Coyuntura

Leninismo versus correísmo: la «tercera vuelta» en Ecuador

La violenta disputa entre el nuevo presidente Lenín Moreno y el ex-mandatario Rafael Correa, que se inició en las redes sociales, escaló a todo el aparato estatal. Uno de sus coletazos fue la detención del vicepresidente Jorge Glas, una figura cercana a Correa. Con un renovado discurso centrado en la reversión de las aristas autoritarias de la década pasada y la lucha contra la corrupción, Moreno busca consolidar su poder. ¿Se trata de un fin de ciclo o de una renovación de la Revolución Ciudadana?

Leninismo versus correísmo: la «tercera vuelta» en Ecuador

Poco tiempo antes de la elección presidencial de febrero y abril de 2017 en Ecuador, el analista marxista y defensor incondicional de todos los gobiernos «progresistas» latinoamericanos Atilio Borón explicaba que el escrutinio ecuatoriano era nada menos que una «batalla de Stalingrado» en la que se jugaba el futuro de la izquierda continental1. La estrecha victoria de Lenín Moreno, el sucesor designado de Rafael Correa, fue saludada por muchos como la prueba de que no existía fin ni agotamiento del ciclo progresista en América Latina.

Si uno quisiera seguir con esta comparación heroica pero bastante aproximativa, los sorprendentes acontecimientos que han ocurrido en Ecuador desde la posesión de Moreno el 24 de mayo de 2017 serían equivalentes a que, apenas ganada la batalla de Stalingrado por las «fuerzas progresistas», el mariscal Zhúkov se hubiera reunido con el estado mayor nazi para empezar a conspirar contra el «gran Stalin». Un análisis más sobrio debería permitir entender mejor lo que pasó en los últimos meses: más que constituir un inesperado viraje de 180 grados, lo que se parece a un extraño «suicidio asistido» de la Revolución Ciudadana revela las fragilidades de un proceso que había empezado a debilitarse desde al menos 2015.

Las denuncias proferidas con verbo encendido desde Bélgica –país de origen de su esposa, donde reside actualmente– por Correa a través de sus cuentas en las redes sociales plantean también serios interrogantes sobre la realidad y la profundidad de las transformaciones vividas en estos diez años de «revolución». Según el ex-presidente, el país retornó al pasado y se estaría «repartiendo la patria» y «permitiendo el regreso de la corrupción institucionalizada y del viejo país». Sin embargo, como señala el sociólogo hispano-brasileño Decio Machado: «¿De qué nivel de transformación profunda y revolucionaria habló el aparato de propaganda correísta durante una década si en apenas 90 días de gobierno, según esas mismas fuentes [correístas], de eso ya no queda nada?»2.

Todo empezó a inicios de julio de 2017 con la concretización de las ofertas de diálogo propugnadas por Moreno en su campaña y después de su posesión. Muchos pensaban que se trataba solo de un superficial cambio retórico para apaciguar a una sociedad cansada por el estilo confrontativo de Correa y lo que muchos denuncian como sus abusos de poder. El equipo de Moreno era una mezcla de altos funcionarios de los gobiernos de Correa, de personalidades que habían quedado apartadas del círculo de poder en los años anteriores y habían sido rescatadas por el nuevo presidente, y de algunas caras nuevas «vinculadas principalmente a sectores empresariales con entrada en el nuevo gobierno»3.

