Opinión

Un capítulo decisivo para la paz

El proceso de paz en Colombia está sobre la mesa. Ahora, la población debe decidir por SI o por NO. Los temores son tan poderosos como las esperanzas.

Un capítulo decisivo para la paz

Tras cuatro años de negociación entre el Gobierno colombiano y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el proceso de paz ha comenzado a avanzar según un cronograma que pondrá fin al conflicto.

El cronograma comenzó a ponerse en práctica el 24 de agosto, cuando un comunidado conjunto anunció “el acuerdo final, integral y definitivo”. El 25, el presidente Juan Manuel Santos lo entregó al Congreso; el 28, el líder de las Farc declaró el cese del fuego definitivo, convocó la X Conferencia y pidió la movilización guerrillera hacia donde se realizará, a los Llanos del Yarí, en San Vicente del Caguán. Finalmente, el día 29, comenzó el cese bilateral y las plenarias de Senado y Cámara avalaron la convocatoria al plebiscito.

Este mes –exactamente el día 7 - se ha iniciado el mecanismo de monitoreo y verificación del proceso de paz con 900 miembros de la ONU, la Fuerza Pública y las Farc. Además, del 13 al 19, se realizará la última conferencia de la guerrilla, esta vez, con el aval del gobierno y asistencia de prensa e invitados. En dicha conferencia las Farc se transformarán en un movimiento político. Todo pocos días antes de que el presidente Santos y el jefe de las ex Farc firmen, el 26 de septiembre, el acuerdo final en la Organización de Naciones Unidas.

Sin embargo, el proceso no terminará allí. Octubre será un mes clave. El día 2 de ese mes, se votará para acoger o rechazar el acuerdo. Luego del proceso, los guerrilleros deberán entregar las armas en el plazo de seis meses. El 30% de su armamento debe ser entregado el 27 de noviembre, 30% el 26 de enero y 40% el 27 de marzo 2017.

La votación será crucial para finalizar el proceso. Si triunfa el SI, la implementación de los acuerdos se realizará con trámites acelerados de leyes en el Congreso, políticas públicas y programas sobre asuntos cruciales para el país. En los mismos se destacarán las siguientes materias:

- Políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.

- Aplicación de justicia transicional a responsables del conflicto y combate a grupos irregulares como los paramilitares.

- Desarrollo de políticas de asuntos agrarios (Fondo de Tierras, catastro, formalización de propiedad rural, estímulo a la economía campesina, plan nacional de vías terciarias con participación de comunidades en priorización, ejecución y seguimiento de las obras);

- Sustitución pactada de cultivos ilícitos para trabajar en la erradicación de la droga.

- Avance en la reforma electoral

- Creación de 16 circunscripciones especiales de paz por 8 años en la Cámara para que las zonas más afectadas por el conflicto (víctimas, campesinos, mujeres) tengan representación y construyan planes de desarrollo y paz territorial que contará con inversiones, reformas y obras contratadas con organizaciones sociales y comunitarias.

El SI abre, asimismo, una serie de procesos dedicados específicamente a las ex FARC. Entre ellos se destacan los indultos y amnistías para las bases no responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad sino acusadas de delitos conexos al delito político cometidos en el conflicto armado y dirigidos a apoyar y financiar la rebelión, o aquellos calificados como delitos comunes si cumplen los requisitos anteriores y no fueron en beneficio propio o de un tercero. Además, se aplicaría una política de procesamiento de los responsables que no serán extraditados y pagarán la pena con participación en la limpieza y descontaminación de minas antipersonas, artefactos explosivos o restos de guerra; en la búsqueda, identificación y recuperación de restos de personas muertas o desaparecidas en el conflicto armado, y en la reforestación contra el daño ambiental, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la construcción de infraestructura vial, educativa, etc.

