Opinión

Plan Colombia y Paz Colombia

Obama y Santos plantean un nuevo marco para el proceso de paz en Colombia.

Plan Colombia y Paz Colombia

Frente a la difícil situación colombiana de finales del siglo XX, dos procesos con intereses diferentes terminaron por unirse en el 2000 con el nombre de Plan Colombia. Ahora el presunto éxito del Plan fue celebrado en la Casa Blanca. ¿Amerita ese reconocimiento? Rastreemos su origen, demos una mirada a sus resultados y examinemos su reemplazo.

En esos años, los dineros de la producción y el tráfico de drogas ilícitas penetraron amplios sectores nacionales, y fortalecieron a guerrilleros y paramilitares dinamizando su expansión geográfica y su capacidad de fuego, y ampliaron una confrontación que hasta los ochenta era vista como un problema de zonas de colonización. En el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), acosado por el ingreso de dineros de la droga en su campaña, se amplificaron estos efectos y su resonancia internacional. Ante la polarización interna y la incapacidad para resolver los problemas, diversos sectores colombianos buscaron ayuda externa.

La administración Clinton, acusada por los republicanos de no ejercer suficiente presión militar para impedir la llegada de drogas ilícitas a su país, exigió la renuncia de Samper, le quitó la visa, desconoció su gobierno, descertificó a Colombia en 1996 y 1997 en la lucha antidroga y la señaló como « país problema », « estado fallido », « narcodemocracia » y amenaza a la seguridad.

Recién elegido presidente (1998-2002), Andrés Pastrana aceptó la propuesta de algunos colombianos de diseñar un Plan Marshall. Lo llamó Plan Colombia[1] y pidió apoyo internacional para avanzar en cinco ejes: paz, economía, reforma judicial, desarrollo social y drogas. Clinton acogió la petición y ya en 1998 otorgó recursos para conformar un batallón militar antinarcóticos, vinculando así al ejército colombiano a ese combate. Al mismo tiempo, Pastrana emprendió diálogos de paz con las Farc. Pero episodios críticos -como el abuso de la zona de despeje, la ofensiva guerrillera, el asesinato de indigenistas norteamericanos-, indujeron al gobierno a pedir una ampliación de la ayuda militar, prometiendo que pasaría a presionar militarmente a las Farc para que desmontaran los cultivos de coca.

La cámara estadounidense aprobó el Plan en marzo de 2000 mientras el senado tardó tres meses, ya que los republicanos exigían un enfoque regional. La conciliación de lo aprobado en ambas cámaras modificó los montos y suavizó los condicionamientos sobre derechos humanos, medio ambiente y tropas en Colombia.

George W. Bush unió las guerras contra las drogas, el terrorismo y la subversión y, en 2001, agregó la Iniciativa Regional Andina.Álvaro Uribe (2002-2010) centró sus dos gobiernos en la lucha contra las Farc, a las que calificó como el mayor cartel narcoterrorista, y logró reducir su expansión y su capacidad de combate. Al mismo tiempo, intentó frustrados diálogos con el ELN, y negoció la entrega de jefes paramilitares de los que luego extraditó a catorce a Estados Unidos.

Juan Manuel Santos (2010-2018) adelanta la negociación con las Farc y ha insistido ante la OEA y la ONU en la necesidad de cambiar una política antidroga que fracasó, puso fin a las fumigaciones con glifosato y reglamentó usos legales de la marihuana. A su vez, Barack Obama, en su país redujo las condenas por consumo de drogas que considera un asunto de salud pública, flexibilizó la posición frente a estados que han regulado la marihuana, asignó recursos a programas contra el VIH; además, reconoció daños de la guerra contra las drogas y aceptó terminar la erradicación forzosa en Afganistán.

A lo largo de 15 años, Estados Unidos entregó 9.600 millones de dólares para capacitación militar e insumos estratégicos –aéreos, de comunicaciones e inteligencia-, que contribuyeron a que las Farc aceptaran negociar. Por su parte, Colombia estableció un impuesto de guerra (2003-2014) y dobló sus gastos militares. Atomizó carteles, extraditó, destruyó laboratorios, confiscó droga y combatió la producción. Esparció veneno a los cultivos de coca con graves efectos ambientales y sociales. Encarceló sobre todo consumidores, pequeños transportadores y campesinos productores, asimilándolos a guerrilleros y narcotraficantes. En esa guerra puso muertos, desinstitucionalización y corrupción.

A pesar de los esfuerzos, las drogas ilícitas y el crimen organizado siguieron creciendo. Aunque la entrega de recursos estaba sujeta al respeto de los derechos humanos, aumentó su violación y el desplazamiento poblacional. Y al no haber enfrentado problemáticas de fondo, no logró más ni mejor Estado. La justicia está mal, hay coaliciones electorales ligadas a paramilitares, abundan los tráficos ilícitos, la minería ilegal y la corrupción. Siguen faltando oportunidades para la economía campesina de subsistencia, afectada por la erradicación forzosa de la coca y la criminalización de los cocaleros.

Santos y Obama intentaron equilibrar los recursos militares y sociales del Plan Colombia. Ahora anuncian su transformación en Paz Colombia, que incluiría apoyo para víctimas, justicia, desminado, desarrollo rural e incorporación de exguerrilleros, y se extiende a la acción contra las drogas y el crimen organizado, que puede revivir la receta bélica. Impedir el aprovechamiento de los espacios que deja la guerrilla sin prolongar el conflicto armado exige revertir las condiciones que reproducen las economías criminales y establecer una relación distinta del Estado con los territorios a partir de la protección de los ciudadanos y el desarrollo sostenible.

El pasado 12 de febrero, Obama pidió al Congreso aprobar 450 millones de dólares para Paz Colombia, y el gobierno colombiano trabaja para que se mantenga el apoyo bipartidista que tuvo el Plan Colombia. No será fácil lograrlo con mayoría republicana, en año electoral y de recortes. De todas formas, el espaldarazo de Obama consolida el respaldo internacional a la negociación con las guerrillas y contrasta con la división en Colombia al respecto.

El Presidente Santos impulsa un Pacto por la Paz. El único partido que no participa es el Centro Democrático del expresidente Uribe, que ha convocado una marcha contra el proceso y trata de aprovechar una opinión pública temerosa y vacilante. La desconfianza con las Farc acaba de reforzarse con su intento de hacer política armados. Santos ha respondido exigiéndoles que -antes del 23 de marzo, fecha convenida para la firma del acuerdo-, concilien sobre refrendación, cese bilateral del fuego, dejación de armas, zonas de ubicación y escogencia de tribunal especial para la paz. Tal vez quiera aprovechar la presencia de Obama, quien llega a la Habana el día anterior, para anunciar al menos el acuerdo sobre esos puntos que marcarían el comienzo del fin de una confrontación armada de más de medio siglo y que ha dejado millones de víctimas.



[1] Las distintas versiones del Plan pueden ser consultadas en el libro que publicamos El Plan Colombia y la internacionalización del conflicto, Bogotá, IEPRI-Planeta, agosto de 2001.

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