Tema central

Las vías enmarañadas del autoritarismo bolivariano

Muchos de los fundamentos de la crisis que vive Venezuela, así como la evolución de la Revolución Bolivariana bajo el gobierno de Nicolás Maduro, estaban inscriptos ya de algún modo en la era Chávez. Bajo esta perspectiva, es posible leer las derivas políticas de estos últimos años –protestas, contraofensivas oficiales, retrocesos económicos– desde una mirada tanto intra- como parainstitucional, y dejar así de lado los análisis simplistas de ciertas izquierdas y también de derechas continentales.

Las vías enmarañadas del autoritarismo bolivariano

Había sonado la hora para toda aquella juventud que soñaba con las grandes acciones. (…) Venían malos tiempos. La vida ordenada y fácil de la Colonia se había roto. Por primera vez los criollos sentían el trágico gusto de la guerra. Empezaba el exterminio. Se deshacían los pueblos, emigraban las gentes, se dispersaban los hombres, morían los amigos. (…) En toda la extensión de Venezuela comenzaba el gran incendio de la guerra. Los hombres que nunca habían vertido sangre sentían la violencia de aquella primera y durable ebriedad. Un espíritu individual, indisciplinado y cruel se despertaba de las almas
Arturo Uslar Pietri
, Las lanzas coloradas [1949]1

En vísperas de una elección presidencial adelantada varios meses y diseñada de cabo a rabo para impedir cualquier alternativa al dominio político de Nicolás Maduro y de la dirigencia bolivariana, Venezuela entra en el quinto año de la crisis económica más virulenta que atravesó en casi un siglo y medio de historia, pese a que los sucesivos gobiernos de su predecesor Hugo Chávez absorbieron una cantidad récord de petrodólares durante el último boom del oro negro. Mientras el monto de la deuda pública per cápita se ha triplicado en 20 años, desde la última elección de Chávez –a la que siguió su fallecimiento–, la inflación se transformó en la más alta del mundo; la caída acumulada del pib es de alrededor de 30%, la producción de petróleo ha disminuido a casi la mitad y las importaciones estatales de alimentos, medicinas y materias primas se redujeron en 75%. La situación alimentaria y sanitaria llegó a un punto crítico con el resurgimiento de altos niveles de desnutrición y mortalidad infantil, la desaparición de tratamientos vitales (diálisis, tratamiento de la diabetes o del vih, etc.), y la reaparición de epidemias olvidadas (difteria, malaria, sarampión, etc.), en un contexto de desmoronamiento generalizado de las infraestructuras públicas (agua, electricidad, hospitales, transporte, bancos, escuelas, etc.). Y si se añade la negligencia «estructural» de la policía y de la justicia en un territorio en el que la tasa de homicidios ha cruzado el umbral de 80 sobre 100.000 habitantes y la impunidad supera el 90% –dos récords mundiales más–, no se trata tanto del «gobierno en medio de la violencia» característico de la vecina Colombia2, sino de un gobierno en medio de y por el caos.

Al respecto, y pese a una nueva ola de «motines del hambre» desde Navidad frente a la precariedad del asistencialismo oficial –bolsas alimentarias intermitentes, «rebajas» militarizadas de precios que terminan de vaciar los anaqueles comerciales, aumentos de salarios y bonos puntuales cuasi instantáneamente devorados por la hiperinflación–, sería imprudente confiar en el carácter «pírrico» de las «victorias de Maduro»3. Pues aunque no haya garantía del éxito final de la operación oficial de neutralización de la oposición estructurada alrededor de la Mesa de Unidad Democrática (mud) –y de toda organización no infeudada a la tolda presidencial–, Venezuela se encuentra ante un intento de formalización de un régimen neoautoritario que se apoya en una serie de dispositivos más estructurados de lo que parecen. En el plano económico, por ejemplo, está clara la consolidación de una dinámica de patrimonialización del Estado por una coalición de clanes político-militares articulados en torno de intereses transnacionalizados, tanto en la explotación de recursos naturales y la importación de productos con valor agregado como en toda clase de tráficos ilícitos. Esta acumulación de capital mediante la rapiña se acompaña de la distribución clientelar de prebendas que permiten cooptar a notables locales y a posibles competidores, así como de la concesión de algunos bienes de primera necesidad a las franjas más necesitadas –y preferiblemente dóciles– de la población.

