Coyuntura

«Panamá Papers»: medios, geopolítica y negocios

Las megafiltraciones de los últimos años –WikiLeaks, las revelaciones de Edward Snowden y las más recientes, conocidas como «Panamá Papers»– han servido para poner en evidencia la cara «oculta» del poder –político y económico– global, a menudo de forma espectacular. Pero, al mismo tiempo, grupos mediáticos, geopolítica y negocios tejen un entramado que pone en cuestión a los propios medios que difunden, pero también seleccionan, las filtraciones, así como el ejercicio del periodismo y el acceso a la información en esta «era global».

«Panamá Papers»: medios, geopolítica y negocios

Las megafiltraciones desnudan y exponen el lado oscuro de grandes actores del poder mundial. Los secretos de la diplomacia de la primera potencia mundial, en el caso del llamado «Cablegate» de WikiLeaks; el espionaje masivo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña a través de teléfonos e internet, en el caso de las revelaciones del ex-espía Edward Snowden; la utilización de los poderosos y sus empresas de paraísos fiscales para ocultar movimientos financieros, en el caso de los «Panamá Papers» que acaban de aparecer.

Pero eso no es todo. Las megafiltraciones también interpelan y exhiben las limitaciones y complicidades de los grandes medios de comunicación y las de una profesión, el periodismo, que se encuentra en crisis o reformulación debido a los procesos de avance tecnológico y concentración empresarial que la atraviesan. El avance tecnológico hace que hoy prácticamente todos seamos periodistas en cuanto al uso y manejo de un medio de comunicación, ya sea una página web, un blog o simplemente una cuenta de red social. Las nuevas tecnologías también hacen posibles las megafiltraciones y dinamitan la relación tradicional entre fuente y transmisor, es decir entre filtrador y periodista. Parafraseando a Marshall McLuhan, hoy «el medio es la megafiltración». Por otra parte, en los últimos años los medios tradicionales han sufrido una profunda transformación. Pasaron de ser empresas familiares relativamente autosuficientes y sin grandes vinculaciones económicas a seguir un modelo de megaempresas mediáticas privadas, estatales o mixtas, que manejan decenas o centenares de medios en múltiples mercados y plataformas, y que además forman parte de o están vinculadas a grandes grupos económicos que controlan distintos mercados infocomunicacionales (televisión por cable, celular, cine, televisión abierta, transmisiones y marketing deportivo, etc.). Esos vínculos producen conflictos de interés que dificultan la tarea de equilibrio periodístico a los empleados de los grupos. En consecuencia, cada vez más informaciones son silenciadas porque los grandes medios tienen más para ocultar que para mostrar.

A esto hay que sumarle que los anunciantes de estos medios también se han reducido y concentrado debido a la competencia de internet, mientras que los costos de producción periodística se han reducido notablemente debido a la tecnología. Pero pese a esto último, la relación de fuerzas entre anunciantes y medios tradicionales se ha alterado fuertemente en favor de los anunciantes, lo que genera aún más conflictos de interés y razones para no contar en los medios tradicionales, hoy temerosos de perder a sus principales sponsors, quienes a su vez se sienten cada vez más poderosos porque invierten más dinero en los medios que sus propios dueños.Sin embargo, a falta de un modelo noticioso alternativo de alcance masivo, los megafiltradores todavía dependen de los grandes medios para difundir, pero sobre todo para hacer accesible la montaña de datos y darle espesor narrativo a lo que intentan denunciar. Claro que todo ejercicio de edición conlleva una dosis de censura. Por eso los filtradores pagan un precio al pactar con los grandes medios, que es nada menos que la pérdida de control de esos datos por los que ellos violaron leyes, arriesgaron sus vidas y, en algunos casos, hipotecaron su futuro, como en el caso de Snowden, Chelsea Manning y Julian Assange, entre otros.

A su vez, los grandes medios, la gran mayoría con su influencia, su circulación y sus ganancias en caída libre porque las noticias son gratis en internet, también necesitan a los grandes filtradores para mantener su vigencia. Entonces aceptan publicar aunque las megafiltraciones los expongan a límites éticos rayanos con el robo, el fraude o incluso la traición a la patria. Así surge esta alianza incómoda entre grandes medios y megafiltradores, este pacto mefistofélico, como lo describió Martín Becerra1. Y el pacto funciona, a veces mejor, a veces peor.

