El PIB per cápita de los países de altos ingresos es seis veces superior al del resto del mundo, pero la diferencia en productividad agrícola es de 43 veces¹. Cuando hablamos de agricultura, hablamos de la actividad que presenta las distancias más grandes y de la que viven algo así como 3.000 millones de seres humanos en los países que la diplomacia internacional

llama «en vías de desarrollo». Aun con todas las cautelas que deben acompañar cualquier metáfora en las ciencias sociales, es como si algunos países no hubieran entrado en la Edad de Bronce, mientras que otros llevan siglos perfeccionando las técnicas metalúrgicas. Una convivencia de tiempos históricos en la cual la productividad agrícola y las condiciones de vida de la población rural son las mayores marcas de diferencia mundial. Probablemente, más hoy que ayer. Un retardo en los tiempos del mundo que es fuente de miseria, instituciones frágiles y todo lo que de ahí se deriva.

Ningún país ha alcanzado niveles de desarrollo altos sin una transformación agraria exitosa a sus espaldas. Desde los Países Bajos e Inglaterra en los siglos XVII y XVIII, pasando por Japón y Dinamarca en el siglo XIX y hasta Corea del Sur y España en el siglo XX; sin mencionar a China que, desde fines de los años 70, comienza su gran transformación a partir de la agricultura y una industrialización rural que hoy aporta una tercera parte del PIB del país. Ergo, si tenemos que creer en la historia reciente y antigua, no hay camino para superar el atraso sin una agricultura capaz de romper inercias sociales y económicas y avanzar rápidamente hacia mayores niveles de productividad y bienestar, junto al desarrollo de actividades productivas no agrícolas en el universo rural.

Mostraré aquí algunos trazos de tres historias agrarias subnacionales que tienen algo en común: la dificultad de salir de una agricultura estancada (productiva o estructuralmente) que contagia al resto de la economía y de la sociedad, haciendo más lentos sus movimientos y más errático su rumbo. Las tres entidades son Oaxaca, Kerala y Sicilia, al sur respectivamente de México, la India e Italia. Tres regiones en sendos continentes que, a pesar de sus distancias y diferencias, comparten una común condición de atraso definida (en diferentes proporciones) por la baja productividad media, la escasa integración económica local, la aguda segmentación social, el desempleo y la emigración. En números gruesos el PIB per cápita de Oaxaca es de 4.000 dólares, el de Kerala de 1.000 y el de Sicilia de 20.000. Pero mientras Kerala está en la tabla media entre los estados de la India, tanto Oaxaca como Sicilia se sitúan muy por debajo en sus respectivos países. En los tres casos, en las últimas décadas se registra una sustantiva reducción de los ocupados en actividades primarias, pero la fuerza de trabajo así «liberada» engrosa sobre todo los servicios y la construcción (además de la emigración) y mucho menos las actividades manufactureras.

Algunos apuntes sobre el marco político. Oaxaca está gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde hace 80 años y es apenas imaginable la inercia acumulada y la tupida red de vínculos entre partido y gobierno, y entre ellos y el sistema corporativo construido alrededor de la hegemonía priísta. Una hegemonía derrotada a escala nacional en 2000, que se conserva hasta hoy en el estado de Oaxaca. Kerala, por su parte, ha sido gobernada en el último medio siglo alternativamente por el Partido del Congreso y el Partido Comunista de la India (marxista) –PCI(m)– nuevamente en el gobierno local desde 2006. Finalmente, Sicilia sigue gobernada por una clase política conservadora (heredera de la desaparecida Democracia Cristiana) que se ha hecho proverbial por sus clientelas, capacidad de despilfarro, corrupción y vínculos frecuentes con la criminalidad organizada.

Oaxaca: vanguardias conservadoras

El sur de México es la parte tradicionalmente más pobre del país, con una agricultura campesina de subsistencia e instituciones públicas somnolientas y corruptas. La agricultura es un actor central en Oaxaca, estado de alta densidad indígena y fuerte emigración desde hace casi tres décadas. Con sus 94.000 kilómetros cuadrados, la superficie de Oaxaca equivale a 3,6 veces la de Sicilia y 2,4 veces la de Kerala. Pero mientras la población de Oaxaca llega apenas a 3,6 millones, la de Sicilia rebasa los 5 y la de Kerala los 32. Tres cuartas partes del territorio de Oaxaca son montañosas, y casi toda la población indígena vive de la agricultura. De seis millones de indígenas mexicanos, un millón vive en Oaxaca (casi uno de cada tres habitantes del estado), distribuidos en 16 grupos etnolingüísticos dispersos en más de 7.000 asentamientos en un territorio accidentado y mal comunicado².

