Luego de meses de discusiones que llevaron a las calles a miles de manifestantes en las ciudades europeas, el Acuerdo Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) está un paso más cerca de su implementación, con el voto del Parlamento Europeo.

Los miembros del Parlamento Europeo se encontraron en una posición difícil: se vieron forzados a votar por el «sí» o por el «no» a un acuerdo que muchos habrían preferido ver modificado significativamente. Por tratarse de lo que se denomina un «acuerdo mixto», el CETA pasará a los gobiernos de los Estados miembros para su aprobación, un proceso que podría tomar meses o años. Mientras tanto, ya se habrán aplicado muchos elementos «en forma provisional».

En octubre pasado, la Confederación Europea de Sindicatos se unió al Congreso del Trabajo de Canadá para expresar su profunda preocupación respecto del acuerdo. La mayoría de estas preocupaciones se mantienen, y juntos seguiremos haciendo campaña y lobby ante los legisladores y la prensa para exigir mejoras.

Esto es importante porque el CETA incluye una cláusula de revisión que es crucial (artículo 23.11.5) y que permite la modificación del capítulo sobre trabajo. El Instrumento Interpretativo Conjunto acordado entre Canadá y la UE en octubre también les permite a los Estados fortalecer la protección del trabajo y accionar contra las violaciones de las leyes laborales. Creemos que los diversos comités creados bajo el acuerdo deben asegurar que este salvaguarde los estándares del empleo y que acarree beneficios sociales y ambientales. Quedan pendientes ciertos temas críticos antes de la prerratificación, como el polémico Sistema de Tribunales de Inversión (ICS, por sus siglas en inglés) y la protección de los servicios públicos. Usaremos todos los medios posibles para promover nuestras demandas, tanto en la UE como en Canadá e inclusive en el Parlamento Europeo.

Gracias a la presión ejercida por los sindicatos y la sociedad civil, la Comisión Europea ya abandonó el mecanismo original y no democrático de Solución de Controversias entre Inversores y Estados. El ICS, aunque resulte una mejora, todavía les da demasiado poder a las empresas multinacionales. Sin embargo, este fue un logro importante que mostró que podemos hacer la diferencia.

Durante la próxima fase, la de aplicación provisoria del CETA antes de la aprobación nacional, los sindicatos estarán alertas para asegurarse de que los intereses de los trabajadores no resulten dañados y que las ganancias de los inversores no prevalezcan, al tiempo que llevarán adelante campañas en el ámbito nacional para promover estándares elevados de protección. La Comisión debe actuar de acuerdo con el compromiso presente en su estrategia de «Comercio para todos», para hacer que la política comercial sea «más responsable, lo que significa que será más eficaz, más transparente y que no solo proyectará nuestros intereses sino también nuestros valores”.

La política comercial puede alguna vez haber sido considerada un arcano, pero ya no. Mucho antes de que Donald Trump apareciera en los titulares de los diarios por romper los acuerdos internacionales, las ONG y los sindicatos tomaron conciencia del peligro que los acuerdos de comercio injustos podían representar para los estándares de vida y de trabajo en la UE. Pero lejos de ser aislacionista, nuestra posición es que los acuerdos internacionales solo deberían avanzar si incluyen una amplia dimensión social y refuerzan la solidaridad internacional al elevar los estándares para los trabajadores tanto de las naciones socias como de Europa.

Trabajando con la sociedad civil, ayudamos a informar y a movilizar a miles de personas. El gobierno de la Región Valona en Bélgica fue el más valiente al hacerse eco de nuestras preocupaciones y frenar la aprobación del acuerdo hasta fines de octubre del año pasado.

La Confederación Europea de Sindicatos no se opone al libre comercio: correctamente regulado, este puede contribuir al crecimiento y crear empleo. Pero el CETA no debe ser tomado como referencia para futuras negociaciones. Dado que la mayoría de los observadores acuerdan en que el nuevo gobierno de Estados Unidos planea terminar con la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), es probable que la Comisión acelere las conversaciones con otros socios comerciales potenciales como Japón, México y el Mercosur. Al mismo tiempo, continúan las negociaciones para el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA). Hemos urgido a la Comisión a aprender la difícil lección del CETA: que los derechos de los trabajadores y los servicios públicos no están en venta.

En este contexto global, la Confederación Europea de Sindicatos está presionando por una reformulación amplia de las políticas y por la adopción de una Agenda de Comercio progresista:

• Los acuerdos de comercio de la Unión Europea deberían proteger y mejorar los derechos laborales tanto en la Unión Europea como en los países socios, promoviendo trabajo y salarios decentes, el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente. Las empresas deben tomar responsabilidad por las condiciones de trabajo a lo largo de las cadenas de producción.
• Los servicios públicos deben ser excluidos de los acuerdos de comercio e inversión. Los europeos deben contar con acceso garantizado a servicios asequibles y universales.
• Queremos más transparencia en las negociaciones, lo que incluye la pronta publicación de las posiciones de negociación. Transparencia no significa tan solo provisión unilateral de información sino también supervisión constante por parte de representantes elegidos democráticamente y la consulta significativa a sindicatos y la sociedad civil. Los lobistas de la industria no deberían tener acceso preferencial a los negociadores.
• Los sindicatos y los empleadores (los interlocutores sociales), junto con las organizaciones de la sociedad civil, deberían ser capaces de monitorear la implementación de todos los acuerdos comerciales, por ejemplo mediante mecanismos de Supervisión de la Sociedad Civil o Grupos Consultivos Internos, que necesitan financiamiento y apoyo por parte de la Comisión. Deberían poder presentar quejas si no se respetan los derechos de los trabajadores.
• Las quejas son inútiles sin sanciones. Si bien el CETA compromete a la Unión Europea y a Canadá a apoyar los estándares fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, no hay penalidades efectivas si se violan derechos laborales. Entendemos que en las negociaciones las autoridades canadienses propusieron sanciones económicas, pero lamentablemente estas fueron rechazadas por la Comisión. Los sindicatos solo podrán generar inquietud en los grupos consultivos, mientras que los poderosos inversores extranjeros pueden reclamar perjuicios gigantescos a través el ICS si sienten que sus libertades han sido violadas. No podemos aceptar que las empresas multinacionales tengan derechos aplicables mientras los trabajadores no tienen derecho alguno.

Hemos notado el compromiso de la comisaria de Comercio de la UE Cecilia Malmström, manifestado en una carta al Titular del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, de llevar a cabo una consulta inmediata a todos los interesados y lanzar una revisión de los capítulos sobre desarrollo sustentable y comercio del CETA antes del verano. Los sindicatos harán seguimiento de este compromiso y demandarán resultados.

La Confederación Europea de Sindicatos y sus asociados creen que el CETA no es progresista ni justo. Puede haber un avance, pero en Europa hay un sentimiento y una demanda cada vez más fuertes por una política comercial de la UE que cumpla estos criterios. La lucha por asegurar la concreción de este objetivo continúa inalterable.

Traducción: María Alejandra Cucchi

Fuente: https://www.socialeurope.eu/2017/02/meps-vote-ceta...

Esta columna es patrocinada por la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC).