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Un diálogo imaginable (pero probable) sobre un cambio de la política de drogas en Brasil

¿Cuáles son los argumentos a favor de una política de despenalización de las drogas? ¿No implicaría acaso una explosión del consumo? ¿Serviría para eliminar el narcotráfico o los delincuentes reorientarían su accionar a otras actividades criminales? ¿Quién produciría la droga para venderla legalmente? ¿Es posible pensar en una estrategia de estas características para un solo país o es necesario avanzar en un plan global? El artículo plantea estas y otras preguntas –y sus respuestas– en un diálogo imaginario entre un diputado que defiende la legalización y una periodista escéptica.

Un diálogo imaginable (pero probable) sobre un cambio de la política de drogas en Brasil

Para presentar a los lectores un cuadro vivo de las posiciones antagónicas dentro de la sociedad brasileña sobre la política de drogas, creamos un diálogo imaginario entre dos personajes ficticios que encarnan, por un lado, al polo conservador, cuya presencia en los medios de comunicación es abrumadoramente mayoritaria y, por el otro, al polo reformista, cuya influencia pública es aún marginal y tímida. La confrontación de ideas es un ida y vuelta entre las preguntas –provocativas, plenas de valor, cargadas de conjeturas– emitidas por una periodista a quien llamamos Ana Matos, y las respuestas de un diputado a quien dimos el nombre de Teófilo Alcântara. Está claro que no existe tal político en Brasil: ningún diputado en funciones osó nunca levantar la bandera que enarbola nuestro valiente protagonista de la ficción (lo que ya es en sí mismo relevante); tampoco existe la periodista, aunque sus argumentos sintetizan la postura y el pensamiento de la mayoría de sus colegas. La entrevista, con pequeños ajustes, se inspira en las experiencias vividas por el autor del presente texto, quien –vale aclararlo– no es y nunca fue diputado. Finalmente, la referencia a las imágenes exhibidas al comienzo de la entrevista imaginaria ayuda a dibujar el paisaje mental, ideológico, semiológico y político en el que se suceden las indagaciones y las respuestas.

Locutora y periodista Ana Matos (en off): «Las drogas son un flagelo para la humanidad. La guerra contra las drogas ha consumido miles de millones de dólares y muchas vidas».

Imágenes de aviones esparciendo una nube de gas para destruir plantaciones. Corte. Imágenes de la quema de toneladas de drogas apiladas.

Locutora (en off): «Y no siempre las víctimas de las drogas son los consumidores. La violencia ha sido uno de los principales efectos colaterales de las drogas ilegales».

Imágenes de tropas policiales subiendo las favelas de Río de Janeiro e intercambiando disparos con sospechosos.

Las escenas de la confrontación sanguinaria con la policía continúan, mientras la voz en off menciona algunos datos: «En Río de Janeiro, cada año ocurren más de 6.000 homicidios dolosos, más de 4.000 desapariciones, más de 1.000 muertes provocadas por acciones policiales, se incautan más de 12.000 armas. El mercado millonario de las drogas financia los arsenales ilegales y disemina el terror por la ciudad».

La imagen se traslada al estudio y las cámaras enfocan a la periodista. «Para discutir el problema, el presidente de la República recibió a una delegación encabezada por el diputado federal Teófilo Alcântara.»

Las imágenes muestran a hombres y mujeres vestidos de manera informal recibidos en el despacho presidencial. Luego se enfoca nuevamente en la conductora.

Hoy está con nosotros, en vivo en nuestro estudio de Brasilia, el diputado Teófilo Alcântara. Buenas noches, señor diputado. ¿Cuál fue la propuesta que le llevó al presidente?

Buenas noches, Ana. Junto con representantes de varias entidades que actúan en el área de la salud, prevención del abuso de drogas, reducción de daños y tratamiento de la dependencia química, visitamos al presidente. Le presentamos una propuesta para abrir un gran debate nacional sobre la política de drogas. Nuestro deseo es crear un ambiente propicio para un debate más serio sobre el asunto.

¿Pero eso no es muy académico, diputado? Mientras tanto las personas se drogan, trafican, matan y mueren, ¿y usted propone un debate?

No queremos organizar ningún seminario académico, Ana. Deseamos un debate nacional para llegar a una decisión. Si es posible, una decisión que cambie nuestra realidad.

¿Y qué decisión sería?

