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Mucho más que dos izquierdas

La tesis de las dos izquierdas, repetida como un estribillo en los círculos políticos y académicos de América Latina, distingue entre una tendencia «pragmática», «sensata» y «moderna», representada por Chile, Brasil y Uruguay, y otra «demagógica», «nacionalista» y «populista», presente en Venezuela, Bolivia, Argentina y México. El artículo sostiene que, en realidad, la izquierda ha asumido una forma específica en cada país de acuerdo con las herencias institucionales del neoliberalismo, el lugar de los movimientos sociales y la trayectoria histórica de los partidos progresistas. Hay, por lo tanto, más de dos izquierdas, aunque todas tienen en común la voluntad de recuperar el rol del Estado y mejorar la situación social en un contexto de superación de la agenda neoliberal.

Mucho más que dos izquierdas

La tesis de las dos izquierdas, repetida como un estribillo en los círculos políticos y académicos de América Latina, distingue entre una tendencia «pragmática», «sensata» y «moderna», representada por Chile, Brasil y Uruguay, y otra «demagógica», «nacionalista» y «populista», presente en Venezuela, Bolivia, Argentina y México. El artículo sostiene que, en realidad, la izquierda ha asumido una forma específica en cada país de acuerdo con las herencias institucionales del neoliberalismo, el lugar de los movimientos sociales y la trayectoria histórica de los partidos progresistas. Hay, por lo tanto, más de dos izquierdas, aunque todas tienen en común la voluntad de recuperar el rol del Estado y mejorar la situación social en un contexto de superación de la agenda neoliberal.

El estribillo de las dos izquierdas

Nunca antes partidos, coaliciones o movimientos políticos que se reconocen como provenientes del campo de la izquierda han conseguido ser elegidos democráticamente, casi al mismo tiempo, al frente de los gobiernos de un número tan amplio de países latinoamericanos. Este nuevo ciclo de ascenso político, sin embargo, está marcado por una alta heterogeneidad en las trayectorias, la composición organizativa y las agendas programáticas dentro de la tendencia. La profundidad y los rendimientos de las políticas neoliberales, la legitimidad que han logrado mantener los actores políticos que las promovieron y el lugar que ocuparon los sectores de izquierda en las luchas contra el avance de dicho modelo condicionan, en cada país, la diversidad del campo progresista. En este contexto se entiende la afirmación de Boaventura de Sousa Santos: el trazo particular del ciclo político vigente es la enorme distancia entre las prácticas de la izquierda latinoamericana y los discursos teóricos desde los que ella se ha expresado tradicionalmente.

Constatar la proliferación de prácticas de izquierdas y la variedad de trayectorias políticas e institucionales que explican su crecimiento bastaría para poner en cuestión el influyente tropo que reduce la compresión de tal momento político al ascenso de dos izquierdas. La acelerada difusión y progresiva consolidación de dicho argumento en la opinión pública exige analizarlo con mayor detenimiento.

El ex-canciller mexicano Jorge Castañeda fue uno de los primeros en advertir que los ciudadanos latinoamericanos se hallarían, en nuestros días, ante el dilema de elegir entre dos izquierdas: una «pragmática», «sensata», «realista», «moderna» y «resignada» –representada por los gobiernos de Brasil, Chile y Uruguay– y otra «demagógica», «nacionalista», «populista», «poco modernizada» y «sin fundamentos ideológicos», presente en Venezuela, Bolivia, Argentina y México. A partir de allí, esta idea se ha difundido rápidamente, con diversos matices y perspectivas, a través de otros análisis que insisten en sostener una compresión dicotómica de la evolución de la izquierda. El antiguo dirigente comunista venezolano y hoy opositor a Hugo Chávez Teodoro Petkoff ha opuesto la «izquierda de reformismo avanzado», que también integrarían los gobiernos de Panamá, República Dominicana y Guyana, a la «izquierda borbónica», representada por el eje Cuba-Venezuela y sus efectos sobre Bolivia, Nicaragua y El Salvador. El ex-guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos habla de la diferencia entre la «izquierda religiosa» y la «izquierda racional». La imagen de la bifurcación del camino de las izquierdas aparece también cómodamente instalada en la visión de intelectuales como Carlos Fuentes o Andrés Oppenheimer, así como en la prensa internacional, en gran número de analistas locales e, incluso, en ciertos trabajos académicos.Sobre la base de tres pares de oposiciones, el argumento construye un esquema analítico que, más allá de las diferencias nacionales, permite distinguir –y descalificar o consagrar– a uno de los dos supuestos polos.

