Tema central

Narcotráfico y corrupción: las formas de la violencia en México en el siglo XXI

Indudablemente ligada al aumento del poder del narcotráfico, la violencia ha tomado en México un lugar central en el debate público y ha debilitado al gobierno por su incapacidad para hacerle frente. ¿Quiénes son los actores de esta violencia? ¿Qué relaciones sostienen con otros actores sociales, desde la base hasta el vértice de la pirámide social? ¿Cómo se vinculan estos fenómenos a la cuestión de la ley y la igualdad en la comunidad política?

Narcotráfico y corrupción: las formas de la violencia en México en el siglo XXI

El México del siglo XXI se caracteriza por un desconcertante aumento en la violencia. Si bien entre 1997 y mediados de la década de 2000 se había asistido a una disminución constante y regular de la tasa de homicidios, esta experimentó un gran aumento de 2008 a 2011, y luego un ligero descenso en 2012 y 2013. Desde 1992 la tasa de homicidios había disminuido de manera constante y regular –pasando de 22 asesinatos anuales por cada 100.000 habitantes a 8–, pero entre 2008 y 2011 se triplicó, hasta alcanzar la cifra de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes1. Este aumento de la violencia se ha visto además acompañado en muchos casos por fenómenos de crueldad que apenas han retrocedido desde 2011 hasta hoy. La renovación de la violencia está sin duda ligada al aumento del poder y de las actividades de los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, que van desde la extorsión y el secuestro hasta el contrabando y la industria de la falsificación, pasando por la trata de personas. La violencia también se debe a la «guerra» contra el narcotráfico y el crimen organizado declarada por Felipe Calderón (2006-2012) al inicio de su mandato. El clima de terror e impunidad que reina en el país ha abierto el camino a una banalización de la violencia corriente, que se ha multiplicado. Por último, cabe destacar que la violencia y el abuso de poder de la Policía y el Ejército crecieron en proporciones alarmantes.

Otra característica de estos fenómenos es la importancia que tuvieron en las elecciones y en el debate público mexicano a partir del final del gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y más aún durante el de Felipe Calderón. Si bien a fines de la década de 1990 los actos de violencia eran percibidos bajo el doble registro de sucesos periodísticos o de arcaísmos sociopolíticos, condenados a desaparecer poco a poco ante el progreso de la democratización y la modernización económica del país, se convirtieron de alguna manera en tema recurrente de debate público. Los diversos actos de violencia se volvieron objeto de numerosas coberturas, a menudo muy sensacionalistas, en diferentes canales de televisión y en señales radiales. Fueron también objeto de informes regulares en la prensa diaria, tanto nacional como regional, así como en la semanal, por ejemplo en la revista de investigación Proceso o en el conteo regular de homicidios y actos de violencia por el diario Reforma. Estos artículos entran en consonancia con los de la prensa internacional, tanto en inglés como en español. Numerosos periodistas mexicanos y anglosajones continuaron además sus investigaciones en ensayos a menudo muy bien informados2. Si bien los cientistas sociales que trabajan estas cuestiones han sido a la vez pocos e ignorados por las principales revistas intelectuales, tales como Letras Libres y Nexos, hoy son más numerosos, mientras que las grandes revistas de ciencias sociales organizan números sobre la violencia o le dedican regularmente estudios. El mundo del arte también se ha ocupado de la temática de la violencia y del narcotráfico. Los primeros, sin duda, han sido los cantantes populares de los grupos llamados norteños, el más famoso de los cuales es Tigres del Norte. Lo mismo ha ocurrido con el cine. Por un lado, a través de películas de autor que han conocido una difusión internacional y participado en los más grandes festivales internacionales, tales como Amores perros (Alejandro González Iñárritu, 2000), La zona (Rodrigo Plá, 2007), El Infierno (Luis Estrada, 2010), e inclusive Miss Bala (Gerardo Naranjo, 2011) y Colosio: el asesinato (Carlos Bolado, 2012); por otro lado, ha habido centenas de narcofilms de serie B filmados con pocos medios, con personajes de la vida real y algunos actores, distribuidos primero en VHS y luego en DVD, como Coca Inc. (Jorge Ortin, 2006), La Hummer negra (Jorge Reynoso, 2005) y muchos otros3.