Ahora bien, en su vertiente política, este régimen combina rasgos autoritarios clásicos –puesta bajo tutela de la justicia, manipulación de las normas que rigen el pluralismo, represión tanto oficial como clandestina de la protesta– con otros dos registros en apariencia opuestos. Por un lado, existe un estilo coercitivo protototalitario, tanto por el acoso público sistemático contra figuras opositoras o acaso «traidoras» (disidentes), como por formas de fichaje de las preferencias partidistas –incluyendo el voto– de los beneficiarios de las ayudas sociohumanitarias. Pero por otro lado, predomina una tendencia al laissez-faire en el terreno de la delincuencia económica ordinaria (o «apolítica») y de la violencia que la acompaña, cuyo ejemplo más paradigmático es la casi «autogestión» del sistema penitenciario por el hampa.

No hay duda de que este entramado de prácticas se ha manifestado en una escala cuantitativa y cualitativa espectacular –incluso inimaginable para numerosos oponentes en un pasado no tan remoto– bajo el doble peso de la bancarrota de la hacienda pública y de la quiebra electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv). Ello, a punto tal que parecerían convalidarse aquellas profecías que auguraban, ya frente al despegue de Chávez en la campaña de 1998, una enésima «revolución fracasada» que acabaría, «como todas las demás», «disparando a los estudiantes»4.

La violencia desatada

La actuación del gobierno de Maduro en esta clave empieza frente al «golpe blando teledirigido por Washington»: las poderosas movilizaciones entre febrero y abril de 2014, volcadas en sus inicios en contra de la agudización de la inseguridad y de la escasez, pero pronto hegemonizadas por la consigna de la «salida» de Maduro promovida por un sector de la mud –y ya prefigurada desde abril de 2013 con las protestas frente a su elección por margen estrecho (y nunca auditado)–. Los ataques contra militantes o símbolos de la revolución (misiones, huertas orgánicas populares, etc.), pero sobre todo la confluencia en las calles de estudiantes y partidarios de la mud con sectores «ni-ni» (ni chavistas ni de oposición) –en particular, en el interior del país5– atrajeron una violencia inédita por parte de cuerpos oficiales y paramilitares («colectivos»), así como la neutralización de líderes de la supuesta «extrema derecha», sea por «conspirar» o por «obstaculizar el libre tránsito»: entre otros casos, están el del carismático jefe del partido Voluntad Popular (vp) Leopoldo López (detenido), el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos (vp, detenido), y la diputada María Corina Machado (destituida).

Pero esas protestas allanaron también el camino para una serie de pugnas internas en el chavismo: la exclusión del psuv del ex-«gurú» económico de Chávez, Jorge Giordani –quien niega que la crisis se deba a alguna «guerra económica» antigubernamental– y de figuras afines, como el ex-ministro Héctor Navarro, así como de la corriente «chavista crítica» Marea Socialista, que elaboró un primer informe sobre el «desfalco a la Nación»6; el oscuro asesinato del joven diputado Robert Serra y el despido del jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (sebin) Miguel Rodríguez Torres, a petición de «colectivos» que pretendía desarmar7. 2015 arrancó, a su vez, con la detención del alcalde «golpista» de la Gran Caracas, Antonio Ledezma, y con el primer caso de «desaparición forzada» en la filas chavistas: la del dirigente local Alcedo Mora, quien investigaba la corrupción relacionada con pdvsa en el estado Mérida.

