Ecos de un proceso electoral atípico

Desde que, en mayo de 2007, se inició la campaña para las elecciones presidenciales de Guatemala, el panorama fue poco normal. Existía un único potencial candidato ganador, que se veía entonces tan seguro de su triunfo que hablaba de imponerse en primera vuelta. El resto de los partidos políticos intentaba desesperadamente ubicarse en segundo lugar e ingresar en una eventual segunda vuelta. En la calle, mucha gente repetía que era el tiempo del ingeniero Álvaro Colom, el candidato de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), detalle que incluso la propaganda de dicho partido utilizaba como argumento para convencer a los indecisos. Además, existía una relativa calma preelectoral: se había firmado un Código de Ética Multipartidaria en el seno del Foro Permanente de Partidos Políticos, y los contendientes se dedicaban a difundir canciones y eslóganes más que a explicar sus planes de gobierno o atacar a sus contrincantes. Muchos analistas afirmaban que la campaña, por momentos, parecía aburrida.

Sin embargo, el proceso electoral se fue deteriorando. Este cambio fue resultado de la violencia que empezó a teñir la campaña, los múltiples señalamientos que los contendientes fueron lanzando el uno contra el otro, una campaña negra muy agresiva, que llegó a niveles inimaginables y, finalmente, el supuesto descalabro del candidato líder (o, si se quiere ver de otra forma, el crecimiento sostenido de un postulante, Otto Pérez Molina, gracias a un maleable discurso de «mano dura»). En la práctica, ninguno de los dos principales candidatos parecía despertar mucha adhesión en el electorado.

Una breve reseña del proceso electoral

Si algo hay que señalar del último proceso electoral guatemalteco es su singularidad. Ninguna elección desde 1985 se había desarrollado con tal nivel de polarización, con un desgaste acumulado de la institucionalidad electoral y con tantas denuncias de fraude, campaña negra y violencia. La campaña se inició tempraneramente, de forma solapada, en marzo de 2006, cuando el entonces secretario general del Partido Patriota (PP), Otto Pérez Molina, colocó vallas publicitarias en la ciudad capital. Allí se adelantaban las ideas que después se convertirían en el eje de su propuesta: «Mano dura» y «Seguridad y empleo». Esto fue interpretado por muchos analistas y medios de comunicación como una campaña electoral anticipada, pese a que la ley electoral lo prohíbe.

Sin embargo, muy pocos pensaban en ese momento que Otto Pérez fuera un rival político de peso. Era un novel candidato, conocido en ciertas esferas, pero desconocido para la mayoría de la población. Además, pesaba su condición de militar en una sociedad que apenas en 1996 había firmado la paz: para entender lo que esto significa, hay que recordar la brutalidad de la guerra, que generó unos 200.000 muertos, cerca de 40.000 desaparecidos, más de 600 masacres en zonas rurales y un saldo de un millón de personas desplazadas. Por otro lado, las chances de Otto Pérez parecían mínimas debido al eslogan escogido, que apelaba a un impactante, pero peligroso, concepto de «mano dura». De hecho, esta idea dividió dramáticamente a la sociedad guatemalteca en dos áreas bien definidas: por un lado, las grandes ciudades, que cuentan con mejores niveles de desarrollo y una infraestructura más moderna, pero que sufren problemas de seguridad. Y, por otro lado, el resto del país, en donde todavía se recuerda con temor la prolongada guerra civil, que fue básicamente rural. Finalmente, la campaña electoral anticipada generó un desgaste y una intensa discusión mediática, con constantes críticas de columnistas, analistas políticos y reporteros. Esto también motivó una serie de cuestionamientos a la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para imponer su autoridad y convertirse en garante de las elecciones. A pesar de estos factores negativos, cuando a principios de mayo de 2007 el TSE finalmente anunció la convocatoria electoral, Otto Pérez aparecía como el segundo candidato con mayor intención de voto. Se perfilaba como el único con posibilidades reales de derrotar a Colom.

Para entender esto es necesario analizar el pasado de Colom, quien estuvo bajo un inclemente ataque mediático desde principios de 2004, cuando fue acusado de haber recibido dinero para financiar su campaña electoral de 2003 de dos funcionarios del gobierno de Alfonso Portillo, quien había concluido su mandato en medio de severas críticas. Las denuncias acerca de la vinculación de Colom con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de Portillo fueron nefastas. De hecho, el medio de comunicación que divulgó los hechos, Prensa Libre, el periódico de mayor circulación del país, pronosticó la tumba política de Colom y se dedicó sistemáticamente a agitar el escándalo. El impacto de tal esfuerzo periodístico se haría sentir en la campaña de 2007: para un sector de la población, en especial la capitalina, Colom era la peor opción posible. La terrible campaña negra reforzó esta impresión.

Colom lideraba las encuestas y Otto Pérez, cuyos niveles de aprobación fueron creciendo, se convirtió en el único competidor con posibilidades de vencerlo. Cuatro días antes de las elecciones, una encuesta señaló que el líder del PP aventajaba por poco al de la UNE y, aunque luego se aclaró que se trataba de un empate técnico, quedó flotando la idea de una derrota de Colom. Otras dos encuestas confirmaron el pronóstico.