En este artículo, nos interrogamos sobre las características sociales y la organización de los actores de la violencia, tomando en cuenta no solo a los grupos delictivos, y entre ellos a los narcotraficantes, sino también a la Policía y las Fuerzas Armadas, al igual que los otros círculos sociales que viven en contacto y en connivencia con el mundo de la violencia, sin ser, no obstante, partes activas. ¿Qué relaciones han tenido estos círculos entre sí, tanto en la base de la pirámide social y la clase media como en el medio empresarial y las elites políticas? También examinaré un fenómeno que considero central para comprender el contexto en el que la violencia creció de manera notablemente rápida en los años 2007-2011. No debemos olvidar que las actividades de los narcotraficantes han sido durante mucho tiempo no solo toleradas, sino aceptadas e incluso valoradas por todo un sector de las elites, así como de la clase media y los sectores populares. Adicionalmente, el enriquecimiento ligado al narcotráfico ha sido considerado durante mucho tiempo como una manera legítima de ascenso social o de enfrentar las situaciones socioeconómicas precarias que se registran en este mundo. ¿De qué manera el narcotráfico ha permitido también participar en la adquisición de bienes de consumo, que se han convertido en marcas de reconocimiento social y de éxito? ¿En qué forma estos fenómenos dan testimonio de un vínculo muy especial tanto con la problemática de la igualdad sociopolítica como con la cuestión del lugar de la ley y la autoridad en la comunidad política?

La porosidad de las fronteras entre los mundos legales e ilegales

Desde hace tiempo, la prensa mexicana ha puesto de manifiesto la porosidad de las fronteras entre la Policía y el crimen organizado, así como la propensión de los medios políticos y empresariales a la corrupción. Sin embargo, de manera muy paradójica, solo recientemente esta porosidad se ha vuelto objeto legítimo de estudio para los cientistas sociales. Como ha señalado Gabriel Zaid en El progreso improductivo4, los cientistas sociales y algunos periodistas han evitado durante mucho tiempo una verdadera antropología de la «mordida» (soborno). Se han quedado en lugares comunes o en consejos prácticos como aquel muy famoso del escritor Jorge Ibargüengoitia en Instrucciones para vivir en México5: «en caso de problemas, no llamar a la policía, para no tener un nuevo problema».

Diversas investigaciones muestran que durante la segunda mitad del siglo XX ni los altos responsables políticos ni los de la Policía buscaron erradicar verdaderamente el crimen organizado. Por el contrario, trataron de controlarlo y contenerlo a través de la corrupción y la negociación con las redes delincuenciales6. Su objetivo era doble: enriquecerse personalmente y utilizar a los criminales como secuaces para las operaciones policiales de base contra los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En cierta forma, el caso de Arturo Durazo, jefe de la Policía durante la presidencia de José López Portillo (1976-1982), uno de sus viejos amigos y sin duda el más corrupto de los jefes de la Policía mexicana, es un ejemplo de este tipo de maneras de operar7. Su única innovación respecto de sus predecesores o sucesores fue sistematizar y exacerbar las prácticas consideradas largo tiempo por el conjunto de la sociedad mexicana no solo como más o menos inevitables, sino como funcionales, puesto que aseguran una forma de orden público: partiendo del adagio de Émile Durkheim, «el crimen es normal, porque una sociedad exenta de él es absolutamente imposible»8, muchos responsables políticos hacían de él una especie de sofisma para justificar todos los acomodamientos y connivencias con el crimen organizado. Estos pactos eran moneda corriente de lo bajo a lo alto de la escala político-administrativa.

El de la corrupción del mundo de la policía dista de ser un ejemplo circunscrito e inusual en la práctica vigente en México. Tengamos en cuenta un fenómeno que las ciencias sociales y la prensa también evitan abordar: las fortunas de los políticos y sus familiares, y más aún las de los presidentes de la República. Hasta hace poco, estos no tenían obligación alguna de hacer una declaración sobre el monto de su patrimonio ni al comienzo ni al final de su mandato. Por el contrario, según un dicho popular, durante el primer año de gobierno el presidente se dedica a instalar a sus hombres en puestos clave y a establecer su poder, en los cuatro años siguientes gobierna y, finalmente, durante el último, roba. La cosa parecía deplorable… pero al final era admitida no solo respecto del presidente, sino también de los gobernadores de los estados de la Federación, así como de los ediles municipales.