Desmintiendo a los escépticos, se establecieron efectivamente mesas de diálogo con varios sectores de la oposición de derecha y de izquierda, lo que suscitó en las filas correístas varias advertencias de que «está bien dialogar, pero no con cualquiera, y sobre todo no con los enemigos acérrimos de la revolución». La primera gota que hizo derramar el vaso del malestar correísta fue la decisión de Moreno de reunirse con la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (conaie) –una de las más prestigiosas entre las organizaciones populares de la sociedad ecuatoriana– y de devolverle con un comodato de 100 años la sede capitalina de la que el ex-presidente había tratado de expulsarla pocos años antes. El movimiento indígena fue uno de los sectores que mayor oposición hizo a Correa, en especial por la visión extractivista de la explotación de recursos naturales que se implantó durante más de diez años y por la represión ejercida contra varios de sus dirigentes y activistas. Desde Bruselas, el ex-presidente se expresó airadamente sobre el tema a través de su cuenta de Twitter: «‘Entrega sede por 100 años a conaie’, otro innecesario desaire a mi Gobierno. Estrategia de ‘diferenciarse’ no solo es desleal, es mediocre»4. Pocos días después, Moreno se reunió con los dueños de los principales medios privados ecuatorianos, los mismos que habían sido constantemente atacados por su predecesor como «prensa corrupta», «sicarios de tinta», etc. En un intercambio particularmente cordial según los testigos, el nuevo presidente transmitió el mensaje de que pondría fin a la persecución judicial de los editores y de los periodistas y dejó entender que su gobierno trataría de neutralizar y desmantelar progresivamente el gigantesco aparato de control y disciplinamiento de los medios de comunicación (Ley de Comunicación, Secom, Cordicom y Supercom5) instalado por Correa. Estas promesas empezaron a cumplirse en las semanas siguientes, al mismo tiempo que el presidente amnistiaba o indultaba a varios activistas indígenas o ecologistas enjuiciados o apresados por el anterior gobierno. El 10 de julio, en el marco de una reunión pública sobre la estrategia nacional de lucha contra la corrupción, Moreno hacía declaraciones que evidenciaban sin ambigüedades la realidad de su distanciamiento con su predecesor y padrino político. Sobre el tema de su empeño democrático, afirmaba: «Eso es maravilloso, de a poco, la gente va a ir abandonando su comportamiento ovejuno y va a empezar a respirar verdaderamente esta libertad nueva, que es como me siento a gusto, así me siento a gusto con que la gente tenga la posibilidad de criticar». Sobre la situación del país, se desmarcaba nítidamente del balance triunfalista de la «década ganada» difundido por el aparato de propaganda correísta: «Una cosa es lo que se dice y otra lo que se da, la condición económica del Ecuador es muy difícil». «No hay tal mesa servida, esa es la pura y neta verdad (...) creo que se podía haber sido un poquito más mesurado al momento de dejar cuentas en mejores condiciones6», dijo Moreno respondiendo a la frase de Correa que indicaba que le había dejado «la mesa servida» para que continuara con el proceso de la Revolución Ciudadana.

Una curiosa «tercera vuelta electoral» dentro de casa

La ruptura estaba consumada y, en el medio de una escalada permanente de los ataques mutuos entre Correa y su ex-delfín, los meses siguientes vieron desarrollarse lo que se parece cada vez más a una verdadera «tercera vuelta electoral»: esta vez, no entre la Revolución Ciudadana y su oposición de derecha, liderada por el banquero neoliberal Guillermo Lasso, como en la segunda vuelta de abril de 2017, sino «dentro de casa», entre los mismos protagonistas, ahora enemistados, de esa revolución.

Con el objetivo de asentar su legitimidad y de asegurarse un mínimo de consenso para enfrentar un horizonte económico en el que se acumulan muchas nubes oscuras, Moreno eligió tres ejes de acción que le permiten desmarcarse ventajosamente de su predecesor. En primer lugar, propone a los ecuatorianos acabar con el autoritarismo. Cuando habla de «libertad nueva», de «posibilidad de criticar» y de superar el «comportamiento ovejuno», no necesita explayarse mucho: todo el mundo en Ecuador, incluso los miembros del partido de gobierno fundado por Correa, el movimiento Alianza País, saben perfectamente a qué hace alusión. Por supuesto, Correa nunca fue el «dictador» que denunciaban ciertas mentes opositoras sobrecalentadas, pero su balance en materia de libertades públicas deja mucho que desear. Ya sea que se trate del derecho a la protesta, de los derechos laborales, de los derechos de las mujeres, de la protección del medio ambiente, de la autonomía de las organizaciones populares, de la independencia de la justicia o de la libertad de expresión, la regresión fue notable bajo su mandato, especialmente a partir de 2011. El acoso judicial permanente a los movimientos sociales y a los periodistas y la criminalización –a través de procedimientos legales o administrativos litigiosos y perversos– de las mínimas veleidades de crítica o de protesta de parte de los ciudadanos fueron inicialmente aceptados con cierta pasividad por una parte importante de la población, bajo el pretexto de que había que «poner la casa en orden» o, más trivialmente, bajo el efecto del miedo y de cierto conformismo social. Sin embargo, en los últimos años de la década correísta, estas prácticas generaron un rechazo cada vez más intenso y, una vez que Correa se alejó del poder, se volvieron simplemente insostenibles7.

En segundo lugar, el nuevo mandatario llamó a una cruzada contra la corrupción y contra la impunidad de la que gozaban los jerarcas correístas protegidos por un sistema judicial totalmente domesticado. Varios indicios permiten afirmar que Moreno y su entorno seguramente no son ajenos al uso indebido del dinero público, pero el nuevo presidente logró crear un consenso sobre la necesidad de perseguir a los «peces gordos» de la corrupción, los que manejaron los contratos públicos más importantes de la década y, en particular, de la fase del auge petrolero. Un blanco muy conveniente, ya que estos resultan también ser sus enemigos dentro de la cúpula de la Revolución Ciudadana y dado que la asombrosa magnitud de sus malversaciones deja en la sombra los posibles deslices menores de la facción «morenista» de Alianza País, con asentimiento de la mayoría de una opinión pública –tanto de izquierda como de derecha–, que comparte con el nuevo mandatario la misma definición tácita del «enemigo principal».

