Opinión

Paraguay: ¿a quién beneficia la nueva crisis política?

La represión, el plan de ajuste y la voluntad reeleccionista de Horacio Cartés han abierto una crisis política en la que la ciudadanía tiene todavía mucho que decir.

Paraguay: ¿a quién beneficia la nueva crisis política?

Tras su asunción el 15 de agosto de 2013, el presidente Horacio Cartes acumuló en poco tiempo poderes inconstitucionales para militarizar el país, imponer su plan de ajuste en el marco de la «responsabilidad fiscal» y concesionar todos los servicios y bienes públicos con la Ley de Alianza Público-Privada (APP). El estruendo del aplauso mediático no cesaba.

La Ley de garantía y protección a las inversiones, el cuarto puntal de su programa, se hizo esperar hasta diciembre de 2015. Con esta norma se otorgaron a las empresas, de acuerdo al monto de inversión, congelamientos impositivos de 10 a 20 años y quedaron blindadas ante eventuales cambios en la política económica que puedan aplicar los próximos dos o cuatro gobiernos.

Además de recortar atribuciones y la capacidad de recaudación, se transfirió a futuras gestiones la carga de la deuda pública. En tres años esta se triplicó hasta llegar a USD 6.700 millones. Dentro de treinta años, la administración central de turno tendrá que vérselas con los tenedores de bonos y los intereses.

La tentación y la crisis

Por tercera vez consecutiva, un presidente en ejercicio no pudo evitar la tentación de buscar la reelección a través de la enmienda. (El procedimiento establecido en la Constitución es la reforma). Así, una nueva crisis política irrumpió en el año previo a las elecciones generales. En 2007 masivas protestas rechazaron un intento similar del entonces presidente Nicanor Duarte Frutos. La confrontación se disparó en 2012 con la Masacre de Curuguaty.

El 15 de junio de ese año fallecieron once campesinos y seis policías en un desalojo contra labriegos que reivindicaban la recuperación de tierras públicas en el departamento de Canindeyú (a unos 300 km de Asunción, frontera con el Brasil). El procedimiento fue realizado tras fuertes presiones de legisladores colorados y liberales. Consumados los actos, Fernando Lugo no supo administrar la crisis e hizo movimientos equivocados que terminaron por desgarrar los últimos girones de su frágil alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

El 22 de junio de 2012 fue destituido en un juicio político exprés. La prensa impuso la normalización insistiendo en que el Congreso utilizó la figura constitucional del juicio político, rechazando el calificativo de golpe parlamentario que ahora emplea con persistencia. La Embajada de EEUU se manifestó a favor de la legalidad del proceso, pero con reparos sobre el poco tiempo concedido a la defensa. En esta ocasión, por el contrario, reprobó la enmienda e instó a respetar los procedimientos constitucionales.

La expresión «quemar el Congreso» es el principal símbolo del disgusto ciudadano contra la clase política. El proyecto de enmienda fue aprobado el 31 de marzo en una sesión presidida por el vicepresidente segundo del Parlamento, el oficialista Julio César Velázquez. Días antes este declaró inhábiles al presidente del Congreso, el liberal Roberto Acevedo, y al vicepresidente, Eduardo Petta –ambos contrarios a la enmienda– por la supuesta incapacidad de poner orden en medio del griterío en la sala. Ahora la Corte Suprema de Justicia enfrenta su prueba de fuego: cómo resolver una medida de inconstitucionalidad presentada contra la decisión de los 25 senadores que deliberaron en una sala contigua al hemiciclo dejando plantado al presidente del Congreso.

El origen de las llamas

No existe posibilidad alguna de consenso entre las múltiples conjeturas sobre cómo un centenar de personas pudieron ingresar y quemar la sede del Congreso. Los sectores progresistas y de izquierda contrarios a la reelección festejaron el hecho como una victoria ciudadana resultante del hartazgo contra la clase política. El cartismo culpó a los medios y a sectores de la oposición liberal y sus aliados; los senadores encabezados por el presidente del Congreso acusaron a Cartes, Lugo y al liberal proenmienda Blas Llano por la violenta represión y el Frente Guasu responsabilizó a los poderes de facto que intentan frenar la candidatura de Lugo.