La «izquierda pragmática» acepta con resignación el predominio del libre mercado, mientras que la «izquierda idealista y demagógica» pregona un discurso no solo «antineoliberal» sino incluso anticapitalista y busca desmantelar la libertad del mercado; la «izquierda democrática» reconoce sin ambivalencias las reglas del juego político y está comprometida con las instituciones de la democracia representativa, mientras que la «izquierda populista» considera la democracia y el estado de derecho como formalidades que no pueden limitar la expresión de la voluntad popular; la «izquierda moderada» ha comprendido que la política exige un manejo gradual y negociado de la agenda pública, mientras que la «izquierda radical» apuesta por cambios poco consensuados y ofrece resolver los problemas de manera absoluta.

La política fiscal y monetaria del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que básicamente no ha modificado las líneas maestras del programa neoliberal de su antecesor, así como la inflamada retórica anticapitalista y las ambivalencias democráticas de Hugo Chávez han sido la base para consolidar la imagen de una izquierda «tolerable» y otra «inadmisible». Estas mismas imágenes son empleadas desde el campo de izquierda cuando, asignando un valor inverso a las series antes descritas, se condena enérgicamente la resignación brasileña y se aplaude la radicalidad y la voluntad política del presidente venezolano. Tal reacción abre la sospecha de que la rápida difusión de esta tesis ha ido de la mano de su progresiva banalización, que la ha convertido en un puro recurso de confrontación ideológica.

Para comprender con mayor rigor el ascenso de las izquierdas en América Latina se requiere, por el contrario, explorar los particulares contextos de su emergencia, los bloques de poder sobre los que se apoyan y los márgenes de maniobra que dejan las herencias institucionales forjadas en el largo periodo neoliberal. Hacerlo permitirá verificar que en América Latina no solo coexisten más de dos izquierdas, sino que ellas comparten un conjunto de procesos y propuestas que autorizan a hablar de un ciclo político común.

El voto a la izquierda

Con matices, los triunfos de las izquierdas expresan el cansancio de los latinoamericanos en relación con las políticas market-oriented. Al combinarse con una modernización fragmentada y un bajo crecimiento económico, esta agenda prolongó la pobreza, aceleró las desigualdades y desmanteló las estructuras de asistencia social. El retraimiento de la protección social del Estado en países en los que apenas empezaba a consolidarse ha sido percibido como una verdadera deserción, un abandono de la población a su propia suerte, y ha dado paso al resentimiento social y a la indiferencia hacia las instituciones políticas.

No parece casual, entonces, que los triunfos de las izquierdas provengan de la participación electoral y del voto de los sectores pobres y medios de cada país. Sus demandas por una mayor redistribución de la riqueza y por expresas señales de reconocimiento social convergen con la oferta realizada por estas fuerzas para, al menos, desmontar el núcleo duro de la agenda neoliberal y recuperar ciertas funciones de bienestar social y regulación económica que el Estado cumplió, aunque de modo muy desigual, en los años anteriores al ajuste estructural.

En la actual dinámica regional se verifica, en efecto, «una nueva identificación entre los pobres y el voto»: los sucesivos triunfos de Hugo Chávez están claramente anclados en la participación electoral y en el apoyo sostenido de los sectores pobres y marginados a la «Revolución Bolivariana», aun si ésta les ha ofrecido más reconocimiento que efectiva redistribución. Esta identificación política ha generado, por otro lado, una acelerada polarización, y las clases medias y altas sienten cada vez más distancia con el régimen.

