En el último tiempo, y en un contexto en el que la política mundial y latinoamericana está dando un giro a la derecha, han recobrado fuerza los interrogantes sobre los vínculos entre religión y política en general, y entre algunas religiones y la política nacional en particular. Así, mientras que para el caso argentino la Iglesia católica se encuentra en el ojo de la tormenta por la financiación estatal, las iglesias evangélicas, y específicamente las pentecostales, se constituyen en la gran incógnita del juego político electoral. La victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, con un amplio apoyo evangélico, trae la cuestión de cuán imbricada puede estar la adscripción a una religión con la elección de una opción política, y qué grado de influencia pueden tener los líderes religiosos sobre las preferencias electorales de sus fieles. En este artículo nos proponemos indagar en el juego político entre iglesias pentecostales y Estado en Argentina, para intentar dilucidar cuán fuerte puede ser este vínculo.

Un poco de historia

Para poder hablar de lo que nos interesa en este artículo, debemos establecer primero algunas coordenadas generales sobre la situación del pentecostalismo en Argentina. Esto nos lleva a hacernos dos preguntas: qué entendemos por pentecostalismo y qué vínculos existen entre religión y Estado en el país.

En términos generales, podemos decir que el pentecostalismo hunde sus raíces en la Reforma protestante, que propone que la autoridad religiosa descansa únicamente en las Sagradas Escrituras. De esta forma, la salvación se obtiene solo mediante la fe y la gracia y a través de Cristo, y para gloria de Dios¹. Por esa razón, no hay una estructura humana de poder jerárquico, como sería el papado católico, sino que la máxima autoridad se constituye en el Evangelio (de ahí que sean iglesias evangélicas y no apostólicas), y las distintas denominaciones se reúnen, principalmente, en torno de una forma de comprender la Biblia. Ahora bien, existen liderazgos que circunstancialmente atraviesan distintas comunidades y asociaciones que tienen una función de representación ante el Estado o la sociedad civil, pero estos nunca pueden violar la autonomía propia de cada iglesia.

Dentro de las distintas formas del protestantismo, surgen en Estados Unidos a principios del siglo xx las iglesias pentecostales, que se caracterizan por destacar la actualidad de los dones del Espíritu Santo, lo que les permite abrazar una serie de manifestaciones como la capacidad de curación y de hablar en lenguas (glosolalia), el don de profecía e incluso la posibilidad de traer prosperidad a la vida terrena. Estas iglesias se expandieron a partir del viaje de pastores con ánimo de misión, con especial anclaje en América Latina.

En Argentina, la presencia protestante se produjo a la par de la construcción del Estado nacional, con el permiso del culto privado a protestantes ingleses en 1813 y de culto público en 1825². Sin embargo, esta presencia estuvo durante mucho tiempo restringida a iglesias nacionales de países con los que se tenía algún tipo de vínculo (interés comercial o migratorio) y quedó en un lugar relegado frente a la preponderancia institucional de la Iglesia católica. Esto cristalizó en 1853 en la Constitución Nacional, que estableció en el artículo 2 el sostenimiento del culto católico apostólico romano. Así, si bien existía libertad religiosa (asegurada en el artículo 14 para los argentinos y en el 20 para los extranjeros), no había igualdad institucional.

El vínculo entre protestantismo y migración nos permite comprender por qué los primeros pentecostales se establecieron en comunidades migrantes y de sectores populares³. De ese modo, ya a principios del siglo xx encontramos misiones estadounidenses, canadienses y suecas que se expandieron tanto en el interior del país como en Buenos Aires. Estas iglesias promueven los dones del Espíritu Santo con una línea teológica conservadora y un fuerte recelo hacia la política y la intervención pública. Ya a mediados del siglo xx, y al igual que en otras iglesias protestantes, se desarrolla un proceso de protestantismo autóctono, en el marco del cual se produce tanto una mayor centralidad de la cura divina en la práctica religiosa como el inicio de un proceso de proselitismo, que viene acompañado de una mejor relación con otras iglesias protestantes y con la Iglesia católica. Un parteaguas es la campaña de sanación del pastor Thomas Hicks, que tiene lugar en los estadios de fútbol de Atlanta y Huracán durante el segundo gobierno de Juan D. Perón, en la década de 1950. Podemos ver aquí dos elementos importantes para el análisis de nuestra coyuntura: por un lado, la visibilidad de la diversidad religiosa cuando la Iglesia católica y el Estado están en conflicto (como ocurrió durante los enfrentamientos entre Perón y la Iglesia en esos años); y por otro, la utilización de espacios públicos que no asociamos con la actividad religiosa (como estadios de fútbol) para llevar adelante actos masivos de manifestación de la fe.