Hasta el final de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) prevalecía la idea de que estas prácticas permitían el desarrollo con estabilidad y, en última instancia, el enriquecimiento de todos: la fortuna de «los de arriba» contribuiría a lograr la fortuna de todos, en una variante de la teoría acerca del fenómeno del trickle down (efecto de derrame) sostenida por algunos economistas liberales9. El imaginario consensualista y en cierta forma meritocrático del PRI daba a entender que el gran sistema de negociación y ajuste de este corporativismo autoritario, sostenido por el presidente de la República, ayudaba a que cada uno tuviera su parte. Solo cuando sucedieron los escándalos al final de la presidencia de Salinas de Gortari se cuestionó este enriquecimiento ilícito y se mostró que podía conducir al caos y la inmoralidad. En efecto, ¿cómo es posible creer que el hermano del presidente de la República haya estado en connivencia con importantes narcotraficantes sin que este lo supiera? Es difícil imaginar que Salinas haya podido ignorar tal enriquecimiento.

Desde fines de los años 80, la apertura política y el progreso de la oposición –tanto de izquierda, en el futuro Partido de la Revolución Democrática (PRD), como de centroderecha, con el Partido Acción Nacional (PAN)– tuvieron efectos muy paradójicos. La corrupción ya no era exclusiva del PRI; se había ido extendiendo a todos los partidos y en todos los niveles político-administrativos, mientras que paralelamente se formaba un imaginario democrático de alternancia y transparencia. De modo que el PAN y el PRD adquirieron exactamente los mismos hábitos clientelistas y prevaricadores del PRI, pese a que muchos de sus funcionarios elegidos habían hecho campañas para acabar con esas prácticas.

Dos fenómenos contribuyeron mucho a esa connivencia entre la economía legal y la ilegal: la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las transformaciones de los canales de introducción de la cocaína en Estados Unidos. La firma del TLCAN tuvo como consecuencia un aumento en el tráfico de camiones entre México y EEUU para transportar productos fabricados en las maquiladoras o mercancías agrícolas. Además, los efectos de la política antidrogas llevada a cabo por EEUU junto con Colombia fueron dobles: volvieron más difícil la introducción de cocaína a través de la Florida y las islas del Caribe, y debilitaron a los carteles colombianos, que se desmembraron en entidades más pequeñas y menos poderosas. Una vez que su país se convirtió en un punto de paso obligado, los transportistas mexicanos se volvieron los actores dominantes del mercado. Este nuevo contexto llevó a un boom de la economía de la droga tanto en las zonas productoras de opio, marihuana y drogas sintéticas como en las zonas de paso entre México y EEUU.

Estos booms de ninguna manera constituyen fenómenos circunscritos a los círculos criminales, sino que han afectado a grandes sectores de la sociedad mexicana. Como muestra Sabine Guez, retomando una imagen de Howard Becker, la producción o el comercio internacional de estupefacientes tienen necesidad de «actividades de refuerzo» que movilicen paralelamente otras labores10. Los beneficios generados por el tráfico favorecen a múltiples sectores que desarrollan actividades que para algunos son perfectamente legales. Los traficantes requieren de conductores o pilotos, vehículos, barcos y aviones y del personal encargado de su mantenimiento. No solo no pueden actuar sin complicidades en el seno de las aduanas y las policías de México y EEUU, sino que requieren también, cuando el tráfico es por vía aérea o marítima, de la de los organismos encargados del control de esos espacios. Aunque los primeros productores de marihuana y opio en el «Triángulo de Oro» mexicano11 eran campesinos analfabetos reclutados en el ámbito local, la situación ha cambiado mucho desde entonces. Todavía se precisa una mano de obra poco calificada para cosechar la marihuana y el opio, y luego para transportarlos en las espaldas atravesando el desierto fronterizo. Esta mano de obra es ahora mucho más numerosa, y en muchas ocasiones proviene de las regiones del sur del país o de América Central. Pero junto con ella ha surgido un personal calificado y a veces salido de las mejores escuelas: ingenieros y técnicos agrícolas, químicos y contadores. Aunque muchos sicarios y guardaespaldas de los narcotraficantes tienen poco o ningún entrenamiento, hay otros que son ex-militares guatemaltecos o mexicanos, que vienen de los cuerpos de elite de estos dos ejércitos. No solo son combatientes aguerridos, sino también especialistas en transmisiones o en escuchas; y además de armamento sofisticado, utilizan sistemas de transmisión que nada tienen que envidiar a los de la Policía o el Ejército.