Sin embargo, fue durante la campaña legislativa ulterior –mientras fiscales y jueces inventaban bajo amenazas (como ellos mismos lo contaron en el exilio) las «pruebas» para condenar a Leopoldo López a más de 13 años de prisión por ser hallado «responsable» de las decenas de muertes en las protestas de 2014– cuando Maduro se distinguió decididamente de su predecesor8. El presidente inauguró un nuevo tipo de populismo penal que no tiene nada que envidiarle a la «tolerancia cero» de los peores años de la Cuarta República y su famoso lema «¡Dispara primero, averigua después!»: las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (olp), supuestamente contra el hampa y el contrabando –pero sin tocar a los militares involucrados9–, que consisten en redadas militares y policiales en los barrios populares y las urbanizaciones de la Misión Vivienda, último legado social de Chávez, con agentes que llegan a usar máscaras de calaveras10. Si bien la Fiscalía calculó que hasta marzo de 2017 hubo medio millar de «posibles» ejecuciones extrajudiciales, las investigaciones independientes hablan del doble, y a estas cifras hay que añadir unos 8.000 casos derivados de operativos «ordinarios» en los últimos cuatro años11.

El 18 brumario de Nicolás Maduro

Cuando la mud conquistó los dos tercios de la Asamblea Nacional en 2015 –y con ello, el derecho a vetar el endeudamiento público y los nombramientos de ministros, y hasta a enmendar la Constitución–, el Tribunal Supremo de Justicia (tsj), blindado por los perdedores antes de su término legal, invalidó la elección de sus dos diputados indígenas (más uno del psuv) por un supuesto fraude hasta ahora no comprobado. El mismo tsj anuló todas las leyes aprobadas por la nueva mayoría, como la entrada de ayuda humanitaria internacional –por «imperialista»– o la concesión de títulos de propiedad a las familias beneficiarias de la Misión Vivienda –por «capitalista»–, con lo que dejó a estas a merced de notables chavistas locales. Por su parte, Maduro emitió un «Decreto de estado de excepción y emergencia económica» –extendido ad infinitum– y puso en marcha dos planes vitales para su grupo en el poder. Por un lado, frente a las colas kilométricas y los atropellos alrededor de negocios vigilados –además de los saqueos en otros comercios–, se otorgó a activistas del psuv la venta directa de alimentos subvencionados (en el marco de los comités locales de abastecimiento y producción, clap), en su mayoría importados por empresas ligadas al clan presidencial12. Por otro lado, frente al estancamiento de los precios del crudo y al ocaso de la producción de pdvsa, se impulsó la minería a cielo abierto en el riquísimo Arco Minero del Orinoco (oro, diamantes, bauxita, coltán, cobalto, etc.), llevada a cabo por «empresas mixtas» que asocian a compañías multinacionales chinas, rusas y norteamericanas con firmas militares, lo que expone a un «ecocidio» a 13% del territorio nacional, a la vez reserva crucial de agua del país y de los mayores focos de biodiversidad del planeta. Se trata de un plan ratificado en su lecho de muerte por el mismo Chávez y que, se supone, marginaría a las mafias que extorsionan a las cooperativas mineras artesanales y a los grupos armados colombianos (de todos los signos ideológicos) que suelen explotar a una mano de obra indígena semiesclava13.

Cuando la mud inició a mediados de 2016 los procedimientos para un referendo revocatorio contra Maduro –apoyado también por figuras civiles y militares chavistas reunidas en la Plataforma para la Defensa de la Constitución–, el Consejo Nacional Electoral (cne), igualmente al mando del psuv, modificó repetidamente las reglas de su convocatoria y acabó por cancelarlo in extremis, por supuestas «irregularidades» iniciales aún no demostradas. Mientras la mud padecía nuevas detenciones arbitrarias –como la de Yon Goicochea (vp), «encontrado» con armas de guerra cuando llevaba material para recoger firmas–, el cne también bloqueó las elecciones regionales y sindicales. Finalmente, cuando en marzo de 2017 el tsj anunció que sustituiría a la Asamblea Nacional, para luego retroceder ante la denuncia de una «ruptura del orden constitucional» por la fiscal general (chavista) Luisa Ortega, se inició la ola de movilización más masiva, difusa, continua y también transclasista desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la transición democrática de 1958.

