Entrevista

Deber cumplido, objetivo perdido Entrevista a Fernanda Hopenhaym

Si bien en México existen iniciativas puntuales que buscan abordar los retos en materia de empresas y derechos humanos –como el compromiso de elaborar un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, o de incorporarse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas–, la captura del Estado por parte de intereses económicos y corporativos, impide salvaguardar los derechos humanos.

Deber cumplido, objetivo perdido / Entrevista a Fernanda Hopenhaym

La situación de los derechos humanos en México es calamitosa. El país adolece de altos niveles de violencia, inseguridad e impunidad, agravados por la corrupción y la delincuencia organizada. Casi la mitad de sus habitantes viven en la pobreza. No queda afuera de este diagnóstico lo que sucede en materia de empresas y derechos humanos. Los derechos humanos se pueden vulnerar con total impunidad. Es común ver cómo los sectores de la minería, la energía, la construcción y el turismo afectan a las comunidades indígenas y otras no indígenas. También existen preocupaciones fundadas sobre la situación de los derechos laborales y ambientales.

Considerando el trabajo que usted realiza para fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por las prácticas empresariales ¿Cómo caracterizaría la situación mexicana en materia de empresas y derechos humanos? ¿Cuáles son las principales urgencias? ¿Cuál ha sido el posicionamiento del gobierno mexicano en relación a este tema?

Desde la fundación de PODER en 2010, hemos observado la profundización del sistema de despojo y sobreexplotación de los recursos naturales y humanos en México. A través de las llamadas reformas estructurales, el Estado dio pasos firmes para otorgar certeza jurídica a las empresas y abrir nuevos mercados a la inversión privada. Particularmente, la Reforma Energética de 2013, la cual fue aprobada de forma fast track y sin adecuada consulta con la sociedad civil, ha dado nuevas garantías para la entrada de capitales privados al mercado energético, anteriormente bajo monopolio de Petróleos Mexicanos (aunque desde la década de 1990 PEMEX ya tenía proyectos conjuntos con empresas privadas). Además de otorgar concesiones directamente a empresas o consorcios, tanto mexicanas como extranjeras, las leyes derivadas de esta reforma dan prioridad a la explotación de hidrocarburos por sobre cualquier otra actividad económica y obligan a los titulares de la tierra a ceder su uso bajo una figura llamada servidumbre temporal (que puede durar hasta 30 años).

Asimismo, el aumento de proyectos a gran escala ha sido muy significativo en los últimos diez años. Las industrias que utilizan grandes extensiones de territorio, tales como las extractivas (minería, hidrocarburos, forestal), la agroindustria, la de desarrollo de infraestructura y la turística son las que han propiciado más conflictos sociales. En un país donde más del 50% del territorio se encuentra en régimen de propiedad social, estos proyectos suelen despojar a las comunidades locales de sus tierras, además de afectar su acceso al agua, sus actividades económicas tradicionales, sus espacios sagrados, y en muchos casos la salud y el medioambiente1.

Asimismo, México se caracteriza por un incremento en las amenazas, intimidación y ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluyendo aquellos que se enfrentan al poder corporativo.

Otro elemento fundamental en el contexto mexicano, tiene que ver con la normatividad que regula la actividad empresarial y la inversión. En un diagnóstico de línea base realizado desde PODER, junto con el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México2 y con el apoyo de ICAR en 2016, detectamos una desconexión muy clara entre la regulación comercial y empresarial, y el marco normativo en materia de derechos humanos. Este último, a partir de una reforma constitucional de 2011, se ha fortalecido; sin embargo, no hay lenguaje de derechos humanos ni provisiones que los protejan en el marco que define desde cómo se constituye una empresa hasta los estándares a los que debe atender.

Finalmente, vale la pena destacar los altos índices de corrupción que prevalecen en México, así como la impunidad en la que operan tanto las empresas como los gobiernos. Los retos a los que se enfrentan las personas afectadas por la actividad empresarial para acceder a la justicia son enormes. Para muestra basta un botón: El 6 de agosto de 2014, ocurrió el peor derrame en la historia de la minería en México. 40 millones de litros de sulfato de cobre fueron derramados en los Ríos Sonora y Bacánuchi en el norte del país; el desastre fue responsabilidad de Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, uno de los consorcios empresariales más grandes del país. Más de 25,000 habitantes de la cuenca del Río fueron afectados en su acceso al agua potable, su salud y su actividad agrícola-ganadera. Las comunidades aún esperan remediación integral, no confían en la calidad del agua, no han recibido atención adecuada a su salud y no han logrado reactivar su economía. Las multas impuestas a la empresa fueron equivalentes al 0.00016% de sus ingresos anuales en aquel momento. Asimismo, la autoridad ambiental reconoció que la minera operaba incurriendo en 55 irregularidades lo cual muestra que supo aprovecharse del contexto de corrupción y la falta de efectividad de las autoridades para asegurar sus ganancias. Más de tres años después del derrame, las afectaciones continúan y las comunidades siguen su búsqueda de justicia.

Dado el contexto aquí comentado, las urgencias principales tienen que ver con el acceso a justicia y remedio, el combate a la corrupción y la impunidad, la protección a personas defensoras y líderes comunitarios, la protección del medioambiente, y los derechos a la tierra y el territorio, y la regulación a la actividad empresarial, el comercio y la inversión.

El gobierno mexicano no ha mostrado un compromiso político de alto nivel en subsanar esta situación. Ha habido iniciativas que buscan reducir algunos de estos retos, como el compromiso de elaborar un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, o de incorporarse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés). Sin embargo, México necesitaría una cirugía mayor y lo que se está proponiendo es como colocar curitas.