En tercer lugar, se trata de transparentar el verdadero balance económico de la década pasada, caracterizada según el nuevo presidente por graves errores de gestión, declaraciones programáticas grandilocuentes sin verdadero efecto práctico y cierto nivel de maquillaje de las cifras más incómodas, en particular las del endeudamiento. Para viabilizar esta estrategia, Moreno necesita también neutralizar a las figuras del aparato correísta que no eligieron aliarse con él y liquidar cualquier esperanza –o amenaza, dependiendo de los puntos de vista– de un regreso de Correa al poder. A este último objetivo sirve la consulta popular que el nuevo presidente decidió convocar para inicios de 2018 –suponiendo que sea aprobada por la Corte Constitucional– y que tiene como ejes fundamentales la eliminación de la posibilidad de reelección indefinida (incluso discontinua) y la reestructuración completa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyos miembros –todos fieles correístas– tienen la potestad de nombrar a las altas autoridades de una serie de instituciones claves.

Más allá de estos dos asuntos fundamentales para la consolidación de los nuevos equilibrios de poder, la consulta plantea otras cinco preguntas sobre temas muy heterogéneos: inhabilitación política de por vida para los culpables de actos de corrupción; imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores; prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos; derogatoria de la Ley de Plusvalía (impuesto sobre el valor especulativo del suelo), para contrarrestar el decrecimiento del sector de la construcción, y reducción del área de explotación petrolera autorizada en el parque nacional Yasuní, en la selva amazónica.

Formuladas como concesión a la crítica del extractivismo salvaje, las dos propuestas sobre temáticas ambientales no logran convencer del todo a los ecologistas y los indigenistas por una serie de ambigüedades, contradicciones y limitaciones intrínsecas; sin embargo, ponen a los electores sensibles a estos temas en la posición casi obligada de aprobarlas con el pretexto del «mejor que nada», mientras las preguntas sobre el castigo a la corrupción y a los delitos sexuales explotan sin eufemismos cierto populismo penal para cosechar más votos a favor del gobierno de Moreno8. El argumento esgrimido por los correístas de que se trata de un popurrí oportunista y de una consulta «con dedicatoria» para eliminar a su líder del escenario político es a la vez fundamentalmente correcto y peligrosamente contraproducente para ellos mismos: es precisamente por esta razón que las encuestas señalan hasta ahora que la mayoría del electorado se prepara para votar «Sí» a la pregunta sobre la eliminación de la reelección, asumiendo sin reparos su complicidad con el «traidor» Moreno en una especie de «unión sagrada» de todos los detractores y decepcionados de Correa. Cuánto durará esta «unión sagrada» dependerá no solo de los resultados de la consulta, sino probablemente en mayor medida del escenario económico de los meses y años que vienen.

La mesa no estaba servida

Antes de analizar el tema de la corrupción, cabe justamente volver sobre este escenario económico. Varios analistas ecuatorianos –como por ejemplo Alberto Acosta, Pablo Ospina o María Laura Patiño– concuerdan en la idea de que la voluntad de «diálogo» y de «apertura» del nuevo gobierno no se debe tanto a profundas convicciones democráticas como a la exigencia de enfrentar la gravedad de la situación económica y de definir quién será percibido como responsable de ella ante la opinión pública. En previsión de la necesidad de tomar medidas de ajuste impopulares, se trata de asegurarse cierta neutralidad o incluso benevolencia en el frente político externo (oposiciones políticas y sociales de derecha y de izquierda) para compensar la hostilidad creciente del frente político interno (el núcleo duro correísta). Uno de los puntos más álgidos de la contienda es el cálculo de la deuda pública y la acusación más o menos eufemística, pero no por eso menos hiriente, hecha por el nuevo presidente a su predecesor de haber maquillado las cifras: mientras el gobierno anterior evaluaba el nivel de la deuda en 27,7% del valor del pib, los analistas convocados por el nuevo presidente (que en su mayoría son los mismos funcionarios y asesores de antes) adelantan ahora una cifra de 59%, lo que excede el límite máximo legal de 40% definido por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que estableció el propio gobierno de Correa. Esta operación de prestidigitación contable se basa en una supuesta diferencia entre «deuda consolidada» y «deuda total» que deja de lado, entre otras cosas, el peligroso endeudamiento del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los fondos de pensiones y el colchón de protección de la banca privada.

