Coyuntura

México: la transición pendiente. Déficit democrático y movilizaciones sociales

México paga hoy las consecuencias de una «transición democrática» que nunca dio poder a la sociedad ni rindió cuentas con el pasado. La escasa calidad democrática tanto de las elecciones presidenciales de 2012 como de los primeros dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto evidencia que existe más continuidad que cambio con respecto al pasado autoritario. Sin embargo, el surgimiento de nuevos movimientos sociales, como el de los estudiantes y padres de familia de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, genera esperanza con respecto a la posibilidad de que México pueda transitar hacia otro régimen político en el futuro próximo.

México: la transición pendiente. Déficit democrático y movilizaciones sociales

Introducción

Casi todos los países de América Latina han vivido una fuerte transformación en su clase política durante las últimas décadas. Lugares tan diferentes como Brasil, El Salvador, Venezuela, Argentina, Perú, Bolivia, Nicaragua, Chile y Uruguay han experimentado relevos importantes no solamente en las orientaciones ideológicas de sus jefes de Estado, sino también en las redes de poder político que determinan la agenda nacional. Incluso Colombia, uno de los pocos países que ha evitado la «marea rosa» de alternancias hacia gobiernos de izquierda, vivió una depuración de su clase política durante los años 90, con una diversidad de juicios en contra de políticos de alto nivel por sus relaciones con el narcotráfico. Ninguno de estos países ha logrado consolidar un verdadero Estado democrático y todos enfrentan enormes retos hacia el futuro, pero México ni siquiera ha iniciado el camino.

El país hoy paga las consecuencias de una «transición democrática» que nunca empoderó a la sociedad ni rindió cuentas con el pasado. El retorno al poder del viejo «partido de Estado» –el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– en 2012 es solamente el indicador más claro del carácter vacío y estéril de este proceso político. Pero más allá de los colores y las siglas en el poder, el problema de fondo es que cada día se ensancha más la amplia brecha entre la clase política y la sociedad que ha caracterizado el régimen mexicano desde hace décadas.

México se encuentra frente a una dis-yuntiva histórica. ¿Seguirá el ejemplo de los países latinoamericanos que han logrado encauzar políticamente el descontento social generado por la corrupción y las políticas neoliberales de los años 80 y 90? O, en contraste, ¿seguirá el ejemplo de Estados Unidos que, en lugar de llenar los procesos políticos de sentido social, los ha vaciado a tal punto que ya no ponen en juego el sistema de dominación social vigente?

Plantear esta pregunta como el dilema central rompe con la perspectiva dominante en el extranjero sobre la situación política en México. La visión externa parte del supuesto de que en el año 2000 México vivió una exitosa transición democrática con la llegada a la Presidencia de la República de Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN). Asimismo, este enfoque normalmente presenta las reformas neoliberales del nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, como ejemplos de una segunda «transición» complementaria, ahora en el ámbito económico, hacia una economía supuestamente más «libre» y competitiva.

El problema con esta perspectiva es que presupone que México ya ha transitado hacia otro régimen, supuestamente de libertades políticas y económicas, y ha dejado atrás el viejo sistema corrupto y autoritario. En contraste, argumentaremos que hoy existe más continuidad que cambio con respecto al pasado. Específicamente, examinaremos la calidad democrática tanto de las elecciones de 2012 como de los primeros dos años del gobierno de Peña Nieto.

La pregunta clave con respeto al estado de la política en México no sería entonces cómo «perfeccionar» o «consolidar» una transición democrática ya iniciada, sino cuál es la naturaleza del escenario que se prepara para una eventual transición futura. En principio, todo parece indicar que el país avanza firmemente hacia la consolidación de una «democracia administrada» al estilo estadounidense. Sin embargo, también han surgido importantes iniciativas y movilizaciones sociales, como la de los estudiantes y padres de familia de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que indican que aún podría existir la posibilidad de caminar hacia una democracia más vigorosa, al estilo latinoamericano. El desenlace final dependerá del comportamiento tanto de la clase política como de los actores sociales durante los próximos años.

