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Prevención y uso de drogas: la urgencia de pensar nuevos paradigmas

Los narcotraficantes han sido más astutos: en estos años avanzaron hacia estrategias atomizadas que les han permitido sobrevivir de manera dinámica y con alta adaptabilidad a los cambios. En estos escenarios cambiantes de producción y consumo, las estrategias tradicionales y centralizadas se han mostrado ineficientes. América Latina requiere de políticas de drogas que se fundamenten en la evidencia, que se sustenten en la salud pública y que respeten los derechos humanos. Pero antes, hay algunas cosas que podemos aprender de quienes hasta hoy están ganando la mal llamada «guerra contra las drogas».

Prevención y uso de drogas: la urgencia de pensar nuevos paradigmas

Desde las épocas en que el poder y el control en gran parte de las etapas de producción y venta eran de los carteles, hasta el más reciente nacimiento de miles de grupos pequeños que hoy se especializan y actúan de forma independiente, el negocio de la droga se ha fragmentado y segmentado. Esta nueva situación ha generado grandes desafíos a las actividades del control y la prevención, en el marco de los cuales adquieren una importancia nuclear las acciones descentralizadas frente al negocio de la droga, ya que muestran mayor dinamismo y adaptabilidad a los nuevos escenarios. También deberían transitar por ese camino las estrategias de educación y prevención, que requieren de lógicas focalizadas con base en los territorios y con foco en las situaciones particulares.

Pero en América Latina las estrategias se caracterizan por tener poca capacidad de reacción y por mantenerse prácticamente estáticas frente a escenarios en constante cambio. La necesidad de políticas dinámicas y adaptables cobra especial relevancia en una región donde el centralismo administrativo, junto con la falta de determinación, decisión política y creatividad, no ha podido ofrecer alternativas efectivas para enfrentar la problemática de las drogas. Por sobre todo, las estrategias deben tener la capacidad de enfrentar los efectos negativos que tanto la ilegalidad de los mercados como las políticas mismas tienen sobre los sectores más vulnerables, que son los que, desproporcionadamente, asumen los mayores costos y los que tienen menos recursos para educarse, defenderse y reponerse.

Desafíos frente a la atomización de la producción y venta de drogas

La atomización de los diferentes eslabones de la cadena de valor del negocio de las drogas ilegales ha generado mayor dinamismo y eficiencia. Los actores más poderosos han logrado esto al delegar funciones en otros actores externos al narcotráfico (en muchos casos, legales); de esa manera han transferido el costo y los riesgos de la ilegalidad de la producción, tráfico y comercialización, pero mantienen el control directo del gran negocio de la logística1. Este fenómeno ocurre por diversas razones. Por un lado, el desmantelamiento de los grandes carteles durante la década de 1990 generó una fragmentación forzada, mientras que, por otro lado, otras organizaciones fueron descubriendo que las estructuras en red, menos centralizadas y más independientes, podían competir mejor. Estos procesos fueron avanzando en el marco de la globalización: Moisés Naím destaca estas cualidades de las actividades ilícitas en el contexto globalizado, mostrando cómo hoy las redes de tráfico operan de forma atomizada y suelen ser autónomas y autosuficientes, y cumplen de esa forma con muchas de las características de los negocios globales más exitosos2.

En el caso de Colombia, la desintegración de los carteles dio paso a la descentralización de la producción, el transporte y la comercialización. Mientras que a inicios de la década de 1980 la producción estaba controlada principalmente por los carteles de Cali y Medellín, tras el asesinato de algunos líderes y el desmantelamiento de esas organizaciones ha ido emergiendo una cantidad de grupos pequeños3. En paralelo, otras organizaciones entendieron que las estructuras descentralizadas eran también menos vulnerables, lo que habilitó la creación de grupos que introdujeron nuevas prácticas en el tráfico de cocaína, trascendiendo en el negocio de las drogas y cambiando radicalmente la lógica de funcionamiento4. Ya en 1999, la Operación Milenio demostraba que la supuesta desestructuración del Cartel de Bernal, a partir del arresto de su líder, no tendría mayor impacto sobre los negocios del grupo, ya que cientos de otras estructuras atomizadas seguían en acción, una muestra de cómo las operaciones contemporáneas del tráfico de drogas en el país ya estaban en funcionamiento5. En el caso de los cultivos, esta fragmentación ha llegado a tal punto que ha dificultado de manera significativa el acceso a datos sobre superficie y cantidad real de producción6.