El comercio minorista de drogas también necesita distribuidores en EEUU y México en los más variados medios sociales. Hay además un engranaje de abogados penalistas talentosos que trabajan para el crimen organizado. Finalmente, se suman los profesionales de la economía y las finanzas: los bancos y las casas de cambio, y también la industria de la construcción, que tanto en México como en EEUU han hecho y continúan realizando excelentes negocios12. Las concesionarias de automóviles ofrecen un considerable número de vehículos 4 x 4 de lujo en las áreas de producción o de paso de la droga; las mejores ventas de Hummer han tenido lugar precisamente en estas regiones. Los joyeros no solo venden culatas de armas de oro, sino también muchas joyas y relojes de lujo a los miembros de las familias de narcotraficantes. Lo mismo se puede observar respecto de los comerciantes de ropa o botas. Las confiscaciones efectuadas durante la detención de algunos narcotraficantes revelan la importancia de este consumo ostentoso13. Músicos, vendedores de instrumentos musicales, proveedores de equipos de sonido, restauradores de todo tipo, propietarios de burdeles, viven de los beneficios provenientes de la economía de la droga. Por último, el mundo de las carreras de caballos o el de las peleas de gallos se benefician ampliamente de los ingresos del narcotráfico.Este boom del dinero sucio ha difuminado en gran medida los límites entre la «gente decente» y el mundo de la delincuencia, tanto en las pequeñas comunidades rurales como en las ciudades fronterizas. En las localidades rurales, como Santa Gertrudis, la ciudad de Sonora, estudiada por Natalia Mendoza Rockwell14, los acomodamientos tuvieron lugar a partir de una sociabilidad de proximidad y de relaciones de parentesco. La participación en el narcotráfico nunca implicó sanciones sociales contra los implicados. La desconfianza y la estigmatización se han dirigido a los extranjeros, a los provenientes de estados vecinos, por ejemplo de Sinaloa entre los habitantes de Sonora, o de municipios alejados de Altar. Algunas organizaciones, como La Familia o los Caballeros Templarios en Michoacán, utilizaron este lenguaje para desacreditar a sus rivales cuando quisieron hacer pie en el estado15. En muchos municipios, la policía y las autoridades locales han ignorado estas actividades, sin necesidad de sobornos. A veces han advertido «espontáneamente» a parientes o amigos de la llegada de investigadores federales para preservar la tranquilidad de la «comunidad». El arreglo consistía en cerrar los ojos y en pedir al mismo tiempo a los narcotraficantes que evitaran el alboroto en el municipio. En las ciudades más grandes, la Policía o los funcionarios locales han tenido comportamientos similares, acompañados de actos de corrupción en su debida forma.

Todo esto es aún más nítido en el caso de la Policía Federal, de los oficiales del Ejército, de las aduanas y del control del tráfico aéreo. Las elites económicas tradicionales también se han beneficiado enormemente del negocio de la droga. No son pocos quienes han trabajado en el lavado de dinero o participado con plenitud, sin cuestionárselo, en las «actividades de refuerzo». A las clases populares, el trabajo ocasional de tráfico a EEUU y muchas otras pequeñas tareas les han permitido ya sea superar los avatares de la fortuna o bien mejorar sus ingresos y participar en el mundo del consumo de electrodomésticos, motocicletas o automóviles. Poco a poco, en las ciudades fronterizas como las del Triángulo de Oro o en ciertas zonas de Michoacán o de Guerrero, las actividades ligadas al narcotráfico se convirtieron en labores como cualquier otra. Ante la pregunta de su maestra, niños de Altar respondieron sin pestañear que cuando fueran mayores, querían convertirse en mafiosos. En los bailes locales ocurría que los narcos no eran parejas despreciables para las chicas jóvenes en cualquier medio social, desde los más humildes hasta los más ricos. Por pocos buenos modales que tuvieran, los narcotraficantes representaban novios o maridos más que aceptables.

Pero si bien la difuminación de las fronteras entre lo legal y lo ilegal alcanzó su apogeo mientras los enfrentamientos entre los diferentes grupos de narcotraficantes permanecieron limitados y circunscriptos, la proliferación de arreglos de cuentas sangrientos, así como la «guerra» contra el crimen organizado lanzada por Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, de ninguna manera ha puesto fin a las imbricaciones entre la economía de la droga y sus «actividades de refuerzo». Estas imbricaciones se han vuelto más discretas y algunas han llegado a ser más difíciles de identificar. La «buena sociedad» ya no se mezcla con el mismo impudor con el crimen organizado. Como ha mostrado Salvador Maldonado en uno de sus últimos trabajos sobre Michoacán, la escalada de violencia durante el mandato de Calderón tuvo como efecto paradójico desdibujar las fronteras entre quienes detentan legítimamente la autoridad y ciertas organizaciones criminales16. Así, en la región de Uruapán, algunas de estas organizaciones han instaurado un mínimo orden frente a sus rivales y más aún ante la pequeña criminalidad. Aunque temiéndoles y dándoles una adhesión circunstancial, la población ha aprendido, en algunos lugares, no solo a adecuarse a estas organizaciones, sino a recurrir a ellas. Algunos ya no dudan en reportarles sobre sospechosos de delitos comunes para que los castiguen. Hay mujeres que acuden a ellas para aleccionar a sus esposos violentos o infieles. Por otra parte, la mezcla de minuciosidad arbitraria y violencia desmesurada con que a menudo actúan las fuerzas del orden ha contribuido a que las poblaciones las juzguen con el mismo oportunismo desconfiado que utilizan con las bandas criminales17. La idea de que la Policía pueda constituir el brazo armado de un Estado a la vez protector y susceptible de justicia resulta imposible de sostener.