En virtud de ello, se aplicará una política de seguridad para los excombatientes y apoyo condicionado a su reinserción efectiva, que, medidos en salarios mínimos, serían: cerca de tres salarios para su arranque, 90% mensual por dos años y cerca de cinco para un proyecto productivo. Finalmente, en marzo de 2017, cuando terminaría la entrega de armas, el nuevo movimiento político nacido de las ex FARC tendrá tres de sus miembros con voz pero sin voto en el Congreso para discutir la implementación de los acuerdos, y para las legislaturas 2018-22 y 2022-26, sus candidatos que más votos saquen, si no alcanzan a ser elegidos, contarán con cinco escaños en la Cámara y cinco en el Senado y recibirán como los demás partidos, un 10% anual de la financiación de esas campañas y las presidenciales.

Las 297 páginas de los acuerdos se han ido divulgando pero es difícil asimilar la conciliación de intereses, desconfianzas y deberes. La pedagogía oficial no ha sido convincente y la de la sociedad civil apenas arranca. Aunque la tregua en la negociación disminuyó todos los índices de violencia, los jefes de las FARC envían señales confusas. Sus discursos se dirigen más a los guerrilleros que al país, a la vez que se han declarado víctimas, han pedido disculpas de manera muy moderada y ahora afirman que no tienen menores reclutados sino protegidos, cuando desde mayo acordaron que estos saldrían de la guerrilla.

Los miedos de la población, que ha vivido una guerra de más de cincuenta años, resultan lógicos. La ciudadanía manifiesta un amplio rechazo a las FARC y exige una política sin armas y sin dineros ilícitos. De ahí, que el reclamo de entrega rápida de armas resulte tan imponente. El temor a que la nueva fuerza política concentre poder e imponga un régimen autoritario (que podría aliarse al chavismo-madurismo), a qu se sostenga una política de impunidad (mucha gente equipara condena a cárcel y rechaza el pago de la pena con acciones colectivas de reparación) son sentimientos permanentes en las calles del país. Asimismo, hay rechazos a que, sin ganarlas en elecciones, se les otorguen curules en el Congreso y a que reciban financiación electoral y para los exguerrilleros. Aunque la amnistía no blindará de investigaciones sobre la legalidad de los bienes y la Fiscalía acelera procesos de extinción de dominio, la articulación de las Farc con el narcotráfico genera rechazo, aumentado por su no disposición a la reparación material de las víctimas.

El plebiscito, más que de aprobación o rechazo del acuerdo final, ha ido convirtiéndose en una encuesta de popularidad del presidente Santos, que en su sexto año de gobierno, tiene bajo respaldo, y del expresidente Uribe cuyo partido es el único que respalda el NO y quiere hegemonizar la oposición hacia las elecciones de 2018.

La estrategia por el NO explota los miedos y rabias contra las FARC, afirmando que éstas que son las únicas beneficiarias del acuerdo. Además, profundiza los rechazos a puntos controversiales, exagera riesgos y asegura que obligaría a la renegociación aunque al mismo tiempo afirma que, si gana la presidencia en 2018, desmontará lo acordado. Este proceso se suma a las diversas marcas antigubernamentales, en las que hay recogida de firmas, llamados a la resistencia civil, estimulación de la sublevación militar. Los partidarios del NO han interpuesto demandas dentro de Colombia, ante la Corte Penal Internacional y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su combate al plebiscito y al acto legislativo que aprobó el Congreso con facultades al presidente para implementar los acuerdos, resulta evidente. Esa estrategia del NO constituye, en definitiva, un SI a la guerra porque rechaza las posibilidades de transformación de Colombia, defiende privilegios y es apoyada por grupos violentos y ligados a la tenencia irregular de la tierra.

Con el SI comenzaría un proceso tan complejo y duro como esperanzador: el de la construcción de la paz, que resultará prioritario durante una o dos décadas. Sin el combate contra las FARC, que ha devorado recursos para la fuerza y acción militar, se podrán hacer reformas aplazadas, desplegar políticas públicas que enfrenten la desigualdad y atender reivindicaciones sociales postergadas o sepultadas por la confrontación armada.

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