Durante los últimos tiempos y a raíz de las relaciones entre algunos Estados de la región con empresas que obtuvieron evidentes beneficios, se ha puesto en debate la temática del lobby. ¿Qué tipo de incidencia tiene hoy el lobby empresarial en América Latina y cuáles son sus modalidades de acción?

La pregunta es compleja e implica una serie de variables dependientes e independientes. Lo más importante para empezar a analizar el fenómeno de una manera académica y seria es determinar qué es el lobby, lobbying o cabildeo –como se lo conoce en México y otros países de habla castellana–. Después, ya se puede hablar del lobby financiero, sus impactos y las modalidades de acción política que emprenden los lobbistas y los grupos que los contratan.

A grandes rasgos, las diferentes definiciones de este fenómeno coinciden en que es una actividad política encaminada a influir en las decisiones de las autoridades públicas y que se trata, nada más y nada menos, que de «un especial e intenso ejercicio del derecho de petición, tal como afirma la clásica definición de Lewis Dexter. Es decir, el lobbying es fundamental para una democracia de calidad porque apuntala el derecho de los ciudadanos de peticionar frente a las autoridades públicas, así como de intentar influenciarlas.

Una vez definido el lobby y ligado a sus modalidades de acción, hay que diferenciar qué tipo de grupo de interés es el que está haciendo lobby por equis asunto determinado, así como definir qué son los grupos de interés y tipificarlos, siempre deslindando lo peyorativo de otra expresión utilizada como sinónimo en estos temas, que es la de «grupos de presión». También hay que distinguir si un grupo de interés actúa por su cuenta o en alianza con otros grupos de su sector o de algún otro, lo que genera estrategias de lobby cruzado. Por otro lado, para buscar influir en la toma de decisiones, los grupos y los lobbistas pueden buscar acceso a los tomadores de decisiones de manera directa –es decir, a la manera clásica del lobby– o generar tácticas de lobby indirecto, haciendo campañas para influenciar a la opinión pública o llevando a cabo movilizaciones en las calles –o en las redes sociales– que tengan efecto en los legisladores, por ejemplo.

Aquí es donde surge uno de los temas más controversiales para la discusión de la democracia y el lobby: las inequidades en la gestión de intereses producto, entre otras cosas, de la interacción del dinero y la política. Otro tema de discusión es la tensión que existe en la democracia entre la libertad y la igualdad que el ejercicio del lobby deja ver más fácilmente.

En términos regionales, ¿cuáles son los países que tienen legislaciones más restrictivas con respecto al lobby y qué tipo de efectos han conseguido?

El lobby en América Latina ha estado creciendo en los últimos 30 años. Cuando los países de la región comenzaron a transitar el camino hacia la democracia, el lobby profesional empezó a crecer más vigorosa y apresuradamente. En ese sentido, el nivel y la regulación varían en cada país de la región. Solo en Chile y Perú hay una legislación con algunos rasgos equivalentes al Lobbying Disclosure Act de Estados Unidos. También México tiene legislación al respecto, pero es un capítulo dentro de los reglamentos interiores de las cámaras del Congreso de la Unión. En Colombia se incluye un apartado en el Código Penal y en Argentina hay un decreto presidencial para regular la gestión de intereses en el Poder Ejecutivo. Los demás países no tienen legislación sobre el lobby, pero en casi todos, así como en los mencionados, hay proyectos de ley al respecto y la actividad ha venido creciendo en magnitud. También cabe resaltar que en la mayoría de los países se ha comenzado a generar mecanismos legales y prácticas para hacer más transparentes la gestión pública y los procesos legislativos. De igual formar, comenzaron a tipificarse delitos como el tráfico de influencias, la corrupción y el nepotismo, entre otros.

Un punto interesante a destacar es que en la región ha venido creciendo el número de estudios académicos sobre el tema, así como las organizaciones civiles o centros de estudios que trabajan sobre el fenómeno de la gestión de intereses, para hacer transparente el dinero en la política y lo que pasa en la «caja negra», en términos del clásico David Easton. Esta es una buena noticia, pero aún falta que mucha información pública esté disponible, para poder inferir más puntualmente aspectos del lobby y sus impactos, así como para detectar casos de corrupción. Asimismo, ha crecido el número de despachos que profesionalmente ejercen y prestan servicios de lobby, al tiempo que los diferentes grupos de interés y los actores responsables de éstos, son más conscientes de la necesidad de hacer lobby todo el tiempo.

El lobby financiero es, en el marco del capitalismo especulativo, uno de los que más poder ha adquirido y mayor incidencia ha tenido en la política de los Estados de la región. ¿Qué modo de operatoria ha desarrollado este tipo de lobby y en qué políticas concretas de los países latinoamericanos puede verse su marco de acción?

En Estados Unidos, los grupos del sector financiero, de seguros y propiedades son los que más gastan recursos en lobby. En América Latina no es tan fácil hacer aseveraciones de este tipo porque no hay suficiente información al respecto. De igual forma, el lobby financiero está presente en muchos asuntos legislativos y ejecutivos, y las tácticas directas son las más empleadas. Se puede apreciar cómo este lobby actúa fuertemente en los distintos intentos de reformas fiscales o cuando se formulan los presupuestos de ingresos y egresos de la federación.