Este retorno de la «deuda eterna»9 le quita mucha credibilidad al discurso de la Revolución Ciudadana sobre la supuesta inversión de la relación entre ser humano y capital en la «década ganada» y pone en relieve la fragilidad de un modelo casi totalmente dependiente de los flujos azarosos de los precios de las commodities. En 2007, cuando Correa llegó al palacio presidencial, por cada dólar asignado al gasto social (especialmente salud y educación), el Estado destinaba 1,17 dólares al servicio de la deuda (amortización e intereses). Gracias a los ingentes ingresos petroleros de los años siguientes, esta última cifra se había reducido a 0,53 dólares en 2012, pero desde 2015, con el hundimiento de los precios de los hidrocarburos, la situación se deterioró de nuevo hasta llegar a un servicio de la deuda de 1,41 dólares por cada dólar dedicado al gasto social, o sea una situación peor que en los últimos años de la «larga noche neoliberal»10.

Siguiendo con la impugnación por el gobierno de Moreno de la gestión irresponsable del endeudamiento por su predecesor, está el tema de las «preventas petroleras», pagos anticipados por la venta de petróleo que Ecuador recibe principalmente por parte de China. Según estadísticas oficiales, a diciembre de 2016, el país tenía un saldo de 2.242 millones de dólares de preventas por pagar. Sin embargo, es probable que el verdadero impacto económico de las preventas sea mucho mayor, considerando que entre 2009 y 2015 se habrían facturado alrededor de 40.510 millones en esas operaciones, lo que llegaría a comprometer alrededor de 40% de la producción petrolera. Aunque desde 2014 Ecuador regresó discretamente al redil del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (fmi) –después de haber denunciado con virulencia a estas instituciones–, China es ahora el principal acreedor del país andino. Los créditos chinos se distinguen no solo por sus plazos cortos y su costo más elevado, sino también por un tipo de condicionalidad que favorece los proyectos extractivistas más agresivos y depredadores y una dependencia a menudo problemática respecto de las empresas de infraestructura del gigante asiático11.

Por el momento, los elementos del programa económico anunciados por Moreno se caracterizan sobre todo por una serie de incentivos tributarios orientados hacia la reactivación productiva, con un sesgo a favor de las pequeñas y medianas empresas. Sus promesas de reducción del déficit fiscal hasta un valor de 1% del pib para 2020 (cuando se ubica teóricamente en la actualidad en 4,7%) se basan en recortes selectivos, tales como la reducción de los sueldos de los servidores públicos del nivel jerárquico superior y la limitación de contratación de consultorías, pagos de horas extras y viáticos, además de la supresión de compra de vehículos de lujo y otros gastos de carácter innecesario, que se estima permitirán ahorrar hasta 500 millones de dólares. Se propone también combatir el contrabando y la evasión de impuestos. Sobre la deuda externa, el nuevo presidente anunció que se cumplirán los compromisos internacionales, pero con «mejores tasas y mejores plazos».

Para los voceros de la Fundación Cordes, de sesgo netamente liberal, se trata de «un paquete de medidas principalmente tributarias, aisladas y en algunos casos inconsistentes entre sí, que no llegan a constituir un verdadero programa económico». Según los analistas de Cordes, el presidente «parece no estar consciente de la verdadera magnitud del hueco fiscal que enfrenta», estimado por ellos en 8% del pib para 2017. Las medidas de austeridad del presidente «lucen insuficientes si se toma en cuenta la magnitud del gasto público»12. Los economistas liberales, la derecha política y los sectores empresariales no parecen convencidos de que la estrategia económica del nuevo gobierno constituya el «giro a la derecha» denunciado por el núcleo duro correísta. Cordes cuestiona que la carga de las medidas vaya al sector privado, pues se está aumentando el impuesto a la renta de 22% a 25% y gravando el décimotercer sueldo de quienes ganan más de 3.000 dólares –o sea, más de ocho veces el valor de un salario básico, al que tan solo llega menos de la mitad de la población económicamente activa–. Y para el movimiento conservador creo, dirigido por el ex-candidato presidencial Lasso, las medidas «son más de lo mismo, más gasto público, más impuestos y más deuda»13.

Desde la izquierda, el economista Pablo Dávalos subraya que se debe «contextualizar este programa dentro del ambiente político y de gobernabilidad (...). No es un programa económico como tal, son líneas estratégicas de mediano plazo que responden a inquietudes de los sectores empresariales, por ejemplo, si hay o no flexibilización laboral», mientras simultáneamente trata de «responder a una visión social, al discurso de defender a los más pobres. El presidente se está generando un ambiente que le dé votos en su consulta popular». Para Dávalos, el discurso sobre la austeridad fiscal «tiene más un valor simbólico, en especial, para contrarrestar los manejos de los altos funcionarios de Alianza País. La incidencia de estos ahorros es muy marginal. (...) No hay ajuste, hay política tributaria con miras a la reactivación. Las prioridades del gobierno ahora son ganar la consulta y sostener la dolarización»14. A Decio Machado le preocupa la falta de una política de conjunto asociada a un «acuerdo democratizador» que fomente cuatro objetivos básicos: «lograr un crecimiento económico sostenido en el tiempo, conseguir la estabilidad de los precios, favorecer el empleo y lograr un marco de justicia económica y social para el conjunto de la población»15. El economista expresa también preocupaciones sobre el riesgo de flexibilización laboral que podría suponer la reforma actualmente en marcha del sistema de contratación laboral en el país, así como la posible involución en el ámbito de la soberanía nacional implicada por la propuesta hecha por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, de resucitar los tratados bilaterales de inversión (tbi), «ignorando que dicho marco jurídico especial se sobrepone a la legislación interna del país». Sobre todo, le preocupa la ausencia de una hoja de ruta para salir de una economía extractivista que agudiza la dependencia de Ecuador respecto a los mercados globales de commodities, la falta de criterios a la hora de determinar qué tipo de inversión extranjera directa necesita el país y la desvinculación entre política social y económica16.