Por su parte, para llegar al gobierno el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño debió ampliar su base original –conformada por los sindicatos obreros, el apoyo de ciertas zonas rurales y el respaldo de los sectores medios en el sur del país– y ganar presencia electoral en el resto del territorio. Así, en las elecciones locales de 2004, el PT pasó a ser uno de los partidos más votados en el nordeste brasileño, la región más pobre del país, históricamente controlada por coroneles y hacendados locales. Esta tendencia ha sido confirmada en los sondeos previos a las elecciones presidenciales de 2006 que, además, indican un nuevo apoyo a Lula en las periferias urbanas y en los sectores de trabajadores informales. En otras palabras, el ejercicio de gobierno habría posibilitado al PT ampliar su electorado «hacia abajo». Luego del escándalo de corrupción en la cúpula del partido, esta tendencia obedecería sobre todo al prestigio y al capital electoral del propio Lula, en el contexto de una creciente polarización entre ricos y pobres, estimulada en parte por los ataques de los grandes medios al presidente. El próximo ciclo de gobierno sería, entonces, más «lulista» que «petista».

El proceso de crecimiento electoral del Encuentro Progresista-Frente Amplio en Uruguay también se ha extendido, en los últimos quince años, desde los sectores medios, obreros y estudiantes afincados en Montevideo hacia el resto de las regiones, tradicionalmente controladas por los dos partidos dominantes desde 1836. En el mismo sentido, el ascenso electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia obedeció a que, por vez primera en la historia republicana, los indígenas votan masivamente por indígenas, lo que ha dado lugar a la consolidación de una estrategia de autorrepresentación. Las elecciones de diciembre de 2005 demostraron, además, el inédito respaldo de sectores medios y urbanos a la candidatura de Evo Morales. Al igual que en los casos anteriores, este desplazamiento ha supuesto para el MAS la adhesión del electorado de los partidos que administraron el ajuste y el debilitamiento global de la clase política tradicional.

Las fuerzas de izquierdas aportan así al aparato gubernativo un conjunto de dirigentes sociales, militantes y técnicos provenientes de sectores sociales desfavorecidos y marcados por su extracción de clase o por su etnia y color de piel. Dicho recambio de cuadros, más plebeyos y populares ahora, constituye un efectivo avance democrático, gestado en los últimos veinte años, en sociedades históricamente conducidas por sus tradicionales elites blancas y pudientes. No se trata, por supuesto, de sostener cualquier forma de «democracia popular», sino de observar una tendencia común de modificación en la composición sociológica de los cuerpos gubernativos y de llamar la atención sobre los efectos que ello podría tener en las relaciones de poder entre los diversos estratos sociales en cada país.

La derecha política y los grupos sociales afines a ella han recibido el mensaje y, sin distinguir «moderados» de «radicales», han emprendido furiosas campañas contra los nuevos gobiernos. La participación de los sectores industriales y de las clases medias en el golpe de Estado de abril de 2002 en contra de Chávez, el pertinaz ataque de los emporios comunicativos al gobierno de Lula en Brasil o a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en México, el miedo de las clases altas y blancas bolivianas al ascenso al poder de Evo Morales y el más banal detalle de que en Las Condes tampoco se votó mayoritariamente por Michelle Bachelet constituyen manifiestas señales del recelo y, a menudo, de la poco leal oposición de «los que ganaron» con la liberalización económica, frente a las perspectivas de cambio político abiertas por la mayor influencia y visibilidad de «los que han perdido».