A diferencia de otras partes de México, la Colonia no produjo aquí grandes haciendas, y el universo indígena conservó sustancialmente el control de la tierra. En la actualidad la tierra agrícola se reparte así: 44% comunitaria, 27% ejidal (aquí también con participación indígena) y 29% privada. Frente a una agricultura que no alcanza a cubrir las necesidades de subsistencia de la gran mayoría de los productores (indígenas y no indígenas), la emigración (80.000 jóvenes, en media de 22 años, en 2005) hacia el norte de México y Estados Unidos se ha convertido hace tiempo, a través de las remesas, en el sostén externo de una economía sin impulsos internos, excluidas algunas zonas de agricultura intensiva en el sur del estado (el Istmo) y en el norte (Tuxtepec). En la última década, el PIB de Oaxaca creció la mitad respecto a México (3%) y el PIB per cápita apenas alcanza 43% de la media nacional. Actualmente, algo más de dos terceras partes de la población oaxaqueña viven en condiciones de pobreza³. En casi todos los indicadores de bienestar y calidad de vida, Oaxaca ocupa el penúltimo lugar entre los 32 estados mexicanos (incluido el DF), y el último es Chiapas. Brutal y sintéticamente, el atraso en el atraso.

Con 370.000 unidades de producción rural (la mitad de ellas de menos de dos hectáreas, a menudo en terrenos de fuerte pendiente y erosionados), la producción agrícola de 2007 alcanzó los 10.500 millones de pesos (unos 950 millones de dólares), lo que da un valor per cápita de 26.000 pesos anuales, es decir unos 200 dólares mensuales⁴. Aun suponiendo una distribución perfectamente equitativa del producto agrícola, el ingreso medio quedaría anclado a este límite. Estamos así frente a una agricultura de baja productividad media y en un contexto económicamente deprimido que favorece el cultivo del maíz, que además de costumbre ancestral, es la última playa del abastecimiento alimentario familiar, aunque se trate del cultivo de menor rendimiento.

En 1994 se inauguró Procampo, desde entonces el principal programa federal para el campo, que otorga subsidios ligados a la superficie cultivada por cada familia, criterio establecido para evitar distorsionar los precios relativos. Causa parcialmente noble, pero de consecuencias infaustas, como veremos. En 2007 Oaxaca tiene 270.000 beneficiarios por un monto total de subsidios de 772 millones de pesos (65 millones de dólares)⁵. Procampo, que a escala nacional reparte el subsidio premiando a los grandes productores del norte, repite lo mismo en Oaxaca, ampliando las distancias entre sus diferentes regiones. La ayuda a las familias campesinas se gasta casi enteramente en bienes de consumo esenciales, sin impacto productivo⁶. Y no podría ser de otra manera considerando que el subsidio medio fue, en 2007, de 19 dólares mensuales. Difícil imaginar desde ahí nuevos comportamientos o impulsos productivos, lo que reduce todo a una situación de pobreza pobremente subsidiada. Pero cabe otra posibilidad, un escenario más torcido: que el subsidio haya sido pensado, más allá de su apariencia solidaria, como una política agraria con el doble objetivo de transferir a las empresas con mayor dotación de tierra fondos no irrelevantes mientras, con los escasos subsidios recibidos, se transmite a la economía campesina el mensaje implícito de que en la tierra no hay futuro, que el camino es abandonarla a quien eventualmente la sepa trabajar mejor, y emigrar.

Engarcemos agricultura y mundo indígena. Por iniciativa del gobernador Diódoro Carrasco, en 1995 se introduce (y se afina en 1997) una nueva ley electoral que establece un régimen específico para los municipios que opten por él. Nacen así los municipios de «usos y costumbres»: reconocimiento legal de la asamblea comunitaria (en la mayoría de las cuales no votan ni mujeres ni avecindados) como cuerpo ciudadano deliberante. La posible propagación del levantamiento indígena de Chiapas de 1994 a la vecina Oaxaca sugiere la rápida aprobación de la nueva ley: una medida preventiva para desarmar la tensión en las comunidades⁷. Si la demanda indígena es mayor autonomía, que así sea. En este marco, la autonomía indígena aseguraba gobernabilidad al menor costo en términos de cambio en estructuras, políticas y comportamientos previos de instituciones y agentes económicos. Una fórmula para obtener consenso comunitario dejando intactas las razones que a lo largo del tiempo han hecho de la comunidad indígena un reducto de pobreza, explotación, marginación, manipulación político-corporativa y emigración⁸. Poncio Pilatos se lavó las manos como forma de respeto hacia la tradición; aquí, con la ley de 1995, sucedió algo similar.

