Entrevista

Roberto Véras de Oliveira: «El gobierno de Temer está aplicando fuertes recortes al gasto público y social»

Michel Temer reintroduce el neoliberalismo en Brasil. Los resultados están a la vista.

Roberto Véras de Oliveira: «El gobierno de Temer está aplicando fuertes recortes al gasto público y social»

Entrevista de Mariano Schuster


Tras el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff y la asunción de un nuevo gobierno liderado por Michel Temer, se evidenció un retroceso en la política económica de Brasil. En uno de sus discursos,Temer llegó a invocar a Margaret Thatcher para explicar su modelo económico y su plan de ajuste, alegando que este atraería la confianza de los empresarios. ¿Se evidenció algo de ello? ¿Hubo mayores inversiones o se trató, una vez más, de un proceso neoliberal clásico que flexibiliza el mercado pero no avanza en la recuperación de la economía?

La economía brasileña retomó el crecimiento en 2004 y llegò a 7,5% en 2010. En 2011 creció 3,9% y en 2012, apenas 1,9%. Tuvo una recuperación en 2013, con 3,0%, pero a partir de entonces se derrumbó, con 0,1% en 2014 y -3,8% en 2015 (IBGE). Para 2016, el Ministerio de Hacienda prevé -3,5% y para 2017, 1% (previsión que el «mercado» considera demasiado optimista).

Como se ve, las expectativas difundidas por los medios no se confirmaron. No hay señales de recuperación. La tasa de inversión retrocedió 3,1% en el tercer trimestre de 2016 y acumuló 13,5% en los últimos cuatro trimestres (IBGE). La demanda de crédito empresarial se retrajo 11,4% en noviembre de 2016 en comparación con el mismo mes del año anterior, y la demanda en el sector de ventas minoristas cayó 6,6% en 2016, lo que produjo el peor resultado en 16 años (Serasa Experian). La tasa de interés oficial (SELIC) sigue estando alta, en 13,75%, pese a que el Banco Central venga bajándola (había tocado un pico de 14,25% en 2015 y un mínimo de 7,25% en 2013).

El único dato positivo es la inflación de 2016, que se estima en 6,29%, lo que queda dentro de las metas trazadas. Pero, siendo tan alto su costo económico y social, se trata más bien de una victoria pírrica. Con la política económica haciendo foco en el ajuste social, como ocurre desde el comienzo del segundo mandato de Dilma y sobre todo con Temer, vino también la recesión, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores y el desempleo (este último, tras haber tocado un mínimo de 6,2% en 2013, hoy ya está en 12% y con tendencia a seguir creciendo en 2017).

Usted ha expresado en diversos artículos que el gobierno de Michel Temer apunta a desarrollar con fuerza un programa neoliberal que Brasil había comenzado a dejar atrás durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). ¿Cuáles han sido los principales puntos de ese programa de flexibilización y ajuste, y còmo ha afectado a los trabajadores?

Los gobiernos del PT, pese a que mantuvieron el régimen de metas para la inflación y el cambio flotante y dieron prioridad al superávit primario para pagar los intereses de la deuda pública, aun así apostaron a fortalecer el papel del Estado y la distribución de la riqueza (con programas como el de Aceleración del Crecimiento, la revitalización de empresas estatales, la adopción de políticas anticíclicas, la revalorización del salario mínimo y las políticas sociales). Sin embargo, no avanzaron en reformas estructurales como la agraria, la urbana y la fiscal.

Tras ser reelecta, y aunque sostuvo las políticas sociales, Dilma priorizó, ante la crisis que se agravaba, el ajuste fiscal y el combate contra la inflación, redujo la inversión pública, subió las tasas de interés y devaluó. El gobierno de Temer, por su parte, basándose en el documento «Puente para el futuro», hizo hincapié en la profundización del ajuste fiscal poniendo en marcha recortes al gasto social y las inversiones públicas y priorizando el pago de los intereses de deuda, a la vez que avanzó en las privatizaciones y cedió a las demandas corporativas de su base de apoyo, aun cuando estas contradecían el discurso de austeridad fiscal.

Los blancos principales de la privatización son Petrobrás y las reservas de la Cuenca del Presal. El Congreso ya le quitó a la empresa estatal la exclusividad en la explotación de esas reservas y la obligación de participar en al menos 30% de las inversiones. La empresa (cuya «crisis» viene asociándose al escándalo de corrupción que involucra a toda una cadena productiva, con Petrobrás al frente) adoptó una agenda de desinversión y de traspaso de activos. Según la Federación Única de Petroleros, esto ya generó 40.000 despidos solo en la industria naval, que depende fuertemente de la demanda de la petrolera.