De hecho, pese a lo que sugieren ciertos análisis un tanto centrados en los «bastiones históricos» de la izquierda en Caracas (donde, de todos modos, el psuv perdió las legislativas)14, son numerosos los moradores de los cerros que sí «bajaron» a protestar. Incluso lo han subrayado varios comunicadores populares chavistas, que alabaron el «civismo» de quienes resguardaban sus comunidades del «caos burgués» propio de los centros urbanos y certificaban la ausencia total de represalias por parte de los clap15. Ello sin abordar, por supuesto, el tema de los paramilitares pro-Maduro, entonces sí ya denunciados sin tapujos por neodisidentes como la fiscal Ortega o por Marea Socialista. Al respecto, es igualmente inoportuno –y condescendiente– separar los reclamos «cívicos» de las protestas «materiales» y hacer del «terror» un factor explicativo único. Es cierto que hubo una relativa subrepresentación del (sub)proletariado informal –que constituye más de la mitad de la fuerza laboral– y, por lo tanto, una ausencia de expresiones colectivas «barriales» en las marchas. Pero ello se debe tanto a formas –reales– de vigilancia y a la desconfianza popular hacia los supuestos defensores del «Antiguo Régimen», como a la negativa del llamado «chavismo crítico» a «hacerle el juego a la derecha»16; a eso hay que añadir la inexperiencia protestataria de los jóvenes chavistas de sectores medios (profesionales, trabajadores intelectuales y artistas), que se politizaron bajo la revolución.

En este contexto extremadamente volátil, durante su «marcha» del 1o de mayo de 2017, Maduro convocó a una Asamblea Constituyente. A diferencia de la «de Chávez» de 1999, no solo la propuesta no fue sometida a referéndum, sino que dio de entrada una enorme ventaja al psuv, al combinar una base de representación territorial que sobrerrepresentaba las comunas rurales con otra «sectorial» que eliminaba cerca de cinco millones de votantes. Frente al incremento (previsible) de las tensiones –y las denuncias realizadas por la fiscal general ahora díscola–, el gobierno procesó a cientos de civiles en los tribunales militares, mientras Maduro hacía suya la doctrina de George W. Bush: «No está con nosotros, es un terrorista». El capitán Diosdado Cabello –número dos del psuv– ya había normalizado esta semántica en su famoso programa televisivo Con el mazo dando, donde suele anticipar las «investigaciones» judiciales y sus resultados, así como allanamientos nocturnos («operaciones tun-tun») contra oponentes. Así fue como se banalizaron, entre otras violencias contra manifestantes, los disparos horizontales de bombas lacrimógenas y demás armas «no letales» por parte de guardias nacionales y policías, y los tiros a plomo limpio por «civiles» en motocicletas, la tortura de los detenidos y la intimidación de sus familiares17.

Desde el oficialismo, se hablaba de un desborde «fascista», tanto por el uso de armas de fabricación casera (chopos) por parte de «guarimberos», como por el asesinato de funcionarios y militantes del psuv y el linchamiento de supuestos «infiltrados» chavistas –en marchas en las que la presencia de notorios agentes encubiertos alimenta la paranoia e incentiva prácticas de ajusticiamiento ya «normalizadas» contra la delincuencia–. Cabe destacar que, desde noviembre de 2017, la Ley contra el Odio aprobada por la Asamblea Constituyente permite al sebin multiplicar los arrestos de activistas de las redes sociales, líderes comunitarios sospechados de liderar protestas o sindicalistas del sector público que denuncian la corrupción, en lugar de combatir el «sabotaje contrarrevolucionario». Al día de hoy, más de 250 militantes y políticos con cargos electivos permanecen presos –la mayoría, sin haber sido juzgados, y parte de ellos, a pesar de medidas liberatorias dictadas por la Fiscalía–, y además algunos han sido víctimas de secuestros por bandas delincuenciales (para chantajear a las autoridades), dentro de cárceles superpobladas donde reinan los pranes18 y circula –y se usa– libremente una cantidad ingente de armas de guerra19.