Lo mismo ocurrió en Perú, donde nacieron una serie de organizaciones independientes que actúan de manera autónoma y que fueron especializando sus labores7. La superficie cultivada y la producción también se han descentralizado desde el Valle de Huallaga hacia las regiones amazónicas, lo que se evidencia en la diversidad y dispersión de los aeródromos clandestinos desde donde salen cargamentos hacia Colombia8. En el caso de Bolivia, si bien la producción de hoja de coca se encuentra fuertemente concentrada en dos áreas geográficas (Yungas y el Chapare) y en manos de grandes y verticales confederaciones de campesinos sindicalizados, no sucede lo mismo con el tráfico de precursores y la producción de pasta base y clorhidrato de cocaína, en los que existe un claro proceso de descentralización y tercerización de tareas en un conjunto atomizado de actores (legales e ilegales) a lo largo y ancho del país. Esta nueva lógica contrasta con la que predominaba en las décadas de 1970 y 1980, cuando la actividad se encontraba integrada verticalmente en poderosos grupos narcos como el liderado por Roberto Suárez, apodado «Rey de la Cocaína», con base en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Beni9.

Consideraciones aparte merece el cannabis, cuyos modelos de producción y tráfico son naturalmente más descentralizados. Si bien existen grandes organizaciones y carteles dedicados a la producción, al ser una planta que puede ser cultivada con facilidad en prácticamente cualquier región del planeta, los usuarios pueden cultivar para su propio consumo y, en consecuencia, la producción está altamente descentralizada10. Llama la atención Uruguay, donde los cultivos para uso personal están aumentando a pasos agigantados: mientras en 2013 existían unos 20.000 cultivadores, en 2014 se estima que la cifra llega a los 50.00011.

El último eslabón en la cadena de valor es el de la venta al por menor, donde la fragmentación es mayor que en etapas anteriores. En este sector la movilidad es muy alta, por lo cual sus líderes son más reemplazables y existe mayor dinamismo y autonomía que en los eslabones superiores. Estas condiciones hacen que las estrategias de control sean extremadamente complejas e ineficaces. Es importante reconocer la cercanía al usuario que logran los actores ligados a la venta y las características de los entornos en los que se mueven los consumidores para abastecerse de drogas. Por ejemplo, 59% de los jóvenes colombianos asegura que compran drogas a sus amigos, familiares, en la universidad o en el trabajo. En el caso de los mexicanos y chilenos, el porcentaje es de 50% y 32% respectivamente12. El menudeo opera en círculos de confianza y bajo lógicas que están lejos de la caricaturización narco vendedor-comprador, lo que evidencia que estos escenarios presentan una alta complejidad y diversidad y que las lógicas de control usadas comúnmente no responden a la realidad actual. Por carriles paralelos marchan las estrategias de prevención, que se tornan aún más complejas al no lograr adaptarse a la multiplicidad y el dinamismo de los escenarios descriptos. Para entender la magnitud del problema, basta mirar el número de detenciones y encarcelamientos por causas relacionadas con la venta de drogas al menudeo. Por ejemplo, en la prisión ecuatoriana más grande del país, El Inca, 80% de las mujeres detenidas se encuentra ahí por delitos de droga; en Argentina, entre 65% y 80%, dependiendo de la prisión, ha sido detenido por razones similares; y en Bolivia, seis de cada 10 encarcelados13.

  • 1. Ariel Ávila: «Análisis micro y macro social del crimen organizado en Colombia», ponencia presentada en la 11a reunión del Observatorio del Crimen Organizado de América Latina y el Caribe, Fundación Friedrich Ebert, México, df, 28 de noviembre de 2014.
  • 2. M. Naím: Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo, Debate, Madrid, 2005.
  • 3. Carolin Krauss: «Illicit Crop Cultivation and Drug Trafficking», International Relations and Security Network (isn), mayo de 2008.
  • 4. Cristy Aragon: «The Colombian Drug Trade: A Greater Threat Than Believed» en edge - Poverty & Prejudice, primavera de 2005; Observatoire Géopolitique des Drogues: The Geopolitics of Drugs 1996, Northeastern University Press, Boston, 1996.
  • 5. Angel Rabasa y Peter Chalk: Colombian Labyrinth: The Synergy of Drugs and Insurgency and Its Implications for Regional Stability, rand, Santa Mónica, 2001.
  • 6. Bruce Bagley: «Drug Trafficking and Organized Crime in the Americas: Major Trends in the Twenty First Century», Woodrow Wilson Center Update for the Americas, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, dc, agosto de 2012.
  • 7. Sergio Ferragut: A Silent Nightmare: The Bottom Line and the Challenge of Illicit Drug, Lulu, Raleigh, 2007.
  • 8. Christian M. Allen: An Industrial Geography of Cocaine, Routledge, Nueva York, 2005.
  • 9. Entrevista del autor con José Carlos Campero, México, df, 27/11/2014.
  • 10. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc): Informe mundial sobre las drogas, onu, Viena, 2005.
  • 11. «Uruguay: la producción de marihuana sería el doble que la de 2013» en Clarín, 2/5/2014.
  • 12. Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública (opdop): Estudio 2013-2014. Políticas de drogas, reformas y nuevos lenguajes, Asuntos del Sur, Santiago de Chile, 17/1/2014.
  • 13. Pien Metaal y Coletta Youngers (ed.): Sistemas sobrecargados. Leyes de droga y cárceles en América Latina, Wola / Transnational Institute, Ámsterdam-Washington, dc, diciembre de 2010.