La dictadura cívico-militar iniciada en 1976 buscó debilitar la diversidad religiosa e instalar un estricto control que se materializó en el Registro Nacional de Cultos, donde todas las religiones no católicas deben inscribirse a fin de poder establecer relaciones con el Estado. Mencionamos esto no solo porque da cuenta del carácter restrictivo hacia las prácticas religiosas no católicas, sino también porque el registro existe hasta nuestros días, si bien ha cambiado su perfil policial por otro de registro estadístico, y sigue teniendo un lugar central en las vinculaciones y la legitimación de las relaciones entre las religiones no católicas y el Estado.

Con el retorno de la democracia en 1983 se produjo un reavivamiento de la diversidad religiosa, con visibilidad en el espacio público y mediático de las religiones que estaban en el territorio y la llegada de religiones y espiritualidades nuevas. Sin embargo, si bien el Estado redujo su regulación restrictiva, se produjo un auge de la regulación social, que calificaba como «secta» a cualquier formato organizativo que se alejara del imaginario de lo que debería ser una «religión» (algo fuertemente moldeado en Argentina según el modelo católico)⁴. Esta acusación pesó con fuerza sobre las religiones de matriz africana, sobre religiones y espiritualidades orientales y sobre las iglesias pentecostales, que iniciaban un periodo de renovación. Si bien con el tiempo estos discursos antisectas se moderaron en la opinión pública, muchos de sus prejuicios quedaron insertos en el sentido común nacional e influyeron en las opiniones de sectores tanto conservadores como progresistas (por ejemplo, la acusación de que los afroumbandistas practican ritos satánicos o de que los evangélicos son «lavadores de cerebros» y estafadores de la gente pobre).

Como mencionamos, hacia los años 80 se produjo una renovación en las iglesias pentecostales, que incluso llevó a pensarlas en términos de neopentecostalismo. Esta forma retoma las ideas centrales del pentecostalismo y las profundiza, sobre todo las que giran en torno de la lucha contra los demonios (guerra espiritual), la sanación, la prosperidad y el proselitismo, que se alejan de las formas teológicas más académicas. A la vez, se produjo una renovación de los aspectos culturales, se adaptó el uso de medios de comunicación masivos y estrategias empresariales en la gestión de las iglesias y se inició una intervención más directa en la política. El evangelista Carlos Annacondia y el pastor Héctor Giménez son representantes emblemáticos de esta época, en la que comienzan a construirse las megaiglesias. La Iglesia Universal del Reino de Dios (ampliamente conocida por su presencia mediática y su influencia política en Brasil) ingresó en esos años a Argentina, pero sin participar de las instituciones interdenominacionales.Finalmente, los últimos años dieron paso a un cierto aquietamiento de la efervescencia mediática producida entre las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, no se redujo la acción territorial de las iglesias pentecostales ni se detuvo su expansión, aunque ya no tanto en forma de megaiglesias o templos que provienen de organizaciones nacidas en el extranjero, sino como pequeñas iglesias locales, insertas en barrios populares y con una continua acción social en el territorio, específicamente en torno del trabajo en comedores, casas de cuidado de niños y ancianos, y trabajo en la prevención y recuperación de adicciones, además de una tarea de más largo aliento en las cárceles. Estas pequeñas iglesias, muchas veces alejadas de cualquier forma de instrucción teológica por fuera de la lectura de la Biblia, construyen lazos comunitarios y ganan visibilidad mediática en la medida en que comienzan a ser vistas por el Estado como un espacio confiable para la puesta en marcha de políticas sociales. Pero antes de profundizar en este punto, veamos un poco los intentos de intervención directa en la política por parte de las iglesias evangélicas.

