Opinión

Para proteger y servir

¿Qué efecto tiene sobre nuestra libertad y nuestros derechos humanos el desarrollo permanente de la robótica?

Para proteger y servir

Las fuerzas policiales vienen usando robots desde hace más de una década para desactivar bombas y liberar rehenes, en tiroteos, vigilancia e inteligencia. Los robots hacen sobrevuelos de vigilancia o ingresan en edificios para entregar alimentos o teléfonos celulares a quienes toman rehenes. Durante un tiroteo en Nuevo México en 2010, se llegó incluso a utilizar un robot terrestre con gripper para arrastrar a una mujer lejos de sus armas.

Todo esto parece bastante razonable, pero hay inquietud entre los defensores de los derechos humanos por la creciente tendencia a armar los robots con lo que se denomina «armas no letales».

Desert Wolf, una compañía sudafricana, ha estado vendiendo drones Skunk armados con cuatro rifles de paintball que pueden disparar 80 balas de pimienta por segundo. Se vendieron 25 Skunks para disolver huelgas en Sudáfrica en 2014 y también a compradores extranjeros de identidad desconocida. Ahora solo les venderán a clientes que compren 50 o más, entre ellos, Turquía. La demanda creciente impulsó a la compañía a abrir una segunda planta de fabricación en Omán y está esperando firmar con Brasil. El uso de drones civiles armados para dispersar protestas y contener a la población se extenderá rápidamente, a menos que lo evitemos.

En Estados Unidos, Dakota de Norte aprobó hace poco el proyecto de ley 1328 que le permite a la policía equipar los cuadricópteros de uso habitual con «armas no letales». Entre ellas se incluyen pistolas paralizantes Taser que disparan dardos de 50.000 voltios. De acuerdo con Amnistía Internacional, el uso de estas pistolas ha resultado en 540 muertes entre 2001 y 2013 a manos de la policía estadounidense. En 2007, iRobot se unió con Taser para montar una Taser en su robot Packbot para desactivar bombas. Aunque no se conocen aún noticias de su utilización, la norma aprobada recientemente abre sin dudas las puertas para su uso.

Pero aun sin estas nuevas leyes la policía de EEUU ha equipado robots con armas de manera improvisada. La policía de Tennessee armó un robot con granadas de gas lacrimógeno para intentar la captura de un sospechoso en 2011. En cambio, terminó quemando su casa, cuando el sospechoso ni siquiera estaba ahí. Y en 2014, un equipo de SWAT de Albuquerque empleó un robot para atacar con municiones químicas a un sospechoso atrincherado en la habitación de un motel.

Entonces, cuando el 12 de julio de 2016 en Dallas se usó un robot de la policía para matar a un supuesto francotirador, es posible que se haya traspasado una línea roja. La peligrosa situación en Dallas, en la que 12 policías recibieron disparos, hizo aparecer como permisible la reconversión de un robot para aplicar fuerza letal. Cuando el sospechoso armado se rehusó a entregarse, se despachó un robot Remotec armado con explosivos plásticos para matarlo. No era Robocop ni operaba en forma autónoma. Era un robot para desactivar bombas controlado en forma remota por oficiales de la policía.

Parece haber habido una justificación clara para matar en este caso y los juristas se pronunciaron a favor de la probable legalidad de la acción. El jefe de la policía de Dallas afirmó: «Otras opciones habrían expuesto a nuestros oficiales a un gran peligro”. El alcalde de Dallas dijo que fue «la decisión correcta» y que no tendría ningún reparo en recurrir a la misma estrategia en el futuro. «Lo principal es evitar daños a nuestra policía».

Todos estamos de acuerdo en que es importante mantener a nuestra policía a salvo y en que los robots podrían evitarles daños, pero aceptar nuevos medios tecnológicos para matar puede tener serias consecuencias negativas para la sociedad. Que la policía se distancie de sus armas y de los sospechosos genera preocupación acerca de un cambio en la naturaleza del trabajo policial. ¿Creará la distancia la amortiguación de una telepresencia que deshumanice la aplicación de la violencia? Además, el incremento masivo de poder que surge de la convergencia de tecnologías revolucionarias emergentes como la robótica, el «big data», los biosensores y el «aprendizaje profundo» (deep learning) podría llevar a formas de trabajo policial totalmente nuevas e impensadas. Podrían cambiar las normas sobre lo que se considera criminal.

A diferencia de lo que sucede en el conflicto militar, a los oficiales de policía se les ordena que, dentro lo de lo posible, apliquen medios no violentos antes de recurrir al uso de armas de fuego. Cuando los medios no violentos resultan ineficaces, la necesidad exige que el nivel de fuerza utilizado se incremente de manera tan gradual como sea posible y que sea proporcional al delito que se está cometiendo. Negociar una decisión tan difícil con un robot podría ser excesivamente complicado.

El uso de un robot para matar en Dallas fue un salto gigantesco e inesperado que debería alarmarnos por el posible impacto en nuestros derechos humanos y en nuestras libertades individuales como consecuencia del constante avance de la tecnología robótica. Este precedente peligroso de militarización robótica aplicada al trabajo policial puede significar que las armas robóticas autónomas que se están desarrollando hoy para el conflicto armado podrían terminar amenazando algún día al mundo civil.

Una vez en su sitio y dadas las circunstancias correctas –como por ejemplo, una amenaza terrorista–, los robots podrían ser utilizados en gran número para «proteger» a los ciudadanos. Podrían convertirse en herramientas esenciales para identificar y rastrear a gran cantidad de personas. Con la amenaza persistente de nuevos ataques, sería difícil abandonarlos. En cualquier sociedad sería fácil abusar de los grandes poderes con que se investiría a los robots en la policía. Debemos preguntarnos si realmente queremos dotar a las autoridades del potencial para ese control.

Debemos prestar atención al tema hoy si queremos evitar la posibilidad de un futuro desolador de erosión gradual y progresiva de nuestros derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, a la libertad de movimiento, a la privacidad y a la protesta pacífica. Debemos evitar un futuro de control de la población y de normas cambiantes sobre lo que constituye una protesta pacífica.

El problema es que las nuevas leyes y los proyectos de ley se introducen ad hoc, de la misma forma que las aplicaciones robóticas, sin que haya una consideración conjunta sobre el impacto general en nuestro modo de vida. Se necesita con urgencia un nuevo proyecto de ley sobre derechos humanos tecnológicos para asegurar nuestras libertades individuales. Es preciso actuar a escala nacional e internacional para proteger a toda la gente.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es en este momento el organismo internacional mejor indicado para comenzar el proceso. La Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW, por sus siglas en inglés) es el comité de la ONU que decide sobre la prohibición de armas, pero su modus operandi habitual se refiere al uso de armas en contextos de conflicto. Respecto a la sociedad civil y el trabajo policial, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el organismo adecuado para establecer un marco legal para el uso de robots armados que proponga las condiciones para su posible aplicación en nombre del Estado. Necesitamos un sistema para asegurar la responsabilidad y la rendición de cuentas y necesitamos asegurar que los nuevos desarrollos legales en la ley internacional también se reflejen en las leyes nacionales.

Sin embargo, es un problema general que la ONU se mueve con lentitud y que no está preparada para mantenerse al día con el rápido avance de los desarrollos tecnológicos. Y no es fácil captar su atención. Necesitamos con urgencia un organismo que reaccione con mayor rapidez y que se ocupe de los derechos humanos tecnológicos. No podemos darnos el lujo de esperar a que el uso de robots armados se difunda ampliamente y se convierta en una nueva norma aceptada para el trabajo policial.

Fuente: IPG
Traducción: María Alejandra Cucchi

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