La transición fallida y las elecciones de 2012

Desde hace siglo y medio, la celebración de elecciones po­pulares ha sido la norma en México. El hecho de que el sistema autoritario siempre recurriera a las elecciones populares como una vía para legitimar el ejercicio del poder le imprime un sentido diferente a la dinámica política de la «transición democrática» en México en comparación con otros países. Específicamente, lo importante para el caso mexicano no sería la mera celebración de elecciones populares sino la calidad y la «autenticidad» de las mismas. Otros países cuentan con la ventaja de ubicar más clara­mente el momento de su «transición» a partir de la entrega del poder, o del derrocamiento, de una dictadura militar o unipersonal. En este contexto, la celebración de elecciones constituye un hito histórico innegable que inaugura una nueva forma de hacer política. Sin embargo, en México la situación es mucho más compleja y desafiante.

Por ejemplo, el simple hecho de que en el año 2000 el PAN finalmente hubiera des­plazado de la Presidencia de la República al PRI no necesa­riamente implica la existencia de una verdadera transición en el país. A lo largo del siglo XX, también hubo una clara «alternancia» de ideologías y grupos políti­cos en el poder bajo el cobijo del mismo PRI y sus antecesores.

Los dos indicadores más comúnmente utilizados para demostrar la existencia de una transición democrática en un país, la celebración de elecciones populares y la alternancia en el poder, son entonces de poca utilidad en el caso mexicano. En consecuencia, resulta necesario plantear la hipótesis de que tanto la victoria presidencial del PAN en 2000 como el retorno del PRI en 2012 podrían ser solamente dos ejemplos más del mismo proceso de alternancia autoritaria de siempre. En ese caso, sería un error hablar de una «transición» mexicana, y mucho más de una «consolidación» democrática, ya que estaríamos todavía dentro del mismo sistema político autoritario que ha controlado el país desde 1929.

Pero nuestra conclusión no puede depender solamente de una evaluación de la identidad partidista y política de quien haya ganado la última elección presidencial. También es necesario evaluar la calidad democrática del proceso por medio del cual se ha realizado el relevo en el poder. Específicamente: ¿la elección presidencial de 2012 fue «libre» y «auténtica»?

Los datos disponibles sugieren que no fue el caso, lo cual confirmaría la hipótesis de la inexistencia de una transición democrática en México. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, en 2012 se implementó el «operativo de compra y coacción del voto más grande de la historia de México». Por lo menos 28% de los electores fueron presionados ilegalmente para votar a favor de un candidato en particular, 71% de ellos al candidato del PRI, Peña Nieto. Asimismo, en más de 20% de las casillas electorales se habría violado la secrecía del voto. Y el día después de la elección, miles de personas inundaron supermercados a lo largo y ancho del país, y sobre todo en el estado de México, donde Peña Nieto había sido gobernador, para utilizar las tarjetas de débito que habían recibido a cambio de sus votos el día anterior.

La presencia de prácticas de manipulación y fraude en un número tan grande de casillas electorales tiene una enorme importancia, sobre todo cuando se toma en cuenta que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la contienda fue de solo seis puntos porcentuales. Peña Nieto recibió 38% de la votación, frente a 32% de Andrés Manuel López Obrador, en aquel entonces todavía perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Posteriormente, una comisión especial de la Cámara de Diputados revelaría que Peña Nieto gastó 12 veces más dinero que el límite de gasto permitido por la ley. Erogó 4.500 millones de pesos (casi 300 millones de dólares), cuando el tope de gasto de campaña era solamente 336 millones de pesos (aproximadamente 26 millones de dólares). Aparentemente, las tarjetas de débito de supermercados no fueron los únicos «incentivos» ilegales que utilizó Peña Nieto para conseguir votos. Su campaña también repartió tarjetas de un banco desconocido, Monex, para financiar a sus «operadores» políticos en todo el país. Y los fondos para estas tarjetas se obtuvieron utilizando un esquema de triangulación financiera que cubriría cualquier huella tanto de los montos reales manejados como de los orígenes del financiamiento. Fue un esquema de financiamiento ilegal muy similar al que utiliza el crimen organizado para «lavar» dinero sucio.

Adicionalmente, el monitoreo de la cobertura televisiva realizado por el Instituto Federal Electoral (IFE), así como importantes filtraciones periodísticas y estudios independientes revelaron que, efectivamente, hubo un contubernio entre las principales televisoras del país, en particular Televisa, y la campaña de Peña Nieto. Grandes cantidades de dinero público y privado se canalizaron a las televisoras a cambio de la promoción ilegal del candidato del PRI por medio de constantes menciones positivas, supuestamente dentro del contexto de reportajes y análisis imparciales.