Un episodio más en una larga y entreverada historia de manipulaciones con una igualmente larga experiencia priísta de concesión de derechos seguida por la transgresión de muchos de ellos. Pero lo peor es que gran parte de los sectores «progresistas» de Oaxaca creyeron que las condiciones de vida de la población más pobre del estado podrían cambiar con una mayor autonomía en lugar de nuevas inversiones, la depuración de un aparato público corrupto e ineficaz y la apertura a la participación civil en los asuntos públicos. Pero las cosas no han ido por ese lado. En la búsqueda de certezas que la pongan al reparo de la globalización, la comunidad indígena imaginada se vuelve, para algunos, el mejor futuro imaginable: retorno a Atenas (para recomenzar), Socialismo en una sola comunidad, «Mesoamérica» (la idealización del pasado indígena en nombre de la brutalidad hispánica) o Voluntad General restaurada en versión zapoteca o mixteca. Corsi e ricorsi. Después de una década y media, en los municipios de usos y costumbres la conflictividad poselectoral se ha incrementado, a diferencia de los otros municipios, donde los partidos políticos operan libremente⁹, a lo que hay que sumar la universalmente reconocida escasa participación en las asambleas comunitarias¹⁰. Y ningún signo que revele en las comunidades de usos y costumbres alguna salida de un laberinto de pobreza alimentado por la ineficiencia y los escasos recursos públicos y el culto de una tradición ideológicamente embellecida por vanguardias que se sienten autorizadas a hablar en nombre del mundo indígena. Y en eso está uno de los aspectos más inquietantes: la predisposición de la izquierda oaxaqueña (compuesta en su mayoría por estudiantes y maestros) a idealizar la vida comunitaria como depositaria de armonías eternas libres de «propiedad privada», «progreso» y «desarrollo»¹¹. Una izquierda savonarolesca que lee la historia como una conspiración que puede ser derrotada a golpes de purezas taumatúrgicas imaginadas. Un pensamiento mágico con flecos entretejidos de taoísmo, antiglobalismo, anarco-comunitarismo, etc., que convergen en un indianismo que libera de la angustia de imaginar un futuro distinto.

En Oaxaca se cumple una doble derrota: la de una modernidad sin pulsiones internas de cambio –en un camino secular sembrado de encomenderos, jefes políticos, comerciantes inicuos, caciques «revolucionarios» y líderes sindicales enriquecidos– y la de un mundo indígena que supo sobrevivir (lo que no fue pequeño logro ni en la Colonia ni después) sin poder revertir una interminable decadencia. Un bloqueo estructural con una elite local (política y económica) sin percepción de las urgencias del cambio (y, probablemente, sin la capacidad para conducirlo) y una intelectualidad crítica prisionera de mitos y simplificaciones virtuosas del pasado indígena. Una vanguardia que mira al pasado para enfrentar los problemas del presente y un bloqueo político-cultural sin salidas a la vista. Lo que podría no ser tan grave si no fuera porque, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desarrollo Humano de Oaxaca es de 0,73, que, a escala global, corresponde a Argelia, Vietnam y El Salvador¹².

Kerala: un pacto insostenible

Dado el mayor rendimiento de los cultivos permanentes y su importancia tradicional para la exportación, Kerala, en el extremo suroeste de la India, depende del suministro externo de arroz desde fines del siglo XIX¹³. Pero aquí el arroz es el maíz de Oaxaca, y alrededor de los arrozales se despliega hace tiempo una batalla política y cultural. El cultivo de esta gramínea es altamente intensivo en trabajo en un contexto de (relativamente) elevados salarios rurales, y hace tiempo está encaminado al retroceso. En los últimos 45 años, el coco y el caucho han expandido su frontera a costa de la foresta primigenia y ocupan en la actualidad 64% de la superficie sembrada; en el mismo periodo, los arrozales perdieron casi dos terceras partes de la superficie y la producción pasó de un millón a 600.000 toneladas. Los cultivos alimentarios apenas ocupan 12,5% de la superficie de uso agrícola. La mayoría de los campesinos vive muy cerca, o por debajo, de condiciones de pobreza que los fuerzan a buscar trabajo en los servicios o a la emigración. A comienzos del nuevo siglo, estableciendo como umbral de pobreza el consumo de 2.100 calorías diarias, 60% de la población rural de Kerala estaba por debajo de esta marca¹⁴. Una realidad agraria de productividad estancada y alto desempleo ya que, a diferencia de Oaxaca, no hay en Kerala propiedad colectiva de la tierra. El gran cambio agrario ocurre aquí entre 1957 (primer intento de reforma agraria estatal, vetado por Nueva Delhi) y luego en 1970, cuando entra en vigor la finalmente aprobada reforma agraria keralense. Un cambio que disuelve un secular apartheid de casta en el campo, crea más de un millón de pequeños propietarios y, sin embargo, no produce de ahí en adelante un tejido productivo endógenamente dinámico, como veremos.

El viejo mundo rural keralense se basaba en terratenientes, arrendatarios mayores y arrendatarios menores que finalmente entregaban la tierra a siervos y esclavos amarrados a vínculos hereditarios y sujetos a caprichos y arbitrariedades de terratenientes y arrendatarios. A mediados del siglo XIX había 800 familias ricas entre 25.000 terratenientes (jenmis), pertenecientes todos ellos a las dos castas superiores en Kerala (nambudiris y nairs), cuya gran mayoría no era rica¹⁵, lo que explica la conservación de rígidas divisiones de casta como compensación social del mediocre estatus económico de la mayoría de las castas altas. Las primeras organizaciones de trabajadores rurales y las primeras luchas campesinas ya tienen casi medio siglo en el momento del primer intento de reforma agraria en 1957, con el Partido Comunista en el gobierno. Un cambio de época que es descrito así por un sindicalista rural: «En el pasado teníamos que ir a la casa del terrateniente para recibir nuestro pago. Estábamos parados con la cabeza agachada y las manos extendidas. Ahora él tiene que ir al campo para pagarnos y si no carga el cambio exacto lo mandamos a conseguirlo»¹⁶.