Defiendo la despenalización de los usuarios y la legalización de las principales sustancias psicoactivas, hoy consideradas ilegales, eliminando el crimen de tráfico de drogas de nuestro código penal. Comenzaríamos por la droga más leve. Puede ser que el único consenso sea la legalización del cannabis sativa.

La marihuana.

Exactamente. Nuestra idea es que, después de un determinado plazo, durante el cual se procesaría el debate en todo el país, el presidente convoque a un referéndum sobre el tema.

Es decir, que el pueblo sería convocado a votar a favor o en contra de la marihuana.

No a favor o en contra de esta o de aquella droga, sino a favor o en contra de determinada forma de tratar el problema.

¿Pero no corre el riesgo de ser considerado un defensor de las drogas? ¿El presidente estaría dispuesto a correr ese riesgo?

El riesgo existe, claro. En lo que respecta al presidente, solo él mismo puede evaluar y responder. Pienso que está dispuesto a enfrentar el riesgo, porque ha adoptado actitudes osadas en otras áreas, como ya hemos visto. Además, Ana, creo que la población está preparada para comprender que quien defiende cambios en la política de drogas no está defendiendo las drogas, sino otra manera de lidiar con el problema, que tal vez sea más productiva, sensata, racional y eficiente. Lo que no se puede hacer es dejar las cosas como están. ¿Será que las personas están satisfechas con la actual situación, con tanta gente muriendo, con tanta violencia y tanta corrupción?

Diputado, ¿la despenalización y la legalización no serían, en realidad, una capitulación, una declaración de derrota, por parte de la seguridad pública? ¿No sería más correcto mejorar la policía y combatir las drogas, para resolver de una vez por todas el problema?

El problema, Ana, es que ninguna policía consiguió la proeza de acabar con el comercio ilegal de drogas. Hasta en Estados Unidos, donde invirtieron miles de millones de dólares en la guerra contra los estupefacientes, el consumo se mantiene inalterado. Es irónico: EEUU ganó la Guerra Fría demostrándole al mundo que era imposible controlar el mercado, es decir, que es imposible sofocar una demanda real de la sociedad e impedir que la oferta se organice. Donde existe demanda, existe oferta, de un modo o de otro. Los países del socialismo real tuvieron que rendirse al mercado. Lo máximo que se consigue es regularlo y someterlo a alguna disciplina de acuerdo con el interés social. Más que eso, ya es una ilusión. Una sociedad tutelada por el Estado, con una distribución perfecta del ingreso y orientada por principios sociales justos, es simplemente una utopía. Además, es una pesadilla sombría y peligrosa, porque junto con la libertad de mercado se van también las libertades individuales y la democracia. Es irónico que sea justamente EEUU el que esté ahora al frente de esa política represiva cuya meta es controlar, o mejor dicho eliminar, el mercado de drogas. Ese control no ocurrió hasta hoy, ni existen señales de que pueda llegar a suceder en el futuro, por más que las policías se perfeccionen y califiquen tecnológicamente. A menos que estemos dispuestos a sacrificar la democracia. Pero no es lo que queremos.

¿Usted está diciendo que ninguna policía del mundo funciona?

Estoy afirmando lo que está ahí, delante de nosotros: en el mundo occidental, donde existe una demanda de drogas ilegales, ninguna policía, por buena que sea, ha sido capaz de impedir el acceso, bloquear ese consumo y ese mercado. La falla no está en la policía brasileña. Ninguna policía del mundo tuvo éxito, simplemente porque la represión al consumo y la circulación de drogas es, en la democracia, una misión imposible. La droga no es y no puede ser una cuestión de policía, de represión, de penalización y encarcelamiento. La droga es una cuestión de salud pública, de educación, de cultura, de autogestión de la sociedad, de madurez, de aprendizaje con libertad, como lo demuestra el tratamiento que les hemos dado a algunas drogas actualmente consideradas legales, como el alcohol y el cigarrillo (la nicotina). Y son además males mucho más graves, y sin embargo nadie está proponiendo la penalización.

El acceso a las drogas existe en todo el mundo. ¿Es eso lo que usted está diciendo?