Las instituciones electorales, en teoría «autónomas», también tuvieron un comportamiento abiertamente parcial hacia el candidato del PRI. Por ejemplo, en su informe sobre las elecciones de 2012, una comisión de observación electoral de la Unión Europea criticó duramente al IFE por su inacción frente a la compra y coacción del voto. Este mismo informe también señala numerosas deficiencias en el monitoreo de los medios de comunicación llevado a cabo por el IFE. Y en un estudio reciente, se ha documentado el comportamiento parcial tanto del IFE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con respecto a la regulación de la equidad de las campañas electorales en los medios de comunicación. El IFE y el TEPJF se negaron asimismo a llegar al fondo de las múltiples denuncias con respecto tanto al rebase del tope de campaña como de la posible utilización de recursos ilícitos en las elecciones. Con mucha razón, entonces, una gran parte de la población mexicana simplemente no dio crédito a los resultados electorales del 1 de julio de 2012. Los estudios de opinión pública más confiables demuestran que al menos 40% de la población estaba convencida de que la elección de Peña Nieto no había sido ni libre ni limpia. Y durante el primer fin de semana después de las elecciones, decenas de miles de jóvenes tomaron las calles para protestar en contra de la «imposición» de un candidato a la Presidencia. En contraste, absolutamente nadie salió a las calles para celebrar la victoria de Peña Nieto después de que anunciaron los resultados la noche del 1 de julio.

Es importante recordar que formalmente México cuenta con un sistema muy avanzado de regulación en materia electoral. Tanto la Constitución como las leyes electorales lo establecen, y prohíben cualquier intervención en las campañas políticas de parte del sector privado, de las instituciones gubernamentales o de los medios de comunicación. El marco regulatorio para las elecciones en México es mucho más cercano al sistema francés que al sistema estadounidense, ya que busca proteger el espacio político-electoral como una esfera autónoma y de debate auténtico.

La Constitución también prohíbe cualquier intervención de los funcionarios públicos o la utilización de recursos públicos en las campañas electorales. La imposibilidad de la reelección inmediata para el mismo cargo facilita la aplicación de estas prohibiciones. Y si un funcionario público o legislador busca competir para otro puesto, debe renunciar primero a su cargo actual.

Los actos anticipados de campaña, antes del inicio formal del proceso electoral, también están prohibidos. Y para evitar el abuso de los cargos públicos con este fin, está prohibido incluir la imagen o la voz del presidente municipal o el gobernador de turno en la difusión de las obras de gobierno. Estas últimas disposiciones legales también fueron violadas de manera consistente por Peña Nieto durante su periodo como gobernador del estado de México entre 2005 y 2011.Pero aun en este contexto de elecciones fuertemente sesgadas a su favor, Peña Nieto solo obtuvo 38,2% de la votación popular. Un indicador de la reducida legitimidad del nuevo presidente fueron las fuertes manifestaciones juveniles en su contra, tanto durante la campaña como durante el periodo entre la elección del 1 de julio de 2012 y la toma de posesión en diciembre.

Los primeros dos años de Peña Nieto

Peña Nieto enfrentaba tres grandes retos al llegar a la Presidencia el 1 de diciembre de 2012. Primero, cumplir sus compromisos respecto de la consolidación del modelo de desarrollo neoliberal iniciado por su mentor político, el ex-presidente Carlos Salinas, durante el sexenio 1988-1994. El asunto clave en esta materia sería la privatización de la industria energética, y en particular la petrolera, para abrir nuevas oportunidades de negocios para las empresas transnacionales. Segundo, acabar con la enorme desconfianza ciudadana en su persona, en su partido y en la calidad democrática del país. Y tercero, resolver de alguna manera la grave crisis de seguridad pública heredada del sexenio de Felipe Calderón, que sumó más de 80.000 muertos y casi 20.000 desaparecidos durante su gestión entre 2006 y 2012.

Peña Nieto no solo optó por priorizar el primer reto, sino que decidió subordinar completamente los últimos dos a él. Orientó todos los esfuerzos de su gobierno hacia las llamadas «reformas estructurales» necesarias para completar la transición económica iniciada en 1988. En contraste, con respecto a la legitimidad de su gobierno y la crisis de seguridad pública, su principales «innovaciones» fueron estrictamente mediáticas y propagandísticas. Modificó el discurso gubernamental, al hablar de «pragmatismo» ideológico con respecto a la política nacional y un «nuevo enfoque» más humanista con respecto a la seguridad pública. Sin embargo, mantuvo la misma lejanía de la clase política respecto de la sociedad civil y la misma «guerra» militarizada en contra de la sociedad mexicana que su predecesor.