El cuadro social es dramático. Este año se aprobó una enmienda constitucional que impone un techo, ¡por 20 años!, a casi todas las partidas de gastos públicos, exceptuando el pago de deuda. El Congreso está tratando una nueva reforma previsional que apunta a desindexar el reajuste de los beneficios en relación con el salario mínimo y alterar las condiciones de acceso al sistema jubilatorio (se exigen 49 años de aportes para acceder a 100% del beneficio, sobre la base de un mínimo de 65 años de edad y 25 de aportes). La política de valorización del salario mínimo, que desde 2004 garantizaba ganancias concretas, se suspendió. El programa Beca Familia [Bolsa Família], que abarca a 14 millones de familias, empezó a padecer restricciones. En cuanto a la legislación laboral, la palabra de moda es «flexibilización». Las medidas que se están debatiendo apuntan a la liberalización de la tercerización, la prevalencia de lo negociado por sobre lo legislado, la reducción de la edad mínima para trabajar de 16 a 14 años, el tramado de negociaciones laborales sin participación sindical y la descaracterización del trabajo degradante como «trabajo esclavo».

Y están también en carpeta: la reducción de la edad penal, la ampliación del tiempo de internación de menores en el sistema «socioeducativo» y el retroceso en los logros respecto del control de armas, el aborto y los derechos de la comunidad LGBT.

En las últimas pruebas PISA, Brasil se ubicó por debajo de la mayoría de las naciones participantes en términos de desempeño educativo. Sin embargo, Temer propuso reducir el presupuesto en educación y comenzó a planificar políticas de ajuste en el sector. ¿Cómo afectará esto, no solo en el desempeño educativo sino también en los sectores que trabajan en el mundo de la educación?

En las PISA, entre 70 países, Brasil salió en el puesto 59 en lectura; 63 en ciencia y 65 en matemáticas, lo que corrobora una deficiencia histórica pese a los avances de los últimos tiempos. Con Temer, los efectos sociales de la crisis, sumados a los recortes en el gasto social, golpean de lleno en la educación. La Enmienda Constitucional 55 –la «enmienda del techo»–, por ejemplo, en vez de garantizar la aplicación de 18% del presupuesto en el área educativa, establece porcentajes reajustables según la inflación del año anterior, lo que habilita en principio el traspaso de sumas mayores tomadas de otras áreas, cosa que, dado el techo general, se vuelve improbable. Así las cosas, los objetivos del Plan Nacional de Educación, de la universalización de la educación infantil, la revalorización de los docentes y la ampliación de la oferta de educación integral quedan muy comprometidos. No en vano el debate de esa enmienda generó una ola nacional de protestas y ocupación de escuelas públicas.

El gobierno también lleva adelante una reforma de la enseñanza media. Basándose en el alto índice de deserción y en la baja calidad, emitió una medida provisoria que ante todo amplía la carga horaria anual de 800 a 1.400 horas («enseñanza integral») y se reestructura el currículum según las áreas de conocimiento (Lenguajes, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Humanas y Formación Técnica y Profesional). Son cambios que siembran dudas respecto de cómo habrá de ajustarse la enseñanza fundamental y la superior, cuál será la capacidad de gestores y docentes para implementar medidas de cuyas definiciones no participaron y cómo se dará lugar a las nuevas necesidades de inversión en este contexto de restricción presupuestaria.

El gobierno de Temer se ha visto involucrado en la trama de corrupción de la empresa constructora Odebrecht. Ya anteriormente numerosos funcionarios de su gobierno habían sido sindicados en escándalos de corrupción, mientras se dedicaban a atacar al gobierno del PT por la misma materia. Estos procesos ¿han retraído aún más la imagen del gobierno de Temer o no han hecho mella en su gestión?

La operación Lava Jato, que desde 2014 viene investigando indicios de corrupción dentro de Petrobrás, se convirtió en el factor de crisis política que llevó a la destitución de la presidenta (tras alimentar permanentes denuncias de corrupción en el gobierno) y al rebasamiento de la crisis a los ámbitos económico y social (tras afectar la viabilidad de las grandes empresas que influyen en el PIB nacional y en las fuentes de empleo). Hoy, con Temer en el gobierno, el PT sigue acusando a la operación Lava Jato de buscar derribar al partido, a la izquierda en general y la nueva candidatura de Lula en 2018, todo ello en beneficio principalmente del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). De todos modos, nuevas denuncias –como las presentadas por ejecutivos de Odebrecht– están tocando al gobierno actual, que ya sufrió varias caídas de importantes cuadros. Desde el lado de los medios de comunicación, estos siguen concentrados en damnificar al PT dejando a salvo al PSDB y apoyando el Lava Jato, aunque al mismo tiempo empezaron a dar cobertura a las denuncias que involucran al gobierno. La aceptación popular de Temer, como resultado de todo esto, es bajísima (según cualquier encuesta), pero el presidente mantiene un fuerte apoyo en el Congreso para seguir llevando adelante su agenda. Temer se sacude, pero no cae. Si llegara a caer, la legislación vigente para el escenario que se abrió con la destitución de Dilma, en vez de convocar a nuevas elecciones, le otorga al Congreso la facultad de elegir al presidente que lo reemplazaría, cosa que garantiza la continuidad de las políticas actuales.

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