Entrevista

Pánico, violencia y crisis en las cárceles de América Latina Entrevista a Gustavo Fondevila

El sistema carcelario de América Latina está en crisis. El incumplimiento de los derechos básicos de los presos redunda en motines y rebeliones. La situación general es preocupante y las propuestas políticas de reforma brillan por su ausencia.

Pánico, violencia y crisis en las cárceles de América Latina / Entrevista a Gustavo Fondevila

Durante el último año, se han producido un importante número sublevaciones carcelarias en América Latina. Ha habido episodios muy comentados en diversos países de la región y esto ha encendido las alertas de las autoridades públicas. ¿Por qué se produce esta situación? ¿Cuál es el trasfondo que lleva a los motines y a las protestas carcelarias?

En los últimos años, el incremento de la criminalidad en la región fue atendido con políticas de encarcelamiento masivo (aumento de sentencias y de delitos encarcelables). Esto significó una enorme presión sobre el sistema penitenciario porque el aumento de la inversión presupuestaria en el sector se vio ampliamente superada por el aumento de la población carcelaria. Por ejemplo, la población carcelaria de Brasil se triplicó en apenas dieciséis años, sin embargo, el presupuesto apenas tuvo un aumento del 20%.

Este desfasaje ha provocado un empeoramiento progresivo de las condiciones de vida en prisión. Y esto no implica solamente hacinamiento, falta de agua, comida de mala calidad o falta de limpieza, sino también un deterioro de las condiciones de seguridad por falta de custodios, equipos de vigilancia, y programas de rehabilitación, entre otras cuestiones. En este contexto, el aumento de motines, la violencia carcelaria y las sublevaciones se deben a reclamos por mejoras de la situación de los presos o bien a enfrentamientos entre las pandillas y los grupos delictivos que controlan los mercados ilegales que se forman al interior de las prisiones para satisfacer las necesidades de las personas privadas de su libertad.

En diversos países, organizaciones de derechos humanos han denunciado situaciones muy críticas en torno al sistema carcelario de nuestra región. ¿Cómo está hoy el sistema carcelario en América Latina y cuáles son sus principales problemas?

Sin lugar a dudas, en las cárceles coexisten tres grandes problemáticas. La primera es la sobrepoblación. Por ejemplo, en El Salvador la tasa de ocupación carcelaria llegó al 348,2% en agosto del año pasado y en la actualidad ronda el 375%, lo que significa que en una celda de una persona hay prácticamente cuatro: la misma presión (4 a 1) se ejerce en los baños, comidas, y programas de rehabilitación.

El segundo problema son las condiciones de vida en la cárcel. La presión del hacinamiento se traslada al resto de los servicios: por ejemplo, el 39,6% de los privados de la libertad en Brasil no tienen agua potable, el 55,5% de esa misma población no tiene atención médica, el 75,8% de la población carcelaria de Argentina considera que no tiene suficiente alimento, el 40,8% de los internos de El Salvador afirma no tener limpieza en sus baños, el 69,2% de los presos chilenos no tienen acceso a un teléfono público, el 57,5 de las personas privadas de la libertad en México no tienen acceso a materiales de lectura (periódicos)1.

Por último, y como efecto de esta situación de recursos escasos y bajo control institucional, se encuentra la problemática de la violencia al interior de las prisiones. Por ejemplo, el 73,2% de los internos (entrevistados) de Chile afirman haber presenciado violencia (golpes) entre personas privadas de su libertad, en Argentina el 10,5% de los presos afirman haber visto violaciones en la cárcel y el 2,3% haberlas sufrido ellos mismos2.

Distintos expertos han afirmado que las cárceles de América Latina están «superpobladas». ¿Cuáles son los principales problemas que genera esta situación? ¿Es posible que, ante la cantidad de reclusos, las fuerzas policiales y de seguridad carcelaria no puedan controlar la situación de las prisiones? ¿Ha habido momentos de «autogobierno» de los presos?