Exactamente. El acceso a las drogas ilegales existe en todo el mundo occidental. La pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ya que el acceso existe a pesar de la prohibición, ¿en qué contexto legal e institucional sería mejor vivir ese acceso? ¿En el contexto de la prohibición y la penalización, donde el consumo y el comercio son tratados como casos policiales y terminan generando esa guerra que nos alcanza a todos? ¿O en un contexto en el cual las drogas o las sustancias psicoactivas son tratadas como temas de salud y educación? En el primer caso, los recursos públicos se gastan en la represión y el encarcelamiento y, aun así, la inseguridad se profundiza y el consumo de drogas aumenta. En la segunda hipótesis, los recursos públicos podrían invertirse en salud, educación y en la atención a los dependientes químicos –que ya existen y continuarán existiendo más o menos en la misma cantidad porque, insisto, a pesar de la penalización, el acceso ya existe–.

Pero ¿cómo sabe que el consumo no explotará? ¿La legalización no sería un estímulo al consumo?

Las experiencias internacionales, aunque sean limitadas, son suficientes para demostrar que, al comienzo, existe un crecimiento del consumo, pero de a poco se retorna al promedio histórico y se estabiliza. Es decir: después de idas y vueltas, la droga será usada por quien siempre la usó. Pero aun en el caso de existir un aumento significativo y duradero, sus efectos nunca serían comparables a los de la política actual. Con la legalización, el tráfico termina. Actualmente, en el estado de Río de Janeiro, por ejemplo, mueren menos de 100 personas al año por consumo excesivo de cocaína. ¿Sabe cuántas mueren en la guerra contra el tráfico? De los más de 6.000 crímenes letales que ocurren todos los años en el estado de Río, se estima que aproximadamente 65%, es decir unos 4.000, tienen relación directa o indirecta con el tráfico. Nuestro problema no son las drogas; es el tráfico, que solo existe a causa de la penalización.Pero si el tráfico dejara de existir, ¿adónde irían los traficantes? ¿Van a estudiar y trabajar para transformarse en buenos padres de familia? ¿O van a bajar de las favelas para asaltar y secuestrar?

Los jóvenes que ya están en el narcotráfico probablemente buscarán otros usos para sus armas, no van a dejar el crimen de un día para otro. Pero los jóvenes que aún no ingresaron, incluso cuando sean vulnerables a su influencia y estén en la puerta de entrada, van a perder la principal motivación para el delito. Recuerde, Ana, que las condiciones socioeconómicas que favorecen el desarrollo del narcotráfico no tienen efecto por sí mismas. Son un potencial, pero ese potencial solo se realiza si existe alguien que recluta, atrae, ofrece facilidades, apunta caminos, induce, empuja, seduce a quien tiene cerca y está expuesto. La crisis social es un terreno fértil, pero su fruto, que es el crimen, solo vendrá si existe siembra y cosecha. Si los traficantes son forzados a cambiar de profesión, aun dentro del universo criminal, todo ese cultivo se verá dificultado. Una cosa es poner un arma en la mano de un niño de 11 años o darle fuegos artificiales para que vigile la entrada de la favela, y otra muy diferente es preparar a un niño de esa edad para bajar a la calle y cometer un crimen que implica otros riesgos, procedimientos y habilidades. La transición de una práctica a la otra no es fácil ni automática.

Esto sucede en el comercio ilegal de drogas minorista, diputado, pero ¿qué sucederá en el mayorista?

Se produciría un vaciamiento de las actividades peligrosas y nocivas también en la esfera mayorista. ¿Por qué cree usted que nunca se discute seriamente la política de drogas? Hay mucha gente que se beneficia, directa e indirectamente, del hecho de que las drogas sean ilegales. Que sean ilegales las torna muy valiosas, lo que aumenta la ganancia de los operadores mayoristas.

¿Es decir que la política actual refleja el interés de los criminales?

No llegaría a decir eso, en esos términos, pero sí que hay muchos intereses, muy fuertes, en que se mantenga la ilegalidad. No obstante, creo que el principal obstáculo para un debate crítico es el hecho de que las clases medias y las elites ya resolvieron el problema a su manera, privatizando la solución.

No entiendo, ¿de qué solución habla?

Quiero decir lo siguiente: cuando un joven de clase media es detenido por la policía por un problema de drogas, generalmente el padre recibe una llamada y en una hora logra negociar la libertad de su hijo por un precio conveniente. Por eso, si uno analiza los informes de los Juzgados de Menores de todo Brasil prácticamente no encontrará ningún caso que involucre a jóvenes de clase media, blancos, habitantes de las zonas elegantes de las ciudades. ¿Será que en nuestro país solo los niños pobres tienen problemas con la ley a causa de su relación con las drogas? ¿Los niños de clase media no se drogan? Claro que sí. Pero solo los pobres son identificados por la policía y castigados por la Justicia. En las organizaciones que algunos llaman «socioeducativas», supuestamente para la recuperación, así como en las cárceles, solo están los hijos de la población de bajos ingresos, que viven en favelas y en la periferia de las grandes ciudades. El filtro selectivo de la policía y de la Justicia tal vez sea la manifestación más ostentosa e impúdica de las desigualdades sociales.