Un cambio de siglos en pocos años. Desde 1957 la inspiración reformadora de los comunistas de Kerala sigue tres líneas: transferencia de la propiedad de la tierra a los arrendatarios menores; reconocimiento de la propiedad de sus chozas (con cerca de 400 m de tierra alrededor) a los trabajadores rurales; y fijación de límites legales a la extensión de la propiedad agrícola. Las duras luchas campesinas producen una sensación difusa de insostenibilidad del orden agrario tradicional, lo que aconseja a los terratenientes vender o fragmentar sus tierras¹⁷. Cuando la reforma finalmente entró en vigor, el 1° de enero de 1970, la norma que establecía máximos de propiedad (entre 6 y 14 hectáreas) tuvo escasa aplicación por el largo tiempo concedido a los terratenientes para vender o fragmentar sus propiedades. Aun así, 40% de la superficie agrícola fue transferida a los arrendatarios (varios de los cuales tenían poco que ver con la agricultura) y aquellos que no recibieron tierra, los antiguos trabajadores agrícolas, obtuvieron la propiedad de sus chozas (que cambiarán de calidad en las décadas sucesivas) y la poca tierra aledaña. Poca tierra, pero con un extraordinario poder liberatorio sobre centenares de miles de trabajadores rurales que se sacuden la eterna angustia de la evicción de parte del terrateniente.

A partir de los 70, Kerala cambia radicalmente su fisonomía agraria y se convierte en tierra de pequeños propietarios agrícolas y asalariados rurales, y comienza a abrirse una nueva línea de conflicto entre los nuevos propietarios (varios de los cuales han sido comunistas) y los poderosos sindicatos de trabajadores rurales (mayoritariamente comunistas). En 1969 se funda, con apoyo e inspiración del PCI(m), el Sindicato de Trabajadores Rurales de Kerala (Kerala State Karshaka Thozhilali Union, KSKTU), que llegará a más de un millón de afiliados y que sigue siendo uno de los principales protagonistas de la vida rural del estado. En 1974 entra en vigor el Kerala Agricultural Workers Act, que establece salarios mínimos en el campo. Los trabajadores rurales ven reconocido el derecho a mayores salarios como compensación por su renuncia pacífica a la tierra y como muestra de solidaridad de parte de nuevos propietarios hasta hace pocos unidos contra los antiguos jenmis. A comienzos del nuevo siglo, son 1,7 millones de trabajadores rurales y 700.000 propietarios, en su gran mayoría pequeños y marginales¹⁸. La presión ejercida por el KSKTU ha empujado a los pequeños propietarios a abandonar progresivamente el arroz para pasar a otros cultivos menos intensivos en trabajo. Entre 1965 y 1994 el salario por un día de trabajo en el campo pasa, en términos de arroz, de 3,6 a 13 kg. ¿Quién podría juzgar este incremento como elevado? Pero ciertamente lo fue, conjuntamente con el virtual bloqueo sindical a la introducción de tecnología que pudiera sustituir la mano de obra. El arroz es el punto más débil entre un bajo crecimiento de la productividad y salarios rurales en aumento. El salario rural se vuelve un tema de alta sensibilidad electoral, lo que lleva a veces incluso al Partido del Congreso a decretar aumentos insostenibles dadas las condiciones de productividad. Las elecciones están siempre primero.

Los rasgos originales de la agricultura de Kerala son la preeminencia de cultivos comerciales, la contracción de la superficie destinada al arroz y el predominio de pequeños productores. La caída de la superficie de varios productos se debe principalmente al incremento de los costos de producción y a la falta de trabajadores rurales.¹⁹

Apuntemos que «varios productos» significa arroz y que «costos de producción» en aumento significa salarios contextualmente insostenibles. De ahí viene la huida del arroz en Kerala²⁰. El bloqueo tecnológico del KSKTU es un «luddismo preventivo» anclado a una visión estática del nuevo equilibrio agrario. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Un prolongado estancamiento agrícola y la llegada de trabajadores rurales de los estados de Tamil Nadu y Orissa que aceptan salarios miserables con el infausto renacimiento del contratista de trabajo. Sin estar entre las agriculturas más productivas, Kerala registra los salarios rurales más altos del país. En 2006, el salario medio indio para trabajos de arado era de 100 rupias; en Kerala, de 244²¹. Entre 1973 y 1993 (las dos décadas de la consolidación de las actuales estructuras agrarias), la productividad agrícola retrocedió 0,6% por año, frente al incremento de 2% de la India²². En varias ocasiones, el KSKTU ha organizado la destrucción de los cultivos alternativos y de la maquinaria agrícola destinada (supuesta o realmente) a sustituir trabajadores. Un agricultor que quiera aquí mecanizar alguna parte de su proceso productivo debe obtener un permiso sindical que certifique que no se desplazarán trabajadores. De no cumplir el requisito, se corre el riesgo del boicot²³ o algo peor. Dice el secretario del KSKTU en Travancore (al sur del estado): «La maquinaria agrícola solo sirve para que los agricultores obtengan grandes utilidades, pero no beneficia a los trabajadores y no dejaremos que la maquinaria afecte los intereses de los trabajadores»²⁴.