Habitus tradicionales y nueva ideología de la globalización

Las actividades ilegales y la violencia asociada a estas desde hace una década siguen siendo incomprensibles si no se analiza su afinidad electiva con dos tipos de concepciones de la riqueza, el trabajo y el individuo: el primero, muy enraizado en el habitus latinoamericano; el otro, promovido y acarreado por las desregulaciones neoliberales y la última globalización.

Como muestra claramente Danilo Martucelli en un ensayo reciente, ¿Existen individuos en el sur?18, aunque evidentemente el modo de producción capitalista ha dejado su huella en las relaciones sociales de América Latina, el trabajo no cumple sin embargo un rol central en el proceso de constitución y definición de los individuos. La comunidad étnica o regional, o la religión, son tan importantes como el trabajo para la definición de los sujetos. De manera que, en las zonas donde el narcotráfico se ha convertido en una actividad muy lucrativa, no es suficiente para dar un estatus a aquellos que han hecho de él su profesión. El estatus de un individuo continúa siendo definido, ante todo, por sus orígenes geográficos o por la posición de su familia. Así, en Santa Gertrudis se considera un «mafioso», término con que se designa a los narcotraficantes, a un lugareño o un miembro de una familia acomodada. Si se lo tacha de «narco», este calificativo estigmatizante señalará ante todo su condición de forastero o su pertenencia a una familia «baja», no su participación en una ocupación ilegal. Martucelli señala que tal representación del trabajo se articula en una representación de la riqueza que hace de esta menos el fruto del empeño que un don de la naturaleza. Los recursos naturales de la minería, la silvicultura y la agricultura se conciben como tesoros de los que se saca provecho y nunca como ingredientes relacionados con una puesta en valor que supone una suma de esfuerzos personales. Incluso en el mundo de los productores de ganado, donde se valoran el trabajo y el empeño, la riqueza guarda intrínsecamente un carácter fortuito. Las actividades ligadas al narcotráfico se perciben de la misma manera: no son de ningún modo actividades rutinarias y regulares, sino una serie de buenos negocios donde la suerte juega un papel determinante. La letra de un «narcocorrido»19 como «La camioneta gris» de los Tigres del Norte ilustra bien este imaginario del juego y del desafío presente entre los contrabandistas. Esta canción, como muchas otras, presenta a hombres audaces que arriesgan el todo por el todo.

Las actividades ligadas al narcotráfico también se adecuan perfectamente a una representación que considera al individuo como un «jugador asimétrico» o un «oportunista vulnerable». Se actúa en un mundo inestable, donde las reglas van en desmedro de «los de abajo» y a la vez son permanentemente reacomodadas por los poderosos en su favor. De ahí la imperiosa necesidad de mostrarse astuto. Hay que actuar con sagacidad continuamente para imponerse y protegerse. Escuchar los narcocorridos20 o ver films narcos, tan populares en el norte de México y entre los migrantes que viven en EEUU, contribuyen a difundir estos imaginarios. Se exige cierta bribonería y, en algunos casos, los trucos más infames están permitidos siempre que no se realicen en desmedro de los más cercanos, sino más bien en su beneficio. Se trata de un mundo próximo al del «amoralismo familiar» descripto por Edward Banfield en Sicilia21. El individuo aquí no es conducido por instituciones que establecen reglas y producen normas que se aplican mecánicamente para protegerlo, sino por otros individuos que son ante todo miembros de redes que actúan de modo oportunista.