Más allá de los intereses comerciales que atraviesan la negociación entre filtradores y grandes medios, aparece un ingrediente no menor que es el de la geopolítica. Hasta ahora todas las megafiltraciones surgieron de instituciones de Occidente y los megafiltradores provienen de esa región. Ahora bien: los gobiernos y sus burocracias son las principales fuentes de información de los grandes medios y estos deben convivir y trabajar con esas fuentes una vez que las megafiltraciones se agotaron. Entonces, los grandes medios tienden a suavizar el impacto de sus publicaciones con respecto a esas fuentes. Esto pudo verse claramente en el caso del «Cablegate», cuando el diario estadounidense The New York Times focalizó su reporte en los casos de corrupción y abuso de autoridad de gobiernos extranjeros que los diplomáticos estadounidenses describían en sus informes. En cambio, el periódico británico The Guardian –que no está tan cerca de los intereses de Washington– y otros medios más periféricos y alternativos se encargaron de difundir cómo las embajadas estadounidenses interfirieron en distintos países, tanto para menoscabar a gobiernos que no les resultaban simpáticos como para promover leyes y decisiones en favor de sus objetivos políticos y de las necesidades y los deseos de sus empresas.

Así, las megafiltraciones son las «bombas atómicas» de la nueva Guerra Fría. No es casualidad que, tras sus respectivas megafiltraciones, Assange y Snowden hayan tenido que asilarse o exiliarse en países enfrentados con eeuu (en la embajada ecuatoriana en Londres el primero y en Moscú el segundo), mientras que Chelsea Manning fue condenado por terrorismo. De modo inverso, en el caso de los «Panamá Papers», fue el presidente ruso Vladímir Putin quien denunció la megafiltración como un ataque de eeuu, ya que ningún funcionario de ese país aparece comprometido por las publicaciones, mientras que el mayor impacto recayó sobre el círculo íntimo de presidente ruso y el de su colega chino Xi Jinping. En este contexto, no parece casual que la principal herramienta que utilizan los megafiltradores, la encriptación, sea considerada un «arma auxiliar» por el Departamento de Estado de eeuu2. Vistas de esta manera, las megafiltraciones diluyen la frontera entre el periodismo y el terrorismo, entre el derecho a informar y la traición a la patria.

Sin embargo, la onda expansiva de las megafiltraciones se extiende más allá de las superpotencias y en cada país estas impactan de manera distinta, según la particular alquimia resultante de los contenidos, los transmisores (medios y periodistas), los receptores (opinión pública y gobiernos) y sus respectivos intereses. Veamos, por ejemplo, cómo se dieron las cosas en Argentina. En el caso del «Cablegate», los grandes diarios de uno y otro lado de la «grieta» que vive el país se hicieron un festín con cables estadounidenses que hablaban de sus respectivos enemigos políticos. Pero esos medios en su totalidad se negaron a publicar los informes referidos al Grupo Clarín, al diario La Nación y a reconocidos periodistas como Jorge Lanata y Joaquín Morales Solá. Sin embargo, después de darle inicialmente la exclusividad al diario Página/12 y luego a La Nación, WikiLeaks hizo públicos todos los cables que había entregado a esos diarios y así, a través de libros, blogs y demás formatos alternativos, se pudo conocer toda la información de la megafiltración que los grandes medios habían ignorado o directamente intentado ocultar.

Después vino la filtración de Snowden. Casi toda la información fue difundida por el periódico inglés The Guardian, que tiene la particularidad de funcionar como una fundación sin fines de lucro solventada por la herencia de un millonario, con el único fin de mantener la independencia del diario de financiamiento externo. En Argentina, los medios transmitieron la información con cierta distancia, ya que ninguna revelación parecía referirse específicamente a este país. Debido a la confrontación ideológica que en ese momento planteaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respecto de eeuu y, en menor medida, también de Gran Bretaña, los medios más cercanos al oficialismo fueron los que más destacaron a modo de denuncia la información referida al espionaje masivo e indiscriminado de las agencias de inteligencia estadounidenses y británicas. En cambio, los medios más enfrentados con el gobierno argentino optaron por una mirada más tecnológica, como si las revelaciones de Snowden fueran una consecuencia casi inevitable de la revolución infocomunicacional, dando por descontado que los adversarios de Washington utilizan los mismos métodos.