Qué «grandes utilidades» pueden obtenerse en un lugar donde 85% de los predios son de un acre (menos de media hectárea) es algo difícil de imaginar. El cambio inaugurado por la reforma agraria se ha vuelto un juego de suma cero. El elevado endeudamiento de las familias rurales en la segunda mitad de los 90 (cuando los precios internacionales estaban en alza) se transforma sucesivamente (con los precios en baja) en una carga impagable que amenaza la propiedad de los predios. 60% de los suicidios en Kerala es de agricultores con menos de un acre de tierra²⁵.

En síntesis: una «justicia social estática» ha creado un impasse que ha dificultado el crecimiento del pastel objeto de reparto²⁶ y ha convertido el conflicto de clases en una guerra de posición cargada de simbolismos, intolerancia y beneficios de corto plazo. En otros tiempos se hubiera hablado de un equilibrio catastrófico que no puede alterarse sin empeorar. Lo cierto es que el pacto de solidaridad entre propietarios y asalariados no ha sido posible sobre una base productiva dinámica, y ese fracaso sigue alimentando la debilidad de la agricultura keralense y la generosidad del estado en enviar sus jóvenes a la emigración. La globalización que, a través de las fuertes oscilaciones en los precios internacionales, ha causado muchos daños a la agricultura de Kerala desde fines del siglo pasado (y algunas ventajas más recientes), hace posibles, sin embargo, flujos migratorios que, vía remesas, mejoran la calidad de vida de muchas familias. Las remesas provenientes de los dos millones de keralenses que trabajan fuera del estado, sobre todo en los países del Golfo, representan cerca de un quinto del PIB²⁷. Kerala muestra que la justicia social no es un disparador automático de reacciones productivas capaces de sostenerla y ampliarla. Y sin esas reacciones, lo posible se degrada en retórica.

Sicilia: del feudalismo a la marginalidad

Sicilia, en el sur de Italia, es un caso único en Occidente de persistencia de la feudalidad; en números redondos, un milenio; para no remontarse a los romanos y sus latifundios trigueros trabajados por esclavos. Una feudalidad de cuya base económica (el latifundio) la isla se emancipa hace poco más de seis décadas, con la reforma agraria de 1950. Este retardo sobre los tiempos del mundo significó la persistencia de un arcaico sistema de tres campos (cereales, barbecho y pasto), un neolítico arado de madera, poco trabajo en los latifundios trigueros, grandes distancias recorridas por los campesinos hacia las varias tierras del «feudo», relaciones semiserviles y una (recreada) distancia abismal entre sociedad e instituciones, casi por definición, no creíbles frente al poder local de la aristocracia terrateniente. Antes de la Segunda Guerra Mundial, de 660.000 ocupados en agricultura (41% de la población activa), más de medio millón eran campesinos sin tierra y minifundistas con poca tierra para asegurarse alguna subsistencia. Frente a ellos, 300 grandes propietarios con más de 500 hectáreas y 140.000 pequeños y medianos propietarios (sobre todo en la costa) sin fuerza para alterar una fisiología económico-social agudamente polarizada. Una dicotomía entre concentración y pulverización de la tierra en un embrollo y superposición de relaciones contractuales en el que ninguna regla deja de tener sus excepciones y, por consiguiente, sus intérpretes interesados²⁸.

