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Los límites de la igualdad de oportunidades

En las últimas décadas, la «igualdad de oportunidades» se fue imponiendo por sobre otra visión de la igualdad de matriz socialdemócrata, que el autor denomina «igualdad de posiciones». En este sentido, quienes defienden la igualdad de oportunidades –el modelo del liberalismo estadounidense– se preocupan menos por reducir las desigualdades que por luchar contra las discriminaciones que impiden transitar por la estructura social en función de méritos personales. El artículo sostiene que la izquierda debe combinar igualdad de posiciones con igualdad de oportunidades, pero dando prioridad a la primera, lo que no debe confundirse con una defensa conservadora del Estado de Bienestar tal como hoy lo conocemos.

Los límites de la igualdad de oportunidades

Dos grandes maneras de concebir la justicia social se combinan, yuxtaponen y enfrentan hoy en día, aunque su definición y las tensiones que las oponen estén frecuentemente disimuladas por la generosidad de los principios que las inspiran y por la imprecisión del vocabulario que las sustenta. Estas dos maneras de concebir la justicia social proceden de un problema común: buscan reducir la tensión fundamental que existe en las sociedades democráticas entre la afirmación de la igualdad fundamental de todos los individuos, por un lado, y las desigualdades sociales reales vinculadas a las tradiciones, la competencia de intereses y el «normal» funcionamiento de las sociedades modernas, por el otro. Estas dos grandes soluciones son la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades. En ambos casos, se trata de reducir ciertas desigualdades sociales con el propósito de volverlas aceptables, si no perfectamente justas, en la sociedad en que vivimos.

Por supuesto, cada una de estas maneras de concebir la justicia social tiene sus méritos: lo más probable es que deseemos vivir en una sociedad que sea, al mismo tiempo, relativamente igualitaria y relativamente meritocrática. Nos escandalizan tanto las desigualdades de ingreso entre los más pobres y los que cada año ganan varias decenas de salarios mínimos, como las discriminaciones impuestas a las minorías, a las mujeres y a los diversos grupos segregados que no pueden aspirar a cambiar de posición social porque están de algún modo asignados a su lugar. A primera vista, no se trataría de elegir entre el modelo de posiciones y el de oportunidades ya que, después de John Rawls y muchos otros pensadores antes que él, sabemos que una sociedad democrática en verdad justa debe necesariamente combinar la igualdad fundamental de todos sus miembros con las «desigualdades justas» que surgen de una competencia meritocrática equitativa. Se sabe que esta alquimia está en el corazón de una filosofía política democrática y liberal que le garantice a cada uno el derecho a llevar su vida tal como le parezca, en el marco de una ley y de un «contrato» comunes.

La igualdad de posiciones

La primera de estas maneras de concebir la justicia social se centra en las posiciones que organizan la estructura social, es decir, en el conjunto de espacios sociales ocupados por los individuos, ya sean mujeres u hombres, miembros de minorías visibles o de la mayoría «blanca», «cultos» o menos «cultos», jóvenes o menos jóvenes, etc. Esta representación de la justicia social invita a reducir las desigualdades de ingresos, de condiciones de vida, de acceso a servicios, de seguridad, etc., que están asociadas a las posiciones sociales ocupadas por individuos muy distintos en varios aspectos: nivel de calificación, sexo, edad, talento. La igualdad de posiciones busca ajustar la estructura de las posiciones sociales sin poner el acento en la circulación de los individuos entre los diversos puestos desiguales. En este caso, la movilidad social es una consecuencia indirecta de la relativa igualdad social. En pocas palabras, no se trata tanto de prometer a los hijos de los obreros que tendrán tantas oportunidades de llegar a ser ejecutivos como las que tienen los hijos de estos últimos, como de reducir la brecha en las condiciones de vida y de trabajo entre los obreros y los ejecutivos. No se trata tanto de permitirles a las mujeres que ocupen los empleos hoy reservados a los hombres, como de hacer que los empleos que ocupan tanto las mujeres como los hombres sean tan iguales como sea posible.

