Entrevista

México: entre las promesas de modernización y la realidad del crimen Entrevista a Hans Mathieu

La compleja y contradictoria realidad de un país que busca paz y progreso.

México: entre las promesas de modernización y la realidad del crimen / Entrevista a Hans Mathieu

Hace tan solo dos años se celebraba a México como ejemplo de modernización basada en el mercado. ¿Era acertada esta apreciación?

En parte sí. Como resultado de la sustitución de importaciones hasta los años 80, de la liberalización y del ingreso en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los años 90, México posee una industria manufacturera, cuya participación en el PIB a nivel comparativo es alta, con casi 20%, y con respecto a las exportaciones es de más de 80%. Esto se debe a los salarios bajos, así como al acceso privilegiado al mercado estadounidense. Entretanto, México ya no produce tan solo a bajo costo con mano de obra intensiva –en las así llamadas «maquiladoras»–, y gracias a inversiones internacionales ha logrado desarrollar una industria automotriz competitiva y se dispone a convertirse en proveedor y productor de la industria aeronáutica. Desde este punto de vista, se podría hablar de una modernización basada en el mercado.

No obstante, estos avances no han llevado a un crecimiento alto sostenido ni han beneficiado a la totalidad de la población. Esto se debe a múltiples razones, una de ellas es la focalización de la industria manufacturera en pocas regiones del país, dado que las inversiones mexicanas en infraestructura, capital humano y capacidad de innovación no sólo son insuficientes en su conjunto, sino que además están extremadamente concentradas a escala regional y en alcance social.

Además, en el área de servicios esenciales y en sectores fundamentales (telecomunicación y energía) existen monopolios y oligopolios privados y públicos, cuyo poder de mercado e ineficiencia les quitan recursos a otros sectores. Las reformas estructurales implementadas recientemente en los sectores de educación, telecomunicación y energía traerán en parte mejoras –si las nuevas instituciones de regulación logran imponerse–, no obstante el sector educativo no se ha desarrollado lo suficiente. Por otra parte, el Estado mexicano se encuentra en la cuerda floja. Una tercera parte del presupuesto nacional se financió con los ingresos provenientes del monopolio petrolero estatal. El total de los ingresos públicos fue de entre 17% y 18% del PIB, demasiado poco para costear infraestructura, educación de calidad para todos, investigación y tecnología, así como seguridad pública. Con la caída del precio del petróleo se perdió casi una cuarta parte de los ingresos, pero por el momento una reforma fiscal, que incrementaría los impuestos a los ingresos de los trabajadores autónomos y sobre las ganancias del capital, no es realizable. Conclusión: los resultados de la modernización basada en el mercado son peores de lo que deberían ser, y sólo una parte de la población mexicana se ve beneficiada por ella. México necesita una política fiscal moderna, importantes inversiones en infraestructura, capital humano y capacidad de innovación, pero la falta de legitimidad de la política y del Estado y la distribución de poder actual obstaculizan las reformas necesarias.

En la actualidad México está principalmente en los titulares de los diarios por las violaciones a los derechos humanos, la violencia y el crimen organizado. ¿Cómo percibe usted la situación actual de los derechos humanos en México?

No solo por ser miembro de la OCDE son inaceptables la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos en México. Los enormes efectos del narcotráfico se agravan por distintos factores: la penetración recíproca de la política y el crimen organizado, que desde los años 30 tomó prestado el corporativismo del fascismo italiano basado en un determinado principio de organización de la política, grupos de interés, incluyendo a los sindicatos y a la sociedad; insuficientes mecanismos de anticorrupción, así como políticas deficientes y erróneas de seguridad pública tienen como consecuencia que el Estado de derecho, en el mejor de los casos, funcione de forma limitada.

Durante la presidencia de Calderón (2006-2012) se intensificó la lucha contra los carteles mediante la intervención de las fuerzas armadas, pero no lograron eliminarlos sino más bien fragmentarlos. Ahora los nuevos «cartelitos» utilizan cada vez menos las rutas lucrativas del narcotráfico hacia Estados Unidos y están buscando otras fuentes de ingreso, principalmente mediante el tráfico de drogas a escala local y la extorsión a cambio de protección. Al mismo tiempo, están aumentando los conflictos en torno de las rutas, territorios y ramas de negocios. Mientras que en el norte del país se han vuelto a consolidar los carteles clásicos, el sur se ve especialmente afectado por la fragmentación. A raíz de esto, en Guerrero, Michoacán y otros estados, se han creado grupos de vigilantes que para financiarse terminan transformándose a menudo en organizaciones criminales.