Manifestaciones y partidos⁵

Como hemos mencionado, la relación de los evangélicos con la política mutó en el tiempo, en un contexto nacional donde existe históricamente una desigualdad legal entre las religiones. Así, la Iglesia católica no solo está inserta jurídicamente en el sistema estatal, sino que se constituyó históricamente en la interlocutora privilegiada del Estado en áreas como salud, educación y acción social territorial.

En este marco, podemos identificar dos grandes estrategias de las iglesias evangélicas para intentar acceder a los beneficios del Estado y la política: «desde arriba», cambiando su estatuto legal u obteniendo una victoria electoral desde un partido confesional; o «desde abajo», insertándose en la estructura estatal como elementos necesarios para la gestión del territorio y la articulación de políticas públicas. Desde el retorno de la democracia hasta la primera década de 2000, las iglesias optaron principalmente por la primera estrategia, mientras que en los últimos años han incursionado mayormente en la segunda.

Entre 1980 y 2001 podemos ver las primeras señales de participación política, lo que surge de un cambio profundo en el ámbito teológico por parte de las iglesias, que dejan de ver la política como aquello que está «en el mundo» y por tanto está contaminado y comienzan a concebir la acción política como una forma más de evangelización (si bien hubo participación política anterior a este periodo, es en este momento cuando se da de forma simultánea en la mayoría de las iglesias evangélicas). Esto, sumado a la presión ejercida por la regulación social, que veía el crecimiento evangélico en el espacio público como señal del avance de las «sectas», hizo que las iglesias evangélicas se movilizaran de manera interdenominacional y organizaran el Consejo Nacional Cristiano Evangélico (cnce), donde confluían las tres grandes federaciones evangélicas que nuclean a las iglesias, sobre todo con fines de representación pública. Estas son la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (aciera), la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal (fecep) y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (faie). Mientras las dos primeras tienen presencia pentecostal, la última reúne mayormente a iglesias protestantes más antiguas.

Uno de los catalizadores de la organización de las iglesias evangélicas en el espacio público fue la protesta ante un proyecto de ley de cultos, la «Ley Centeno», que pretendía modificar el Registro Nacional de Cultos, pero sin revertir la preeminencia legal de la Iglesia católica, y volvía la legislación de hecho más restrictiva para los cultos no católicos que el decreto-ley promulgado por la dictadura. Esto provocó dos concentraciones masivas en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, en 1999 y 2001, en las que se oró por la nación y sus gobernantes y se manifestó en contra de la condición desigual de las diversas religiones. La manifestación logró que la ley no se sancionara y se mantuviera el statu quo. Al mismo tiempo, sirvió para fortalecer a las federaciones, que se convirtieron en portavoces oficiales de las iglesias evangélicas hasta el día de hoy.

Anteriormente, se habían organizado la Asociación Alianza Evangélica Argentina (aleva) y Civismo en Acción (cea), donde confluían grupos de evangélicos de clase media y alta, con tendencias liberales, y pentecostales de clase media y baja, más identificados con el peronismo. Si bien estas instancias no tuvieron una vida más allá de los inicios del retorno de la democracia, constituyeron el primer intento de pensar en términos de una «ciudadanía evangélica». En la década de 1990 se constituyeron partidos políticos provinciales evangélicos en Buenos Aires y Córdoba, que participaron en las elecciones pero con magros resultados⁶. En estos casos, la apuesta política era fuertemente confesional, con campañas en los templos e incluso, para el caso cordobés, con pastores en las listas. Tras sus primeros intentos, estas organizaciones realizaron un giro hacia una política de alianzas que se alejara de la idea del partido confesional, que tampoco tuvo éxito. Un caso destacable de este periodo es el del pastor metodista José Míguez Bonino, quien participó en la Asamblea Constituyente de 1994, pero como parte del Frente Grande, una fuerza de centroizquierda; es decir, por fuera de su pertenencia religiosa.

