Entrevista

México: las urnas y el dinero Entrevista a Javier Santiago Castillo

Javier Santiago Castillo explica los actuales debates en torno al financiamiento de la política en México. Experto en la materia, Castillo afirma que el actual debate sobre la reducción o la eliminación del financiamiento público a los partidos obedece a una creciente irritación social ante la corrupción y la impunidad en el ámbito de la administración pública.

México: las urnas y el dinero / Entrevista a Javier Santiago Castillo

Durante el último tiempo y en el marco de la campaña electoral presidencial mexicana, se ha puesto en discusión la temática del financiamiento político. El candidato de la fuerza progresista Morena [Movimiento Regeneración Nacional], Andrés Manuel López Obrador, abogó por la eliminación del financiamiento público a los partidos, en consonancia con lo que ya había planteado el Frente Ciudadano. ¿Por qué se están produciendo estos debates? ¿Qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que está funcionando mal en el sistema de financiamiento político mexicano?

El último debate sobre disminución o eliminación del financiamiento público entre los partidos, después de los sismos de septiembre, tuvo como telón de fondo el inicio del proceso electoral que culminará el año próximo con la renovación de la Presidencia de la República y las elecciones en otras 30 entidades federativas del país.

Los partidos buscaron congraciarse con una ciudadanía molesta. Fue más un acto demagógico de campaña que una propuesta sólida de modificación del modelo de financiamiento. Además, la Constitución establece que las modificaciones sustanciales a la normatividad electoral solo pueden hacerse tres meses antes del inicio del proceso electoral. Entonces, cualquier reforma legal era y es inviable.

En el debate sobre reducción o eliminación del financiamiento público a los partidos sí está presente una creciente irritación social ante la corrupción e impunidad en el ámbito de la administración pública.

En el marco de lo que afirma se inscriben también otras propuestas, como la del diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, por la cual los partidos políticos recibirían dinero en función de la cantidad de votos. Imagino que su valoración también remitirá a una crítica a estas posturas que se inscriben en el marco de una campaña electoral.

Efectivamente. La revisión del modelo de financiamiento no se circunscribe a meras operaciones aritméticas o paradigmas discursivos, sino que su diseño debe ser pensado para fortalecer el sistema de partidos, como mandata la Constitución. Lo cual indudablemente repercutirá en vigorizar la democracia. En este debate, los actores olvidan el papel que ha jugado el financiamiento público para proporcionar el mínimo de condiciones de equidad en la competencia electoral; sin ella, sería impensable que se hubiera dado la transición a la democracia electoral.

En consecuencia, cualquier enmienda al modelo de financiamiento político nos exige una reforma concomitante en el sistema de partidos, si queremos mejorar o profundizar la equidad, la pluralidad y la inclusión de nuestro sistema democrático.

La Ley General de Partidos Políticos contiene un variopinto conjunto de exigencias a las organizaciones políticas. Lo mismo les mandata la formación de cuadros generales y liderazgos femeninos, que la publicación de un medio de divulgación y otro teórico en esta era digital; igual les requiere tener órganos de dirección permanentes y tomar decisiones mediante órganos colegiados que acreditar periódicamente que conservan un mínimo de afiliados.

Por su parte, el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral obliga a la contratación de un número creciente de personal técnico-contable de nivel profesional. En conclusión, para disminuir el financiamiento público, se debe repensar y modificar el diseño legal del sistema de partidos con el fin de que disminuir obligaciones burocráticas, que no existen en otras latitudes, para disminuir su aparato administrativo y de esa manera reducir sus gastos.

Hay quienes afirman que la reducción del financiamiento público para las campañas electorales puede llevar a un mayor financiamiento privado y, por tanto, a una mezcla de intereses entre las empresas y los partidos políticos. ¿Cómo es el estado actual de la financiación privada de los partidos políticos en México? ¿Se verifican favoritismos de las empresas hacia determinados candidatos u opciones políticas?

En México está prohibido que personas morales financien a los partidos. El financiamiento privado solo proviene de militantes y simpatizantes. Desde mi punto de vista, esta regulación es correcta. La democracia es un asunto de los ciudadanos, no de las corporaciones; en consecuencia, el financiamiento debe ser de particulares. Los partidos solo pueden colectar de financiamiento privado el equivalente a 10% del financiamiento público.

En caso de financiamiento de empresas a los partidos, por medio de la fiscalización es factible detectarla, porque los ingresos de los partidos deben ser vía bancaria, con contadas excepciones.

