Tema central

Pensar sobre la democracia, discutir sobre los derechos

Tomando como «ideal regulativo» el de la democracia deliberativa, es posible hacer una reflexión sobre los sistemas democráticos actualmente existentes en América Latina y sobre el recurso a instrumentos tales como los plebiscitos y las consultas populares. El caso del plebiscito celebrado recientemente en Colombia en torno del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC constituye un caso particular para avanzar en la reflexión y el debate.

Pensar sobre la democracia, discutir sobre los derechos

Escribo este texto a partir de una invitación que se me formulara para reflexionar en torno de lo que llamaría la «cuestión democrática». La invitación se encuentra motivada, según entiendo, por al menos dos hechos. Por un lado, seguramente, se halla la emergencia de algunos llamativos sucesos recientes, como lo fueran los resultados del plebiscito que se llevó a cabo en Colombia en torno del Acuerdo de Paz impulsado por el presidente Juan Manuel Santos, junto con los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (o algún otro plebiscito reciente, igualmente problemático, como el que favoreciera el Brexit en Reino Unido). Por otro lado, se encuentra mi declarada adhesión teórica a un modelo de democracia exigente –la democracia deliberativa– de base «mayoritarista», que incluye el compromiso con el debate público y los procesos de participación popular masiva. Tratando de honrar el convite, en lo que sigue presentaré algunas herramientas teóricas, relacionadas con un modelo de democracia deliberativa que nos permitirán, según espero, reflexionar mejor frente a sucesos recientes, como los plebiscitos en Colombia y en Reino Unido.

Anticipando la dirección de mis respuestas diré, en todo caso, que los resultados de estos plebiscitos no deben verse como sorprendentes, sino como muy comprensibles, dados los detalles propios de cada caso; que la democracia debe saber convivir con respuestas directamente contrarias a las que uno desea o espera (la discusión democrática –debiera ser obvio– puede no darnos la razón); que necesitamos refinar grandemente nuestro acercamiento al concepto de «democracia» (¿llamaríamos «democráticos» a los plebiscitos convocados en su momento por Augusto Pinochet en Chile o por Alberto Fujimori en Perú?); que debemos definir con claridad, también, cuál es nuestro «ideal regulativo» en la materia, para poder someter a mejor crítica a los no atractivos sistemas institucionales que dominan la época; que las cuestiones de «derechos» no merecen quedar blindadas o al margen de la discusión democrática.

¿Por qué nos interesa la democracia?

Permítanme comenzar haciendo la siguiente pregunta: ¿por qué tantos de nosotros estamos interesados en la democracia y, a partir de allí, en la promoción de instituciones más abiertas a la ciudadanía o en la celebración recurrente de discusiones públicas, e incluso en el eventual uso de plebiscitos? No tengo dudas de que la respuesta varía de persona en persona y de caso en caso (y por eso también mi motivación de escribir este texto), por lo que voy a concentrar mi respuesta en lo que muchos de «nosotros» podríamos decir. Me refiero, ahora, a un «nosotros» más estrecho y vinculado con lo que podemos pensar muchos de quienes defendemos un ideal de democracia deliberativa.

Pues bien, para muchos de quienes defendemos una idea deliberativa de la democracia –una idea que pone en el centro de la justificación de esta los rasgos de discusión pública e inclusión social con que la identificamos–, prácticas específicas como las audiencias públicas, los procesos de consulta, los plebiscitos, etc. merecen ser defendidos o alentados en la medida en que tales iniciativas estén vinculadas a y al servicio de aquella deliberación democrática. Esto quiere decir: no de otro modo. Esto quiere decir: no si tales instancias de participación no sirven para expandir las posibilidades de un debate inclusivo, igualitario. Nos importan tales instancias de deliberación inclusiva no por cualquier razón –no, por ejemplo, porque simplemente valoramos que la gente se involucre en política, o porque nos interesa que las políticas públicas sean debatidas–. Valoramos la discusión inclusiva, en primer lugar, porque asumimos, como lo hicieran John Stuart Mill o Robert Dahl, que «cada persona es el mejor juez de sus propios intereses»1, que nadie está en mejores condiciones que uno mismo para decidir de qué modo vivir su vida, y que nadie mejor que uno para determinar de qué modo su propia vida puede verse efectivamente afectada o beneficiada por alguna política pública particular.

En segundo lugar, valoramos la discusión colectiva porque asumimos que nuestra racionalidad es limitada; que todos (y no solo algunos) estamos sujetos a equivocarnos; que muchas veces tomamos decisiones erradas en razón de la falta de información o por nuestros prejuicios; que los demás pueden ayudarnos a corregir inconsistencias o fallas en nuestro razonamiento; q ue l a o bligación de argumentar en público nos fuerza a presentar nuestras posturas en términos que sean aceptables para los demás; etc. El debate ayuda a que –como dijera Robert Goodin– «limpiemos nuestras preferencias»2 mutuamente, contribuyendo de ese modo a tomar decisiones más imparciales, es decir, más respetuosas del punto de vista de todos los involucrados en ese proceso decisorio.

La defensa de ese objetivo deliberativo no debe ser confundida con una descripción de la realidad: de lo que se trata es, por el contrario, de definir un ideal regulativo que nos ayude a someter a crítica arreglos institucionales

particulares. Por ejemplo, desde ese ideal podemos sostener que una «deliberación entre expertos» –como la que defendiera célebremente Edmund Burke en los «debates de Bristol» de 17763– no es lo que buscamos cuando decimos que bregamos por mayores niveles de deliberación política. De modo similar, en Perú para autoplebiscitarse y luego de cerrar la institución del Congreso– tampoco nos interesa.

Un ideal regulativo como el arriba expuesto nos ayuda a detectar, más que los mejores arreglos institucionales imaginables, los peores rasgos del sistema institucional con el que convivimos, los rasgos que más requieren de reparos o correcciones urgentes. Uno podría referirse entonces, en Argentina, a los niveles inaceptables de exclusión social que existen y que impiden que amplias franjas de la población participen en política en un pie de igualdad con todos los demás; o mencionar la desigualdad económica que determina que algunos grupos tengan una voz amplificada para hacer conocer sus demandas, mientras que otras voces, tal vez mayoritarias, se encuentran virtualmente ausentes de la discusión pública; o señalar la injustificable imbricación que existe entre dinero y palabra; o el modo en que las desigualdades de acceso al financiamiento han contaminado la vida política, etc.