¿Usted quiere decir que la política de drogas actual no ha sido cuestionada porque los que sufren sus efectos son los más pobres?

Exactamente. Los más ricos, como ya dije, resolvieron el problema privatizando la solución. En vez de las instituciones coercitivas y de las cárceles, sus hijos, cuando son detenidos por drogas, son liberados a cambio del pago de una propina y terminan por ser dirigidos a terapias y otras modalidades de atención especial.

Lo que usted plantea es que la ley no es igual para todos, que la policía la aplica con una doble balanza.

Sí.

Esa es una acusación muy grave contra la policía, diputado.

De ninguna manera, Ana. Es una denuncia contra la corrupción activa practicada por la clase media y por las elites. Sería una gran hipocresía culpar a la policía, que en ese caso no hace más que aceptar el juego propuesto por algunos sectores de la sociedad. Lo que digo es lo siguiente: si la policía y la Justicia decidieran aplicar la ley de drogas equitativamente, del mismo modo para todos, en pocas semanas la ley caería. La clase media no soportaría ver a sus hijos en las cárceles y en las unidades de corrección para supuestos adictos, llamadas casi irónicamente «socioeducativas». Los formadores de opinión escribirían en los diarios sobre el absurdo de una ley que trata como criminales a quienes se involucran en las drogas. En poco tiempo, el Congreso Nacional estaría discutiendo el asunto y revisando la política de drogas.Y usted plantea que esa revisión debe hacerse aun antes de que la clase media se movilice.

Sí, porque los efectos nocivos de esta política irracional e hipócrita están allí, afectando solo a determinados sectores de la sociedad. Sectores mayoritarios pero políticamente sin organización ni voz suficientes. Por lo menos hasta ahora. Pero espero que de hoy en adelante, con el presidente al frente del movimiento para la revisión de la política de drogas, el panorama cambie.

Hay algo que me parece que todavía no está claro. ¿Usted no está dividiendo a la sociedad brasileña entre ricos y pobres, de una forma simplificadora y maniqueísta?

No soy yo quien divide a la sociedad. La división ya existe. Es profunda y se manifiesta de muchas maneras. El proceso no tiene nada de simple, es complicado y multidimensional. Pero en lo que respecta al tema que en este momento estamos discutiendo, puede ser descrito con palabras simples y directas: criminalización de la pobreza. Se trata de eso, Ana. Suena a algo del pasado, parece un discurso arcaico, de tiempos remotos, pero lamentablemente nuestra realidad todavía tiene características arcaicas que la modernización no logró superar. Por el contrario, las agravó, profundizó y calificó con ingredientes de una nueva complejidad.

Pero algunos analistas consideran que ha existido un ablandamiento de la política de drogas, que se habría tornado menos represiva, más flexible, dando a los jueces más libertad para juzgar de acuerdo con las circunstancias, distinguiendo en cada caso si se trata de tráfico o simplemente de compra para consumo personal. Algunos dicen que la legislación más reciente es un poco más tolerante con los usuarios. ¿Qué piensa usted de esas opiniones?