Los movimientos sociales y los nuevos bloques políticos

Una de las mayores novedades en el actual protagonismo de las izquierdas proviene de la emergencia de nuevos movimientos sociales con un alto sentido de autonomía organizativa e innovadoras demandas políticas. Surgidas a inicios de los 90, dichas organizaciones se colocaron a la vanguardia de la resistencia al neoliberalismo y comenzaron a experimentar con nuevas formas de acción política. Las organizaciones indígenas y campesinas, de mujeres y de derechos humanos se destacan nítidamente en este escenario. A ellas se han incorporado, con menos experiencia organizativa, sectores medios, de desempleados, pequeños ahorristas y trabajadores informales. Aun cuando este conjunto de actores colectivos continúa siendo minoritario dentro de los sectores a los que pretenden representar –y aun cuando muchas veces no poseen específicas credenciales de izquierda–, lo cierto es que han reactivado, ideológica y estratégicamente, a las coaliciones y frentes de izquierda con los que han entrado en interlocución, o, como en el caso de las organizaciones indígenas en Ecuador y Bolivia, han sido la base para su recomposición organizativa y su relanzamiento político.

Pero no hay que sobrestimar la convergencia de los movimientos sociales, ni tampoco suponer que las protestas y los levantamientos sociales constituyen una única ola que se extiende inexorablemente de un país a otro. Las especificidades nacionales marcan las diversas trayectorias y la capacidad de influencia de los movimientos en el seno de la izquierda y en la sociedad en su conjunto, y permiten observar las características sociopolíticas e ideológicas de los gobiernos a los que sostienen o de los que forman parte.

En el caso boliviano, el ciclo de protestas 2000-2005 expresa la particular amalgama de las luchas indígenas y nacional-populares presentes en los últimos dos siglos. La insurrección anticolonial de 1780, durante la cual las tropas aimaras y quechuas asediaron por cinco meses a las fuerzas españolas, y los logros de la revolución nacional-popular de 1952, que con el impulso de las clases medias urbanas y los mineros del estaño nacionalizó las minas, universalizó el sufragio y puso fin a la dominación oligárquica, reaparecieron en los repertorios de lucha y en las demandas de los rebeldes –indígenas, campesinos y trabajadores urbanos– del siglo XXI. Así, en octubre de 2003 y en junio de 2005, cuando fueron depuestos los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, emergió un nuevo momento de articulación entre la memoria insurreccional indígena y los elementos de la resistencia nacional-popular, sostenidos, incluso, por ciertos sectores de la clase media progresista. Luego de estos episodios, la clase política que había administrado desde 1985 uno de los más ambiciosos planes de liberalización económica de la región, no ha recobrado su legitimidad política. Las demandas plebeyas desafiaban el núcleo duro de su continuidad: imponer el control soberano de los recursos naturales, convocar una asamblea constituyente y desmantelar la estructura colonial del Estado nacional.

Aunque desde su nacimiento el MAS rechazó el neoliberalismo, apostó por la recuperación de algunas áreas estratégicas de la economía para el Estado y repudió la intervención estadounidense en la política antidrogas, fue luego de la «guerra del gas» cuando debió tomar en serio las demandas de los movimientos sociales. El programa de gobierno de Evo Morales ha retomado entonces –descartando las visiones más extremas de construcción de un «Estado indio»– las reivindicaciones de estos actores colectivos. No hacerlo habría implicado ignorar la irradiación de sus propuestas hacia el conjunto de la sociedad –en junio de 2005, 70% de la población demandaba la nacionalización del gas– y el reinicio del conflicto social. En cualquier caso, la tensión entre los movimientos sociales y la figura carismática del presidente marcará el rumbo del gobierno. La formación del MAS, en tanto «instrumento político» de una confederación de organizaciones campesinas, indígenas y sindicales, apuntaba a garantizar sus conquistas sociales a través de presencia institucional y capacidad de articulación hegemónica en el ámbito nacional. En este sentido, Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto lo definen como «un nuevo nacionalismo de izquierda, en el que los clivajes pueblo-oligarquía y nación-imperialismo están atravesados por una cierta etnificación de la política». Además, la defensa de la democracia representativa, bajo la premisa de que la democracia fue también una «conquista popular», ubica al MAS como parte de una izquierda reformista, que busca la profundización de la democracia a través de la integración política de los que «no participaron en la fundación de la República». Fue así como, en 2003 y 2005, el MAS apoyó los procesos de sucesión presidencial previstos por la Constitución y, una vez en el gobierno, utilizó los mecanismos democráticos para la convocatoria a la Asamblea Constituyente, además de respetar las demandas autonómicas de regiones políticamente opuestas al régimen.