Sin embargo, la mayoría de los documentos de Snowden nunca se dio a conocer. Primero, porque el gobierno británico allanó el diario y ordenó a su director quemar los discos duros con los datos en presencia de las autoridades. Segundo, porque el periodista que contactó a Snowden con The Guardian y escribió los principales artículos sobre el tema, Glenn Greenwald, dejó el diario al ser contratado por un sitio de internet dedicado a la investigación periodística llamado The Intercept, cuyo dueño es el fundador de E-Bay, Pierre Omidyar. Y este, al parecer, está más interesado en tener una herramienta periodística para defenderse de las interferencias en su negocio de los servicios de inteligencia de eeuu que en la difusión completa de la información que posee. Entonces, por ejemplo, no se ha publicado una línea de lo que dicen los documentos pillados por Snowden sobre la Guerra de Iraq. También se sabe que la información extraída por el ex-espía incluye datos sobre espionaje inglés a blancos argentinos vinculados a las Islas Malvinas, y no es casualidad que Fernández de Kirchner sea la única jefa de Estado que se sabe que se reunió con Snowden en Rusia. Pero toda esa información, que solo poseen Snowden y dos o tres periodistas, todavía no vio la luz, y es difícil que eso suceda mientras el ex-espía filtrador negocia su regreso a eeuu.

Finalmente llegaron los «Panamá Papers», de la mano del diario alemán Süddeutsche Zeitung y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El consorcio, a su vez, los repartió entre 100 medios de todo el mundo, incluidos el diario La Nación y Canal 13 en Argentina, este último perteneciente al Grupo Clarín. Según explicó La Nación, en los documentos que le fueron entregados hay unos 540 nombres de argentinos vinculados a empresas ubicadas en paraísos fiscales. Sin embargo, a pesar de que los periodistas tuvieron varios meses para trabajar los documentos mientras la información permanecía embargada para que pudieran completar sus investigaciones, al principio las revelaciones se limitaron a unos pocos casos. En el primer día, La Nación puso en tapa un artículo compuesto por cables de agencias internacionales que apenas mencionaba en una línea cerca del final del texto que el actual presidente Mauricio Macri figuraba en una cuenta radicada en un paraíso fiscal, acaso una de las revelaciones más impactantes de toda la megafiltración. En cambio, el artículo sobre la situación de Macri, firmado por el reconocido periodista Hugo Alconada Mon, encargado de analizar la información enviada al diario, fue relegado a páginas internas del periódico y acompañado por un texto en el que especialistas tributarios aseguran que «invertir» (o sea esconder) dinero en paraísos fiscales no constituye un delito3. Junto con esa información, en los primeros días de la megafiltración, La Nación publicó unos pocos casos que pueden dividirse en tres grupos. Primero, los argentinos con trascendencia internacional que no pueden ser ocultados por los medios locales porque sus historias serían publicadas por otros miembros del consorcio, como es el caso del presidente Macri y de la estrella del fútbol Lionel Messi. Segundo, el típico funcionario público, en este caso el alcalde del municipio de Lanús, Néstor Grindetti, un ejemplo de que el «Estado bobo» siempre es un blanco fácil para este tipo de investigación periodística. Finalmente, aparecen los socios y allegados a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, que hace rato vienen siendo investigados por La Nación y Clarín como cómplices necesarios de la llamada «ruta del dinero» de los ex-presidentes Néstor Kirchner (ya fallecido) y Cristina Fernández de Kirchner, con quienes los medios tradicionales mantienen un duro enfrentamiento desde hace varios años. De los otros más de 500, ni noticias, a pesar de que era fácil sospechar que entre esos nombres figuraría buena parte del empresariado argentino.

El misterio se mantuvo hasta tres semanas después de que La Nación empezara a publicar y más de cuatro meses después de que sus periodistas recibieran el primer paquete de documentos. Solo después de que La Nación fuera criticada por The New York Times, por el Süddeutsche Zeitung y por Cristina Fernández de Kirchner, entre muchos otros, por retacear información y cuidar la imagen del presidente Macri en sus textos; solo después de que recordáramos en artículos y programas de televisión que hace poco más de una década la revista El Guardián del banquero Raúl Moneta publicó con lujo de detalles cómo la familia Saguier habría comprado el diario La Nación a sus primos los Mitre utilizando dinero canalizado a través de sociedades offshore en el paraíso fiscal de Islas Caimán; solo entonces La Nación tomó dos decisiones para transparentar más su información.

Primero, publicó en sus páginas interiores un breve comunicado de prensa (y no un artículo periodístico) informando que uno de sus dueños, Luis Saguier, figuraba en una empresa panameña, aunque según el diario se trató de una contingencia relacionada con una venta, una anécdota comercial sin trascendencia alguna4. Segundo, en un artículo que fue incluido un día lunes en el interior del diario, La Nación publicó el nombre de más de una docena de empresarios con empresas offshore, varios de ellos importantes anunciantes o socios del periódico. El artículo le dedicó un párrafo a cada caso, empezando con el nombre de la empresa offshore y luego la explicación del empresario de por qué lo hizo y por qué no tiene nada de malo haberlo hecho. Así, el diario se cubrió de que esos nombres aparecieran en otros medios y, en paralelo, de sufrir una situación por demás incómoda, dado que desde el primer día el consorcio había avisado que a principios de mayo daría a conocer una lista completa de las empresas que aparecen nombradas en la megafiltración. Fuentes del consorcio aclaran que al frente de muchas de estas empresas están testaferros y que los verdaderos responsables, quienes ostentan el poder legal para hacer movimientos financieros en estas firmas, solo aparecen en los correos electrónicos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca. Y a esa información, la de los correos electrónicos, solo tendrán acceso los periodistas elegidos por el consorcio para divulgar la megafiltración.