Finalmente, para este periodo hubo un intento de participación pentecostal en estructuras políticas seculares junto con militantes católicos, como el caso de la Democracia Cristiana y el Polo Social, que apuntaban a pensar en términos de un «evangelio social», pero ninguna de ellas cosechó éxitos electorales significativos. Tampoco estos intentos de política más o menos partidaria confesional contaron con el apoyo de las federaciones, que siempre vieron en la búsqueda de un «voto evangélico» un motivo de disputas internas más que una posibilidad de proyecto político.

Tras la crisis económica, política y social de 2001, las iglesias evangélicas participaron en la Mesa de Diálogo junto con otras religiones y sectores del Estado y la sociedad civil, aunque no en la mesa original, con fuerte participación de la Iglesia católica, sino en su versión ampliada. Luego de estos acontecimientos, se produjeron nuevos intentos de organización política, entre los que podemos identificar al menos dos estrategias: la articulación del pentecostalismo con el peronismo y el intento de conformar un partido propio. Entre los primeros podemos mencionar para el Gran Buenos Aires a agrupaciones a escala local, como el Movimiento Justicialista Cristiano, el movimiento Cristianos en Acción y el Frente Unión por la Fe. Los tres se caracterizan por tener como base iglesias de mediano tamaño, dedicadas a tareas de asistencia social y que no respondían de forma directa a los espacios institucionalizados en las federaciones. Lo que se produjo, entonces, fueron alianzas con el peronismo de base de organizaciones con fuerte anclaje territorial. Sin embargo, tampoco fue suficiente para obtener victorias electorales significativas.

Quien sí obtuvo una victoria electoral reciente fue Cynthia Hotton, que ocupó un escaño legislativo en la Cámara de Diputados nacional de la mano de Propuesta Republicana (pro), lugar desde donde intentó fundar un partido político cristiano, Valores para Mi País. Sin embargo, el acceso a esta posición dependió más de la trayectoria personal de la ex-diputada (que pertenece a una familia de larga tradición diplomática) que a su trayectoria dentro de una militancia evangélica. Hotton presentó un nuevo proyecto de ley para reorganizar la legislación sobre cultos, pero no prosperó. Si bien ponía en pie de igualdad a la Iglesia católica con las iglesias evangélicas, el proyecto era fuertemente restrictivo para otras creencias que salieran de ese modelo cristiano.

De esta manera, es posible ver una continuidad en el proceso político de las iglesias evangélicas en general y de las pentecostales en particular: no hay una relación directa entre pertenencia religiosa y opción política. La dinámica de la democracia argentina no parece establecer un vínculo directo entre las creencias en el plano de lo moral-espiritual-religioso y las preferencias en términos electorales. Por su parte, las iglesias evangélicas no han logrado aún presentar una opción política que pueda incluir a las numerosas denominaciones locales o que se vuelva atractiva para votantes no necesariamente evangélicos⁷. Frente a esto, sin embargo, se han generado nuevas estrategias de participación política, y fundamentalmente, un intento de quebrar la desigualdad frente a la Iglesia católica.

Centralidad de las federaciones y política institucional «desde abajo»

En la actualidad, vemos una complejización del accionar evangélico en política, que no descarta totalmente la participación «desde arriba», pero busca al mismo tiempo nuevos caminos. Ejemplos de esta modalidad política más directa persisten en las intervenciones de iglesias evangélicas, mayormente pentecostales, en las manifestaciones en contra de proyectos de ley que amplíen derechos en materia de género, como la Ley de Educación Sexual Integral (esi), el matrimonio igualitario o el debate por la legalización del aborto. En estos temas han establecido alianzas con sectores católicos y se han manifestado numerosas veces en el espacio público, lo que visibilizó fuertemente su presencia como sector social con capacidad de presión en las calles. En este sentido, existen iniciativas de partidos interconfesionales con la finalidad de combatir la denominada «ideología de género»; uno de los últimos en crearse fue el «Partido Celeste», llamado así por el color de los pañuelos que articularon la lucha contra la legalización del aborto, en oposición a los pañuelos verdes que identifican a quienes la apoyan⁸.