Pese al éxito de un plebiscito informal organizado en julio para llamar al Ejército a «defender la Constitución» –sobre la base de esperanzas estimuladas por una ola de insubordinación en los cuarteles que dio lugar a cientos de detenciones–, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en agosto terminó de socavar la confianza de las bases opositoras no solo en la integridad del cne, sino también en la misma mud. Ello, pese a las cuantiosas detenciones e inhabilitaciones que padeció –como las de Henrique Capriles y el gobernador indígena del Amazonas Liborio Guarulla–, o la agresión a diputados por «colectivos» en el mismo recinto de la Asamblea Nacional (sin que los militares destinados allí intervinieran). También se estima que los emigrados bajo Maduro llegaron a superar el millón –de todas clases sociales y orientaciones políticas– y la «diáspora» desde 1999 alcanza los 2,5 millones20.

Mientras que todavía no se publicaron los resultados detallados de la elección constituyente –en la que la empresa de votación electrónica Smartmatic denuncia un fraude de más de un millón de votos21–, el psuv ganó en las regionales de octubre en medio de una alta abstención e irregularidades de todo tipo. Entre otras, el rechazo a registrar las sustituciones de candidaturas acordadas en la mud y previstas en la ley; el desplazamiento masivo y a última hora de centros de votación de tendencia opositora; la utilización del Carnet de la Patria para «chequear» a los votantes que reciben algún subsidio o beneficio social; las compras múltiples de «votos asistidos» (reservados a los discapacitados) y, al menos en el estado Bolívar –sede de la mayor parte del territorio del Arco Minero–, la pura y sencilla falsificación de las cifras publicadas en relación con las registradas por las máquinas de votación22. En las municipales de diciembre, similares atropellos afectaron hasta a los maduristas «críticos» que querían medirse con el psuv, puesto que la mud había llamado a abstenerse23.

Luego de que sus nuevos gobernadores tuvieran que juramentarse frente a la Constituyente so pena de ser destituidos –como lo fue el gobernador electo del estado Zulia–, la mud vio su tarjeta ilegalizada por el cne, al igual que las de sus partidos percibidos como menos dóciles (vp y Primero Justicia), todo ello bajo los más descabellados argumentos. Así fue como Maduro invitó –entre amenazas e insultos– a sus dos «candidatos preferidos» a desafiarlo en las presidenciales: Henry Ramos Allup, cacique inamovible del histórico partido «socialdemócrata» Acción Democrática, quien hasta ahora declinó; y Henri Falcón (Avanzada Progresista), ex-gobernador chavista de Lara que rompió con el psuv en 2010, quien sí decidió postularse.

En medio de diversas iniciativas «en contra de la dictadura» que surgen de las antiguas filas del psuv o de la mud, o a caballo entre los dos, «Falsón» –como lo apodan quienes rechazan «legitimar una farsa electoral»– logró que se atrase la fecha prevista para las elecciones de abril a mayo. Si bien los obstáculos ya mencionados podrían ser superables con una participación masiva de votantes y testigos electorales (como en 2015), quedan la ausencia de observadores consensuados y la exclusión de facto de buena parte de los expatriados. Mientras tanto, el llamado a una «intervención humanitaria internacional», cuya «legitimidad»24 ha sido teorizada por intelectuales expatriados y reivindicada por Antonio Ledezma desde Madrid –hacia donde se escapó de su arresto domiciliario–, seduce cada vez más a las franjas opositoras más intransigentes.

El «socialismo del siglo xxi»: un paulatino Termidor criollo

De forma aparentemente paradójica, la mayoría de los mecanismos que sustentaron la fuga madurista hacia adelante fueron institucionalizados durante lo que se puede describir como la «edad de oro» de la legitimación democrático-popular global de la Revolución Bolivariana: habiendo triunfado sucesivamente frente a un golpe de Estado aplaudido por Estados Unidos, un paro petrolero y un referéndum revocatorio entre 2002 y 2004, el chavismo se erigió en epicentro del «giro a la izquierda» regional, en el contexto del boom de los commodities. Aunque quedaban muchas cosas por aclarar en ese golpe, y pese al chantaje ya practicado mediante el empleo y los subsidios públicos durante la campaña para el referéndum revocatorio, casi ningún «progresista» cuestionaba el respeto del gobierno por las reglas vigentes y todos laudaban su «generosa» redistribución de recursos entre la población, simbolizada por las misiones más exitosas en salud y educación –un éxito que se iba a revelar tan espectacular como efímero–.