El individuo es, finalmente, un «actor metonímico». La cuestión no es tanto, como señala Martucelli, la del surgimiento del individuo, sino la de la radicalidad de su presencia. Los individuos, en cierta forma, «preceden» a las instituciones ausentes o débiles. El establecimiento de regímenes democráticos que proclamen derechos y confieran a los individuos el sentimiento de que tienen «el derecho a tener derechos» (Hannah Arendt) acentúa la tensión entre las instituciones que protegen insuficientemente a los individuos y ellos mismos. Aquí están todas las temáticas de la «anomia cándida» y el «país al margen de la ley» enunciadas por el jurista argentino Carlos Nino para su país22. Al ser las instituciones deficientes o al estar simplemente ausentes, se resuelve al margen de estas porque muy a menudo no se puede hacer de otra manera. Esto es evidentemente lo que ocurrió en las regiones rurales y fronterizas o en el Triángulo de Oro, en Guerrero y en Michoacán, cuando comenzó no solo la expansión del narcotráfico, sino también la acción de la Policía y el Ejército en contra de estas actividades. El individualismo es la actitud del «yo primero», y no es exclusiva de los narcos, de la clase política o las autoridades, sino que está esparcida por todo el conjunto social. Para todos, la moral es concéntrica, se aplica en función de círculos de sociabilidad y redes.

Estos habitus no constituyen una cultura fija y atemporal, se renuevan con las circunstancias y con el paso de los años. Y la «ideología invisible» (Claude Lefort23) que acompañó a la última globalización les ha dado un nuevo impulso. Pensemos en la valorización del individuo «perfomático», del cual son emblemas los atletas de alto nivel, los agentes de bolsa o los hombres de negocios. Los primeros representan individuos que solo valen por sí mismos, sujetos que vienen desde lo bajo de la escala social y llegan a la cima gracias a una mezcla de esfuerzo personal y suerte, pero también a un sentido de la transgresión de las reglas. Hay que tener asimismo en cuenta el rol del dopaje, central en la cuestión del rendimiento. La segunda es también una profesión que hace hincapié en la condición de jugador, pero a la vez de engañador, como lo han mostrado diferentes escándalos bursátiles en los últimos años. Los empresarios de la era de la globalización tienen un perfil bastante similar; en esto consiste toda función social de la empresa o del empresario teorizada por John Kenneth Galbraith en El nuevo Estado industrial (1967) y La economía y el objetivo público (1973). Todo está permitido con tal de tener éxito. Las tres profesiones son emblemáticas de una igualación de condiciones por el consumo y los gastos suntuarios. Sus miembros constituyen una nueva aristocracia del éxito individual. En varios sentidos, los actores del narcotráfico han tenido desde hace tiempo este perfil tanto en México como en otros países de América Latina: son individuos que accedieron a posiciones envidiadas gracias a su astucia y su visión de los negocios, imágenes bastante alejadas de las que tradicionalmente transmitieron películas como El padrino o Scarface.

Comentario final

La matanza ocurrida en la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, no solo constituye un acontecimiento sumamente esclarecedor de la connivencia entre el mundo del narcotráfico y el mundo político, sino que ha suscitado reacciones en la opinión pública mexicana que evidentemente marcan un agravamiento de la desconfianza de la que es objeto la clase política, en toda tendencia y nivel. Recordemos los hechos, porque son característicos del problema mexicano24. El 26 de septiembre, en paralelo a un mitin de María de los Ángeles Pineda (esposa del alcalde del PRD, José Luis Abarca), que lanzaba su campaña para las elecciones municipales, estudiantes radicales de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa se trasladaron a Iguala para recaudar fondos –e incluso secuestrar algún autobús– para su viaje a la capital, en una práctica tolerada año tras año, y así poder participar en la conmemoración de la masacre de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la víspera de los Juegos Olímpicos. La versión más difundida dice que el alcalde le habría pedido inmediatamente al jefe de la policía local impedir toda manifestación de estudiantes en Iguala, y este último optó al parecer por los peores métodos. Los 43 estudiantes asesinados habrían sido detenidos por los policías municipales y luego entregados a los sicarios de un grupo de narcotraficantes que dominan la región, los Guerreros Unidos, del que el alcalde y su esposa forman parte. Según la policía encargada de procesar este delito, los estudiantes luego habrían sido ejecutados en un basurero cerca de la ciudad. Finalmente, quemaron sus cuerpos y, una vez incinerados sus huesos y cenizas, los arrojaron a un río. Este es el relato más difundido al escribir este artículo, pero aún las incertezas reinan sobre la certidumbre, y hay sospechas de que los estudiantes fueron ejecutados en otro lugar con la ayuda de otros policías coludidos con los narcos.

