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Los límites de la igualdad de oportunidades

En las últimas décadas, la «igualdad de oportunidades» se fue imponiendo por sobre otra visión de la igualdad de matriz socialdemócrata, que el autor denomina «igualdad de posiciones». En este sentido, quienes defienden la igualdad de oportunidades –el modelo del liberalismo estadounidense– se preocupan menos por reducir las desigualdades que por luchar contra las discriminaciones que impiden transitar por la estructura social en función de méritos personales. El artículo sostiene que la izquierda debe combinar igualdad de posiciones con igualdad de oportunidades, pero dando prioridad a la primera, lo que no debe confundirse con una defensa conservadora del Estado de Bienestar tal como hoy lo conocemos.

Los límites de la igualdad de oportunidades

Dos grandes maneras de concebir la justicia social se combinan, yuxtaponen y enfrentan hoy en día, aunque su definición y las tensiones que las oponen estén frecuentemente disimuladas por la generosidad de los principios que las inspiran y por la imprecisión del vocabulario que las sustenta. Estas dos maneras de concebir la justicia social proceden de un problema común: buscan reducir la tensión fundamental que existe en las sociedades democráticas entre la afirmación de la igualdad fundamental de todos los individuos, por un lado, y las desigualdades sociales reales vinculadas a las tradiciones, la competencia de intereses y el «normal» funcionamiento de las sociedades modernas, por el otro. Estas dos grandes soluciones son la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades. En ambos casos, se trata de reducir ciertas desigualdades sociales con el propósito de volverlas aceptables, si no perfectamente justas, en la sociedad en que vivimos.

Por supuesto, cada una de estas maneras de concebir la justicia social tiene sus méritos: lo más probable es que deseemos vivir en una sociedad que sea, al mismo tiempo, relativamente igualitaria y relativamente meritocrática. Nos escandalizan tanto las desigualdades de ingreso entre los más pobres y los que cada año ganan varias decenas de salarios mínimos, como las discriminaciones impuestas a las minorías, a las mujeres y a los diversos grupos segregados que no pueden aspirar a cambiar de posición social porque están de algún modo asignados a su lugar. A primera vista, no se trataría de elegir entre el modelo de posiciones y el de oportunidades ya que, después de John Rawls y muchos otros pensadores antes que él, sabemos que una sociedad democrática en verdad justa debe necesariamente combinar la igualdad fundamental de todos sus miembros con las «desigualdades justas» que surgen de una competencia meritocrática equitativa. Se sabe que esta alquimia está en el corazón de una filosofía política democrática y liberal que le garantice a cada uno el derecho a llevar su vida tal como le parezca, en el marco de una ley y de un «contrato» comunes.

La igualdad de posiciones

La primera de estas maneras de concebir la justicia social se centra en las posiciones que organizan la estructura social, es decir, en el conjunto de espacios sociales ocupados por los individuos, ya sean mujeres u hombres, miembros de minorías visibles o de la mayoría «blanca», «cultos» o menos «cultos», jóvenes o menos jóvenes, etc. Esta representación de la justicia social invita a reducir las desigualdades de ingresos, de condiciones de vida, de acceso a servicios, de seguridad, etc., que están asociadas a las posiciones sociales ocupadas por individuos muy distintos en varios aspectos: nivel de calificación, sexo, edad, talento. La igualdad de posiciones busca ajustar la estructura de las posiciones sociales sin poner el acento en la circulación de los individuos entre los diversos puestos desiguales. En este caso, la movilidad social es una consecuencia indirecta de la relativa igualdad social. En pocas palabras, no se trata tanto de prometer a los hijos de los obreros que tendrán tantas oportunidades de llegar a ser ejecutivos como las que tienen los hijos de estos últimos, como de reducir la brecha en las condiciones de vida y de trabajo entre los obreros y los ejecutivos. No se trata tanto de permitirles a las mujeres que ocupen los empleos hoy reservados a los hombres, como de hacer que los empleos que ocupan tanto las mujeres como los hombres sean tan iguales como sea posible.

La igualdad de posiciones fue impulsada por el movimiento obrero y, de modo más general, por la izquierda. Durante más de un siglo, buscó reducir las desigualdades entre las posiciones sociales gracias a la seguridad social contra los imprevistos de la vida y los riesgos de la economía, gracias a la redistribución de las riquezas mediante retenciones sociales y un impuesto progresivo sobre la renta y al desarrollo de los servicios públicos y del Estado de Bienestar. Es en primer lugar en el terreno de las condiciones de trabajo y de los salarios donde se constituyen y se reducen las desigualdades sociales. A fin de cuentas, los países que desarrollaron estas políticas son mucho menos desiguales que los otros. Hay que destacar también que el modelo de justicia social construyó una representación de la sociedad en términos de clases sociales y de focalización de la lucha contra las desigualdades en la esfera del trabajo. Más allá de eso, la igualdad de posiciones construye un contrato social expandido y una solidaridad esencialmente «ciega» a las «deudas», a los «créditos» y a las responsabilidades de cada individuo.

Con todo, este modelo de justicia enfrenta hoy día numerosas críticas. Se le reprocha, entre otras cosas, haber desarrollado un Estado corporativista en el que cada cual defiende su posición y las ventajas adquiridas. En este sentido, sería poco eficiente; la crítica liberal no deja de subrayar las altas tasas de desempleo de los Estados de Bienestar corporativistas. También se le reprocha el debilitamiento de la confianza y la cohesión sociales, ya que cada individuo depende más del Estado que de sus conciudadanos. Así, la igualdad de posiciones sería con frecuencia conservadora. Ciega a las discriminaciones que sufren sobre todo las mujeres y los obreros, privilegiaría a los hombres blancos y calificados; invitaría a cada uno a quedarse en su lugar más que a cambiar de puesto. Por último, la igualdad de posiciones sería cada vez más difícil de defender en un mundo globalizado en el que los sistemas de protección social compiten entre sí.

La igualdad de oportunidades

La segunda manera de concebir la justicia, la que progresivamente se impone hoy en día, se centra en la igualdad de oportunidades, o sea, la posibilidad para todos de ocupar cualquier posición en función de un principio meritocrático. Aspira menos a reducir las desigualdades de las posiciones sociales que a luchar contra las discriminaciones que obstaculizan la realización del mérito, permitiéndole a cada cual acceder a posiciones desiguales como resultado de una competencia equitativa en la que individuos iguales se enfrentan para ocupar puestos sociales jerarquizados. En este caso, las desigualdades son justas, ya que todos los puestos están abiertos a todos. Con la igualdad de oportunidades, la definición de las desigualdades sociales cambia sensiblemente en relación con el modelo de posiciones, porque son menos desigualdades de posiciones que un conjunto de obstáculos que se opone a que se establezca una competencia equitativa, sin que la estructura de posiciones sea a priori discutida. En este caso, el ideal no es una sociedad en la que las desigualdades de posición sean limitadas, sino una en la que cada generación debería ser redistribuida equitativamente en todas las posiciones sociales en función de los proyectos y los méritos de los individuos. En este modelo, la justicia requiere que los hijos de los obreros tengan las mismas oportunidades de llegar a ser ejecutivos que los hijos de los ejecutivos, sin que la distancia de posición entre los obreros y los ejecutivos esté en juego. De la misma manera, el modelo de las oportunidades implica que las mujeres tengan igual presencia en todos los escalones de la sociedad sin que se transforme la jerarquía de las actividades profesionales y de los ingresos. Esta figura de la justicia social también obliga a considerar lo que se conoce como «diversidad» étnica y cultural, con el objetivo de que esté representada en todos los niveles de la vida social.