Opinión

Por fin en marcha

El proceso de paz en Colombia toma un nuevo impulso tras la frustración del voto negativo en el plebiscito del 2 de octubre.

Por fin en marcha

Tan solo 41 días después del triunfo del No en el plebiscito por la paz, el 12 de noviembre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron un nuevo acuerdo con modificaciones en 56 de los 57 temas señalados por quienes se reclaman voceros del No. Doce días después, el 24, el acuerdo fue firmado en Bogotá por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, e inmediatamente fue entregado al Congreso Nacional para su validación. El 29 obtuvo en el Senado 76 de 102 votos, y el 30 de noviembre, en la Cámara, alcanzó 130 de 166 votos.

El 1 de diciembre llegó por fin el «día D», para su implementación. Ese mismo día los miembros de la Mesa de La Habana recibieron el Premio Nacional de Paz por su trabajo centrado en las víctimas, en los problemas que alimentaron la guerra y en ponerle fin a la misma.

Entre el D+5 y el D+30 los combatientes se desplazan con su armamento por corredores de movilidad custodiados por 12.000 miembros de la Fuerza Pública hacia 20 zonas veredales y 7 puntos transitorios de normalización. Allí permanecerán 180 días mientras entregan las armas a Naciones Unidas y se preparan para su nueva vida: recuperan su cédula de identidad ciudadana, se capacitan, construyen cooperativas y proyectos productivos, planean el primer congreso de su partido político, reparan a las comunidades que afectaron.

En el primer mes, el Estado tiene que resolver dos asuntos cruciales. La Corte Constitucional debe decidir si a pesar del triunfo del No en el plebiscito se mantiene el trámite legislativo abreviado antes acordado para acelerar la puesta en marcha de un paquete de al menos 40 leyes y decretos de aplicación del Acuerdo. El Congreso debe adoptar la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales, con un proyecto que hace parte del Acuerdo y a cuya aprobación las FARC habían supeditado el Día D, pero cedieron. La amnistía se aplica a delitos de rebelión y conexos e impide la apertura de un proceso penal o lo da por terminado si había comenzado. El presidente ordena el indulto para perdonar penas ya impuestas y excarcelar a los sancionados.

En los cinco meses restantes el Congreso debe avanzar en otras decisiones, empezando por las referidas a la Justicia transicional. La situación es complicada pues si la Corte no aprueba la vía rápida legislativa impediría que estos seis meses se sienten las bases legales de la implementación, las someterían a los procedimientos ordinarios que llevan años y quedarían enredadas con las campañas para las elecciones de 2018.

Ya la presión electoral la siente el debate de la amnistía, una ley especial que requiere dos tercios del Congreso: 68 votos en el Senado y 111 en la Cámara. Aunque la refrendación del nuevo Acuerdo los logró, algunos congresistas de la coalición de gobierno temen que si apoyan la amnistía se vean afectados por perdonar delitos ligados a la rebelión guerrillera (concierto para delinquir, tenencia y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y de sustancias u objetos peligrosos, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, delitos relacionados con droga como fuente de financiación, etc.), así la aministía excluya los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes y privación de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición y desplazamiento forzados, acceso carnal violento y otras violencias sexuales, reclutamiento y sustracción de menores.

Álvaro Uribe, quien ha asumido la vocería de quienes votaron por el No, luego de presentar sus propuestas trató de sustituir al gobierno y a la Mesa buscando un trámite directo con las FARC, y ahora acusa de maquillaje el nuevo acuerdo al no recoger su exigencia de cárcel y no elegibilidad política de los líderes de las FARC que sean condenados por delitos no amnistiables. En realidad, la Mesa no solo hizo precisiones del acuerdo sino que endureció ciertas condiciones para la guerrilla y mitigó otras que aludían a terratenientes y militares, pero ni eso satisfizo a Uribe. El ex-presidente fue mucho más laxo en la negociación con los paramilitares –acuerdo que no divulgó ni sometió a voto y defendió en aras de paz– y exige impunidad para su entorno político que está preso o procesado. Su exigencia a las FARC es de capitulación pues no acepta que exista un conflicto armado sino una amenaza terrorista.

El uribismo declara no legítima la validación del nuevo acuerdo por el Congreso. Antes del plebiscito, Uribe había exigido que fuera refrendado por el Congreso y no en un plebiscito. Ahora dice que el legislativo no tiene esas facultades y que debe ser sometido a un nuevo plebiscito –condición imposible en medio de un frágil cese al fuego, de la preconcentración guerrillera y de una extrema polarización. Amenaza con pedir revocatoria del Congreso, intensificar la oposición desde las calles, acudir a los tribunales y a un referendo para modificar lo acordado con las FARC. Como presidente, Santos no solo tiene la potestad sino el deber de garantizar la paz, y su segunda elección, en junio de 2014, estuvo atada al compromiso de lograr el acuerdo con las guerrillas; llevó el acuerdo al plebiscito y ahora al Congreso para rodearlo de mayor legitimidad y apoyo. En realidad, Uribe aspira a regresar al poder en 2018, revertir el Acuerdo e imponer sus condiciones mientras ejerce un populismo autoritario que eche atrás logros sociales.

En medio de esas preocupaciones se instaló la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz que debe dirimir los conflictos en cuanto a cese del fuego, dejación de armas, marco legislativo y puesta en marcha de las instancias territoriales y las reformas acordadas. La comisión está integrada por dos personajes internacionales y la Organización de Naciones Unidas (ONU), tres delegados de las FARC y tres del Gobierno. En marzo de 2017, presentará el Plan Macro que debe actualizar cada año. Tendrá un primer período hasta 2019, cuando evaluará si es necesario prorrogar su operación hasta completar diez años, y contará con un comité técnico y otro de seguimiento al enfoque diferencial que respeta los derechos de las mujeres, los pueblos afrocolombianos e indígenas en la implementación de los Acuerdos. Contra viento y marea arrancó el acuerdo con las FARC.


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