La configuración nacional-popular de la política boliviana, expresada en la reciente nacionalización de los hidrocarburos, tiene poco que ver con la tradición populista argentina que, en momentos de crisis, desemboca más bien en la primacía del sistema institucional, a través del protagonismo del peronismo, por sobre los movimientos sociales. Éstos se habían mostrado muy activos desde el segundo lustro de los 90, cuando comenzaron a aparecer, en diversos puntos del país, los cortes de ruta («piquetes») realizados por los desempleados y los trabajadores precarios o informales, conocidos como «piqueteros». A ellos se sumaron, después, algunos sindicatos, el movimiento de fábricas recuperadas y diversas asambleas populares. La recesión económica provocada por el programa neoliberal y el rechazo a la clase política –evidenciado el 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando Fernando de la Rúa renunció a su cargo– aparecían como los factores desencadenantes del ciclo de protesta más intenso de la Argentina democrática. Luego del estallido de diciembre, durante 2002 y 2003, el movimiento piquetero ganó peso político y se constituyó en un interlocutor directo de los gobiernos de turno. Y no fue sino hasta el ascenso político de Néstor Kirchner, un peronista de origen montonero que llegó al poder con un discurso progresista, con tintes nacionalistas y antineoliberales, cuando la acción colectiva comenzó a perder vigor. Heredero de la enorme eficacia simbólica del peronismo, Kirchner apuntó a conducir el cambio político desde arriba, sin abrir espacios de participación a los colectivos ciudadanos organizados. Las demandas de normalización social por parte de la opinión pública legitimaron, además, la apuesta del gobierno de aislar a las organizaciones más combativas a través de la persecución y la estigmatización de la protesta, y los intentos por subordinar a aquellos grupos más propensos al diálogo, sin excluir el uso de los convencionales métodos clientelares. El «peronismo infinito» desmovilizaba así a los nuevos actores sociales y renovaba la tradición de dirigir el cambio desde el gobierno, a través de las decisiones de su líder, antes que buscar un reequilibrio de fuerzas a través de la autoorganización y la lucha social. Ello no ha pesado a la hora de avanzar en ciertas políticas de carácter progresista –derechos humanos, sistema de justicia, política exterior, deuda externa–, pero puede explicar la escasa voluntad del régimen para emprender una política redistributiva hacia los trabajadores ocupados, para ensayar un verdadero plan de inclusión y generación de empleo y para ir más allá de los ataques retóricos al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El progresivo control del aparato justicialista, las recurrentes dificultades de articulación de la izquierda partidaria y la lealtad de las grandes estructuras sindicales al peronismo otorgaron a Kirchner, además, una alta capacidad de control de la agenda política y un amplio margen de maniobra para la conformación de alianzas. Su apuesta fue, en este sentido, construir una coalición con sectores políticos y figuras que no provenían de su propio campo, mientras tomaba distancia de los sectores económicos más poderosos. El perfil de sus alianzas, su apego a una visión nacional y popular, no clasista, de la política, y el infrecuente uso de ofertas demagógicas, permiten a Federico Schuster definir al gobierno como «la versión actual del peronismo de izquierda, aggiornado a los tiempos». De todas formas, y aunque Kirchner haya logrado desmontar algunas de las instituciones forjadas durante el gobierno de Carlos Menem, no parece claro que las demandas de renovación política e inclusión social impulsadas por los movimientos sociales puedan pesar más que las demandas de orden social de la opinión pública dominante.