Sin embargo, este analista identificado con la izquierda crítica destaca que «las medidas planteadas se alejan del tan demandado ajuste económico reclamado desde los voceros de los grandes grupos económicos y la oposición conservadora, y que de igual manera fuera tan falsamente anunciado por Correa y sus seguidores a través de las redes sociales. Al menos hasta el momento, el frente económico gubernamental demuestra entender que reducir el déficit no tiene porqué significar recortes sociales»17.

De hecho, no se concretó hasta ahora el «paquetazo» económico (incremento de los precios del gas, combustibles, electricidad y la tasa del iva) profetizado por la oposición a Moreno dentro de Alianza País, mientras la credibilidad «progresista» de este núcleo duro correísta de agoreros del desastre se ve duramente socavada por la campaña de lucha contra la corrupción y el despilfarro del gobierno anterior llevada a cabo por el actual mandatario.

Una ola de corrupción vinculada al boom petrolero

La corrupción de las elites en los países emergentes primario-exportadores es a menudo vinculada a efectos perversos clásicos de los booms exportadores –en particular, las bonanzas petroleras–. Los flujos de dinero están en manos de los pocos agentes económicos que están en posesión de la información técnica, estratégica y financiera pertinente. En un sistema nacionalizado, el Estado reparte, explota y exporta los recursos y administra los flujos de divisas; es grande el riesgo de ver que se justifica en nombre de la lucha por la «soberanía» y del proceso «revolucionario» una desinstitucionalización de la gestión de la renta y una mayor opacidad del manejo de los ingentes recursos provenientes del boom. Es claramente lo que pasó en Ecuador durante la década correísta.

Por un lado, en el escándalo que afecta a la empresa nacional Petroecuador, existen ya 16 procedimientos de instrucción, incluyendo 8 por enriquecimiento ilícito y 2 por blanqueamiento de activos18. Más allá de este caso, es una fracción sustancial de la nomenklatura correísta, que incluye a funcionarios muy cercanos al ex-presidente19, la que se ve arrastrada en un torbellino de revelaciones estrepitosas. Sabemos que desde que empezó a desatarse en noviembre de 2014 el caso Odebrecht, en el marco del inmenso escándalo de corrupción conocido bajo el nombre de «Lava Jato» en Brasil, y en particular desde diciembre de 2016, una lluvia de revelaciones desestabiliza a la clase política de varios países latinoamericanos, independientemente de la afiliación política de los inculpados. De los 800 millones de dólares que Odebrecht ha repartido en tres continentes, 41,7 millones habrían aterrizado en Ecuador a cambio de contratos por un valor de más de 4.400 millones de dólares. Hoy en día, están involucrados en varios procedimientos judiciales más de media docena de ministros y altos funcionarios de Correa, entre los que hay que mencionar al contralor general del Estado Carlos Pólit (prófugo en Miami), al ex-ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuzzelli (preso) y a Ramiro González, ex-presidente del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (prófugo).

Echando más agua fría sobre un gobierno que se ufanaba de su balance en materia de construcción de infraestructuras ultramodernas, el presidente Moreno denunció a finales de octubre que existían alrededor de 640 obras con problemas estructurales, de financiamiento, de sobreprecio o de grave irrespeto de los plazos anunciados20. Entre los «elefantes blancos» que quedarán como símbolos del despilfarro denunciado por el gobierno entrante, hay que mencionar el proyecto piloto del futurismo científico-tecnológico de la Revolución Ciudadana, la Ciudad del Conocimiento Yachay (una supuesta Silicon Valley ecuatoriana, inspirada en los polos de desarrollo tecnológicos surcoreanos) y la Refinería del Pacífico, en la provincia de Manabí, ambos considerados hoy como costosos espejismos y desastres financieros21.

Por supuesto, el escándalo más clamoroso –pero también el más estratégico en el plano político– es la prisión preventiva del vicepresidente Jorge Glas, por los indicios de su papel central en el caso Odebrecht y en otros casos de corrupción. Glas es un ingeniero eléctrico que no tiene trayectoria militante en la izquierda ecuatoriana (como tampoco la tenía el mismo Correa) y le debe todo al ex-presidente, quien fue su jefe en las filas de los scouts antes de ser su profesor y su padrino político. Glas fue sucesivamente gerente del Fondo de Solidaridad en 2007, ministro de Telecomunicaciones en 2009 y ministro de Coordinación de las Áreas Estratégicas hasta 2013, cuando fue nombrado binomio de Correa. También fue binomio de Lenín Moreno y asumió de nuevo como vicepresidente el 24 de mayo de 2017.

Después de la renuncia de Correa a presentarse en 201722, la cúpula de Alianza País había lanzado varios globos de ensayo para ver si candidaturas de personalidades caracterizadas por su lealtad absoluta al mandatario, como la del secretario general de la Administración Pública y ministro de Turismo Vinicio Alvarado o la del mismo Glas, tenían una posibilidad de convencer al electorado. Una vez comprobado que no superaban un umbral de popularidad de 15%, Correa y sus operadores de marketing político se resignaron a lanzar la candidatura de Moreno, vicepresidente de 2007 a 2013. Moreno era la única personalidad vinculada a la Revolución Ciudadana que gozaba de una popularidad suficiente por su condición de discapacitado23, su índole bonachona y su fama de «hombre de diálogo», una fama discretamente cultivada por el interesado en contraste con la figura de Correa y que resultaba atrayente para un electorado cansado del autoritarismo y de la polarización agresiva fomentados por el gobierno del mandatario saliente. Sin embargo, a Moreno le impusieron –según todos los testimonios– un «guardián» que debía garantizar la «continuidad del proyecto», tutelar los intereses políticos y económicos de la cúpula correísta y asegurar la posibilidad de un regreso triunfal de Correa en 2021. Como hemos visto, esta operación de sucesión controlada de tipo «Putin-Medvédev» falló y se transformó en episodio de «traición» del tipo «Uribe-Santos». De ahí que, para Moreno, la neutralización de Glas tuviera un carácter estratégico. Este objetivo fue conseguido en menos de seis meses, pese al hecho de que, hasta inicios de noviembre pasado, el vicepresidente encarcelado el 2 de agosto aún no había renunciado formalmente a sus funciones24. Queda por entender cuál será la suerte del movimiento Alianza País en esta extraña «guerra de jefes».

El futuro de Alianza País: ¿divorcio maduro o matrimonio tortuoso?

Los pocos meses que separan el encarcelamiento de Glas de la consulta convocada por Moreno marcarán probablemente la fase final de la curiosa «tercera vuelta electoral». Por el momento, el ex-mandatario y su núcleo de partidarios no parecen tener una estrategia muy convincente para revertir la tendencia. Sobre el tema de la corrupción, existe incluso una cierta incoherencia entre la línea de defensa de algunos exponentes de Alianza País leales a Correa, que admiten a regañadientes que tal vez no fueron lo suficientemente vigilantes frente a los comportamientos delictivos dentro de sus propias filas25, y el discurso del mismo Correa, que considera los procedimientos en curso contra Glas y otros altos funcionarios de su gobierno como una pura conspiración del «traidor» Moreno en colusión con la derecha y los poderes fácticos, y revindica sus gobiernos como los más impolutos de la historia de Ecuador.

A la débil credibilidad de esta narrativa en la opinión pública ecuatoriana, hay que añadir la ausencia total del mínimo atisbo de autocrítica de Alianza País sobre el tema del déficit democrático de la Revolución Ciudadana. Se escucha incluso de parte de los correístas un argumento contrario: es Moreno quien manipula la justicia y viola procedimientos democráticos que habían sido siempre escrupulosamente respetados por los gobiernos de la Revolución Ciudadana, a punto tal que Correa se declara hoy oficialmente el más concienzudo guardián de la separación de poderes, un mecanismo institucional que varios exponentes de Alianza País criticaban vigorosamente hace algunos años, tachándolo de concepto liberal superado26.

La enorme popularidad de Moreno (alrededor de 80% en septiembre, según varias encuestas) no está basada en realizaciones o políticas públicas particularmente exitosas –la breve duración de su presencia en el poder y su ausencia de propuestas estratégicas claras igual no lo permitirían–, ni en el perfil de un gabinete más bien gris y poco dinámico, sino exclusivamente en sus llamados al diálogo, en el regreso de las prácticas democráticas y en su cruzada contra la corrupción y el despilfarro. Por su lado, más allá del tema personalista de la lealtad y de la traición, el núcleo duro correísta trata de apoyar sus críticas en la denuncia de un supuesto «giro a la derecha» del nuevo presidente. Pero como hemos visto, las políticas públicas de Moreno se traducen hasta ahora en concesiones a varios sectores sociales, tanto empresariales como populares, y en cierta continuidad de un giro pragmático que ya caracterizaba la Revolución Ciudadana desde hace unos años. Por otro lado, el problema de los correístas es que los actores sociales que podrían ser más receptivos a una crítica «de izquierda» del gobierno de Moreno –indígenas, sindicalistas, ambientalistas y casi todos los partidos de centroizquierda e izquierda– son también los más radicalmente opuestos al regreso al poder de un mandatario que, según ellos, los ha victimizado y reprimido con feroz determinación.