En el transcurso de la guerra contra los carteles en México durante el periodo 2007-2011 subió la tasa de homicidios a 22.852, más del doble. La tasa llegó a alcanzar la cifra de 20 asesinatos cada 100.000 habitantes, mientras que en Alemania es de una persona. La tasa de homicidios del crimen organizado creció 580% y su participación aumentó de 28% a 69%. Entre 2011 y 2014 el número de muertes bajó 31%, para llegar a 15.653 víctimas, pero en 2015 subió casi 8% otra vez. Además, la desaparición de los estudiantes en la ciudad de Iguala puso en evidencia que la interdependencia entre el crimen organizado y la política persiste sin alteración alguna. Se ha comprobado que los informes oficiales de los organismos de investigación y de la fiscalía sobre este crimen estaban en gran medida equivocados. Hay aproximadamente 25.000 personas desaparecidas en México. Durante la búsqueda de los estudiantes desaparecidos en Guerrero se encontraron un sinnúmero de fosas que contenían al menos 50 cadáveres no identificados. Sin embargo, se volvieron a tapar los cuerpos sin pesquisas adicionales.

Por otra parte, distintas investigaciones de organizaciones de derechos humanos hablan de agresiones sexuales, chantajes y asesinatos a inmigrantes de América Central con participación total o parcial o tolerancia de los órganos de seguridad. A pesar de intentar ocultarlo, se ha sabido de varios casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en las las víctimas eran sospechadas de ser miembros de organizaciones criminales pero que en definitiva eran inocentes. Los periodistas críticos no sólo son víctimas del crimen organizado, sino que también hay indicios de que organismos estatales o funcionarios públicos buscan doblegarlos mediante amenazas o pedidos de renuncia ante sus empleadores; en algunos casos también los eliminan. En México, la tortura para obtener información o confesiones es práctica habitual, según funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas. Amnesty International describe este fenómeno como una «epidemia de torturas con dimensiones catastróficas».

Por otra parte, el gasto del Estado es demasiado bajo, pero un incremento sólo sería exitoso en un contexto de reformas institucionales profundas. Esto incluiría una reforma que establezca a escala nacional requisitos mínimos para las fuerzas policiales y de seguridad y un registro nacional que incluya los servicios de seguridad privados. Hasta ahora la mayoría de los policías son contratados y reemplazados por alcaldes y gobernadores, en gran parte, de forma arbitraria y con sólo ínfimos requisitos. La legislación en torno de los mecanismos de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas debería ser mejorada y endurecida, como así también el poder de implementación de sus órganos pertinentes. En 2015, bajo la presión de los hechos ocurridos en Iguala y de la sociedad civil, se aprobaron importantes leyes, pero estas sólo pueden entrar en vigor si se aplican las respectivas leyes de ejecución, que se encuentran actualmente en discusión en el Parlamento y que deberían aprobarse dentro del corriente periodo legislativo. Un fracaso o una dilución de esta legislación prolongaría por años la impunidad de la corrupción. Más aún, sería necesario reformar el corporativismo mexicano, y eso sería el punto de partida para reducir la interdependencia entre la política, los grupos de interés y el crimen organizado.

¿Qué podría hacer Alemania para ayudar a México en su lucha contra la criminalidad, la violencia y las violaciones a los derechos humanos?

En primer lugar, los organismos oficiales de cooperación al desarrollo deberían tomar distancia de la asistencia técnica y de las así llamadas «medidas de fortalecimiento» para las fuerzas de seguridad e instituciones de la justicia mexicana. Las prioridades deberían ser el análisis de los problemas institucionales y el desarrollo de reformas. Al mismo tiempo, Alemania no debe presentarse ante México como modelo a seguir. Al contrario, una revisión comparativa de experiencias internacionales podría generar propuestas innovadoras para México. Para ello se debería implementar una amplia reforma policial, reformas para combatir eficazmente la corrupción y lograr que las autoridades, partidos políticos y funcionarios sean realmente transparentes y tengan sistemas de facturación y rendición de cuentas. Sería importante también la incorporación de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, que sean críticas y participen en el desarrollo, la implementación y el cumplimiento de las reformas, ya que amplios sectores de la política y la elite mexicana no tienen interés en ellas.

Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos alemanes, en cooperación con organizaciones de otros países, como por ejemplo los sindicatos mexicanos independientes, también deberían incentivar reformas que establezcan un marco legal que vincule la pertenencia a la OCDE de México e impulse un mejoramiento de la situación de los derechos humanos, e informe cuando empresas alemanas y de otros países miembros de OCDE firmen contratos de protección con sindicatos ficticios.

Hans Mathieu es representante de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en México.

Traducción: Vera von Kreutzbruck

Fuente: https://www.fes.de/lateinamerika/in_la/interview/2...


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