Era previsible entonces que, al no recibir la atención requerida, tarde o temprano resurgirían los dos asuntos aplazados. Esto es precisamente lo que ocurrió durante el otoño de 2014 con las amplias movilizaciones sociales en respuesta al asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes más en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Menos de dos meses después de la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, el 11 de agosto de 2014, tanto la crisis de legitimidad como la crisis de seguridad pública irrumpieron con fuerza en la escena pública. Esta doble irrupción fue particularmente fuerte ya que implicó la emergencia de una fuerza que se había acumulado a lo largo de dos años.

Desde los primeros días de su gobierno, Peña Nieto implementó una estrategia doble con el fin de apaciguar y controlar la movilización social en su contra. Por un lado, recurrió a la cooptación y la domesticación de líderes de la oposición política. Esta estrategia llegó al extremo, por ejemplo, de anular el Congreso de la Unión como un espacio de debate plural y de contrapeso al Poder Ejecutivo. Por otro lado, recurrió a la represión, el control y la infiltración sistemática de los movimientos sociales y de los medios de comunicación.

El llamado «Pacto por México» fue la estrategia principal de Peña Nieto con respecto a la oposición política. Este pacto trasladó los principales debates y negociaciones políticas del Congreso a las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Ya no iban a ser los diputados y senadores quienes decidieran de manera transparente y pública las reformas y las políticas públicas, sino los líderes clientelares de los partidos políticos detrás de puertas cerradas.

Esta estrategia de contención de la oposición y de opacidad en las negociaciones clientelares fue precisamente la manera de operar durante décadas del régimen del partido de Estado entre 1929 y 2000. En lugar de someter sus propuestas o iniciativas para que pudieran ser debatidas por el Congreso de la Unión, los presidentes autoritarios del PRI se limitaban a entablar consultas con los «sectores» del partido: el sector campesino, el sector obrero y el sector «popular», dentro de un contexto de absoluta opacidad y control desde arriba sobre estas organizaciones sociales.

Una de las pocas transformaciones institucionales democráticas ocurridas entre 1997 y 2012 fue precisamente el empoderamiento del Congreso de la Unión como contrapeso del Poder Ejecutivo. Durante ese periodo se aprobó una serie de reformas históricas en materia de derechos humanos, transparencia, elecciones, combate a la corrupción y justicia penal. Asimismo, por primera vez en décadas, el Congreso interpelaba al presidente durante sus informes y empezó a intervenir de manera significativa en la modificación y la elaboración del presupuesto federal.

El «Pacto por México» acabó con este pequeño pero importante avance democrático al cancelar en los hechos la función democrática del Congreso. La estrategia fue tan exitosa que la reforma de los históricos artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que modificaría radicalmente la política energética desarrollada durante más de 70 años, fue aprobada en diciembre de 2013 por una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso así como en la mayoría de los 31 congresos locales en un total de solamente diez días y casi sin debate alguno. Algunos congresos aprobaron la propuesta de reforma constitucional en apenas unos segundos.

Como contrapartida de la cooptación de la oposición política, el gobierno de Peña Nieto, junto con sus aliados en los gobiernos estatales y locales, desató una agresiva y violenta campaña en contra de los activistas sociales. Durante su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2012, centenares de jóvenes fueron brutalmente reprimidos por la fuerza pública y dos activistas pacíficos, Uriel Sandoval y Juan Francisco Kuykendall, resultaron gravemente lesionados. Sandoval perdió un ojo. Kuykendall entró inmediatamente en coma y murió un año después como resultado de las heridas sufridas durante la represión policial. Después de dos relevos de poder presidencial pacíficos, en 2000 y 2006, México retornó en 2012 a los relevos sangrientos del poder de antaño.

