Opinión

Para acabar con los paraísos fiscales

Para combatir la evasión impositiva se precisa un compromiso real que evite el poderío absoluto de las empresas transnacionales.

Para acabar con los paraísos fiscales

La evasión impositiva y los flujos financieros ilícitos surgieron como una preocupación importante para las organizaciones de la sociedad civil alrededor del año 2000. Desde entonces, lo que comenzó como un goteo de casos que se hacían públicos de grandes empresas transnacionales, como Google y Starbucks, que no pagaban los impuestos que les correspondían –incluso en los países ricos– pasó a ser un torrente. Es de conocimiento público que la evasión fiscal afecta tanto a los países industrializados como aquellos en desarrollo. Afortunadamente, el tema impositivo se ha vuelto prioritario en las agendas políticas regionales, nacionales y multilaterales, lo que representa un avance significativo. Pero todavía no hemos encontrado una solución global a este, el más global de los problemas. Urge reformar las reglas impositivas internacionales, pero para hacerlo eficazmente, es necesario que los países en desarrollo se involucren en su elaboración.

Se están implementando varias iniciativas nuevas fuera del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para abordar temas impositivos internacionales. Muchas de ellas son iniciadas y lideradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuya pericia y capacidad en temas impositivos no tiene parangón entre las instituciones multilaterales.

La OCDE es un «club de ricos» que comprende 35 naciones industrializadas. No puede proclamar neutralidad. En 2013, el G-20 le encomendó a la OCDE que propusiera una serie de reformas a las normas impositivas internacionales a través de su proyecto de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). Se elaboraron 2.000 páginas de decisiones sin participación de la mayoría de los países en desarrollo. Es claro que no se trató de un proceso democrático.

Esto no significa que la OCDE no tenga derecho a iniciar un debate. Pero muchos de sus miembros insisten en mantener las negociaciones importantes sobre impuestos internacionales en el marco de la organización. Consideran que las decisiones tomadas en los foros de la OCDE son estándares «globales», a pesar del limitado número de miembros de la organización. Y las iniciativas lideradas por la OCDE son utilizadas para justificar el rechazo a las propuestas de llevar temas impositivos a la ONU, lo que permitiría a todos los países negociar y dar forma a la agenda impositiva sobre una base igualitaria.

Transparencia: liderar con el ejemplo

Cuando se trata de enfrentar a los evasores de impuestos, es necesario que haya un proceso intergubernamental en el que el público tenga acceso a los documentos, los procedimientos, las posiciones de los gobiernos y las decisiones de las negociaciones. Solo un proceso intergubernamental transparente puede asegurar que las posiciones de negociación de los Estados respeten el interés público y permite que los gobiernos deban rendir cuentas frente a la gente por lo que hacen y lo que no. Los procesos poco claros y a puertas cerradas habilitan a los países ricos a ejercer una influencia desproporcionada en las posiciones de negociación, moldeadas por intereses creados. Una reforma de las reglas impositivas beneficiaría en verdad a todos.

Un buen ejemplo es el paquete BEPS de la OCDE. El proyecto BEPS hace referencia a las estrategias de elusión de impuestos que explotan lagunas en las normas impositivas para trasladar las ganancias hacia lugares donde la carga impositiva es baja o nula. Este paquete no logra abordar algunos de los principales temas en términos de impuestos internacionales, tales como la desenfrenada «carrera a la baja» entre países, o la cuestión de si los ingresos o las ganancias que generan las actividades internacionales se gravan en el país donde se produce el ingreso (el país de origen) o donde se basa nominalmente la persona jurídica que percibió el ingreso gravable. El paquete BEPS aplica el principio de plena competencia (arm’s length principle), por el cual todas las partes en una transacción son tratadas como si fueran independientes y estuvieran en pie de igualdad. Se supone que esto previene que empresas relacionadas distorsionen en forma artificial el precio al que registran una operación, pero por lo general en la práctica resulta ineficaz. Les sigue dando a las empresas transnacionales mucho margen de acción para decidir a qué lugar del mundo trasladar sus ganancias.

Sería preferible que existiera un sistema de «imposición unitaria», por el cual una empresa es gravada sobre la base de su facturación mundial, y no por sus ingresos en el país de la autoridad fiscal. Luego se prorratearían las cuentas impositivas de acuerdo con factores del mundo real tales como el lugar de residencia de la compañía, dónde tiene sus activos y de qué países provienen los recursos de los que depende para sus operaciones comerciales.

Un ejemplo de este sistema es la base imponible común consolidada del impuesto sobre sociedades (BICCIS), propuesta por la Comisión Europea en 2011 como un conjunto único de reglas que las empresas transnacionales podrían utilizar para calcular sus ganancias gravables en la Unión Europea. Se identificaría la base imponible del grupo empresarial en su totalidad, sin tener en cuenta las artimañas implementadas en los casos de transacciones entre filiales. Los beneficios imponibles se prorratearían de forma tal que se vea reflejada la actividad real de la empresa en cada país. Dado que se consideró que la propuesta original era demasiado «ambiciosa» para ser implementada de una sola vez, la Comisión está considerando aplicar una política similar en etapas.

El mismo enfoque de la BICCIS debería utilizarse internacionalmente. Contribuiría a minimizar la competencia impositiva entre Estados y a limitar los intentos de las empresas transnacionales de evitar el pago de impuestos trasladando ingresos desde países con alta carga impositiva a filiales localizadas en jurisdicciones con bajas tasas.

Como se indicó con anterioridad, el paquete BEPS no es el resultado de una negociación con el acuerdo de la mayoría de los Estados miembros de la ONU. La OCDE ha creado ahora el llamado «Marco inclusivo», abierto a todas las jurisdicciones, para implementar los resultados de BEPS y fijar estándares «respecto de los temas pendientes en relación con BEPS». Todos los miembros tienen que acordar estos estándares, lo que significa que paraísos fiscales como Jersey y la Isla de Man también tienen poder de decisión. Dado que el interés de estos territorios es la protección de su estatus como paraísos fiscales, la necesidad de su consentimiento con seguridad conducirá a diluir cualquier propuesta para acabar con el traslado deshonesto de ganancias. Como lo ha expresado el Grupo de Seguimiento de BEPS, un grupo independiente, estas propuestas serían «perjudiciales para todos, ya que una coordinación débil del sistema impositivo internacional afecta la capacidad de cada país de aplicar normas impositivas eficaces a las empresas transnacionales y, por ende, su soberanía».

Enfrentar la evasión fiscal con una legislación tan suave es como tratar de tapar agujeros con un colador. La creación de capacidades en los países en desarrollo para manejar reglas defectuosas no evitará la evasión impositiva.

La evasión y la elusión fiscal no se producen por la falta de capacidad para recaudar impuestos, sino que son parte de una estrategia de negocios deliberada por parte de las empresas transnacionales y de individuos ricos, con el apoyo de una red de facilitadores tales como bancos, empresas auditoras, consejeros legales y jurisdicciones con secreto fiscal.

Encontrar una solución global a la evasión y la elusión impositiva global será sin duda un proceso difícil, desordenado y prolongado. Pero la transparencia y el compromiso de todos los países son fundamentales, como así también el compromiso de la ONU.


Traducción: María Alejandra Cucchi

Este artículo fue publicado en International Politics and Society.