En cualquier caso, y sin pretender agotar la discusión conceptual sobre el populismo o sobre lo nacional-popular, el breve repaso de los casos boliviano y argentino deja claro que el «estribillo de las dos izquierdas» cae en un uso indiscriminado de tal noción que termina por homogenizar procesos y prácticas políticas muy disímiles. El énfasis que esa categoría otorga a los rasgos personales del líder y a su estilo de gobierno oculta, asimismo, el reconocimiento de que el ascenso de estas dos coaliciones políticas no ha puesto a la democracia bajo amenaza, e incluso ha operado como factor decisivo para que ambos países retornen a cierta estabilidad social y se detenga el desgaste de sus sistemas políticos. Las acusaciones sobre el carácter populista de la nacionalización del gas en Bolivia –medida que, técnicamente, no es una estatización y que, por otra parte, ya ha empezado a adquirir un perfil más realista acorde con las constricciones sistémicas que pesan sobre las economías nacionales– dejan de lado este detalle y ubican en un primer plano la seguridad de las inversiones. La capacidad explicativa del concepto queda así en entredicho.

Las fronteras del cambio

Si en Bolivia el desenvolvimiento del nuevo gobierno está atado al papel de los movimientos sociales, y en Argentina el futuro de Kirchner depende de los equilibrios de poder dentro del justicialismo, en el caso venezolano todo parece descansar en el liderazgo de Chávez y en su capacidad para mediar entre las diversas fracciones, civiles y militares, de su partido (Movimiento V República –MVR–), la burocracia estatal y las también heterogéneas organizaciones y bases sociales que lo respaldan. En el rechazo al exceso de poder concentrado en la figura del presidente, así como de la radicalidad de su proyecto político, se ha montado mucha de la legitimidad que tiene la tesis de las dos izquierdas. La «Revolución Bolivariana» aparece así como el tipo ideal de la «mala izquierda» latinoamericana. La evolución del proceso es, no obstante, más ambivalente de lo que esa tesis sugiere, y muchos de los que aparecen como sus trazos distintivos no vieron la luz con la Quinta República.

Desde fines de los años 80, en Venezuela se viene registrando una conjunción de cuatro factores: la extrema rigidez institucional del bipartidismo, que no daba lugar a la participación de los nuevos actores sociales y que excluía por ley a determinados partidos (la izquierda); la baja redistribución económica; la débil capacidad gubernativa; y el crecimiento, la diversificación y la movilización de las organizaciones sociales. Ello fue creando un escenario propicio para que el conflicto político se concentrara en el tema del cambio de las reglas del orden democrático, disputa que tiende a erosionar el componente liberal de la política y a fortalecer su dimensión democrática. Conservar la distinción entre el aspecto liberal y el aspecto democrático de la política permite distinguir con mayor rigor las vicisitudes del cambio político venezolano y evita colocar, como supone la tesis de las dos izquierdas, al liberalismo político como el único referente normativo de la democracia.

En las elecciones de 1998, Chávez apareció como la única figura capaz de llevar adelante un proceso radical de cambio político. Ya en el gobierno, el presidente empleó una estrategia de movilización social y electoral que consolidó su arraigo en los sectores populares y devastó a los representantes del antiguo régimen. Para ello, ha hecho un uso en extremo eficiente del «mito bolivariano» y de los imaginarios nacionalistas a él asociados. La cómoda mayoría que obtuvo en la Asamblea Constituyente permitió al MVR desmantelar la herencia institucional del bipartidismo y diseñar instituciones que posibiliten la articulación directa entre el líder y el pueblo. La Constitución Bolivariana estableció, entonces, una serie de mecanismos de democracia participativa de muy contradictoria evolución, dio vida a un presidencialismo cuasi plebiscitario que dota de grandes poderes al jefe de Estado –y justifica los temores sobre sus derivas autoritarias– y consagró la obligatoriedad de un conjunto de medidas distributivas. Más de cinco años después de su proclamación, estas reformas han provocado el debilitamiento de las elites políticas y el vaciamiento de los partidos y los sindicatos que las representaban, además de fomentar el activismo, la participación y la inclusión popular en la política y consagrar el predominio del Estado sobre la sociedad civil.El cambio de régimen y la conquista de la hegemonía política no han implicado, sin embargo, similares reorientaciones en la política económica. El gobierno de Chávez repite una política fiscal y monetaria ortodoxa, paga puntualmente la deuda externa, incrementa la participación del capital transnacional y renueva el ciclo de importaciones baratas para satisfacer el mercado interno. La expansión del gasto público y la reorientación de la riqueza social hacia los sectores marginales han sido posibles gracias a los altos precios internacionales del petróleo, a la creación de una institucionalidad asistencial paralela y al enorme grado de discrecionalidad del entorno presidencial en su manejo. Ello ratifica trayectorias institucionales y decisiones políticas ya presentes en los gobiernos del antiguo régimen (el primer mandato de Carlos Andrés Pérez a inicios de los 70) y la reproducción de un tipo de sociedad rentista y dependiente de un solo producto de exportación.

