Opinión

Regreso al futuro

La conferencia ministerial de la OMC en Buenos Aires fue, para muchos, un verdadero fracaso. Además de las deportaciones a periodistas y activistas críticos realizadas por el gobierno argentino, se sumó un debate económico que no llegó a buen puerto. La conferencia colapsó. Y aquí se explican las razones.

Regreso al futuro

Un sólo país tuvo la culpa del fracaso de la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires, a mediados de diciembre...pero no sabemos cuál.

Según el Trade Representative (ministro de Comercio) de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, «un miembro de la OMC con una posición extrema eligió bloquear una breve Declaración Ministerial expresando nuestras visiones compartidas» Por su parte, un diplomático indio dijo que «desafortunadamente, la fuerte posición de un miembro contra la reforma de la agricultura, basada en los mandatos y reglas de la OMC, llevaron a un punto muerto...»

Si bien ninguno de los diplomáticos nombró al culpable, los 4000 delegados acreditados por 164 países a la conferencia ministerial tuvieron claro que Estados Unidos y la India se estaban culpando mutuamente por el colapso de la conferencia, un resultado calificado de horrendous por la Comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmstrom.

«Somos 28 en la Union Europea, tenemos mucho peso» -agregó Malmstrom en conferencia de prensa el miércoles 13, último día de la conferencia. «Pero cuando otros grandes socios no están aquí para cooperar, no podemos llegar a un acuerdo. Esta es la triste verdad».

El fracaso era inevitable a esa altura porque el día anterior Lighthizer se había ido de Buenos Aires, después de rechazar las últimas propuestas de mediación y dejando en su lugar a una delegación de bajo nivel sin capacidad de hacer concesiones de último momento que al menos permitieran emitir una declaración final consensuada y un agradecimiento al país anfitrión.

El gobierno de Mauricio Macri no sólo no fue agradecido, sino que además ofreció al mundo la imagen poco simpáticas de un enorme despliegue de seguridad antimotines y un sistema de vallas metálicas en el centro de Buenos Aires que fue utilizado --junto con balas de goma y gases lacrimógenos-- para reprimir manifestaciones contrarias a las reformas tributaria y previsional del 14 de diciembre, cuando la mayoría de los diplomáticos comerciales estaba a camino del aeropuerto.

La expectativa de firmar durante la conferencia un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se desvaneció también. Según algunos analistas, fue porque Brasil resiste las demandas europeas sobre propiedad intelectual, que elevarían los precios de los medicamentos. Según otros, aun si las últimas trabas se hubieran superado, Malmstrom sabe que los acuerdos comercionales interregionales ya son suficientemente impopulares como para, además, firmar uno en medio de un despliegue represivo y en momentos en que a varias ONGs europeas se les impidió la entrada al país, falsamente acusadas de preparar actos violentos y ser «más disruptivas que constructivas».

Pocos días después de la conferencia ministerial, la Unión Europea anunció la creación de un grupo asesor sobre acuerdos de comercio compuesto de expertos de 28 organizaciones. Entre ellas figura el sindicato del sector servicios UNI, una de las organizaciones que figuraba en la lista original de los declarados indeseables por el gobierno argentino.

En un intento por rescatar algún logro, Malcorra dijo en la conferencia de prensa final que «Buenos Aires va ser recordada como la conferencia de la pesca» y calificó de «resultado importante» la presentación de «una enorme cantidad de iniciativas de la OMC del siglo XXI».

La pesca fue el tema de una de las cuatro decisiones tomadas por los ministros, que en realidad sólo prometen «continuar negociando constructivamente» sobre los subsidios que contribuyen a la pesca excesiva, con miras a llegar a un acuerdo en 2019. Imposible no recordar aquí que en la décima conferencia ministerial, realizada en Nairobi en 2015, se había llegado a un decisión similar sobre agricultura, con la promesa de llegar a un acuerdo en Buenos Aires sobre el tema de los stocks públicos para garantizar la seguridad alimentaria. No obstante, no solo no se logró un acuerdo en Buenos Aires, sino que ni siquiera se acordó seguir negociando.

Las otras tres resoluciones ministeriales refieren a la creación de un grupo de trabajo sobre los países pequeños, y la renovación casi automática de dos moratorias. La primera exime del cobro de tarifas sobre bienes o servicios (como el software o la música y videos) transmitidos electrónicamente. La segunda permite a los países tomar medidas de salud pública, como el etiquetado mandatorio de productos peligrosos o las licencias obligatorias de medicamentos, sin que éstas resoluciones sean acusadas de violar las normas de propiedad intelectual.

Los «temas del siglo XXI» aludidos por Malcorra refieren a tres «nuevas iniciativas» plurilaterales sobre comercio electrónico (apoyada por 71 países), facilitación de inversiones (70 países) y pequeñas, medias y micro-empresas (Pymmes, apoyada por 87 países). A ellas se suma una Declaración sobre la Mujer y el Comercio, firmada por un centenar de países.

Unos doscientos grupos de mujeres de todo el mundo condenaron de inmediato esta última declaración, elaborada sin consultarlas, ya que «mejor acceso al crédito y al comercio transfronterizo para unas pocas no beneficiará a los derechos humanos de las mujeres en su conjunto». Las firmantes agregan que «incluso si los beneficios que la OMC depara al 1% más rico de la población mundial se dividieran por igual entre varones y mujeres, la mayoría de las mujeres del mundo no se beneficiaría». Consideran, además, que los grupos de estudio propuestos podrían servir para introducir «nuevos temas» en la agenda de la OMC «y agravar las desigualdades».