Lo cierto es que desde principios de noviembre las manifestaciones de protesta en Guerrero y en otros lugares del país se multiplicaron y se hicieron masivas, tomando a veces formas violentas. El acontecimiento hizo nacer una desconfianza sin precedente respecto de la clase política mexicana, cuyas reacciones fueron particularmente lamentables, apelando unos y otros solo a discursos en los que acusan a sus competidores de corrupción y de connivencia con los narcos y se declaran inocentes de todo vínculo con tales prácticas, cuando resulta evidente que las responsabilidades son colectivas, porque todos, más allá de sus desparpajos, cubrieron los lazos entre sus funcionarios y el crimen organizado, o peor aún, como en el caso del PRD de Iguala, aceptaron en sus filas no a políticos corruptos sino a criminales que buscaban convertirse en hombres políticos (el episodio provocó la renuncia al PRD del histórico Cuauhtémoc Cárdenas). Algunos editorialistas consideran, no sin razón, que México está al borde del caos y que solo cambios radicales en la política de lucha contra el crimen organizado y en el seno de la clase política le permitirían emerger del sangriento callejón sin salida en el que el país está inmerso. Si el sobresalto de la opinión pública y de la sociedad civil es innegable, se puede dudar de la capacidad y de la voluntad de la clase política de cambiar de rumbo. En efecto, las reformas lanzadas por Peña Nieto en el marco del Pacto por México25 aparecen como un ahondamiento de las reformas instituidas en el momento de la firma del TLC con EEUU y Canadá, y pudieron ser votadas solo gracias a compromisos con el PAN, el partido del presidente saliente, ya que el PRI gobierna sin mayoría parlamentaria. El precio de este acuerdo entre el PRI y el PAN fue la decisión de no llevar a juicio a ninguno de los funcionarios del gobierno precedente acusados de crímenes en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Como destaca Jorge Castañeda, ex –y efímero– ministro de Relaciones Exteriores de Fox, semejante decisión es no solo inmoral sino también una incitación a actuar del mismo modo respecto de los miembros de las fuerzas armadas o policiales, cuyas manchas son numerosas26.

La cuestión hoy reside en saber si México sabrá romper con su vieja política del «desarrollo estabilizador»: hacer todo con el fin de favorecer un crecimiento económico que traiga milagrosamente hábitos democráticos y negarse a toda reforma en materia de policía y de justicia, que podría permitir una lucha eficaz y necesariamente de larga duración contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad. Esa fue la apuesta a la modernización lanzada por Salinas de Gortari que, hay que decirlo, conoció fallas morales –solo pensemos en que tuvo que exiliarse al final de su mandato mientras su hermano estaba en prisión– y también fallas económicas: el crecimiento esperado y sus efectos virtuosos nunca llegaron27. Esta política del crecimiento a cualquier precio como remedio a todos los males de México ha sido también hasta ahora la de Peña Nieto. El drama es que muchos buenos expertos en la situación mexicana han sugerido soluciones para reformar el Estado mexicano y volverlo más eficaz en su lucha contra la violencia y la corrupción28. Por el momento, sin éxito.