No estoy de acuerdo. O mejor dicho, estoy de acuerdo en que los usuarios han sido tratados con más flexibilidad. Pero la posibilidad de que los jueces tengan más espacio para la discrecionalidad no ha disminuido la desigualdad en el acceso a la Justicia. Por el contrario, la ha potenciado. Cuando evalúan el significado de la cantidad de droga ilegal incautada a una persona, los jueces tienden a interpretar si se trata de tráfico o consumo según la misma visión de clase y color discriminatoria con que operan tradicionalmente las instituciones de la seguridad pública y de la Justicia criminal. Cuando se trata de alguien blanco, de clase media, se acepta más fácilmente la postulación de que, si el volumen aprehendido es grande, eso puede deberse al hecho de que la persona tiene miedo de dirigirse a traficantes para comprar drogas y prefiere adquirir una cantidad mayor para evitar que su vicio imponga un encuentro peligroso e indeseable; también se acepta el argumento de que la droga era para una fiesta, para compartirla con amigos. Pero cuando se trata de un portador negro y pobre, de una favela, la misma cantidad es interpretada como una señal indiscutible de narcotráfico, lo que lleva al encarcelamiento y a penas severas. Es impresionante cómo nuestro país, que se dice democrático, con una Constitución que supuestamente garantiza el Estado democrático de derecho, que defiende la equidad en el acceso a la Justicia, acepta convivir con esas desigualdades, con esa discriminación. La propia diferenciación entre consumo y tráfico es arbitraria y reproduce la penalización de la pobreza: un joven pobre vende marihuana a un joven rico. El primero es un criminal hediondo; el segundo, un drogadicto. La flexibilización legal, en Brasil, facilita la vida del segundo, tendiendo a victimizarlo, al precio de la demonización del primero. Es el abismo de nuestra versión nativa del apartheid social.

Falta saber lo siguiente, diputado. Si la policía y la Justicia no actuaran de esta manera tan desigual, ¿usted estaría de acuerdo con la penalización de la droga?

¿Usted se refiere al alcohol? ¿Al cigarrillo? ¿A los remedios con efectos iatrogénicos graves?

Vamos a quedarnos con el caso de la marihuana, por ahora.

Defiendo la legalización y la defendería aun en la hipótesis que usted menciona. No acepto que el Estado invada y controle la vida privada, siempre que lo que uno haga no cause daños a terceros. Fumar en lugares públicos perjudica la salud de terceros. Consumir alcohol y manejar también. Manejar habiendo fumado marihuana debería estar prohibido.

El mayor cuestionamiento a los defensores de la legalización y de la despenalización tal vez sea aquel que se refiere a la política internacional. ¿Sería posible cambiar la manera de lidiar con las drogas solo en la esfera nacional, o una transformación de paradigma de esa magnitud exigiría un nuevo pacto internacional, lo que significa que tendría que ser una decisión transnacional?

Claro que hay importantes aspectos internacionales involucrados. Pero ese argumento, cuando es llevado al extremo, sirve para justificar la parálisis de decisiones y funciona como un obstáculo que no puede ser superado, que nos condena a adoptar una posición resignada y conservadora. El hecho de que existan implicancias globales relevantes no impide adoptar nuevas políticas nacionales, nuevas leyes y nuevas actitudes.Supongamos que los cambios que usted defiende se concreten. ¿Usted propone la creación de la «Marihuana-bras», una empresa estatal que monopolice y comercialice la marihuana? ¿Preferiría pequeñas cooperativas locales de plantadores? ¿O el sector debe ser abierto a la explotación capitalista en el mercado libre?

Sé que ese es un terreno fértil para las ironías, para la desmoralización de las posiciones liberales. Yo diría que la sociedad necesitaría involucrarse en una seria discusión. Primero, estableciendo los parámetros legales y políticos. Después, evaluando, con prudencia, las etapas, los procesos, los métodos y las estrategias de implementación de los cambios.

¿Y en el caso de los abusos? ¿Qué es lo que hay que hacer para lidiar con el sufrimiento psíquico y la dependencia? No estamos en una especie de Disneylandia, diputado.

Tratamiento, información, cuidado, orientación en lo que respecta a la calidad del producto y a los riesgos del abuso: todo eso es fundamental, pero debe ser puesto en un contexto adecuado, como aprendemos a hacer con el alcohol. Estamos lejos de haber resuelto el problema del alcoholismo, pero sabemos que el camino más saludable y constructivo pasa por la autogestión, la información, el apoyo, los límites. Lo mismo sucede con el tabaco, la nicotina, el cigarrillo. Disciplinar el consumo, prohibir la propaganda, divulgar informaciones: esos pasos reemplazan ventajosamente la penalización.

El tema todavía va a dar que hablar, diputado.

Es verdad, la polémica está apenas comenzando.

Gracias, diputado Teófilo Alcântara. A continuación, en esta edición: el recorte del número de ministerios genera protestas en Brasilia. Y en el próximo bloque: el dólar sube y la tasa de interés baja con la flexibilización del superávit primario. El presidente dice que el presupuesto es una pieza de ficción, que puede oscurecer las prioridades. Reforma de las policías, invertir en educación, reforma agraria y distribución del ingreso: el gobierno define nuevamente sus prioridades. En 30 segundos, en la Red Brasil de TV.