Lo que no pasó desapercibido es cómo la policía del gobierno más autoritario y represivo desde la dictadura de Alfredo Stroessner pudo ser rebasada de esa manera. Aún más, existió una orden de retirar a los antimotines para luego desatar una cacería en la que los policías irrumpieron a tiros en la sede del PLRA matando al dirigente juvenil Rodrigo Quintana y dejando varios heridos.

El Presidente intentó desligarse de las responsabilidades destituyendo a los jefes de seguridad. La Policía ensayó una fantástica historia. El suboficial Gustavo Florentín guardaba arresto domiciliario en la Comandancia por un caso de violencia doméstica. En un súbito arrebato guerrero, por cuenta propia decidió tomar las armas para dirigirse hasta el local liberal y descargar los tiros de una escopeta que tomó sin permiso.

Sin embargo, en las filmaciones se lo ve actuando bajo instrucciones de otros agentes. Florentín fue arrestado y otro antimotín fue imputado por lesión en el ejercicio de las funciones públicas. Por el lado de los manifestantes, hay 26 imputados. Para siete de ellos el Ministerio Público solicitó prisión preventiva y contra otros seis el arresto domiciliario bajo cargos de perturbación de la paz pública, daño al patrimonio común, entre otros.

El balance final plantea interrogantes sobre qué papel cumplió Cartes. Si bien muchos no le dan crédito para planificar una operación de bandera falsa de esta magnitud, el mandatario ha ubicado en puestos claves del gobierno a gerentes de sus empresas como asesores «ad honórem» y quienes serían los masterminds detrás de sus jugadas. Aunque el rechazo a la enmienda haya ganado esta batalla, Lugo ha perdido credibilidad y algunos de los potenciales candidatos opositores podrían enfrentar procesos penales.

La expresión visible de la pugna es la modificación de la Constitución. Los dos grandes redactores del orden del día de la agenda pública –los empresarios y propietarios de medios Aldo Zuccolillo y Antonio J. Vierci– denunciaron como golpe parlamentario el avance de la enmienda. No obstante, la cuestión de fondo sería que el elegido para frenar el «avance bolivariano» pretende ir muy lejos. Cartes escaló rápidamente concentrando más poder y riqueza conformando en apenas dos años un holding de una docena de medios que pretende disputarles el lugar de jueces de la República.

La fosa y el follaje

La mesa de diálogo para abordar la crisis fracasó. La coalición liderada por Lugo señala que su única coincidencia con el oficialismo es convocar a un referendo para que el máximo soberano –el pueblo– decida si quiere o no la reelección. En caso de que esta sea aprobada, aseguran que enfrentarán al cartismo para derrotarlo democráticamente en las elecciones. Ante este planteo se contraponen las dudas sobre el hecho de que Cartes, teniendo bajo su control todos los poderes del Estado, haga un pacto para terminar aceptando una derrota electoral.

A esto cabe añadir que detrás de las posiciones «institucionalistas» también yacen temores electorales. En las primarias coloradas se da por descontada la derrota de los «disidentes». Del lado de la oposición, el PLRA y el progresismo antiluguista no cuentan con un candidato con niveles de popularidad como los de Lugo, cuya figura fue potenciada por las poco gratas experiencias de los gobiernos de Federico Franco y el actual en funciones.

Finalmente, ¿podría existir de por medio alguna fosa con una falsa superficie cubierta por el follaje? Una tregua al interior del Partido Colorado y un arreglo con el PLRA no requeriría más que unas sencillas diligencias como el reparto de espacios de dirección aquí, allá y acullá. Mientras, los grupos progresistas y de izquierdas están enfrentados a muerte. Si además de esto consideramos la desproporcional correlación de fuerzas, entre bastidores se estarían zanjando asuntos de naturaleza muy distinta a la defensa de la Constitución y la voluntad del soberano.

Pie de página