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Los trabajadores y sus organizaciones durante los gobiernos kirchneristas

La larga década kirchnerista significó en Argentina el retorno de antiguas instituciones del mundo del trabajo, como las convenciones colectivas, de la mano del crecimiento del empleo durante buena parte del periodo 2003-2015. No obstante, el trabajo no registrado y la división entre el movimiento obrero organizado y el «otro movimiento obrero» marcaron líneas de fractura dentro del mundo de los trabajadores y pusieron en evidencia los límites de las transformaciones recientes.

Los trabajadores y sus organizaciones durante los gobiernos kirchneristas

Recientemente, en Argentina, como en otros países de la región, tuvieron lugar procesos de recomposición del trabajo y de sus organizaciones, en el marco de los cauces habilitados por tres gobiernos entre 2003 y 2015 –uno de Néstor Kirchner y dos de Cristina Fernández– que actualizaron los núcleos identitarios de la tradición nacional-popular peronista. Las irrupciones sociales que protagonizaron la escena política nacional hacia fines de 2001 tienen su antecedente en la resistencia social que expresó el sindicalismo, en especial con la constitución de una nueva central sindical, la Central de Trabajadores de la Argentina (cta), y una disidencia en el interior de la histórica Confederación General del Trabajo (cgt) bautizada Movimiento de Trabajadores Argentinos (mta). Estos agrupamientos gremiales resistieron con unidad de acción la ofensiva neoliberal de la década de 1990. En cambio, no coincidieron sobre la forma política más adecuada para organizar a los trabajadores en la nueva fase capitalista, y la discusión no se saldó, ya que la experiencia de los gobiernos kirchneristas concluyó sin el reconocimiento de derecho de la nueva central y con una mayor fragmentación de las organizaciones gremiales.

La figura más disruptiva para el ciclo neoliberal fue la del «piquetero», que terminó por desbordar el sindicalismo: el trabajador desocupado que se organizó en los barrios y que «puso el cuerpo» para bloquear las rutas. En 1992, en un contexto de cierre de industrias y aumento del desempleo, la cta se fundó bajo la caracterización de que «la nueva fábrica es el barrio», lo cual habilitó la inclusión de diversos movimientos de base territorial que congregaban el colectivo en ascenso de los «ex-trabajadores» en su estructura sindical. Unos años después, un libro sociológico llevaría el título: Entre la ruta y el barrio para registrar el tortuoso trayecto político que debieron afrontar las organizaciones piqueteras1.

«Los trabajadores viven bajo la constante amenaza de tres calamidades que se llaman alza de precios, desempleo y represión», escribió una vez Jean-Paul Sartre2. Y en nuestro país, tres escenas decisivas sintetizan el descomunal proceso de deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, de sus empleos, de sus viviendas, de sus barrios y de los servicios públicos a los que pudieron continuar accediendo durante la larga fase regresiva que se extiende entre 1976 y 2001-2002.

Escena 1: «Para terminar con la rabia hay que matar al perro», sentenció José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la sangrienta dictadura que se inició en Argentina en 1976. El blanco fue una trama industrial con protagonismo de los trabajadores. Y el objetivo: desindustrializar mediante la política económica y la represión criminal para eliminar ese protagonismo, en una acción dirigida especialmente contra la organización sindical en las fábricas (los delegados sindicales fueron víctimas de primer orden de la represión). Escena 2: las hiperinflaciones de finales de la década de 1980. Los denominados «golpes de mercado» fueron instalando una doble condición de trabajador y pobre. Y el «trauma social» de estas hiperinflaciones habilitaría la fase de reformas promercado. Escena 3: en medio de las denominadas «reformas estructurales» del neoliberalismo, los muy elevados niveles de desempleo permitieron activar el par incluidos/excluidos para profundizar el ataque al trabajo. Vale la pena detenerse en este momento. Inicialmente, los que tenían empleo fueron acusados de intentar mantener «privilegios» que impedían la creación de puestos para los millones de desocupados. Así, «legislar para los que tienen hambre» se transformó en legislar contra quienes tenían trabajo, mediante una reforma de flexibilización laboral que desmembró los principios de estabilidad y protección del trabajo. En un segundo momento, el foco se puso en la empleabilidad, con la consiguiente culpabilización individual de los desocupados (excluidos inempleables). La focalización desplaza la universalidad de la política social; se procede a la disección de los desempleados para construir la «población objetivo», los segmentos minoritarios caracterizados como obsoletos que recibirían una ayuda irrisoria y acciones de capacitación para volverse empleables. Finalmente, cuando la desocupación es visibilizada por la organización popular en su dimensión colectiva, los piqueteros pasan a ser estigmatizados brutalmente como peligrosos y violentos (excluidos violentos). Se produce así un redespliegue hacia el último determinante del sistema de poder: la fuerza. En ese marco se producen los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001, en medio de sublevaciones populares que combinaron cacerolazos, grandes movilizaciones y saqueos a supermercados, y posteriormente, en junio de 2002, los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes piqueteros que participaban del corte de uno de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Una restitución que no alcanzó

Néstor Kirchner llegó al gobierno en mayo de 2003. Su figura no constituía una excepción en el mar de descrédito generalizado de la representación política. Sin mayoría electoral (ganó con 22,2% de los votos), su gestión se orientó a construirla. Y en pos de ese objetivo, sobresalen dos acciones políticas: «restituir» y «desagraviar», verbos que expresan lo novedoso de la irrupción del kirchnerismo en la política argentina luego de casi tres décadas con abrumadora mayoría de impulsos en sentido inverso. A modo de ejemplo: restituir las negociaciones colectivas y el salario mínimo vital y móvil; desagraviar ordenando retirar el cuadro del genocida Jorge Rafael Videla del panteón de presidentes del Colegio Militar, o reparar con el pedido de perdón en nombre del Estado nacional por el terrorismo de Estado a las víctimas y a la sociedad argentina en su conjunto. Una nostalgia anidó en el kirchnerismo originario: la vuelta al «tiempo feliz» de la sociedad de pleno empleo peronista, con Estado fuerte, sindicatos poderosos y empresarios nacionales. El impulso inicial que habilitó realidad y ensoñación estuvo dado por la megadevaluación realizada por el fugaz gobierno previo de Eduardo Duhalde, que implicó cuantiosas transferencias para los exportadores y generó márgenes amplios para alentar la puja salarial. Kirchner interpretó la oportunidad y alentó esa puja con varios decretos de incremento salarial de sumas fijas que beneficiaron en mayor medida a los trabajadores registrados más empobrecidos. Asimismo, acompañó –y podríamos decir que hasta celebró– los conflictos laborales de los trabajadores registrados y bajo convenciones colectivas de trabajo. Los dos más resonantes fueron los que involucraron a los trabajadores del subterráneo y los paros activos, con tomas de edificios, de los trabajadores telefónicos. Conflictos que, mirados con detenimiento, volvían patente la complejización no solo de la trama laboral, sino también del sindicalismo.

  • 1.

    Maristella Svampa y Sebastián Pereyra: Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras, Biblos, Buenos Aires, 2004.

  • 2.

    J.P. Sartre: Problemas del marxismo i, Página 12 / Losada, Buenos Aires, 2004, p. 146.