Estamos en un mundo rural con una seca separación entre lugar de vida y lugar de trabajo; los campesinos viven en grandes aldeas rurales, de escasa complejidad social, que no son mucho más que concentraciones de trabajo disponible para los grandes propietarios²⁹. En este sentido, Sicilia es el exacto opuesto de Oaxaca, donde hay una alta dispersión de la población en el territorio; en la isla la población campesina se concentra en agrotowns, en las que se materializa la no disposición de los terratenientes a conceder sus tierras para el asentamiento campesino. En una realidad de deficiencia crónica de demanda de trabajo –propia de cultivos cerealeros–, la plaza de la aldea era el lugar de un mercado de brazos. Los trabajadores eran escogidos por su vigor y su sumisión a un orden que los excluía de toda posibilidad de beneficiarse del propio trabajo. El trabajo mismo como gracia señorial, un favor que puede ser conseguido por intercesión de la mafia, del señor cura y, después, por las relaciones con notables y políticos locales. Con toda razón, Renée Rochefort dice: «El latifundio ha sido conjuntamente un mal económico, social y moral»³⁰. Una escuela secular de prevaricación, sumisión y rebeldía sin esperanza. Bajo fuerte presión campesina, la reforma agraria es aprobada por el gobierno regional demócrata cristiano en los últimos días de 1950 y establece un límite de 200 hectáreas para las tierras de uso extensivo. De ahí en adelante habrá de todo: antiguos arrendatarios de los latifundios (gabelloti, a menudo parte de la mafia) que compran las tierras de sus patrones para venderlas a precios multiplicados a los campesinos; comerciantes y profesionales urbanos que solicitan tierras siguiendo aspiraciones de estatus que corresponden a un ciclo histórico cerrado (que evidentemente conserva su encanto trasnochado); y terratenientes que prestan dinero a tasas usurarias a sus campesinos para que compren sus tierras. Las pocas cooperativas que subsisten al boicot de la Democracia Cristiana (DC) y los campesinos que buscan individualmente canales directos para evitar la intermediación (a menudo mafiosa) de sus productos en ciudades como Palermo se enfrentan a mercados controlados por una criminalidad mafiosa que traba con la violencia toda iniciativa que pueda limitar su capacidad para fijar precios y favorecer a sus asociados y cómplices, frente a los ojos desatentos de una administración pública incompetente, corrupta o corruptible³¹. Mientras en el norte del país el cambio agrario de la posguerra opera entre fuertes tradiciones de organización campesina³², en Sicilia el Ente para la Reforma Agraria Siciliana (ERAS) –nacido para indemnizar a los grandes terratenientes y dar asistencia técnica a los nuevos propietarios– opera sin presión social organizada y en un contexto institucional degradado y contaminado por intereses ocultos y criminales. El ERAS se vuelve un mercado clientelar que crece con cada elección hasta llegar a tener 3.000 empleados. Entre tierras vendidas o distribuidas por la reforma agraria, 400.000 hectáreas cambiaron de manos en beneficio de 150.000 campesinos, en su mayoría ligados a la DC³³. Pero el pasado muere sin alumbrar el futuro. La tarea no era sencilla: transitar de un mundo rural sojuzgado por la arbitrariedad y sus adherencias culturales a «la tradición» (en una de las tantas versiones del síndrome de Estocolmo), con tierras agotadas por el monocultivo triguero y erosión de los suelos, a otro de productores libres de vínculos personales de dependencia y asociados en el recupero de una tierra cansada. Una tarea cuyo cumplimiento requería condiciones inexistentes: una administración pública regional y local capaz de evitar el despilfarro de recursos en favor de «los amigos de los amigos», y gobiernos nacionales autónomos de clientelas locales capaces de distorsionar a su favor, y bajo chantaje electoral, cualquier diseño coherente de reorganización agraria.

A fines de los años 50, Renée Rochefort concluía así su notable estudio siciliano: «No se siente vibrar en Sicilia una gran confianza en una mejora próxima ni entre las masas ni entre las elites de la isla»³⁴. ¡Y se estaba en las primeras fases de la reforma agraria! Una reforma que había nacido agobiada entre demasiadas negligencias públicas y componendas entre políticos y terratenientes deseosos de liberarse provechosamente de sus tierras. En los años 60, una tercera parte de las tierras en dotación a los nuevos propietarios era abandonada por individuos que optaban por emigrar frente a la dificultad de subsistir en tierras generalmente de mala calidad y del interior de la isla, donde propiedades de 4 hectáreas a trigo no eran suficientes a menos que se se unieran en asociaciones cooperativas que fueron boicoteadas por la Democracia Cristiana y que, de cualquier forma, habrían enfrentado serias dificultades en un contexto de arraigado individualismo campesino³⁵.

El mayor estudioso de la agricultura del sur de Italia en la segunda mitad del siglo XX, Manlio Rossi Doria, señalaba que, a pesar de los avances del Mezzogiorno desde 1949, la política pública no fue más allá del saneamiento de tierras agrícolas y programas infraestructurales y, en 1977, registraba con desaliento que las «estructuras administrativas y las clases dirigentes» no eran muy distintas de las de «25 o 50 años antes»³⁶. Y esto ha derivado hoy en la lentitud burocrática de una política agraria siciliana que sabe distribuir subsidios (36% del valor añadido de la agricultura isleña) mostrando, al mismo tiempo, una casi nula capacidad operativa en la promoción de organismos asociativos de productores, en la investigación científica, en la formación profesional, en la información sobre mercados o en la promoción de los productos característicos de la agricultura local. Si a comienzos de los años 50 se malogró la posibilidad de convertir la reforma agraria en el motor del desarrollo de la isla, décadas después diversas posibilidades de desarrollo (en cítricos, vino, hortalizas, etc.), salvo excepciones localizadas, se pierden por la misma razón: instituciones inadecuadas, inconsistentes y recorridas por presiones ocultas (entre otras, criminales) que afectan tanto su credibilidad social como su eficacia. Hace décadas las instituciones regionales (y no solo ellas) fueron el principal obstáculo para que la reforma agraria desplegara sus potenciales efectos reanimadores sobre la economía y los comportamientos colectivos. Hoy es como ver una vieja película, aunque, esta vez, en colores.