Sin acceso a los documentos, es difícil saber cuánta información ha sido filtrada. Pero no deja de llamar la atención que entre las decenas de personalidades denunciadas en todo el mundo a partir de los «Panamá Papers» casi no figuren empresarios de medios, y que de los pocos que sí figuran, como Luis Saguier, la información al respecto sea tan escueta como exculpatoria. Tampoco se puede apreciar que los medios de la competencia hagan mucho esfuerzo por obtener los «Panamá Papers», no vaya a ser que ellos, o sus allegados, figuren también en la nómina. El problema para los grandes medios es que ya son más de 400 periodistas en todo el mundo los que han trabajado con la información filtrada y eso hace probable que tarde o temprano los datos silenciados, si es que existen, lleguen a manos de medios alternativos que no tienen conflictos de interés con los dueños de las titulares offshore. Por eso prefieren revelar a regañadientes información que les resulta evidentemente incómoda. No podemos saber si queda algún dato comprometedor oculto en la maraña de papeles, pero sí sabemos que cuanta más gente comparte un secreto, más alto es el costo de silenciarlo.

Cuando el costo del ocultamiento de un dato es demasiado alto para una empresa que vive de su reputación como divulgadora de información cierta, solo queda atenuar el impacto de la revelación a través de la interpretación de ese dato. En ese caso, hay que decir que los paraísos fiscales no son simplemente cuevas de evasión impositiva al servicio de los ricos y famosos, como da a entender el relato periodístico que hoy surge de los «Panamá Papers». Son, sobre todo, instrumentos financieros de las grandes corporaciones. Forman parte del sistema capitalista globalizado que impone sus normas por encima de la voluntad de los gobiernos y actores sociales que lo cuestionan. Dentro de este sistema, los llamados «medios de comunicación tradicionales» ya no son medios en tanto mediadores entre distintos factores de poder. Han mutado de medios a extremos, extremos de grandes corporaciones, narradores de relatos hegemónicos o que pretenden serlo, antes que descubridores de verdades incómodas. La megafiltraciones, en sus distintas variaciones, a medida que se hacen cada vez más frecuentes, muestran los límites del periodismo tal como lo conocemos y vacían de contendido la pretensión de equilibrio e independencia de los grandes medios, incluso de aquellos que alguna vez pudieron serlo.

  • 1.

    M. Becerra: «Prólogo» en S. O’Donnell: Argen-Leaks. Los cables de WikiLeaks sobre la Argentina, de la a a la z, Sudamericana, Buenos Aires, 2011.

  • 2.

    «International Traffic in Arms Regulations» en Epic.org, <https://epic.org/crypto/export_controls/itar.html>.

  • 3.

    Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y H. Alconada Mon: «Panamá Papers: aparecen grandes empresarios locales» en La Nación, 19/4/2016.

  • 4.

    El texto «La Nación a sus lectores» sostiene: «En enero de 2015 sa La Nación vendió sus operaciones de clasificados digitales a la compañía internacional líder del sector, denominada Navent Group Ltd. Parte del precio de venta fue cancelado con acciones de esa compañía, que quedaron en poder de sa La Nación. Las acciones representan menos del 10% del capital accionario de Navent, por lo que desde entonces Luis Saguier figura como integrante del nuevo directorio de Navent. En 2010, cinco años antes de producirse la transacción y cuando se constituyó la sociedad Navent Group Ltd., su registro fue inscripto por el estudio Mossack Fonseca, de Panamá. De allí que sa La Nación aparezca en documentos de los Panamá Papers, según detectaron sus propios periodistas y sa La Nación decidió informar a sus lectores. sa La Nación publicó en la edición del 8 de febrero de 2015 toda la información sobre la transacción. Y registró todas las operaciones ante la Inspección General de Justicia (igj), consignadas además en la memoria y los estados contables auditados por pwc. El hallazgo se produjo durante los últimos días, ya que gran parte de los 11 millones de documentos a los que accedió La Nación, a instancias del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (icij, por sus siglas en inglés) y del diario Süddeutsche Zeitung, aún se siguen clasificando». En La Nación, 10/4/2016, disponible en http://www.lanacion.com.ar.