  • 1. Gilles Bataillon: sociólogo e investigador del Centre d’Études Sociologiques et Politiques Raymond Aron de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (cespra-ehess), París, y profesor afiliado a la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), México, df. Es codirector de la revista Problèmes d’Amérique Latine. Publicó varios libros, entre ellos Génesis de las guerras intestinas en América central (Fondo de Cultura Económica, México, df, 2008) y rodó con Clara Ott el documental histórico Nicaragua, une révolution confisquée (Calisto-Productions, 2013).Palabras clave: consumo, corrupción, narcotráfico, violencia, Enrique Peña Nieto, México.Nota: traducción del francés de Lucas Bidon-Chanal.. Según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
  • 2. En particular, se pueden citar: Jesús Blancornelas: El cártel. Los Arellano Félix: la mafia más poderosa en la historia de América Latina, Plaza y Janés, México, df, 2002; José Reveles: El Chapo: entrega y traición, Debolsillo, México, df, 2014; Anabel Hernández: Los señores del narco, Grijalbo, México, df, 2011; Diego Osorno: El cartel de Sinaola. Una historia del uso político del narco, Grijalbo, México, df, 2010; Ricardo Ravelo: Los capos. Las narco-rutas de México, Debolsillo, México, df, 2006; Herencia maldita. El reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico, Debolsillo, México, df, 2007; Zetas. La franquicia criminal, Ediciones b, México, df, 2013; Los narcoabogados, Grijalbo, México, df, 2006; y Osiel. Vida y tragedia de un capo, Grijalbo, México, df, 2009.
  • 3. V. sobre este punto el libro de Ioan Grillo: El Narco: Inside Mexico’s Criminal Insurgency, Bloomsbury Press, Nueva York, 2011, en especial el capítulo sobre «cultura».
  • 4. Debolsillo, México, df, 2009, pp. 265-278.
  • 5. Joaquin Mortiz, México, df, 1990.
  • 6. Wil G. Pansters: Violence, Coercion, and State-Making in Twentieth-Century Mexico: The Other Half of the Centaur, Stanford University Press, Redwood City, ca, 2013.
  • 7. V. Diane E. Davis: «Policing and Regime Transition»en W.G. Pansters: ob. cit., pp. 68-90, y el relato de José Gonzalez G.: Lo negro del negro Durazo. La biografía criminal de Durazo escrita por el jefe de sus ayudantes, Posada, México, df, 1983.
  • 8. Les règles de la méthode sociologique [1894], puf, París, 2013, p. 67. [Hay versión en español: Las reglas del método sociológico, varias ediciones].
  • 9. Thierry Pech: Le temps des riches: anatomie d’une sécession, Seuil, París, 2011.
  • 10. S. Guez: «À la frontière du légal et de l’illégal, travail et narcotrafic à Ciudad Juarez (Mexique) et El Paso (Etats-Unis)» en Problèmes d’Amérique Latine No 66/67, otoño-invierno de 2007; «La frontière et au-delà. Une enquête ethnographique sur le narcotrafic à Ciudad Juárez (Mexique) et El Paso (Etats-Unis)» en Cultures & Conflits No 72, invierno de 2008; Howard Becker: Les mondes de l’art, Flammarion, París, 1988.
  • 11. Región montañosa situada en los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa.
  • 12. V. el documental de Agnès Gattegno: Narco-finance, les impunis, Arte France, Francia, 2014.
  • 13. Julio Scherer García: La Reina del Pacífico: es hora de contar, Grijalbo, México, df, 2008.
  • 14. N. Mendoza Rockwell: Conversaciones del desierto. Cultura moral y tráfico de drogas, cide, México, df, 2008.
  • 15. Salvador Maldonado: «Violence d’État et ordre criminel. Les couts de la guerre perdue du Michoacan, Mexique» en Problèmes d’Amérique Latine No 89, 2013.
  • 16. Ibíd.
  • 17. V. el informe de Human Rights Watch: Neither Rights Nor Security Killings, Torture, and Disappearances in Mexico’s «War on Drugs», Human Rights Watch, Nueva York, 2011.
  • 18. lom, Santiago de Chile, 2010. V. especialmente el capítulo «Un imaginario de la riqueza», p. 185 y ss.
  • 19. Variante del «corrido» (canción popular mexicana) que suele tener a narcotraficantes como personajes principales [N. del T.].
  • 20. V. al respecto María Luisa de la Garza: Pero me gusta lo bueno. Una lectura ética de los corridos que hablan del narcotrafico y de los narcotraficantes, Miguel Ángel Porrúa, México, df, 2008.
  • 21. E. C. Banfield: The Moral Basis of a Backward Society, The Free Press, Glencore, 1958.
  • 22. C. Nino: Un país al margen de la ley [1993], Ariel, Barcelona, 2005.
  • 23. V. su ensayo «Esbozo de una génesis de la ideología» en Las formas de la historia. Ensayos de antropología política, Fondo de Cultura Económica, México, df, 1988.
  • 24. Sobre este tema, v. Jorge Volpi «El desamparo de Ayotzinapa» en El País, 15/11/2014, y Frédéric Saliba: «Au nom des disparus d’Iguala» en Le Monde, 13/11/2014, así como varias investigaciones recientes de Anabel Hernández en la revista Proceso, entre ellas, A. Hernández y Steve Fisher: «Iguala: la historia no oficial» en Proceso, 13/12/2014.
  • 25. Estas reformas abren a la vez la posibilidad al capital extranjero de participar en asociación con empresas mexicanas en la explotación petrolera o de otras fuentes de energía, sientan las bases de una tímida reforma fiscal y de una ley contra los monopolios, y pretenden también reformar el sistema de contratación y de evaluación de los maestros de escuela.
  • 26. J. Castañeda: «El rumbo que necesita México» en El País, 14/11/2014.
  • 27. El balance de Gerardo Esquivel en la materia es sumamente esclarecedor. V. «El crecimiento económico mexicano durante los gobiernos del pan y más allá» en Problèmes d’Amérique Latine No 89, 1/2014.
  • 28. V., por ejemplo, Edgardo Buscaglia: Vacíos de poder en México, Debate, México, df, 2013.