A partir de la reforma agraria, la agricultura deja de ser el centro de la vida económica y social siciliana; en el momento en que se desmorona el viejo orden agrario mal sobrevivido a sí mismo, el campo pierde su antigua centralidad económica a favor de acelerados procesos de urbanización que alimentan la construcción y los servicios más que las manufacturas. La figura del campesino inicia su decadencia frente a unos pocos empresarios agrícolas exitosos y a una multiplicidad de figuras que conservan la propiedad de la tierra como una fuente marginal de ingresos derivados ahora del trabajo en los servicios, la construcción o el empleo público, además de la emigración. La «justicia social» llega al campo con la disolución del campo como polo de agregación de fuerzas sociales potencialmente dinámicas.

Entre 1980 y 2007, con la excepción de frutas y hortalizas, la producción primaria (incluida ganadería y pesca) se reduce en términos absolutos, a precios de 2000, de 4.000 a 3.500 millones de euros³⁷. En lo que concierne a cítricos, uva y olivo, productos en los cuales Sicilia tiene claras ventajas climáticas, esas mismas ventajas son virtualmente anuladas frente a la competencia de España, Grecia, Israel o Argentina (en limones), debido a deficiencias de organización, escaso grado de procesamiento de los productos por agroindustrias locales, problemas de comercialización y de transporte, inciertas estrategias exportadoras y débiles (para decir lo menos) sinergias entre productores e instituciones³⁸. Según datos del Instituto Nacional de Economía Agraria, en 2005 el ingreso bruto de las empresas agrícolas sicilianas gira alrededor de 10.000 euros anuales, contra 16.000 de la media italiana y 64.000 en Lombardía³⁹.

En la agricultura como en la industria ocurre en tiempos recientes un tránsito «postfordista» en el consumo de frutas y hortalizas de calidad que pone a Sicilia en una posición de ventaja que, para ser aprovechada, requiere el cumplimiento de dos condiciones. En primer lugar, una elevada capacidad de organización colectiva de parte de los productores para la promoción, el control de calidad, la comercialización, la experimentación, las estrategias de exportación, etc. Y en segundo lugar, conexiones entre productores e instituciones regionales y locales cuya baja eficiencia, capacidad técnica y organizativa siguen siendo, aquí como en otros sectores, un factor de desorden sistémico, de dificultad para dar coherencia a un esfuerzo de desarrollo articulado.

Conclusiones

Apuntemos algunos rasgos comunes (o casi) a estas tres historias que se han desarrollado en los siglos con plena independencia una de otra, aunque hayan navegado en el líquido amniótico común del comercio internacional, el colonialismo (Inglaterra en Kerala y España en Oaxaca y Sicilia), la disputa ideológica global del siglo XX y los precios internacionales. Nadie, evidentemente, puede declararse al margen.

Como veremos, son más las similitudes entre Oaxaca y Sicilia que entre ellas y Kerala. Pero, para evitar apresuradas conclusiones políticas (dado el peso del Partido Comunista en la historia reciente de Kerala), hay que decir que el espectro ideológico es amplio y comparte la misma responsabilidad (si así puede decirse) en los tres casos: no haber podido hacer de la agricultura aquello que fue posible en Japón, Dinamarca y EEUU en el siglo XIX, o en Corea del Sur, España y China en el siglo XX, un factor de ruptura crítica frente al pasado (que en EEUU llega con la Guerra Civil) y de reconstrucción de reglas, condiciones y comportamientos. Después de sus reformas agrarias (1915 en México, 1950 en Sicilia y 1957-1969 en Kerala), e independientemente del color político de quien estuviera en el gobierno, en ningún caso la agricultura pudo convertirse en un factor dinámico de economías locales proyectadas a una mayor articulación productiva. La modernidad, para decirlo de alguna forma, llegó a través de la urbanización y los servicios mucho más que por la agricultura y la industria. Quizá podría hablarse de tres reformas agrarias fallidas. Fallidas en mantener sus promesas, aunque evidentemente exitosas en romper con un pasado arcaico (sobre todo en Sicilia y Kerala). La reforma agraria (con la parcial excepción de Oaxaca, donde la revolución de 1910 no trajo cambios radicales en la tenencia de la tierra, ya mayoritariamente en manos de las comunidades indígenas) no cumplió su cometido de expansión productiva sostenida, de articulación con una economía rural no exclusivamente agrícola, de formación de una clase media productiva innovadora y creadora de empleos. El impulso agrario se apagó antes de haberse encendido y sobre esa deficiencia de origen se pusieron las bases económicas y sociales del endeble desarrollo industrial posterior. Un fracaso productivo que dejó al mercado del trabajo cada vez más dependiente de los servicios (comercio, finanzas, turismo, etc.) y del empleo público. Esta atonía productiva posreforma agraria explica los grandes flujos migratorios experimentados por Sicilia en los años 50 y 60 y por Kerala y Oaxaca a partir de los 80.

