad pretendían mantener el conflicto y sus consecuencias por fuera del Estado ecuatoriano, pero no tomaron en cuenta la permeabilidad natural de la frontera a través de la cual se tejen diversos tipos de relaciones familiares, sociales y comerciales entre los habitantes, quienes conviven a diario por medio de vínculos de cooperación cotidiana, trabajo y producción.

En ese primer momento, los habitantes de los poblados fronterizos se vieron reducidos a subsistir en un encierro forzado que se produjo tras la prohibición de ingreso a dichas zonas para quienes no vivían allí, lo que afectó a sectores productivos y turísticos y provocó migraciones forzadas de cientos de personas apabulladas por el miedo a la guerra.

Como consecuencia, periodistas y medios de comunicación nacionales e internacionales, cuya mirada ya estaba puesta sobre el secuestro de sus colegas, comenzaron a cuestionar las decisiones adoptadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, y sus ministros de Seguridad, Relaciones Exteriores y del Interior, debilitando aún más el nivel de aceptación del gobierno ante la opinión pública.

Tampoco se tuvo una mirada objetiva sobre la asimetría del conflicto para el que los actores colombianos estatales, internacionales e ilegales estaban bien preparados tras décadas de guerra y fuertes inversiones en entrenamiento y equipamiento militar. Ecuador se convirtió en un jugador inexperto. Tal fue el error en este punto que las Fuerzas Armadas pasaron a depender de la información vertida por las fuentes de inteligencia y medios de comunicación de Colombia, e incluso cometieron deslices como el conducir tanquetas de guerra para reforzar la presencia militar a una zona predominantemente selvática a la que difícilmente tales vehículos podían acceder y cuya geografía exigía un accionar defensivo diferente con alicientes de inteligencia policial.

El Estado pagó el costo de haber reemplazado en 2009 a la Dirección Nacional de Inteligencia por una Secretaría Nacional de Inteligencia que orientó sus funciones a pesquisas políticas contra opositores al gobierno, o haber reducido al mínimo la inversión en inteligencia militar especializada, tecnologías, armamento y capacitación específica para el sector castrense encargado de la seguridad limítrofe tras el desmantelamiento de la base militar norteamericana que estuvo ubicada en Manta entre 1999 y 2009. Ejemplo de ello es que recientemente se ventilaron a la luz pública conversaciones entre los disidentes y mandos medios policiales, en las que los delincuentes advertían con anterioridad, y en tono amenazante, que si Ecuador participaba en términos de cooperación con el gobierno colombiano tomarían represalias. Sin embargo esos diálogos, hechos vía mensajería celular, nunca trascendieron a los mandos altos ni se tomaron acciones de prevención.

El gobierno finalmente tomó la decisión de cambiar a los actores a cargo de la seguridad en la frontera tras las reiteradas críticas de la opinión pública, expertos analistas en seguridad y política, organismos internacionales y medios de comunicación. El 27 de abril nombró como nuevo Ministro del Interior a Lino Toscanini, cuyo perfil de ingeniero comercial y docente universitario especializado en negocios internacionales, administración industrial y economía empresarial, dio alguna señal de que las políticas públicas serían orientadas hacia la reformulación de la intervención estatal en pos de un desarrollo sectorial integral. Se nombró como nuevo Ministro de Defensa al militar retirado Oswaldo Jarrín, quien ya ocupó ese cargo entre 2005 y 2006 y cuya trayectoria incluye una vasta experiencia en temas de seguridad y defensa nacional.

Con tantas asimetrías en el sistema bilateral sobre la línea divisoria, el tablero se inclina de manera desigual. La defensa de la paz y el territorio exigen estrategias inteligentes para evitar lo que en ajedrez se conoce como «caída de bandera».