Durante los primeros dos años del gobierno de Peña Nieto, empeoró de manera significativa la ya trágica situación con respecto a los derechos humanos en el país. Después de décadas en las que los mexicanos habían salido a las calles libremente para demostrar su descontento y exigir soluciones a sus problemas, de pronto las marchas callejeras fueron sistemáticamente infiltradas por supuestos «anarquistas» violentos y casi siempre reprimidas por la fuerza pública. Asimismo, la cantidad de presos políticos aumentó de manera significativa. Tres casos particularmente llamativos son los de Nestora Salgado en Guerrero, José Manuel Mireles en Michoacán y Mario Luna en Sonora. La violencia contra los periodistas también aumentó, con asesinatos y desapariciones de comunicadores. Múltiples estudios internacionales y nacionales han documentado esta grave problemática.

En suma, en lugar de reconocer humildemente el apoyo social minoritario a su gobierno y a sus iniciativas de reforma y jugar con las reglas democráticas, Peña Nieto decidió retornar a las viejas formas de cooptación y represión autoritaria para apagar el fuego de la resistencia social. Si bien esta estrategia logró aplazar la respuesta durante un tiempo suficiente como para poder aprobar las reformas, no atendió las raíces de la problemática de enorme desconfianza y distancia de la sociedad hacia la clase política.

La crisis en materia de seguridad pública se desarrolló en un sentido similar. Si bien Peña Nieto inició su sexenio enarbolando en el plano discursivo una nueva visión del combate contra el crimen organizado, en realidad continuó con la misma estrategia errada iniciada por Calderón, que había convertido el país en un baño de sangre. En lugar de fortalecer las instituciones de procuración de justicia, atacar la corrupción y retirar las fuerzas militares de las calles, Peña Nieto mantuvo firmemente la misma estrategia de militarización y de «decapitación» de los principales carteles de la droga.

Con su control sobre los medios de comunicación del país y sus buenas relaciones con las grandes empresas transnacionales, el presidente mexicano logró desviar la atención colectiva de cuestiones de seguridad pública a temas de reforma económica. Sin embargo, en realidad, la continuación de las fallidas políticas de Calderón solo empeoró la situación con respecto a la violencia, el crimen y el narcotráfico en México. De acuerdo con cifras oficiales, la situación de inseguridad se deterioró significativamente entre el último año de Calderón (2012) y el primer año del gobierno de Peña Nieto (2013).

La masacre y desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala el 26 de septiembre de 2014 fue un detonador social tan poderoso precisamente porque reveló en un solo acontecimiento el doble fracaso del gobierno de Peña Nieto, tanto en materia de legitimidad social como de seguridad pública. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron secuestrados por policías municipales bajo el mando de dos presidentes municipales, de las ciudades de Iguala y Cocula, plenamente aliados a las bandas del narcotráfico en la zona. Luego fueron acribillados en circunstancias aún no aclaradas.Sin embargo, la importancia del acontecimiento no se puede reducir al ámbito local, ya que, de acuerdo con el marco jurídico mexicano, las autoridades federales son las responsables de prevenir, investigar y castigar delitos graves como el narcotráfico y el crimen organizado. Asimismo, el estado de Guerrero en particular ha sido una zona ocupada por las fuerzas militares federales desde la década de 1970, cuando se desarrolló allí una fuerte movilización guerrillera. Y en años recientes esta presencia se había fortalecido con una activa participación de la Policía Federal dentro del «Grupo Coordinación Guerrero», responsable de la organización de todas las acciones de seguridad pública en el estado.

El 27o Batallón de Infantería tiene su sede en la ciudad de Iguala. Sin embargo, los militares dejaron pasar más de tres horas después del primer ataque a los estudiantes desarmados antes de aparecer en la escena del crimen. Cuando los soldados finalmente llegaron, en lugar de buscar a los victimarios y auxiliar a las víctimas, detuvieron y amenazaron a los propios normalistas. Asimismo, las autoridades estatales y federales dejaron escapar sin interrogación alguna al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, antes de que el clamor internacional fuera tan grande que tuvieron que investigar a fondo los acontecimientos.

La masacre de Iguala revela la profundidad de la infiltración del Estado por el narcotráfico y la corrupción, así como el total fracaso de la «estrategia» de Peña Nieto para combatir al crimen organizado. Pero también revela el recrudecimiento de la represión en contra de los activistas y las organizaciones sociales. Los normalistas de Ayotzinapa habían sido uno de los grupos más activos en sus protestas en contra de las «reformas estructurales» de Peña Nieto y el Pacto por México. Ya en dos ocasiones anteriores estudiantes normalistas habían sido asesinados por su participación en protestas políticas en contra del régimen sin que nadie hubiera sido llevado a la justicia. El activismo político de estos estudiantes se explica tanto por la filosofía de educación crítica y comunitaria que inspira el proyecto de las normales como por el hecho de que la «reforma educativa» impulsada por Peña Nieto busca eliminar y reducir la importancia de estas escuelas dentro del sistema educativo nacional.