La igualdad de posiciones fue impulsada por el movimiento obrero y, de modo más general, por la izquierda. Durante más de un siglo, buscó reducir las desigualdades entre las posiciones sociales gracias a la seguridad social contra los imprevistos de la vida y los riesgos de la economía, gracias a la redistribución de las riquezas mediante retenciones sociales y un impuesto progresivo sobre la renta y al desarrollo de los servicios públicos y del Estado de Bienestar. Es en primer lugar en el terreno de las condiciones de trabajo y de los salarios donde se constituyen y se reducen las desigualdades sociales. A fin de cuentas, los países que desarrollaron estas políticas son mucho menos desiguales que los otros. Hay que destacar también que el modelo de justicia social construyó una representación de la sociedad en términos de clases sociales y de focalización de la lucha contra las desigualdades en la esfera del trabajo. Más allá de eso, la igualdad de posiciones construye un contrato social expandido y una solidaridad esencialmente «ciega» a las «deudas», a los «créditos» y a las responsabilidades de cada individuo.

Con todo, este modelo de justicia enfrenta hoy día numerosas críticas. Se le reprocha, entre otras cosas, haber desarrollado un Estado corporativista en el que cada cual defiende su posición y las ventajas adquiridas. En este sentido, sería poco eficiente; la crítica liberal no deja de subrayar las altas tasas de desempleo de los Estados de Bienestar corporativistas. También se le reprocha el debilitamiento de la confianza y la cohesión sociales, ya que cada individuo depende más del Estado que de sus conciudadanos. Así, la igualdad de posiciones sería con frecuencia conservadora. Ciega a las discriminaciones que sufren sobre todo las mujeres y los obreros, privilegiaría a los hombres blancos y calificados; invitaría a cada uno a quedarse en su lugar más que a cambiar de puesto. Por último, la igualdad de posiciones sería cada vez más difícil de defender en un mundo globalizado en el que los sistemas de protección social compiten entre sí.

La igualdad de oportunidades

La segunda manera de concebir la justicia, la que progresivamente se impone hoy en día, se centra en la igualdad de oportunidades, o sea, la posibilidad para todos de ocupar cualquier posición en función de un principio meritocrático. Aspira menos a reducir las desigualdades de las posiciones sociales que a luchar contra las discriminaciones que obstaculizan la realización del mérito, permitiéndole a cada cual acceder a posiciones desiguales como resultado de una competencia equitativa en la que individuos iguales se enfrentan para ocupar puestos sociales jerarquizados. En este caso, las desigualdades son justas, ya que todos los puestos están abiertos a todos. Con la igualdad de oportunidades, la definición de las desigualdades sociales cambia sensiblemente en relación con el modelo de posiciones, porque son menos desigualdades de posiciones que un conjunto de obstáculos que se opone a que se establezca una competencia equitativa, sin que la estructura de posiciones sea a priori discutida. En este caso, el ideal no es una sociedad en la que las desigualdades de posición sean limitadas, sino una en la que cada generación debería ser redistribuida equitativamente en todas las posiciones sociales en función de los proyectos y los méritos de los individuos. En este modelo, la justicia requiere que los hijos de los obreros tengan las mismas oportunidades de llegar a ser ejecutivos que los hijos de los ejecutivos, sin que la distancia de posición entre los obreros y los ejecutivos esté en juego. De la misma manera, el modelo de las oportunidades implica que las mujeres tengan igual presencia en todos los escalones de la sociedad sin que se transforme la jerarquía de las actividades profesionales y de los ingresos. Esta figura de la justicia social también obliga a considerar lo que se conoce como «diversidad» étnica y cultural, con el objetivo de que esté representada en todos los niveles de la vida social.

La igualdad de oportunidades cambia profundamente las representaciones de la sociedad. Las clases sociales son sustituidas por grupos que pasan a ser definidos sobre la base de las discriminaciones que sufren con relación a su «raza», su cultura, su sexo y sus «capacidades especiales». Como estas marcas son negativas, cada uno de los actores que denuncia las discriminaciones afirma simultáneamente una exigencia de reconocimiento y transforma así el estigma en características positivas, rasgos culturales y sociales que fundan la diversidad de la sociedad. Asimismo, cuando las minorías sustituyen a las clases sociales, la representación de la sociedad cambia totalmente. Las asociaciones, las fundaciones, los diversos organismos de lucha contra las discriminaciones desplazan de manera progresiva a los sindicatos al reclamar cuotas de participación y al llevar ante los tribunales la batalla contra las discriminaciones. Esto desestabiliza profundamente los modos de representación política. El contrato social «ciego» es sustituido por contratos más individualizados, que comprometen la responsabilidad de cada individuo y lo llevan a hacer valer su mérito para optimizar sus oportunidades. Si triunfa, mejor; si fracasa, peor para él.