En México, por ejemplo, existe un registro de cabilderos en las dos cámaras del Congreso de la Unión, con lo cual se puede saber quién y a nombre de quién se está cabildeando, en qué temas, comisiones y con qué diputados o senadores. De todos modos, no hay muchos detalles específicos. En América Latina la financiación de la política y las campañas electorales por parte de los privados no es tan amplia y regulada como, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los grupos organizan parte de ese trabajo para tal o cual candidato. Este hecho hace que el dinero en la política sea opaco e ilegal, lo cual incrementa los riesgos de impactos negativos del lobby y alimenta la mala fama del fenómeno.

Las modalidades de acción y los impactos están ligados a los recursos, la organización, el liderazgo y la coyuntura política, entre otras variables. También son muy importantes el tipo de régimen y el sistema político de cada país. De igual forma, es central entender que el lobby no es un fenómeno político exclusivo de las democracias, pero que este tipo de sistema político es más proclive a tener más y mejor lobby. Por otro lado, hay que apuntar que el proceso del lobby se despliega en los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Asimismo, se desarrolla en los gobiernos federal, estatales y municipales. Y, por supuesto, también hay lobby internacional.

Existe una visión alternativa a la crítica del lobby que consiste en sostener que, en realidad, este tipo de actividad favorece la presión no solo de empresarios sino también de trabajadores y grupos subalternos. Esto parece no condecirse demasiado con la realidad, pero expresa una vocación de los grupos de poder de legalizar este tipo de actividad. ¿En qué estado se encuentra este debate en la región? ¿Cree que los grupos de poder están avanzando en una concepción que favorezca la aceptación del lobby como un fenómeno normal dentro de la democracia?

El lobby no solo favorece a los empresarios o grupos patronales, también los sindicatos de trabajadores lo utilizan con éxito. En los últimos años, y en parte derivado del reimpulso que las redes sociales en internet le han dado a las tácticas de lobby indirecto, muchas organizaciones de la sociedad civil han mejorado el nivel de su participación en los asuntos públicos y políticos. De todos modos, la aceptación del lobby como un fenómeno normal dentro de la democracia no tiene el camino allanado.

De hecho, el lobby es visto por algunos grupos y teorías de las ciencias políticas como un distorsionador de la democracia. Según estas posturas, solo favorecería a los más poderosos y ricos. Pero esta es una aseveración muy simplista y no se condice con la realidad. Casos de éxito (por ejemplo en México con el caso de la denominada Ley 3 de 3 o la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que emanaron de grupos de la sociedad civil luego apoyados por la Confederación Patronal del la República Mexicana, COPARMEX) son los que van calando en esa visión negativa y binaria del lobby, para ir posibilitando otra concepción del fenómeno que no sea tan negativa y de suma cero. Pero es claro que falta mucho por andar en este camino. Es natural que en América Latina, con culturas políticas poco transparentes, la opinión pública todavía desconfíe de este tema.

Uno de los problemas más importantes en el caso del lobby es el del desconocimiento por parte de la ciudadanía de cuáles son los grupos de presión específicos. En el caso de los países en los que el lobby está asumido como una práctica normal, ¿cómo se actúa en función de esta cuestión? ¿Qué tipo de procesos pueden abrirse en esos países para transparentar ante la ciudadanía las relaciones entre los lobbys y los diversos gobiernos?

En términos generales, América Latina toma los ejemplos de la Unión Europea y Estados Unidos para mejorar la práctica del lobby. En este último caso –gracias a la información que brinda una legislación adecuada del lobby y de la política de los grupos de interés–, hay varias ONG que dan seguimiento al dinero en la política y al lobbying que hacen los grupos de interés separados en los sectores de la economía. En estos reportes, que se publican en el sitio de internet www.opensecrets.org o la aplicación móvil Dollarcracy, se puede apreciar que el lobby empresarial es más asertivo que el lobby de la sociedad civil, entre otras cuestiones importantes, porque el dinero y la organización de los primeros son inmensamente superiores a los de los segundos. También, las estrategias y tácticas de lobby que usan los grupos empresariales o financieros son más efectivas que la de otros grupos civiles, porque la demanda de información por parte de los legisladores o funcionarios públicos, en los temas que atañen a estos grupos, es mayor.

Otro punto a considerar es que un lobbista profesional está presente todos los días en los escenarios políticos –como el Congreso– y no solamente cuando se va a tocar el punto en el que el grupo quiere influir. Esa es otra diferencia entre los grupos que hacen lobby con lobbistas y los grupos, en su mayoría de la sociedad civil, que hacen lobby solo con especialistas y activistas. Sea como fuere, las críticas hacia los lobbies poderosos, como el financiero, son una constante, también en América Latina, por las inequidades que generan en la agregación de demandas por parte de los grupos y la generación de bienes públicos por parte de la autoridad.

Mario Ricciardi es especialista en lobby. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas de Puebla.