Sin embargo, el 9 de septiembre Colom logró el primer lugar, a casi cinco puntos de Otto Pérez: 28,3% a 24,6%. Algo similar ocurrió en la segunda vuelta: de las seis encuestas publicadas, cinco daban como triunfador a Otto Pérez, a punto tal que a mediados de octubre el candidato del PP decidió no asistir a uno de los foros públicos de debate más importantes, decisión que muchos analistas adjudicaron al triunfalismo de un político que se veía a sí mismo como virtual presidente. Sin embargo, el 4 de noviembre Colom aventajó a su rival en 20 de los 22 departamentos del país y obtuvo una ventaja de casi seis puntos. Lo significativo es que el triunfador había enfrentado fuertes cuestionamientos en el marco de una agresiva campaña de desprestigio, una embestida mediática que lo acusó y lo sentenció anticipadamente y múltiples análisis que lo declaraban como el gran perdedor.

¿Cuál fue la clave del éxito de Colom? Un aspecto importante es la estrategia territorial de su partido, que realizó un trabajo de hormiga en todo el país a lo largo de las últimas campañas electorales y también en el periodo intermedio. Esta tarea se basó en las alianzas locales y el conocimiento de Colom, quien durante ocho años había dirigido el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), que implementa programas de desarrollo social y lucha contra la pobreza. Esto le permitió preservar su caudal electoral a través del tiempo, sobre todo en los sectores alejados de la capital, menos expuestos a la psicosis mediática y las campañas negras. A esto se suma un factor novedoso: en 2007 se implementó una medida electoral para favorecer la desconcentración de las juntas receptoras de votos, lo que generó una mayor participación electoral en las áreas rurales, tradicionalmente olvidadas. Y era ahí, en esas regiones, donde Colom era más fuerte.

El ocaso de los patriarcas

En América Latina, y también en Guatemala, existe la percepción de que la democracia se limita peligrosamente a las elecciones, tal como han señalado diferentes estudios. Si tenemos en cuenta ese antecedente, es necesario subrayar que en las elecciones presidenciales, por primera vez desde 1985, un candidato triunfó gracias al apoyo mayoritario de los departamentos del interior, al tiempo que fue rechazado en el departamento central y la ciudad capital.

Las elecciones de 2007 se caracterizaron por el bajo interés que despertaron en la población. Un ejemplo: Álvaro Arzú, el reelecto alcalde de la capital, obtuvo más votos en el municipio (220.325) que la suma de los sufragios alcanzados por Colom y Pérez (166.520) en la primera vuelta. El dato es llamativo, sobre todo si se considera que Arzú arrastraba el desgaste acumulado de dos mandatos presidenciales y uno al frente de la alcaldía metropolitana.

Ante semejante panorama, la pregunta es la siguiente: ¿por qué, en las elecciones de 2007, ninguno de los principales aspirantes a la Presidencia logró movilizar a la ciudadanía como lo hicieron Arzú en 1995 o Portillo en 1999? A responder esta cuestión dedicamos esta sección.

Para explicar la falta de arraigo de los candidatos en las presidenciales de 2007, especularé con la idea de que Guatemala se encuentra en un periodo de transición, caracterizado por lo que se podría llamar el «ocaso de los patriarcas», aquellas figuras caudillistas y carismáticas que, como Arzú y Portillo, logran despertar pasiones y generan acalorados debates, ya sea a favor o en contra.

De hecho, antes de que iniciara el proceso electoral, el ex-presidente Vinicio Cerezo intentó anular la prohibición constitucional a la reelección mediante una maniobra legal. De haberse concretado tal acción, y de haberse postulado, por ejemplo, él o Arzú a la Presidencia, el panorama electoral habría cambiado significativamente.

La teoría de Max Weber nos daría una primera explicación. Guatemala atraviesa un proceso de renovación de las figuras patrimoniales que dominaron la escena nacional en los últimos dos decenios. La sociedad no ha encontrado nuevas figuras de reemplazo y los partidos políticos están intentando fabricar nuevos líderes. Por eso, pese a que al principio sostuvo que no había pensado en volverse a postular a la alcaldía, Arzú finalmente volvió a candidatearse. En esa decisión pesó un factor fundamental: la imposibilidad del Partido Unionista de encontrar una figura de su talla.

Desde esa perspectiva, tanto Colom como Otto Pérez son, apenas, aprendices de caudillo. Ninguno de ellos ha logrado generar la fascinación autoritaria que tanto mueve a los guatemaltecos. Por eso, a falta de un debate serio, el lema de la mano dura caló tan hondo y estuvo a punto de provocar el regreso de un militar al gobierno menos de 10 años después de la firma de la paz.

¿Cómo explicar la fascinación de los guatemaltecos por los caudillos? Ya lo hemos comentado en otros trabajos: el tipo de sociedad y de Estado que se construyó en Guatemala ha hecho que la figura patrimonial y caudillista sea, en esencia, la institucionalidad del país. Por lo tanto, sigue profundamente anclada en la conciencia y en la cultura política de la sociedad guatemalteca.