Este modelo de justicia puede ser criticado por razones opuestas a las que se esgrimen contra el modelo de igualdad de posiciones. En primer lugar, no parece que la igualdad de oportunidades reduzca las desigualdades sociales; los países que aplican este principio de justicia social (principalmente, Estados Unidos y Gran Bretaña) exhiben una mayor desigualdad que los países socialdemócratas y corporativistas. Es verdad que la igualdad de oportunidades no nos dice qué desigualdades son intolerables y se limita a tender una red salvavidas para los más pobres. La definición de las injusticias en términos de discriminación genera un mecanismo de competencia entre las víctimas que están interesadas en «exhibir» sus discriminaciones para beneficiarse de ciertas políticas específicas. A fin de cuentas, la multiplicación de las minorías reemplaza la multiplicación de las corporaciones. Por último, no es seguro que la igualdad de oportunidades sea más liberal, más favorable a la autonomía, que la igualdad de posiciones. Sustituye el conservadurismo de los puestos por los rigores del mérito, ya que cada cual es plenamente responsable de lo que le sucede. Asimismo, los gobiernos que privilegian la igualdad de oportunidades suelen ser los más conservadores, los más dados a «culpar a las víctimas», en la medida en que no supieron aprovechar las oportunidades que les fueron otorgadas.

Prioridad a la igualdad de posiciones

Sin embargo, el hecho de que queramos a la vez la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades no nos dispensa de elegir el orden de nuestras prioridades. En efecto, en términos prácticos, en términos de políticas sociales y de programas políticos, no se hace exactamente lo mismo según se les dé prioridad a las posiciones o a las oportunidades. Por ejemplo, no es igual afirmar como prioridad el aumento de los salarios bajos y la mejora de las condiciones de vida en los barrios populares que subrayar la imperiosa necesidad de hacer que los niños de esos barrios tengan las mismas oportunidades que otros de acceder a la elite para escapar a su condición en función de su mérito. Podemos abolir la posición social injusta o permitirles a los individuos salirse de dicha posición sin poner en tela de juicio la posición misma; e incluso si deseamos hacer ambas cosas, debemos elegir bien cuál de las dos vamos a hacer primero. En una sociedad rica pero necesariamente obligada a establecer prioridades, no es lo mismo elegir mejorar la calidad de la oferta escolar en los barrios desfavorecidos que ayudar a los que tienen mayor mérito entre los alumnos desfavorecidos a fin de que tengan la oportunidad de unirse a la elite escolar y social. Para elegir un ejemplo más claro, no es lo mismo hacer que los miembros de las minorías etnorraciales estén representados de manera equitativa en el Parlamento y en los medios que hacer que los puestos que ocupan en la construcción y en las obras públicas estén mejor retribuidos y sean menos penosos. El argumento según el cual de manera ideal se deberían hacer ambas cosas no resiste los imperativos de la acción política, que tiene que decidir fatalmente lo que parece más importante y más decisivo. Podemos desear tanto la igualdad de posiciones como la igualdad de oportunidades, pero si no queremos vivir de ilusiones, estamos obligados a elegir el camino que parezca más justo y más eficaz, estamos obligados a dar la prioridad a una de estas dos maneras de concebir la justicia.