En esta guerra de jefes, es también paradójico que hasta inicios de noviembre, el bloque parlamentario de Alianza País –cuya mayoría está, de hecho, controlada con un margen apreciable por los partidarios de Moreno– y el mismo movimiento no daban ninguna señal de dirigirse hacia una escisión con definición clara de posiciones ideológicas contrapuestas y de reparto de los recursos humanos, organizativos y financieros, pese a la pregnancia de la narrativa de la «traición» y a un quiebre definido como «irreversible» por voceros correístas como el asambleísta Augusto Espinosa:

Hay una realidad, ya no existe Bloque, las diferencias entre nosotros son muy marcadas en muchos temas por lo que insisto en que es preferible un divorcio maduro que un matrimonio tortuoso que nos terminará desgastando a todos. Me parece que debemos sincerarnos y partir el Bloque en dos nuevas bancadas; después, hacer un pacto para impulsar una agenda legislativa mínima con temas estructurales en los que coincidimos y un acuerdo de no agresión personal27.

El problema es que, por un lado, muchos de los parlamentarios y dirigentes locales de Alianza País no parecen tener un enorme deseo de definirse antes de saber con certidumbre hacia dónde soplará el viento y que, por otro lado, será muy difícil mantener actitudes de «no agresión personal» bajo la guía de un caudillo enfurecido, que ha hecho de la agresión personal uno de sus principales recursos de poder.28

Como ejemplo de los dilemas de Alianza País, en una maniobra de apariencia beligerante pero en realidad más bien simbólica, el 31 de octubre la directiva nacional de esta organización resolvió separar y suspender a Moreno de sus funciones como principal líder del partido; nombró al ex-ministro Ricardo Patiño –percibido como un prócer izquierdista de la Revolución Ciudadana– en su reemplazo e invitó a Correa a regresar al país para «acompañar el proceso de fortalecimiento orgánico y restructuración del movimiento». Sin embargo, la legalidad de esta decisión fue de inmediato impugnada por varias instancias del gobierno, del partido y de su bloque parlamentario, así como por autoridades judiciales, lo que dejó sustancialmente sin modificar el cuadro de confusión reinante. De ahí que lo más probable es que el destino final de los herederos enemistados de la Revolución Ciudadana no sea ni un divorcio maduro ni un matrimonio tortuoso, sino más bien la peor, la más dolorosa y la menos transparente de las opciones: un divorcio tortuoso.

  • 1.

    A. Borón: «La ‘batalla de Stalingrado’ se librará en Ecuador» en www.atilioboron.com.ar, 5/2/2017; sobre las recomendaciones de Borón a Maduro para reprimir a la oposición «fascista», v. «Venezuela y la guerra civil» en www.atilioboron.com.ar, 23/5/2017.

  • 2.

    D. Machado: «La nueva disputa por el poder en Ecuador» en Sin Permiso, 19/8/2017.

  • 3.

    Ibíd.

  • 4.

    Andrés Jaramillo: «Correa califica como ‘innecesario desaire’ el que Moreno haya dado un comodato a la conaie» en El Comercio, 5/7/2017.

  • 5.

    Para un análisis de este aparato, v. Mónica Almeida: «Estados, medios y censura soft. Una comparación transnacional y transideológica» en Nueva Sociedad No 249, 1-2/2014, disponible en www.nuso.org

  • 6.

    Presidente Lenín Moreno rompe fuegos contra situación económica que le habría dejado Rafael Correa» en Ecuadorinmediato.com, 11/7/2017.

  • 7.

    Según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, de 2009 a 2013 hubo entre 300 y 400 juicios anuales por «delitos contra la seguridad del Estado», de los cuales más de dos tercios eran supuestas «rebeliones» y «atentados» contra servidores públicos. V. Programa Andino de Derechos Humanos: Informe sobre derechos humanos, Ecuador 2009-2013, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2014. V. tb. VVAA: La restauración conservadora del correísmo, Montecristi Vive, Quito, 2014.

  • 8.

    El uso de «preguntas de adorno» para hacer pasar una reforma estratégica controvertida (la del sistema judicial, que acabó por someterlo totalmente al Poder Ejecutivo) ya se había observado en la consulta de 2011 organizada por el gobierno de Correa, por lo que la crítica correísta al carácter heteróclito y oportunista de la consulta propuesta por Moreno no suena muy convincente. Para un análisis crítico detallado de las preguntas, v. Ramiro Ávila Santamaría: «Qué contestar en la consulta popular y por qué» en Plan v, 11/10/2017.