Por otro lado, en caso de que se incrementen los límites de financiamiento privado, lo cual es deseable, existirá la posibilidad de que la autoridad también deba aumentar sus recursos económicos y materiales para realizar la función fiscalizadora, máxime que nuestro modelo fiscalizador persigue conocer el origen y destino de cada peso.


Los riesgos del financiamiento privado se vinculan también a la posibilidad de una «oligarquización» del sistema. ¿Qué políticas pueden adoptarse para que quienes pagan las campañas y otorgan dinero a las entidades políticas no sean finalmente quienes tengan el control de las decisiones?

Con algo de creatividad se puede lograr un nuevo equilibrio entre el financiamiento público y el incremento del financiamiento privado. Respecto de la fórmula de financiamiento hoy vigente, tal vez convendría fijar los montos de manera trianual y no cada año, como actualmente se hace.

La fórmula de cálculo del financiamiento público consiste en multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor en pesos de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Del total de la bolsa de dinero calculada de esa manera, se distribuye igualitariamente entre los partidos 30%, y el otro 70% en proporción a la votación obtenida por cada uno de ellos.

Por eso, en primer lugar, parecería sensato disminuir de 65% a 50% o 40% del valor de la UMA y multiplicarlo por la lista nominal de electores, no por el padrón, que es un poco más grande, e imponer un tope al alza medido por el índice nacional de precios al consumidor o similar.

También, podría equilibrarse aún más la distribución del financiamiento para establecer 40% igualitario y 60% según la votación obtenida, o de plano 50% y 50% en relación con la votación obtenida. Finalmente, se debiera incrementar la captación de financiamiento privado de militantes y simpatizantes del equivalente a 10% del financiamiento público al menos a 30%.

Podemos pensar en muy diversos esquemas, asociados a la redefinición de algunas exigencias normativas para el accionar partidario. De lo que se trata es de buscar alternativas para que los partidos, de manera transparente e inclusiva, con adecuada y no burocrática rendición de cuentas, se conviertan en los productores de ideas políticas, conductos para la participación de la sociedad en los asuntos colectivos y propiciadores del interés general que nuestra joven democracia necesita y nuestra sociedad exige.

Para mí, la preminencia del financiamiento público sobre el privado es indispensable, pero es necesario encontrar un nuevo equilibrio. La primacía del financiamiento privado lleva ineluctablemente a la oligarquización de la política. De esto existen innumerables casos en el mundo y el resultado no es deseable para fortalecer la democracia.

Sin lugar a dudas, ahora mismo es preciso entender y atender el tema de financiamiento público a los partidos políticos en México. De no ser financiados, su actividad habría de verse mermada. Si se valieran solo de recursos privados se debería producir una reforma en temas de fiscalización, con grandes cambios para garantizar una rendición de cuentas clara y abierta.

Usted no solo es un experto en financiamiento político, sino que además ha sido miembro del Instituto Nacional Electoral (INE) y, como tal, ha estado involucrado en los diversos debates que se producen en la política mexicana vinculados a estos temas. ¿Cree que son necesarias nuevas reformas a las leyes de financiamiento vigentes? ¿Qué tipo de medidas deberían adoptarse para generar una mayor equidad entre los partidos a la hora de recibir aportes?

Efectivamente, he sido consejero electoral del INE, actividad que culminé en abril de este año. Estoy convencido de que es necesario revisar el modelo de financiamiento a los partidos políticos, pero alejándonos del discurso fácil, solo porque es lo popular.

No cabe duda que el monto de recursos que el erario destina a las organizaciones políticas debe disminuir. Pero disminuir no significa desaparecer. Conviene tener presente que la dotación relativamente equilibrada de recursos públicos a los partidos, junto con una actitud crecientemente prodemocrática de la sociedad, fueron los factores de impulso a nuestra aún frágil democracia.

Con todas sus fallas, el financiamiento público ha impedido que la política se vea capturada por intereses particulares con capacidad de imponer su visión del mundo y de la acción pública por la vía del dinero. Pero cualquier enmienda al modelo de financiamiento político nos exige una reforma concomitante en el sistema de partidos, si queremos mejorar o profundizar la equidad, la pluralidad y la inclusión de nuestro sistema democrático.


Javier Santiago Castillo es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y Candidato a Doctor en Ciencia Política por la misma institución de educación superior. Es fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP).

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