Coyuntura

Michelle Bachelet en busca de la transformación de Chile

La presidenta Michelle Bachelet y su gobierno parecen tener el diagnóstico claro: o se hacen las reformas fundamentales que el país necesita y la ciudadanía exige, o el conflicto social hará imposible mantener un sistema político, social y económico capaz de generar crecimiento económico y de enfrentar las tareas del desarrollo. Si logra llevar esas transformaciones a cabo, la de Bachelet será recordada como una de las grandes presidencias de la historia de Chile, junto con la de Eduardo Frei Montalva, otro gran reformador del siglo xx. Con los proyectos de reforma impositiva, electoral y educativa, parece avanzarse en esa dirección. No obstante, los obstáculos son muchos y ya ha comenzado una reacción conservadora.

Michelle Bachelet en busca de la transformación de Chile

Cuando la actual presidenta, Michelle Bachelet, regresó a Chile a mediados de 2013 para lanzar su segunda y muy exitosa candidatura presidencial, anunció tres reformas fundamentales: una reforma al sistema educacional, una reforma tributaria para darle soporte fiscal a la anterior y una reforma constitucional dentro de los «mecanismos institucionales vigentes». El 21 de mayo pasado, con ocasión del discurso anual ante el Congreso Nacional, Bachelet desafió al país a hacer modificaciones importantes al «modelo chileno» vigente durante los últimos 30 años. Cabe destacar que la presidenta no se limitó a su promesa inicial de tres reformas. En su discurso, planteó una gama de transformaciones que abarca desde la modificación de la Constitución hasta la esterilización de los perros vagabundos, pasando por la modificación del sistema electoral, del sistema educacional, del sistema de pensiones, del sistema de salud y del papel del Estado en el desarrollo del sector eléctrico y en la administración de las aguas, la promoción de la cultura y el deporte, nuevas iniciativas en infraestructura, e incluso dio inicio al debate sobre el aborto «terapéutico» con miras a despenalizarlo.

Habiendo asumido la Presidencia el pasado 11 de marzo, su discurso representa la carta de navegación para los cuatro años que durará su gobierno. Nadie podría criticarla por falta de ambición. Se trata del mayor esfuerzo por modificar la estructura política, económica y social desde que la dictadura militar instaló el actual sistema. Es notable que esta presidenta, cuyo primer gobierno se caracterizó por su conservadurismo economicista y tecnocrático, con algunos toques redistributivos, ahora se haya propuesto reformar este país tan insular y tan alejado de las corrientes del pensamiento moderno en lo político y social.

Seguramente, los analistas en el futuro dedicarán mucha tinta a explicar el fenómeno. En espera de que se escriba la historia que habremos de vivir, me aventuro a plantear una hipótesis sobre el desarrollo personal de Bachelet, para posteriormente describir en términos generales hacia dónde apuntan las reformas presidenciales.

Una hipótesis que puede explicar el cambio de perspectiva

Bachelet tuvo la buena fortuna de ser hija de un exitoso oficial progresista de la Fuerza Aérea que trágicamente fue asesinado por sus propios compañeros después del golpe de Estado de 1973. En su hogar de niña respiró la experiencia política chilena y vivió en Estados Unidos cuando su padre fue agregado en Washington DC. Posteriormente, mientras estudiaba medicina, como militante socialista compartió el proceso de cambios allendista. Luego del golpe encabezado por Augusto Pinochet, ella y su madre estuvieron en prisión y sufrieron torturas, tras lo cual salieron de Chile para refugiarse en la República Democrática Alemana. En ese país del bloque socialista, la hoy presidenta se recibió de médica; posteriormente volvió a Chile donde, además de ejercer la medicina, se reintegró a las labores políticas en un Partido Socialista (PS) que resurgía con fuerza luego de haber sido prácticamente diezmado por la represión militar. Ya en democracia, siguió estudios de Estado Mayor en las escuelas de las Fuerzas Armadas; por ser la mejor de su curso, fue becada a EEUU para continuar sus estudios en ese campo. Además, luego de terminar su primer periodo presidencial, dirigió la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), lo que le permitió recorrer el mundo entero empapándose de los debates internacionales sobre temas sociales, políticos y económicos.

Es decir, se trata de una persona que desde joven estuvo expuesta a una amplia y variada experiencia internacional y fue obligada a adaptarse a circunstancias cambiantes que ella no controlaba. A mi juicio, esa experiencia de vida la ha abierto a considerar los puntos de vista de los demás, a aprender de otros y a tomar de su experiencia para aplicarla a su vida práctica y política. Al mismo tiempo, aprendió de la manera más difícil que las lealtades no están garantizadas y que las personas en las que se puede confiar y delegar son muy pocas. Los equipos cercanos pequeños han sido otra característica de su método de gestión.

Cuando volvió a Chile en 2013, llegó potenciada por su experiencia, con mayor convicción respecto de sus ideas y con un inédito apoyo popular que bordeaba el 80%. Sin embargo, no había perdido nada de su encanto: seguía siendo la «mujer cercana a la gente».

La situación social en la elección de 2013

La situación política y social de Chile no requería menos que una Bachelet. Ya en 2006, para gran sorpresa de todos, en ocasión de su primer discurso presidencial del 21 de mayo, los estudiantes montaron una enorme y exitosa protesta callejera que cambió el ambiente político nacional al instalar de manera definitiva la demanda por derechos sociales universales en el centro del debate político, con gran apoyo de la población. Desde entonces, las encuestas, a pesar del rechazo público a los episodios de violencia, han mostrado sistemáticamente que de forma mayoritaria la población apoya «las demandas de los estudiantes». Básicamente, estos demandaban el «fin al lucro» en la educación –es decir, se oponían a que las instituciones educacionales sean un negocio que busca generar utilidades– y la gratuidad de la educación en todos los niveles. A esto se sumaba el alto nivel de endeudamiento de los estudiantes universitarios, que tenían que pagar tasas de interés exorbitantes a pesar de que los créditos contaban con garantías del Estado. Al mismo tiempo, pero como un reclamo secundario –lo que fue usado por la derecha para descalificar al movimiento estudiantil–, planteaban la necesidad de mejorar la calidad de la educación. A esto se sumaba el pésimo estado o la inexistencia de infraestructura adecuada, tanto en escuelas y liceos públicos como en los privados. A las demandas estudiantiles iniciales, se sumaron las demandas del pueblo mapuche, principal pueblo originario de Chile. Los mapuches reivindicaron la devolución de sus tierras ancestrales y la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por Chile pero jamás reglamentado, lo que en la práctica impide su aplicación plena. El Convenio establece que los pueblos indígenas deben ser consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afecten. Los principios de consulta y participación no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza y con la participación de los pueblos indígenas en la vida pública. Los mapuches también protestaban por la aplicación por parte del gobierno –incluso el de la presidenta Bachelet– de la Ley Antiterrorista contra sus activistas. Esta ley, además de duplicar las penas que corresponden a cada delito, permite que declaren en contra de los acusados testigos no identificados, lo que vulnera seriamente el debido proceso.