Sin embargo, muchos pentecostales comprenden que la opción de acceso a cargos políticos por vía electoral es difícil, casi imposible si pensamos en partidos confesionales, por lo que iniciaron un proceso de acceso al poder «desde abajo», buscando obtener cargos públicos no electivos, tanto en las provincias como en los municipios, particularmente en líneas medias de la estructura estatal. En esta estrategia cobraron renovada importancia las asociaciones y federaciones evangélicas, ya que presentan un interlocutor viable para el Estado que, acostumbrado a los vínculos históricos con la Iglesia católica, prefiere establecer diálogos con representantes de grandes grupos más que con cada iglesia o pastor en particular. Esto es especialmente evidente en el caso de aciera, que reúne a un número importante de iglesias pentecostales y que se ha convertido en la vocera oficial de las posturas políticas del evangelismo pentecostal respecto a la política, lo que no quita que existan tensiones dentro de las federaciones. Por esta razón, aciera ha tendido a proponer una posición política apartidaria, que sin embargo deja abierta una ventana a propuestas concretas en diferentes espacios políticos. En este marco, la oposición a leyes sobre derechos sexuales y reproductivos constituye un piso de valores no negociables a la hora de dialogar con el Estado, a la vez que ha separado a aciera de otras federaciones más abiertas en estos temas, como la faie.

Ahora bien, el diálogo que puede establecer el Estado con las asociaciones es importante pero coyuntural, por lo que el acceso a cargos no electivos presenta otras potencialidades, ya que permite acciones a más largo plazo. Al mismo tiempo, estos cargos se encuentran en un nivel lo suficientemente bajo en el radar para no ser detectados por las grandes campañas que promueven la separación entre Iglesia (católica) y Estado, y con ello, la separación entre las religiones y el ámbito estatal. Esto se observa particularmente en un tipo específico de dependencias que existen tanto en los niveles provincial como municipal: las direcciones de culto. Estas oficinas, muchas de las cuales han surgido en los últimos diez años, tienen como objetivo primordial establecer vínculos entre el Estado local y las religiones el territorio. Cumplen por lo general con al menos dos tareas: facilitar la inscripción de las religiones no católicas en el Registro Nacional de Cultos y establecer un puente entre las necesidades de las religiones y el Estado, particularmente en lo que refiere a actividades en el espacio público y articulación de acción social.

En la provincia de Buenos Aires, las direcciones municipales de culto son una veintena, entre los 135 municipios bonaerenses, y están concentradas en el Conurbano, La Plata y alrededores, con excepción de la oficina de cultos de Bahía Blanca. La mayoría de estas direcciones municipales mantienen vínculos fluidos con las iglesias evangélicas locales, o tienen en la actualidad un director o directora evangélico pentecostal. Estas dependencias locales, muchas veces marginales incluso en el organigrama municipal, se convierten en espacios de articulación en dos niveles que las vuelven eficientes como vía de acceso al Estado. Por un lado, son oficinas cuyos encargados requieren de un cierto habitus religioso no siempre sencillo de encontrar en las líneas medias de gestión –porque no solo deben ser personas con cierta sensibilidad religiosa, sino que además deben estar dispuestas a mantener una postura más o menos abierta a religiones que les resultan desconocidas o extrañas–, y con el que muchos dirigentes evangélicos ya cuentan, teniendo incluso algunos una agenda interreligiosa en su haber. Por otro lado, si no se accede al cargo de dirección, se puede establecer un diálogo rápido con estas oficinas, pues las formas de las iglesias evangélicas son fácilmente traducibles a ese habitus católico secular que aún está presente en el imaginario de lo que es una religión para la mayoría de los argentinos. A la vez, la ubicación de estas oficinas en el gran organigrama estatal hace que por lo general no lleguen a ellas conflictos coyunturales que sí son espacios de debate en la arena política «desde arriba», y por lo tanto no se les requieren posiciones en temas como la despenalización del aborto o la implementación de la esi. Esto no quiere decir, sin embargo, que para algunos dirigentes, sobre todo cuando son pastores, el límite entre su función como empleados estatales y como líderes religiosos no sea problemático.