Las investigaciones históricas han demostrado que, cuando fundaron las instituciones de la República de Guatemala, las elites gobernantes importaron un modelo de Estado y de instituciones políticas tan avanzadas que apenas se habían puesto en práctica, y de manera parcial, en Estados Unidos. Ese modelo institucional presuponía una sociedad moderna, basada en un ideal de ciudadanía que implicaba la disolución de cualquier actor corporativo y el surgimiento de un hombre libre, racional y creador de nuevas prácticas y valores, más allá de los convencionalismos y las tradiciones acríticamente aceptadas.

Pero, paradójicamente, la sociedad que recibió este diseño institucional se encontraba fuertemente corporativizada, anclada en identidades y prácticas culturales tradicionales que no tienen nada que ver con el esquema que imaginaron las elites políticas. Por eso, desde el principio, la sociedad guatemalteca se vio poco reflejada en el diseño institucional. Este divorcio entre las instituciones estatales y la sociedad está en la base de muchos de los problemas actuales.

Este desfase explica, por ejemplo, la baja legitimidad que aún hoy padecen las instituciones estatales, tal como demuestran los estudios de Latinobarómetro, y la sistemática desconfianza hacia los gobernantes. Y explica, también, la incapacidad de la sociedad para establecer un verdadero Estado de derecho: en Guatemala, la ley tiene una función legitimadora y no reguladora de la vida cotidiana. En el dicho popular «hecha la ley, hecha la trampa» se refleja la desconfianza que heredamos desde la fundación de la República. En Guatemala, las normas sirven para legitimar las decisiones previamente tomadas por el caudillo, más que para garantizar el principio de igualdad ante la ley. Max Weber lo explica así:

El cargo patrimonial carece ante todo de la distinción burocrática entre la esfera «privada» y la «oficial». Pues la misma administración política es considerada como una cuestión puramente personal del soberano, y la posesión y ejercicio de su poder político son estimados como una parte integrante de su fortuna personal (…). Por lo tanto, la forma de ejercer el poder depende enteramente de su libre albedrío.

Esto significa que las figuras caudillistas y patrimoniales están por encima del Estado de derecho, ficción que únicamente esconde la potestad de ejercer el poder de manera discrecional y amoldar las reglas a su mejor conveniencia.

Por eso, en el proceso electoral de 2007, la figura bonachona y democrática de Colom se vio siempre como un peligro. Para la sociedad guatemalteca, lo más importante es la capacidad centralizadora, fuerte y ejemplar del caudillo. Si se impone y es bravucón, tanto mejor. De hecho, uno de los candidatos, Alejandro Giammattei, construyó toda su fortaleza electoral en torno de un solo y grandioso hecho: la toma, a balazo limpio, de una de las cárceles más importantes del país. ¡Y eso le alcanzó para quedar en tercer lugar! El recuento de los hechos

Las secuelas más palpables de la contienda electoral son potencialmente negativas para el nuevo gobierno: la primera es la tremenda polarización proveniente de la desgastante campaña negra que tiñó el proceso y generó más apatía y desconcierto que adhesión. Colom deberá convencer tanto a los que votaron contra él como a los que lo apoyaron solo para evitar que triunfara Otto Pérez, de que las acusaciones en su contra no eran ciertas y de que la UNE puede hacer un buen gobierno. Por eso el primer acto de Colom tras su victoria fue llamar a un diálogo con los partidos de oposición, en un intento por superar la polarización heredada de la campaña.

El segundo desafío alude a la división geográfica del país. Guatemala demostró, una vez más, una división entre las regiones del interior y la capital. Las elecciones de 2007 definieron un panorama opuesto al de 1995, cuando Arzú fue bautizado como «el presidente de la capital». Colom podría ser llamado ahora «el presidente de la provincia». Superar tal división histórica es clave. Los habitantes de las provincias esperan la concreción de las promesas de campaña, que incluyeron la descentralización y el impulso al desarrollo rural. Eventualmente, los grandes centros urbanos, entre ellos la capital, podrían rechazar ese afán descentralizador.

El tercer desafío del nuevo gobierno tiene que ver con la economía. La gestión de Oscar Berger, a quien Colom sucederá en el gobierno, fue tildada de «empresarial» debido al impulso al Tratado de Libre Comercio con EEUU. Durante su mandato se registraron fuertes conflictos con diferentes actores populares, como los gremios docentes y la coalición de instituciones que promueven un desarrollo más equitativo del campo. En ese sentido, Colom tiene la responsabilidad urgente de demostrar su vocación socialdemócrata e implementar políticas que favorezcan a los grupos sociales tradicionalmente excluidos, que fueron los que finalmente inclinaron la balanza a su favor.

El último reto de Colom se encuentra en el Congreso, cuya composición le impide a su partido gobernar solo. Deberá, por lo tanto, generar mecanismos fluidos de diálogo con la oposición. Este aspecto es de vital importancia para que el nuevo gobierno no se paralice y pierda legitimidad, tal como le ocurrió a Portillo. De cómo enfrente este último desafío dependen las posibilidades de acción del flamante presidente y, por lo tanto, su eventual consolidación o estancamiento.