Mencionemos otros dos aspectos comunes, aunque sea en forma telegráfica. El primero es la mala calidad de las instituciones. En Oaxaca, como en Sicilia, es incluso difícil imaginar cómo podría ser posible reconstruir –sobre bases de predecibilidad burocrática de la administración pública y de autonomía del Estado frente al (o los) partido(s)– instituciones corroídas durante décadas de dominio de una cultura de free-rider institucional con cobertura política y justificaciones culturales asociadas al orgullo de patria chica. Dos procesos se mezclan: el descreimiento social hacia el Estado y la persistente preferencia electoral hacia partidos (o alianzas de partidos) estructuralmente conservadores⁴⁰. En Kerala, la mala calidad institucional –menor que en gran parte de la India– tal vez puede considerarse, dados los fermentos políticos que caracterizan este estado, un dato todavía no sólidamente incrustado en la vida colectiva. De las tres regiones, Kerala es la única que, en el último medio siglo, ha experimentado una alternancia en el gobierno, casi perfecta, entre el Partido del Congreso y el PCI(m). Una cultura demandante (en Kerala se publican 330 periódicos) y una tendencia a la movilización (como durante la campaña de descentralización de 1996-2001) dejan mayores esperanzas que en Oaxaca y Sicilia.

Sicilia, por su parte, demuestra elocuentemente que el crecimiento del PIB per cápita (recordemos que el ingreso medio de un siciliano es cinco veces mayor al de un oaxaqueño y veinte veces más alto que el de un keralense) no constituye una garantía de mejora en la calidad de las instituciones. No hay ningún automatismo y, si acaso hubiera alguno, evidentemente falla con cierta frecuencia. Un ejercicio de secciones cruzadas a escala global ciertamente mostraría que a mayor ingreso, mayor calidad institucional. Pero, evidentemente, quedaría el problema de mostrar que el mejor desempeño de largo plazo de las economías hoy más avanzadas no haya dependido críticamente de sus mejores instituciones incluso antes de sus fases iniciales de aceleración económica. Podría decirse que una reforma agraria exitosa requiere un estado creíble (Japón como paradigma) o una sociedad organizada y capaz de dinamismo interno (Dinamarca como paradigma). La ausencia de estos requisitos es sistemáticamente fatal. Pero el acostumbramiento a la pobreza y las posibilidades abiertas para el clientelismo y su lotería de oportunidades favorecen la estabilidad social incluso en condiciones socialmente críticas. Kerala muestra que, aun disponiendo de instituciones no tan clientelares y corruptas, la reforma agraria no es un éxito automático.

Y el último aspecto. Siguiendo a Amartya Sen, llamémoslo genéricamente «fuego amigo», pensando en sociedades con una baja capacidad de organización independiente y en las cuales incluso los sectores más «progresistas» se hacen a menudo cómplices de las peores prácticas institucionales (Oaxaca) o conducen los movimientos sociales hacia derrotas inexorables (Kerala y Oaxaca) o disponen de bajo consenso electoral (Sicilia) o desaprovechan oportunidades de cambios sostenibles. Gaetano Salvemini escribía en 1911 lo que sigue, pensando en el sur de Italia y describiendo aquello que para él era uno de los «flagelos más ruinosos» del Mezzogiorno, la «pequeña burguesía intelectual»:

No hay puesto de escribano municipal, médico, inspector de impuestos, profesor, contador, secretario, guardia municipal que no tenga varios aspirantes [que protagonizan] ásperos asaltos al presupuesto de los entes locales (...) Las facciones se envuelven en ropajes con denominaciones que se leen en los periódicos, pero no hay que engañarse. Aquel indomable anticlerical que hoy es venerable en la logia [masónica] «Giordano Bruno» se inscribirá mañana a la congregación del «Santísimo Sacramento» (...) en todos los casos, mirad bien y «cherchez l’emploi». Con una clase dirigente así, la administración pública está al servicio de clientelas y facciones. Los empleados no tienen que servir al público sino operar por cuenta de la clientela que los ha nombrado, favorecer a este, hostilizar a aquel, hacer obstruccionismo a aquel otro. El contratista puede dispensarse de hacer los trabajos asignados siempre y cuando comparta las utilidades con el alcalde, contribuya a los gastos electorales y cuide a sus trabajadores en el gran día de las elecciones (...) La única pregunta que el hambriento pequeño burgués intelectual se propone cuando vota es «¿mi candidato puede conseguirme el empleo?» (...) Y el diputado meridional es, salvo muy raras excepciones, el representante político de una de las pandillas de profesionales hambrientos que se disputan el poder administrativo. Su tarea es pedir la complacencia de prefectos, jueces y policías frente a las malas acciones de sus secuaces y así la corrupción llega a Roma y de Roma infecta todo el país (...) El «Estado extranjero» que interviene continuamente en el sur es Italia del norte. E interviene exclusivamente para defender a esa pequeña burguesía criminal y podrida contra el descontento de los campesinos.⁴¹

No parecen palabras escritas hace casi cien años. Una pequeña burguesía intelectual (para seguir con el lenguaje de Salvemini) en cuyos extremos están el funcionario público corrupto o corruptible y el iluminado ideológico capaz de mezclar antiguos mitos campesinos con utopías de aislamiento virtuoso. Cada país y cada tiempo tiene sus lecturas, pero las palabras de Salvemini expresan algo común a diversas formas de atraso: la centralidad de la política como compensación de una vida económica y social sin perspectivas.