Esto es aún más destacable si tenemos en cuenta que las direcciones existen en municipios tanto peronistas como gobernados por Cambiemos –la alianza oficialista liderada por Mauricio Macri–, aunque se pueden ver algunos patrones diferenciados. Mientras que en los municipios peronistas la mayoría de los directores de culto son pastores o miembros destacados de comunidades evangélicas pentecostales, las direcciones que iniciaron o continuaron su gestión bajo el gobierno de Cambiemos provienen en su mayoría de trayectorias católicas, si bien en el último año se ha producido un incremento de direcciones gestionadas por evangélicos. Un caso interesante es el de La Matanza, jurisdicción gobernada por el peronismo kirchnerista, donde en 2018 se anunció la creación de una Subsecretaría de Culto que sería dirigida por un pastor pentecostal tras un acuerdo con la Iglesia católica⁹. De esta manera, hay una creciente presencia evangélica en estos espacios, siendo una vidriera de la capacidad de gestión, articulación y diálogo de las iglesias pentecostales con el Estado y con la sociedad en su conjunto. Si a esto sumamos la legitimidad que progresivamente han ganado las iglesias pentecostales en el espacio social debido a su trabajo en áreas como recuperación de adicciones, asistencia social y cárceles, podríamos afirmar que se está construyendo un perfil de político evangélico.

Proyecciones

¿Serán decisivos los fieles pentecostales en las próximas elecciones presidenciales? ¿Votarán todos como un bloque a opciones políticas de derecha? Luego de lo expuesto, podemos contestar que el panorama es todo menos sencillo. Claramente, las iglesias pentecostales están tomando una centralidad nada despreciable en la arena política, tanto «por arriba» como «por abajo». Sin embargo, esto no quiere decir que sus fieles actúen de forma monolítica en términos de participación política, ni que se pueda identificar a las iglesias pentecostales con una única opción partidaria. Lo que no se puede negar es que hoy hay una intención mayor que en el pasado de «meterse en política», que hay grandes sectores de estas iglesias que están dispuestos a manifestarse públicamente para defender su posición en temas coyunturales y que no hay temor por parte de los dirigentes religiosos de intervenir de forma directa en la estructura estatal. Esto lo entendió el Estado en el nivel local mucho antes de que se hiciera evidente en la opinión pública y por eso estableció vínculos de largo plazo con las iglesias pentecostales abriendo espacios a su intervención en las direcciones de culto, ya sea como directores o simplemente como integrantes de la comunidad a los que no se puede ignorar si se habla de diversidad religiosa y de los aportes que las religiones hacen en términos de asistencia social.Sabemos que en Argentina es poco probable que se conforme un partido político confesional con posibilidades reales de éxito, pero también sabemos que es plausible que, en una situación de coyuntura política local compleja y de giro a la derecha en términos internacionales, se pueda comenzar a evocar los principios y valores religiosos que descansan en ese habitus colectivo, incluso de sectores no religiosos, y que estos den paso a una fórmula electoral que se presente como un espacio de conservación de los «buenos valores» en un país en crisis constante, incluso de sus identidades. Se está conformando a la vez una clase política pentecostal, que participa en distintos sectores del arco político, desde el peronismo hasta Cambiemos, y que está ganando experiencia en gestión pública de cara a la sociedad en su conjunto.

En este sentido, es interesante pensar, en la actual coyuntura, de qué formas se puede interpelar al creyente desde posiciones más progresistas, de manera que se valore la diversidad religiosa como parte de las múltiples identidades en nuestra sociedad, a la vez que se llegue a acuerdos mínimos en temas tan polémicos como los que refieren a la salud sexual y reproductiva. Mirar lo que está sucediendo a escala local puede ser una herramienta interesante, pues allí están teniendo lugar experiencias diversas que dan paso al conocimiento cara a cara y a relaciones cotidianas en las que los múltiples prejuicios se reducen y se asumen nuevos desafíos en las relaciones entre religión y política.