El aumento de la población y el rezago de la inversión ha generado que la seguridad de las prisiones se haya deteriorado rápidamente: por ejemplo, la cantidad de presos por custodio en El Salvador es de 19,7 y en Perú es de 9. Eso significa que, por ejemplo en el caso de El Salvador, hay casi veinte presos por cada guardia. Solo este dato señala el bajísimo grado de seguridad del sistema penitenciario salvadoreño. En prisiones de alta seguridad europeas se acostumbra a tener 3 custodios por cada persona privada de la libertad. Esta debilidad institucional, sumada a un contexto de privación de necesidades básicas, crea mercados ilegales de productos (desde alcohol a sexo) que son comerciados al interior de esas cárceles. Controlar esos mercados es controlar las prisiones. Este hecho implica, de facto, una situación de autogobierno porque esos mercados están manejados por grupos criminales organizados. En ocasiones, este autogobierno está favorecido por las políticas carcelarias de concentración de integrantes de pandillas en un solo penal: por ejemplo: el 97,1% de la población de la cárcel de Ciudad Barrios de El Salvador pertenece a la misma pandilla (Mara Salvatrucha).

¿Qué pasa con los derechos humanos de los detenidos? ¿Se están respetando los protocolos y las normativas de respeto a los reclusos o también se evidencian casos de tortura, de violaciones a la intimidad de los presos y las presas, de abusos por parte de las autoridades?

Más allá de la violencia ejercida por custodios (golpizas) o la requisa de las visitas, violación al derecho a la intimidad, o simplemente los cobros indebidos (por ejemplo, en la Ciudad de México el 80% de las visitas paga para poder entrar comida a sus familiares, 82% por llevarle objetos, el 69% por la ropa), la principal violación de derechos humanos es no proveer a personas encerradas de los elementos mínimos para su supervivencia en prisión. Por ejemplo, en Ciudad de México, el sistema penitenciario solo provee sábanas al 1%, cobijas al 3%, ropa al 1% y calzado al 1% de la población3. Básicamente, todos los presos y presas deben proveerse de esos elementos a través de sus familias lo que recarga la economía familiar de las poblaciones más vulnerables. Este es uno de los dramas de derechos humanos más ocultos del sistema carcelario de la región.

Tanto las sublevaciones como las situaciones de hacinamiento y violaciones de derechos humanos exigen una serie de cambios en la administración de las políticas carcelarias. ¿Qué políticas cree que deberían comenzar a adoptar los Estados de la región para avanzar en esta materia?

El problema es muy complejo porque, por un lado, los políticos se sienten obligados a atender los reclamos ciudadanos de más seguridad y prisión, pero por otra parte la prisión se ha agotado como mecanismo de solución de la criminalidad: ya no es castigo ni disuasión del delito. De hecho, ni siquiera detiene los delitos: el 23,8% de los privados de la libertad en la región afirma saber de delitos cometidos fuera de la prisión pero organizados desde su interior. En algunos sistemas penitenciarios, ese porcentaje llega al 36,5% (Chile): extorsión, tráfico de drogas, robo y secuestro4. La prisión es un problema criminal en sí mismo. Una posible solución es una combinación de medidas: desincentivar la cárcel como única solución a todos los problemas delictivos, invertir en prevención social del delito, etc. Cada una de estas medidas implica decisiones de largo plazo (impopulares a corto plazo). Esto significa que el político que las tome va a pagar el costo de asumirlas pero no verá sus beneficios.


Gustavo Fondevila es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México. Es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Se especializa en el estudio del funcionamiento de las instituciones de justicia y en el sistema carcelario de América Latina.


  • 1.

    Encuesta a población en reclusión en Latinoamérica (PNUD).


  • 2.

    Encuesta a población en reclusión en Latinoamérica (PNUD).

  • 3.

    Bergman, M.; Fondevila, G.; Vilalta, C. y Azaola, E. (2014). «Delito y Cárcel en México, deterioro social y desempeño institucional. Reporte histórico de la población carcelaria en el Distrito Federal y el Estado de México, 2002 a 2013: Indicadores clave». México: CIDE.


  • 4.

    Fuente: Encuesta a población en reclusión en Latinoamérica (PNUD).

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