Opinión

Perú: negocios ilegales y promesas incumplidas El caso de la Carretera Interoceánica Sur

Perú sufre las consecuencias de la corrupción. Destrucción del medio ambiente, estafa a los pueblos originarios y promesas incumplidas son los efectos más visibles de los negocios entre políticos y empresarios.

Perú: negocios ilegales y promesas incumplidas / El caso de la Carretera Interoceánica Sur

Tres presidentes peruanos están bajo investigación en el caso Lava Jato, por sus responsabilidades en la construcción y concesión de infraestructura. Una de las obras involucradas, la Carretera Interoceánica Sur, costó casi 2.000 millones de dólares y tres de los tramos fueron construidos por la empresa brasileña Odebrecht, que logró la obra y la concesión pagando sobornos. El ex-mandatario Alejandro Toledo (2001-2006) tiene una orden de captura internacional por haber recibido unos 20 millones de dólares por facilitar la operación. Pero otro aspecto de esta vía está poco documentado: junto con la carretera, crecieron simultáneamente la minería ilegal, los homicidios, la trata de personas y la deforestación en Madre de Dios, el departamento con menor población y mayor biodiversidad del país. Además, el beneficio prometido, el incremento del comercio terrestre de Brasil a Perú, no llegó.

Perú es parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana junto con otros 11 países, y la Interoceánica Sur fue una de las obras lanzadas en esa plataforma creada en 2000, con créditos parciales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). El discurso con el que los mandatarios promovieron estas obras era el de la integración, pero principalmente el del desarrollo económico. Hoy, los kilómetros de pavimento solo parecen negocio indebido para unos cuantos.

Los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur en el lado peruano son los cuestionados por las pruebas que han surgido con Lava Jato, pero un informe de John Redwood para el BID ya indicaba en 2012 que su adjudicación fue acelerada gracias a haber sido declarados de necesidad pública.

Durante el gobierno de Toledo, Odebrecht y sus socios lograron nueve adendas al contrato –para incrementar el costo de la obra, entre otros puntos–; durante el de Alan García (2006-2011), 17 adendas; y con Ollanta Humala, una. Una investigación de Convoca sostiene que el monto adicional que Perú pagó por esos tres tramos asciende a 1.200 millones de dólares.

El sueño se vuelve pesadilla

En 2008, un estudio de la Universidad del Pacífico estimó los beneficios del corredor interoceánico sur y entre ellos consideró la exportación de papa, cebolla, aceitunas y ajo peruanos hacia Brasil. Sin embargo, Carlos Sáenz, un profesional peruano-brasileño que hizo el viaje de cinco días por la Interoceánica en 2014, comentó que solo entró la cebolla peruana cuando se inundó Acre. «Brasil es extremadamente proteccionista con sus productos agrícolas: a Perú llegan tractores de Brasil, y del lado peruano exportaron algunas bicicletas», explica.

«Creían que la soya y los granos de Brasil iban a salir a los puertos peruanos, pero el agronegocio de la región oeste es inviable en camiones: pierden (gastan) demasiado en llantas en las carreteras porque hay muchas curvas en el lado peruano», añade.

«Es una obra agresiva, y Madre de Dios es una región olvidada, sin ley, que facilita la entrada de ganado nelore para el que queman pasto, es la punta de lanza de una gran devastación», describe.

Por otra parte, la minería ilegal, que existe hace décadas en Masuko, Madre de Dios, se fue expandiendo hacia la Reserva Nacional Tambopata a raíz de la apertura de la Interoceánica y ha convertido en una zona desértica las quebradas La Pampa y Guacamayo. Los operadores de esta actividad compran dragas, volquetes, cargadores frontales, y grandes cantidades de gasolina, extraen oro que luego venden a intermediarios de empresas de Estados Unidos, Suiza y Emiratos Árabes ligadas a London Bullion Market, la asociación que determina el precio mundial del metal. En la región vecina, Puno, la zona de amortiguamiento de otra reserva de biodiversidad, el Parque Nacional Bahuaja Sonene, también se ha establecido la minería ilegal, y el acceso es vía la misma carretera. Según Amazon Conservation Association, entre julio de 2015 y octubre de 2016, esta actividad arrasó con 238 hectáreas de bosque en esa área de conservación.

La ocupación ilegal de tierras para estas actividades ha desencadenado muertes y amenazas a quienes se oponen. La región Madre de Dios ocupa desde 2011 el segundo lugar en la tasa de homicidios, es decir, muertes ligadas a hechos dolosos, pese a tener la menor población del país. En 2014 registró 20,1 muertes por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional era 6,7 (en México es 22).

La minería ilegal ha incrementado además la trata: cientos de adolescentes y jóvenes pobres viajan a Madre de Dios desde las provincias altas de Puno y Cusco, vía la Interoceánica Sur, creyendo que serán camareras en un restaurant o fuente de soda, pero los enganchadores, que les pagan el transporte, las obligan a trabajar en los prostibares de los campamentos de La Pampa. Según las cifras del Ministerio Público, el número de víctimas de trata en esa región fue en 2014 el mayor en Perú (205, de las cuales 192 eran mujeres). Los policías y los operadores de justicia tienen limitaciones para actuar contra ese delito en esa región fronteriza con Brasil y Bolivia e incluso están permeados por la corrupción: debido a las filtraciones de información de operativos (redadas), los responsables escapan a tiempo.

Alertas sin consecuencia

EL BID y la CAF han publicado varios informes sobre la Interoceánica Sur, en los que plantean las lecciones que iban aprendiendo sobre esta infraestructura de 1.009 kilómetros en el lado peruano.

El reporte de Redwood de 2012 planteaba que no había una manera clara de determinar las áreas de influencia de la vía y que el proyecto de préstamo a Perú (para la construcción) no tomó en cuenta los impactos medioambientales y sociales acumulativos de la obra.

«Dado que la mayoría de los residentes de las montañas peruanas son indígenas, la vasta mayoría de los cuales son pobres, es también chocante que no haya ninguna mención a este hecho en ninguna parte del documento de préstamo. El proyecto no incluyó medidas para asegurar que las comunidades potencialmente afectadas no sean perjudicadas o que se beneficien directamente de la operación, más allá de –como el resto– acceder a menores costos de transporte», añade el informe de 2012.

Además, el biólogo Ernesto Ráez alerta respecto a que no ha habido una medición de los daños en la flora y fauna del área causados por la Interoceánica. Un artículo científico de Gregor Asner y otros sobre las emisiones de carbono en la Amazonía describe que, aunque el área de la carretera está protegido por el sistema de manejo ambiental (zonas protegidas, concesiones para uso forestal), las prácticas de uso de la tierra, como la extracción ilegal de madera y la minería ilegal, dañan seriamente los ecosistemas.

La CAF asiste con otro préstamo al Ministerio de Ambiente de Perú para «fortalecer la institucionalidad» de los gobiernos del área de influencia de la Interoceánica y ofrece capacitación a los productores locales para que encuentren su ruta hacia los mercados, pero parece ser tarde para recuperar un tejido herido de muerte al ritmo del crecimiento económico.


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