A pesar de estas enormes debilidades que el Estado mexicano demuestra a la hora de salvaguardar los derechos humanos, en la actualidad el gobierno se encuentra elaborando un Plan de Acción Nacional (PAN) en línea con los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas ¿En qué estadio se encuentra su elaboración? ¿Qué actores participan de las conversaciones? ¿Cuáles considera que son los principales puntos débiles y fuertes de todo el proceso?

En septiembre de 2015 el gobierno mexicano, bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), instaló un Grupo Nacional de Trabajo, de composición multisectorial, con el fin de avanzar en el desarrollo de un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNEDH). El Grupo Focal de Sociedad Civil participó en dicho Grupo Nacional, el cual se reunió periódicamente entre su fecha de creación y marzo de 2017, cuando el gobierno mexicano publicó el primer borrador del PNEDH. Previo a la presentación de aquel borrador, se llevaron a cabo algunos eventos para difundir la temática, y un taller de redacción con integrantes de los distintos sectores interesados. En el mes de julio de este año, las organizaciones de sociedad civil (OSC) que hemos estado participando de este proceso, decidimos deslindarnos del borrador final que nos fuera presentado en ese momento, dado que carecía de algunos de los elementos que vemos como irrenunciables, relacionados a temas de debida diligencia, consulta y consentimiento previo, libre e informado, empresas públicas, personas defensoras y acceso a la justicia para víctimas de abuso corporativo. Igualmente, permanecían cuestionamientos en torno al proceso de construcción del borrador, con insuficiente participación de las comunidades afectadas y poca transparencia en cuanto a los recursos con los que se contaba para el desarrollo e implementación del Programa.

En estos años de trabajo en torno al PNEDH, el Grupo Focal de OSC ha brindado constantes insumos, tanto de proceso como de contenido, incluso comentarios detallados por escrito respecto a los borradores. Hemos expuesto en diversos momentos, tanto al gobierno mexicano como en el Grupo Nacional, al Grupo de Trabajo de la ONU en la materia, y en medios de comunicación y en nuestras redes, estas preocupaciones. Sin embargo, la respuesta del gobierno creemos ha sido insuficiente; recientemente, nos han hecho llegar a todos los integrantes del Grupo Nacional un nuevo borrador, el cual estamos evaluando. La intención del gobierno es publicarlo cerca del Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos a finales de noviembre del presente año.

Desde la perspectiva de la sociedad civil, el proceso de construcción del PNEDH, así como el contenido que hemos visto hasta el momento, demuestra un esfuerzo por parte de los actores involucrados –instalar un espacio multiactor es un ejemplo de ello– de implementar los Principios Rectores. No obstante, creemos que si no se retoman elementos más firmes en materia de regulación a las empresas –sobretodo las de control estatal– y de acceso a la justicia, será una oportunidad perdida, y de alguna manera ratificará la tendencia internacional a tener PAN que no logran cambios sustantivos para garantizar la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial.

El reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, denuncia que el Estado mexicano está sujeto a los intereses de las empresas y que en la práctica no se aplican los marcos de políticas ni se cumplen los compromisos. Ante este panorama, además de un PAN fortalecido ¿qué medidas adicionales debieran adoptarse para mejorar la situación de los derechos humanos en México?

Definitivamente el PNEDH no logrará subsanar los graves problemas que México tiene en materia de derechos humanos ni la impunidad con la que operan las empresas. Se necesitan reformas de fondo, tanto en las instituciones públicas como privadas. Desde el análisis que hacemos en PODER, es necesario combatir la captura del Estado por parte de intereses económicos y corporativos, por medio de diferentes estrategias, tales como: fortalecer la regulación del sector privado, así como de las relaciones entre el Estado y las empresas; exigir a las empresas cambios en sus prácticas, condicionando el acceso a fuentes de financiamiento (capital y deuda) a un récord limpio en materia de derechos humanos; y fortalecer una ciudadanía conciente, cambiando la norma social en la cual actualmente se aceptan este tipo de comportamientos.

En concreto, considero que debieran adoptarse medidas que protejan los derechos humanos en todos los acuerdos comerciales y de inversión; implementar reformas tanto a nivel nacional como internacional del sistema financiero; fortalecer a las instituciones encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos, dotándolas de mayores capacidades y recursos; y continuar impulsando la creación de un Tratado Vinculante en materia de empresas y derechos humanos mediante el cual se podría limitar internacionalmente el poder corporativo, reforzando la soberanía nacional de los Estados y sus capacidades como sujetos garantes, así como mejorar el acceso a la justicia, superando algunos de los retos en temas jurisdiccionales.

Finalmente, y de forma particularmente importante, en México es necesario lograr superar el alto índice de impunidad. Combatir la interferencia indebida por parte de las élites poderosas en el sistema de justicia, garantizar la imparcialidad de los jueces, abrir la posibilidad a que se revierta la carga de la prueba en los procesos de denuncia de comunidades locales contra grandes empresas, promover la colaboración entre cortes, son algunas de las cuestiones que se podrían avanzar con el fin de facilitar el acceso a la justicia para las víctimas del abuso corporativo.


Fernanda Hopenhaym es directora ejecutiva adjunta del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una organización regional no gubernamental cuya misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.

  • 1.

    En 2016 una articulación de más de 100 organizaciones, movimientos y redes presentaron ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, en su visita oficial a México, un compilado de casos que ejemplifican este contexto: https://www.projectpoder.org/es/2016/08/pide-socie...

  • 2.

    Compuesto por nueve organizaciones de la sociedad civil trabajando a nivel local, nacional y regional que están trabajando juntas en materia de empresas y derechos humanos desde inicios de 2015. Coordinado por PODER.