Opinión

Poniéndole género a la paz

El proceso de paz en Colombia ha adoptado compromisos que incorporan un enfoque de género. Este enfoque diferencial es un nuevo triunfo.

Poniéndole género a la paz

El acuerdo presentado, el pasado 24 de julio, por las negociadoras del Gobierno colombiano y de la guerrilla de las FARC para darle un enfoque de género a todos los acuerdos que ponen fin a la confrontación armada, es un logro y aporte de la Mesa de Negociación. No se trata de llenar los documentos de «las» y «ellas», sino de garantizar derechos e inclusión en igualdad de condiciones de las mujeres y las personas con identidad sexual diversa.

El acuerdo agrario plantea desagregar el Sistema Integral de Información Catastral para propiciar acciones que les permitan a las campesinas superar los obstáculos en la formalización de la propiedad rural, tener acceso al Fondo de Tierras y al subsidio integral para compra de predios y lograr reconocimiento de su relación con la tierra; para que las medidas de apoyo a la superación de la pobreza y los estímulos a las economías locales tengan éxito deben promover equidad de género, autonomía económica y capacidad organizativa a las mujeres rurales, ofrecerles formación y vinculación laboral en disciplinas y áreas productivas no tradicionales, y facilitarles el acceso a la campaña de cedulación masiva y a la comisión de alto nivel para formular lineamientos para el uso de la tierra.

En participación política está contemplado el criterio de género como necesidad de garantizar representatividad equilibrada en la toma de decisiones, resolución de conflictos y en instancias como la misión electoral especial, el equipo que elaborará el estatuto de la oposición; la gestión institucional deberá fortalecer las organizaciones de mujeres y movimientos LGTBI en su participación política y social, hacer visibles sus liderazgos y garantizar su interlocución con los poderes públicos; y el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia tendrá que reconocer y difundir la labor realizada por mujeres como sujetos políticos, la no estigmatización en razón de la orientación sexual y la identidad de género, y la eliminación en los medios de comunicación de contenidos discriminadores.

Sobre drogas ilícitas, el programa nacional de sustitución de cultivos ilegales debe incluir a las mujeres como sujetos activos de los procesos de concertación para la sustitución voluntaria; garantizarles participación en su planeación, ejecución, seguimiento y evaluación así como formación para combatir la violencia de género asociada al problema de las dogas; debe considerar las particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y de las comunidades, en especial, de las campesinas, con el fin de fortalecer su participación y recibir apoyo técnico, financiero y humano para sus proyectos de sustitución. El programa nacional sobre el consumo de drogas y el sistema nacional de atención a consumidores deberán aplicar un enfoque diferencial de género e identificar las poblaciones más vulnerables. Las acciones de reducción del daño para consumidores deberán tener en cuenta la relación entre el consumo de drogas ilícitas y la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Para población carcelaria femenina y LGBTI, se adoptarán medidas especiales en materia de salud, protección y prevención, incluidas aquellas para prevenir el VIH-Sida.

En cuanto a las víctimas, están contempladas medidas de prevención y protección ante la violencia y riesgos específicos por razón del género y la orientación sexual, atención psicosocial a mujeres y comunidades LGBTI involucradas en el conflicto armado, asesoría legal y formación especial; y víctimas del desplazamiento forzado que viven fuera del país tendrán procesos colectivos de retorno con enfoque de género, que incluyan su grupo familiar. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tendrá un grupo de trabajo de género que evidencie las formas diferenciales en las que el conflicto afectó a las mujeres, prepare audiencias específicas, y un equipo de investigación en la Jurisdicción Especial para la Paz examinará delitos sexuales, actos que no serán amnistiables, como tampoco lo serán el secuestro y reclutamiento de niños.

Con el fin del conflicto, en la concentración de guerrilleros habrá condiciones específicas para las mujeres, participación en el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, y garantía del programa de protección individual y colectiva para líderes y defensoras de derechos humanos. El esfuerzo sigue en los temas restantes como el nombramiento de comisiones que deberían tener participación equitativa, y en el punto seis de implementación de los acuerdos.

Este esfuerzo ha sido coordinado por las dos negociadoras miembros de la subcomisión de género. María Paulina Riveros por el Gobierno quien señala que así como en «el conflicto se ha utilizado a la mujer como arma de guerra, convirtiéndolas en víctimas de violencias sexuales y otros hechos crueles y degradantes», en la paz tienen que tener un papel crucial. Y ‘Victoria Sandino’, por parte de las FARC quien señala como «un gran logro que los hombres, tanto del gobierno como de las FARC, hayan aceptado que era necesario incluir el enfoque de género en los acuerdos». El Espectador, además de esas opiniones recoge las de la teniente de navío Juanita Millán, la única mujer militar en la delegación del gobierno y que participó en la subcomisión de Género que el acuerdo «no sólo contempla un lenguaje incluyente y no sexista, sino que propone medidas concretas para lograr que las mujeres y los hombres de Colombia se beneficien en igualdad de condiciones de los planes y programas contemplados en los acuerdos».

Contribuyeron expertas internacionales y Naciones Unidas a través de la representante del Secretario General sobre violencia sexual en los conflictos armados, y ONU Mujer con tres directoras: general, de las Américas y el Caribe y de Colombia. La sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka destacó que «los hechos de violencia contra las mujeres, y en especial la violencia sexual, no han sido barridos bajo la alfombra, sino que han sido algo prioritario, de forma que las víctimas puedan obtener justicia. Esto no es algo que ocurra en todos los acuerdos de paz, y eso es lo que lo convierte en histórico». Usaremos este acuerdo para defender los derechos de las mujeres, algo que siempre es difícil».

En este logro fue decisiva la presión del movimiento de mujeres en favor de la aplicación de enfoques de derechos de víctimas, diversidad sexual que fueron acumulando logros, como destaca el portal lasillavacia.com. En octubre de 2013 en Bogotá se realizó la Cumbre de Mujeres y Paz con el lema «queremos pactar y no ser pactadas» que envió documentos a Mesa para cada tema y pidió el nombramiento de mujeres como parte del equipo negociador del Gobierno, lo que aceptó el presidente Juan Manuel Santos. Luego, la Mesa de Negociación recibió en cuatro ocasiones 60 representantes de víctimas de la violencia sexual y conformó la Subcomisión de Género que trabaja desde septiembre de 2014. Después, todos los miembros de la Mesa -incluidos los dos jefes de delegación- en tres ocasiones se reunieron con 18 organizaciones de mujeres, comunidad LGBTI y expertas de violencia sexual, representantes de ONU Mujeres; y en abril de 2015 mujeres de las FARC se reunieron con organizaciones de mujeres víctimas y exguerrilleras de diversos países para discutir sobre violencia sexual. Mientras tanto se recopilaron más de mil casos de violencia sexual en el conflicto para presentarlos en la Jurisdicción Especial de Paz.

Organizaciones que estimularon las discusiones en la Subcomisión de Género –Red Nacional de Mujeres, Red de Víctimas y Mujeres Profesionales, Colectivo de Pensamiento y Acción Mujer, Paz y Seguridad, Sisma Mujer, Humanas Colombia- coinciden en destacar que este es un triunfo muy grande: es el primer proceso de paz que ha incluido un enfoque diferencial, hay grandes cambios en el discurso y en la forma como se ve la mujer guerrillera y la mujer víctima a sí misma. Ahora el reto es afuera, cuando se firmen los acuerdos y en la construcción de paz.

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