De manera similar, muchas asociaciones de pequeños y micro-empresarios condenaron la creación de un grupo informal de trabajo sobre Pymmes, así como la utilización de los pequeños y micro-empresarios como justificativo para introducir el comercio electrónico en las negociaciones de la OMC. Los Estados Unidos se sumaron a esta iniciativa, con la única condición de que no se la llame «plurilateral» ya que la Administración Trump no sólo está en contra del multilateralismo en sus políticas de «America Primero» sino que también veta al «plurilateralismo» por considerarlo asociado con la Administración Obama. Como si el nombre hiciera a la cosa, esta iniciativa es oficialmente llamada «de países afines» y no plurilateral.

«Las Pymmes son la carnada para atraer adhesiones», comentó Sally Burch, la experta anglo-ecuatoriana, directora de ALAI, detenida en el aeropuerto de Ezeiza y deportada pese a que la OMC la había acreditado oficialmente para asistir a la conferencia.

Burch sostiene que en realidad es el GAFA-A (el lobby conjunto de Google, Apple, Facebook, Amazon y, ahora, la empresa china Alibaba) quien impulsa este tema, en busca de un «libre flujo de datos» que permita la mercantilización de la información personal, la libre operación de estas empresas en un país sin tener presencia comercial en él (y por tanto fuera de su jurisdicción fiscal o penal) y la libertad de ofrecer servicios sin revelar sus algoritmos o sin obligación de utilizar software o expertise local.

Resulta irónico, en este contexto, la designación de Google, una de las mayores empresas del mundo, como «Campeón de la Pequeña Empresa» anunciada en conjunto por la OMC y la Cámara Internacional de Comercio durante el Foro Empresarial paralelo a la Conferencia.

Asimismo, en conferencia de prensa conjunta con el multimillonario chino, Jack Ma, dueño de Alibaba, y Rick Samans, directivo del Foro Económico Mundial, el director general de la OMC, Roberto Azevêdo, anunció que lanzará en Davos, en enero de 2018, una iniciativa común para impulsar el comercio electrónico.

Esto parece un «retorno al futuro» comentó Simon Evenett, profesor de comercio internacional y desarrollo económico en la Universidad de St Gallen, Suiza, parafraseando el título de los filmes de viaje en el tiempo. A su juicio, «la búsqueda de acuerdos plurilaterales en vez de multilaterales (o sea de algunos países, pero no de todos) se parece más a la Ronda de Tokyo del GATT, en la década de los '70 del siglo XX, que a una verdadera agenda del siglo XXI.

Los ministros africanos reclamaron unánimemente una solución a los temas pendientes del siglo XX antes de comenzar a tratar nuevos: la materialización del tratamiento especial y diferenciado para los países menos desarrollados, prevista en el Tratado de Marrakech que creó la OMC en 1994, pero nunca instrumentalizada; el fin de los subsidios agrícolas de los países ricos, que arruina a los productores africanos al volverlos incapaces de competir; y una solución permanente al tema de los stocks públicos de productos agrícolas. Este es un mecanismo que está autorizado a los países ricos (que ya tenían estos acopios cuando la OMC fue creada) pero está prohibido por las reglas de comercio a los países pbres que más lo necesitan para garantizar su seguridad alimentaria.

El «regreso al futuro» no sólo sería obviamente injusto, sino también ilegal, a juicio del veterano analista Chakravarthi Raghavan, quien ha seguido todas las negociaciones de la OMC desde el comienzo de la Ronda Uruguay en 1986.

Por un lado, al promover iniciativas conjuntas con entidades ajenas a la OMC (como Alibaba o el Foro Económico Mundial) o al utilizar recursos económicos de su organización para promover el interés de algunos miembros, en contra de la opinión explícita de otros, el director general estaría violentando las atribuciones que le asigna el artículo VI del estatuto de la OMC y la necesidad de autorización expresa de una Conferencia Ministerial o del Consejo General para proceder a cualquier actividad con implicancias presupuestales.

Más importante aún, sostiene Raghavan, «según el Tratado de Marrakesh no puede haber un acuerdo plurilateral, con derechos y obligaciones aplicables solo a sus firmantes, en áreas ya cubiertas por los acuerdos existentes del GATT (sobre aranceles) y del GATS (sobre comercio de servicios). Estas reglas deben cambiarse por consenso de todos los miembros o, de lo contrario, cualquier no firmante puede reclamar los mismos beneficios que quienes firmaron, en virtud de la cláusula de nación más favorecida, sin tener que sujetarse a obligaciones que no firmó.

Un acuerdo plurilateral en áreas nuevas, no cubiertas por acuerdos existentes, debería ser incluido en el Anexo IV de la OMC, para lo cual es necesario que sus firmantes requieran el consenso de una Conferencia Ministerial (donde puede ser vetado por cualquier país).

«Hay vida después de Buenos Aires» dijo Susana Maclorra, en un intento de transmitir optimismo. A juicio del ministro de comercio sudafricano Rob Davies, lo que habrá «es el momento de la verdad».

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