Más aún, si bien la recuperación del control estatal de la política petrolera ha permitido a Chávez pagar tanto la enorme «deuda social» y cancelar prolijamente la deuda externa, también ha facilitado una política de intenso endeudamiento interno que permite asegurar los recursos necesarios para la mayor expansión del gasto fiscal. De este modo, los bancos y grupos financieros reciben del Estado importantes transferencias económicas mediante el pago de intereses y capital sobre estos créditos. La preponderancia del sector financiero sobre el sector productivo, uno de los pilares del neoliberalismo, no parece entonces haber sido debilitada por la Revolución Bolivariana que, de este modo, deja ver los flexibles nexos entre su autoproclamado socialismo y el marcado realismo de algunas de sus decisiones políticas.

Las perspectivas de avanzar en una efectiva transformación social no están, sin embargo, clausuradas. Los ingresos petroleros y la institución de controles de capital (desde 2003) le han permitido al gobierno bloquear el poder de veto del capital especulativo y de las instituciones financieras transnacionales. Los reiterados fracasos de las fuerzas de la oposición han reducido, además, el peso de los tradicionales intereses privados en la estructura de gobierno. Todo ello deja el camino despejado para la progresiva radicalización de las políticas de Chávez, un político pragmático que se orienta según la confrontación con los poderes establecidos y cuyo proyecto peca de un excesivo voluntarismo, impermeable a la crítica pública. Su proclama del «socialismo del siglo XXI», formulada por primera vez en enero de 2005, se inscribe en este contexto de apertura de las oportunidades políticas y, más allá de sus ambiguas realizaciones, ha recolocado en el debate regional el problema de la identidad política de la izquierda en el marco de democracias competitivas que impulsan a los partidos a ganar elecciones con programas cada vez más vacíos. Las intervenciones de Lula en los más altos foros del poder global en contra de las políticas proteccionistas del Primer Mundo –que refuerzan la pobreza del sur, las desigualdades sociales y los desequilibrios ambientales planetarios– dejan claro que las dificultades del PT para avanzar en una agenda alternativa poco tienen que ver con el vaciamiento de su ideario político, como parecen celebrar los defensores de la tesis de las dos izquierdas. La herencia económica, las inercias institucionales y las resistencias políticas del neoliberalismo, en un país altamente integrado a la economía global, han hecho que el proceso de cambio político brasileño sea más sinuoso y lento de lo esperado por el electorado petista.

En Brasil, el manejo prudente de la política económica se articula con un progresivo relanzamiento de iniciativas desarrollistas por parte del Estado (Bndes, Banco do Brasil, proyectos de infraestructura e investigación) y con una innovadora agenda de política social –sostenida, precisamente, en los buenos rendimientos económicos–. Es así como, según el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasil registra hoy el menor índice de desigualdad social de los últimos 30 años. Entre 2001 y 2004, las diferencias de renta cayeron 4%, es decir, la renta de la población pobre creció más rápidamente que la de los estratos más favorecidos. Ello se debería, básicamente, al fortalecimiento de la red de protección social –con los programas Bolsa Familia y Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil–, a la expansión educacional y a la reducción de las diferencias salariales entre el interior y la capital de los estados. La combinación de la ortodoxia financiera con medidas desarrollistas pragmáticas sería también un rasgo histórico clásico de la política económica brasileña. A diferencia de Venezuela, estas políticas se ejecutan a través de un eficiente sector público, no muy desarticulado por las políticas privatizadoras de los 90. Si esta dinámica redistributiva explica el repunte de Lula en la carrera electoral, y aunque las críticas de la izquierda dentro y fuera del partido no han callado, el panorama de un eventual segundo mandato sería favorable para las fracciones petistas que ven en el relanzamiento de posiciones de izquierda la posibilidad de relegitimar el proyecto histórico del partido.