  • 9.

    Alberto Acosta y John Cajas: «La deuda eterna contrataca. Cómo el correísmo regresó al pasado» en Rebelión, 27/7/2017.

  • 10.

    Ibíd.

  • 11.

    Ibíd.

  • 12.

    «Por qué las medidas económicas de Lenín Moreno no convencen» en Plan v, 16/10/2017.

  • 13.

    Ibíd.

  • 14.

    Ibíd.

  • 15.

    D. Machado: «Breve análisis sobre las recientes medidas económicas anunciadas por elpresidente Lenín Moreno» en http://deciomachado.blogspot.com, 13/10/2017.

  • 16.

    Ibíd.

  • 17.

    Ibíd.

  • 18.

    El valor de las incautaciones realizadas en el marco de estos procedimientos es de más de 300.000 dólares en efectivo; 80 personas fueron interrogadas, 24 están bajo investigación, 5 de ellas en prisión preventiva.

  • 19.

    Se trata de figuras por las que Correa no solo afirmó varias veces poner las manos en el fuego, sino que desató persecuciones administrativas y judiciales contra periodistas de investigación y parlamentarios que las cuestionaban.

  • 20.

    «Gobierno de Lenín Moreno identificó más de 640 obras con problemas» en El Universo, 23/10/2017.

  • 21.

    Sobre Yachay, v. Arturo Villavicencio: «Yachay: la costosa promesa redentora» en Plan v, 25/5/2016. La primera piedra de la Refinería del Pacífico se puso en 2008 y se dijo que estaría lista en 2013. Se han gastado ya 1.200 millones de dólares, la mayor parte en movimientos de tierra para una refinería que no existe y ni siquiera está aún financiada. V. «La Refinería del Pacífico» en milhoja.is, 14/3/2015.

  • 22.

    En 2016, Correa había hecho votar por el Parlamento, de modo bastante controvertido, una enmienda constitucional que introducía la posibilidad de reelección indefinida para poder presentarse de nuevo en 2017, pero tuvo que dar parcialmente marcha atrás y renunciar a la reelección inmediata por la masiva impopularidad de esta pretensión.

  • 23.

    Herido durante una agresión armada, Moreno siempre se presentó como un defensor de los derechos de las personas con discapacidad, como director del Centro Nacional de Discapacidades, luego en 2007 como vicepresidente del gobierno de Correa y entre 2013 y 2016 como enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Discapacidad
    y Accesibilidad. Sin embargo, enfrenta actualmente críticas por parte de los activistas del sector y un llamado de atención por parte de las instancias de la ONU, ante las cuales tendrá que rendir cuentas por su gestión en 2018.

  • 24.

    La situación es un poco surrealista, en lamedida en que el mandato de Glas puede ser revocado solo mediante su dimisión oficial (a la que se niega) o por el voto de la Asamblea Nacional, o después de tres meses de «ausencia en el puesto», así que teóricamente todavía podría llegar a ser presidente en caso de deceso o incapacitación de Moreno. Glas es actualmente sustituido de manera temporaria por María Alejandra Vicuña, hasta hace poco identificada con la tendencia más leal a Correa, en una maniobra visiblemente destinada a apaciguar al núcleo duro correísta mientras se prepara la sucesión de Glas.

  • 25.

    Reinaldo Endara: «‘Como asambleístas debíamos desconfiar, pero confiamos demasiado’. Entrevista a Virgilio Hernández (Alianza País)» en Rebelión, 3/10/2017.

  • 26.

    El secretario de Alianza País, Galo Mora, señalaba en 2012 que «cuando se dice aquella división de poderes, cuando se dice aquella trilogía de Montesquieu, ¿no es acaso hora de preguntarse en la historia política si es que eso es una ley divina? ¿Quién determinó que eso es lo que tiene que existir? (...) como si eso [la separación de poderes] hubiesen sido los diez mandamientos, o como si toda la humanidad hubiese votado por eso». V. «Mora cuestiona si es ‘ley divina’ separar poderes» en El Universo, 14/11/2012. El periodista venezolano Boris Muñoz reporta unas frases similares del mismo Correa pocos meses antes en un comentario informal al margen de una entrevista.

  • 27.

    «Asambleísta Augusto Espinosa aclara que sugerencia de ‘partir’ a bloque oficialista no significa su separación de Alianza País» en Ecuadorinmediato.com, 27/10/2017.

  • 28.

    Para un retrato biográfico profundizado de Correa y de su trayectoria política y social, v. Mónica Almeida y Ana Karina López: El séptimo Rafael, Aperimus, Quito, 2017.