Coyuntura

México: la transición pendiente. Déficit democrático y movilizaciones sociales

México paga hoy las consecuencias de una «transición democrática» que nunca dio poder a la sociedad ni rindió cuentas con el pasado. La escasa calidad democrática tanto de las elecciones presidenciales de 2012 como de los primeros dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto evidencia que existe más continuidad que cambio con respecto al pasado autoritario. Sin embargo, el surgimiento de nuevos movimientos sociales, como el de los estudiantes y padres de familia de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, genera esperanza con respecto a la posibilidad de que México pueda transitar hacia otro régimen político en el futuro próximo.

México: la transición pendiente. Déficit democrático y movilizaciones sociales

Introducción

Casi todos los países de América Latina han vivido una fuerte transformación en su clase política durante las últimas décadas. Lugares tan diferentes como Brasil, El Salvador, Venezuela, Argentina, Perú, Bolivia, Nicaragua, Chile y Uruguay han experimentado relevos importantes no solamente en las orientaciones ideológicas de sus jefes de Estado, sino también en las redes de poder político que determinan la agenda nacional. Incluso Colombia, uno de los pocos países que ha evitado la «marea rosa» de alternancias hacia gobiernos de izquierda, vivió una depuración de su clase política durante los años 90, con una diversidad de juicios en contra de políticos de alto nivel por sus relaciones con el narcotráfico. Ninguno de estos países ha logrado consolidar un verdadero Estado democrático y todos enfrentan enormes retos hacia el futuro, pero México ni siquiera ha iniciado el camino.

El país hoy paga las consecuencias de una «transición democrática» que nunca empoderó a la sociedad ni rindió cuentas con el pasado. El retorno al poder del viejo «partido de Estado» –el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– en 2012 es solamente el indicador más claro del carácter vacío y estéril de este proceso político. Pero más allá de los colores y las siglas en el poder, el problema de fondo es que cada día se ensancha más la amplia brecha entre la clase política y la sociedad que ha caracterizado el régimen mexicano desde hace décadas.

México se encuentra frente a una dis-yuntiva histórica. ¿Seguirá el ejemplo de los países latinoamericanos que han logrado encauzar políticamente el descontento social generado por la corrupción y las políticas neoliberales de los años 80 y 90? O, en contraste, ¿seguirá el ejemplo de Estados Unidos que, en lugar de llenar los procesos políticos de sentido social, los ha vaciado a tal punto que ya no ponen en juego el sistema de dominación social vigente?

Plantear esta pregunta como el dilema central rompe con la perspectiva dominante en el extranjero sobre la situación política en México. La visión externa parte del supuesto de que en el año 2000 México vivió una exitosa transición democrática con la llegada a la Presidencia de la República de Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN). Asimismo, este enfoque normalmente presenta las reformas neoliberales del nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, como ejemplos de una segunda «transición» complementaria, ahora en el ámbito económico, hacia una economía supuestamente más «libre» y competitiva.

El problema con esta perspectiva es que presupone que México ya ha transitado hacia otro régimen, supuestamente de libertades políticas y económicas, y ha dejado atrás el viejo sistema corrupto y autoritario. En contraste, argumentaremos que hoy existe más continuidad que cambio con respecto al pasado. Específicamente, examinaremos la calidad democrática tanto de las elecciones de 2012 como de los primeros dos años del gobierno de Peña Nieto.

La pregunta clave con respeto al estado de la política en México no sería entonces cómo «perfeccionar» o «consolidar» una transición democrática ya iniciada, sino cuál es la naturaleza del escenario que se prepara para una eventual transición futura. En principio, todo parece indicar que el país avanza firmemente hacia la consolidación de una «democracia administrada» al estilo estadounidense. Sin embargo, también han surgido importantes iniciativas y movilizaciones sociales, como la de los estudiantes y padres de familia de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que indican que aún podría existir la posibilidad de caminar hacia una democracia más vigorosa, al estilo latinoamericano. El desenlace final dependerá del comportamiento tanto de la clase política como de los actores sociales durante los próximos años.

La transición fallida y las elecciones de 2012

Desde hace siglo y medio, la celebración de elecciones po­pulares ha sido la norma en México. El hecho de que el sistema autoritario siempre recurriera a las elecciones populares como una vía para legitimar el ejercicio del poder le imprime un sentido diferente a la dinámica política de la «transición democrática» en México en comparación con otros países. Específicamente, lo importante para el caso mexicano no sería la mera celebración de elecciones populares sino la calidad y la «autenticidad» de las mismas. Otros países cuentan con la ventaja de ubicar más clara­mente el momento de su «transición» a partir de la entrega del poder, o del derrocamiento, de una dictadura militar o unipersonal. En este contexto, la celebración de elecciones constituye un hito histórico innegable que inaugura una nueva forma de hacer política. Sin embargo, en México la situación es mucho más compleja y desafiante.

Por ejemplo, el simple hecho de que en el año 2000 el PAN finalmente hubiera des­plazado de la Presidencia de la República al PRI no necesa­riamente implica la existencia de una verdadera transición en el país. A lo largo del siglo XX, también hubo una clara «alternancia» de ideologías y grupos políti­cos en el poder bajo el cobijo del mismo PRI y sus antecesores.

Los dos indicadores más comúnmente utilizados para demostrar la existencia de una transición democrática en un país, la celebración de elecciones populares y la alternancia en el poder, son entonces de poca utilidad en el caso mexicano. En consecuencia, resulta necesario plantear la hipótesis de que tanto la victoria presidencial del PAN en 2000 como el retorno del PRI en 2012 podrían ser solamente dos ejemplos más del mismo proceso de alternancia autoritaria de siempre. En ese caso, sería un error hablar de una «transición» mexicana, y mucho más de una «consolidación» democrática, ya que estaríamos todavía dentro del mismo sistema político autoritario que ha controlado el país desde 1929.

Pero nuestra conclusión no puede depender solamente de una evaluación de la identidad partidista y política de quien haya ganado la última elección presidencial. También es necesario evaluar la calidad democrática del proceso por medio del cual se ha realizado el relevo en el poder. Específicamente: ¿la elección presidencial de 2012 fue «libre» y «auténtica»?