Con la salvedad, quizás, del socialismo chileno, que formaría parte de lo que Przeworski identifica como un «régimen normativo» –en el cual partidos políticos de distinta procedencia ideológica aplican prácticamente las mismas políticas públicas–, los demás gobiernos de izquierda están atravesados por contradicciones similares a las que hoy enfrenta el PT. Su identidad política se preserva en los márgenes que deja la (muy poco democrática) lealtad al superávit fiscal primario. La amplitud de dichos márgenes varía en cada país, pero es posible reconocer en ellos, además de la recuperación del gasto social, un conjunto de iniciativas que convergen en la dirección de abrir el escenario para superar el neoliberalismo y posicionar su específico ideario político. Entre estas iniciativas, podemos señalar:

a) El retorno neodesarrollista de la acción estatal a través del relanzamiento de la inversión pública en sectores estratégicos de la economía y en infraestructura, el restablecimiento de su capacidad redistributiva y la voluntad de recuperar la propiedad –o la gestión– de los activos públicos privatizados. b) La inserción soberana en el escenario internacional por vía del incremento de la capacidad de negociación con los actores económicos transnacionales; el impulso de una política exterior dinámica y multilateral que replantea los nexos con Estados Unidos; el énfasis inédito puesto en los procesos de integración regional con una agenda geopolítica que busca superar el carácter estrictamente comercial de los acuerdos previos, y la apuesta por proyectos de inversión conjunta en sectores económicos de alto impacto regional y nacional (gasoductos, refinería, etc.). c) El fomento a los experimentos de cooperación económica entre el sector público y el sector asociativo en procura de formas no privadas de propiedad y gestión productiva.d) La innovación democrática a partir del impulso de mecanismos de democracia participativa, directa o comunitaria en la gestión pública.

Aunque este conjunto de iniciativas apenas está emergiendo, confirma que los gobiernos progresistas de América Latina no parecen dispuestos a ejercer el poder al precio de su desnaturalización política. A ello, precisamente, invita la tesis de las dos izquierdas, en sintonía con los postulados de la «tercera vía», al asumir que en el realismo está el programa. La ligereza analítica de sus argumentos, en efecto, no encubre sus pretensiones normativas: hacer del pragmatismo y la resignación el núcleo de los valores políticos del centro moderno. El lento caminar de las izquierdas no debe confundirse con la asimilación de este reajuste normativo. El imperativo igualitario aún marca su norte. Hoy la izquierda, sin embargo, no tiene todas las «respuestas correctas». Muchas de las decisiones tomadas se ajustan a un escenario poco favorable a sus aspiraciones y han generado un cúmulo de conflictos internos. Pero las constricciones no son inmutables y hoy se están jugando las opciones para preparar escenarios más propicios para los proyectos de la izquierda. La nueva agenda geopolítica en el ámbito regional abriría, por ejemplo, la vía para una integración menos subordinada en la economía global y fortalecería la capacidad de negociación estatal ante los organismos financieros internacionales. El margen de oportunidad política para las opciones progresistas tendería así a incrementarse. Ello dependerá de otras definiciones políticas, también en el presente, como la de consolidar los bloques de poder que permitan la reelección democrática de los presidentes que impulsan la integración regional (Brasil, Argentina y Venezuela). Si así sucede, se consolidarían las bases políticas de un largo proceso de transición democrática que, en cada país, avanzará de acuerdo con trayectorias específicas, con diferentes grados de continuidad, innovación y ruptura con el neoliberalismo.