La elección es aún más urgente cuando se comprueba que estos dos modelos de justicia social no son solo esquemas teóricos tan poco discutibles el uno como el otro. En los hechos, están sostenidos por movimientos sociales diferentes, que privilegian a grupos e intereses también distintos. Estos modelos no movilizan ni construyen exactamente a los mismos actores ni los mismos intereses. Yo no me defino ni actúo de la misma manera según luche por mejorar mi posición o por aumentar mis oportunidades de salir de mi posición. En el primer caso, el actor generalmente es definido por su trabajo, por su «función», por su «utilidad» y por su explotación. En el segundo caso, por su identidad, por su «naturaleza» y por las discriminaciones que sufre en tanto mujer, en tanto minoría estigmatizada. Por supuesto, ambas maneras de definirse, de movilizarse y de actuar en el espacio público son legítimas, pero no pueden ser confundidas y, ahí también, nos toca elegir cuál de las dos tiene prioridad. No es necesario reificar las clases sociales, por un lado, o las minorías, por el otro, para comprender que una sociedad no se percibe ni actúa sobre sí misma de la misma manera si prioriza las posiciones o las oportunidades.Si defiendo la prioridad de la igualdad de posiciones, no lo hago para negarle su legitimidad a la justicia de las oportunidades y del mérito, sino por dos razones esenciales. La primera es que la igualdad, al invitar a un ajuste de la estructura social, es «buena» para los individuos y para su autonomía; aumenta la confianza y la cohesión social en la medida en que los actores no se empeñan en una competencia constante, tanto para lograr el éxito social como para exponer su estatus de víctima para beneficiarse de una política específica. La igualdad de posiciones, aunque siempre relativa, crea un sistema de deudas y de derechos que lleva a subrayar lo que tenemos en común más que lo que nos distingue y, en ese sentido, refuerza la solidaridad. La igualdad de posiciones no aspira a la comunidad perfecta de las utopías y las pesadillas comunistas, sino que busca la calidad de la vida social y, por esa vía, la de la autonomía personal, ya que al no encontrarnos amenazados por desigualdades sociales demasiado grandes tenemos más libertad de acción. En ese sentido, no contradice la filosofía política liberal, aunque lleva a regular y limitar el libre juego del liberalismo económico. Resumiendo, la mayor igualdad posible es buena «en sí misma» en la medida en que no ponga en peligro la autonomía de los individuos y, más aún, es deseable porque refuerza esa autonomía.

El segundo argumento a favor de la igualdad de posiciones se basa en que es acaso la mejor manera de realizar la igualdad de oportunidades. Si entendemos por oportunidades la posibilidad de circular en la estructura social, de recorrer los escalones, ya sea para subir o para bajar en función del mérito y del valor propios, resulta evidente que esta fluidez aumenta al achicarse la distancia entre los puestos, al no encontrarse con tantos obstáculos quienes suben ni con tanto que perder quienes bajan. Al revés de lo que dice la leyenda, hay más movilidad social en Francia que en EEUU, donde las distancias entre las distintas posiciones sociales son más grandes. En efecto, en su principio mismo, el llamado a la igualdad de oportunidades no dice nada de las distancias que separan las condiciones sociales, y estas pueden ser tan grandes que los individuos no lleguen a atravesarlas nunca –con excepción de algunos héroes de los cuales uno se pregunta si no serán el árbol de la fluidez que no deja ver el bosque de la inmovilidad, o sea, héroes de pura propaganda–. A pesar de la sabiduría de lo que Rawls llama el «principio de diferencia»1, que requiere que la igualdad de posiciones no lleve a un deterioro de la condición de los menos favorecidos, es fácil constatar que, en todas partes, las desigualdades se profundizaron más en los países donde prevalece el modelo de las oportunidades que en los países donde prevalece el modelo de las posiciones.

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La defensa de la prioridad de la igualdad de posiciones no debe ser confundida con la lucha por el mantenimiento del Estado de Bienestar tal como es hoy. No supone ignorar las críticas serias que le dirigen todos los outsiders, todos aquellos que no pueden beneficiarse de ese Estado. La lucha por la igualdad de posiciones exige, por lo tanto, encarar serias reformas en el Estado de Bienestar y en los servicios públicos. También supone romper con algunas clientelas políticas tradicionales de la izquierda que optimizan los intereses de ese sistema, y exige rever el sistema de transferencias sociales con el objetivo de saber realmente quién gana y quién pierde. Requiere, en cualquier caso, acabar con el «velo de ignorancia» y eliminar al menos en parte la opacidad que se ha generado.

  • 1. Teoría de la justicia, fce, México, df, 1975. El «principio de diferencia» es la idea de que cierto nivel de desigualdad social y económica puede ser justificado si resulta en el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad (si las desigualdades basadas en consideraciones de productividad y eficiencia resultan en mejoras reales y más importantes para los pobres que un igualitarismo a secas donde más pobres quedan pobres, o incluso ven su situación empeorar, aunque sean más iguales). [n. del e.]