La desaparición de los estudiantes logró entonces unir de un solo golpe a tres importantes grupos sociales indignados: el de las víctimas de la «guerra» contra las drogas, el de los jóvenes que han sido reprimidos por sus protestas en contra de las reformas de Peña Nieto, y el de los maestros que rechazan la reforma educativa. Los tres antecedentes más importantes fueron el Movimiento por la Paz encabezado por Javier Sicilia durante 2011, el movimiento #YoSoy132 encabezado por los estudiantes de la Universidad Iberoamericana en 2012, y el movimiento de los maestros en 2013. Cada uno de estos movimientos tuvo un impacto importante pero finalmente fue apaciguado o reprimido.

A partir de los acontecimientos de Iguala, los tres movimientos anteriores renacieron simultáneamente y con una fuerza sin precedentes. En general, el descontento ciudadano que había estado creciendo durante dos años sin ninguna salida posible estalló de repente con una fuerza que puso todo el sistema político en jaque. Esto es lo que explica la increíble solidaridad estudiantil, social e internacional con los normalistas, a través de marchas multitudinarias, paros solidarios en más de 80 escuelas y facultades en el país, y protestas en más de 100 ciudades alrededor del mundo.

Escenarios futuros

Antes de la explosión social del otoño de 2014, todo parecía indicar que México caminaba tranquilamente hacia la consolidación de un sistema político muy similar al estadounidense. A pesar de las estrictas regulaciones legales en materia electoral en México, a fin de cuentas la elección presidencial de Peña Nieto en 2012 se pareció mucho a una para la Presidencia de EEUU. La elección no fue decidida por un contraste de ideas o propuestas, sino que fue determinada por los apoyos financieros y las redes de poder político y mediático. Y una vez que tomó las riendas del poder, el nuevo presidente impulsó las reformas solicitadas por los grandes empresarios nacionales e internacionales, sin importar que fueran rechazadas por la mayor parte de la población.

Sin embargo, las nuevas movilizaciones a partir de la masacre de Iguala parecerían abonar el camino hacia una transformación en la clase política mexicana al estilo de la mayoría de los otros países de América Latina. El retorno del viejo partido de Estado en México podría generar una respuesta social explosiva que empuje el sistema de regreso a la órbita latino-americana.

De acuerdo con el más reciente Latino-barómetro 2013, solamente 21% de la población mexicana se encuentra satisfecha con el funcionamiento de la democracia. Asimismo, 37% de los encuestados –lo que equivale a 43 millones de mexicanos– expresa indiferencia entre un régimen democrático y uno no democrático. Esta es, al parecer, la cifra más elevada que se ha registrado para esta segunda pregunta en cualquiera de los 18 países incluidos durante los 18 años de aplicación de este estudio.

México también registra la tasa de rechazo a los partidos políticos existentes más elevada. Un claro indicador de esto mismo es que 45% de la población está convencida de que la democracia puede funcionar sin partidos. Solamente Colombia, Paraguay y Panamá se acercan a esta cifra.

Algunos analistas lamentan estos datos como indicadores de una supuesta cultura política débil en México. Interpretan la enorme decepción ciudadana como una señal de indiferencia hacia los procesos democráticos y el repudio generalizado a los partidos como resultado de la ausencia de los «valores» necesarios para sustentar las instituciones políticas. En realidad, sin embargo, la situación es precisamente la inversa, y estas cifras son profundamente esperanzadoras. Son reflejo fiel de la sofisticada conciencia crítica y las altas expectativas del pueblo mexicano con respecto al desempeño real del sistema político. La mayoría de los mexicanos se da cuenta de que efectivamente su democracia no ha generado cambio alguno para las mayorías y añora un nuevo sistema político que realmente los tome en cuenta y resuelva sus necesidades básicas. En medio de tanta simulación e impunidad, lo preocupante sería que la ciudadanía aceptara la realidad tal cual es y confiara ciegamente en la clase política, y que no manifestara su insatisfacción y exigiera un país mejor.