Pero el apogeo de lo que parecía ser un renacimiento del petroestado «mágico» de la década de 1970 –donde cada ciudadano tenía «derecho» a su porción de la renta25–, aunque fuera en una forma un tanto extravagante por su proyección «antiimperialista» a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba)26–, coincidió con la afirmación de un borroso «socialismo del siglo xxi», cuya mezcla entre los lemas de la «revolución hermana» (Patria o Muerte) y los fetiches de la izquierda continental y global (Poder Popular) adquirió claros rasgos autoritarios. En este sentido, la victoria del «No» en el referéndum sobre la reforma constitucional de 2007 promovido por Chávez, debida tanto a las disensiones internas en el chavismo como a la removilización antichavista –y, ante todo, estudiantil, en el marco de las protestas contra la no renovación de la licencia del canal «golpista» de televisión rctv– marca un punto de inflexión certero27. Pese a que su reconocimiento de esa «victoria de mierda» opositora –como definió Chávez en televisión su única derrota en las urnas a escala nacional– fue esgrimido como la prueba de la separación de poderes, el gobierno ya podía contar con un tsj blindado en 2004 por su mayoría parlamentaria, además de cuantiosos jueces inamovibles a dedo por nunca haber llevado a cabo las reformas de la justicia –ultracorrupta– del «Antiguo Régimen» que había esbozado la Constituyente de 1999.

Así que, con la excepción de la reelección ilimitada –finalmente avalada por referéndum en 2009, tras haber sido ampliada a todos los cargos electivos–, las disposiciones claves del nuevo «Estado comunal», que privilegian las relaciones directas entre el Palacio de Miraflores y el «pueblo» en detrimento de los órganos representativos locales y gremiales, pudieron ser aprobadas en los siguientes años mediante decretos-leyes gracias a una Asamblea Nacional cuasi unánimemente chavista. Ello tuvo un impacto significativo tanto en la domesticación ya en curso de las clases populares como en la efectividad del voto opositor. De hecho, la oficialización de la doctrina militar bolivariana (y su «guerra asimétrica contra el Imperio») fortaleció el arsenal jurídico que acompañaba la represión oficial y clandestina de varios sectores del movimiento social: sindicalistas que reclamaban el respeto del derecho de huelga y la autogestión obrera en una serie de empresas nacionalizadas después de la abrumadora reelección de Chávez en 2006 (en áreas de telecomunicaciones, energía, siderurgia, cemento, etc.); campesinos que luchaban por la materialización de la reforma agraria de 2001; así como indígenas que exigían ser consultados sobre la implementación de proyectos extractivistas en sus tierras, según lo plasmado en la Constitución bolivariana28. Paralelamente, la puesta bajo tutela federal de cualquier territorio definido como «estratégico» permitió la transferencia de recursos y competencias de distritos electorales ganados por la mud hacia entidades paralelas denominadas «protectoras» (del «pueblo»): ese mecanismo fue aplicado en la gobernación de Miranda y en el municipio del Gran Caracas a partir de las elecciones de 2008 –lo que prefiguró los casos de los estados Táchira, Mérida y Nueva Esparta el año pasado–.

Es también después del referéndum perdido por Chávez cuando el gobierno empezó a interferir de manera asumida en las instituciones judiciales, ya sea para detener el surgimiento de liderazgos alternativos de lado y lado o para disimular los nexos oficialistas en algunos escándalos de largo alcance. Aunque había para ese entonces muchas menos personas enjuiciadas que hoy en día, y pese a la posible validez de cargos sistemáticamente ligados al tema de la corrupción (no obstante la violación de reglas procesales elementales), el timing de los casos en los que el Comandante se vestía de Magistrado Jefe –lo que hace ahora el dúo Maduro-Cabello– habla por sí solo. El general Raúl Isaías Baduel, héroe del «rescate» de Chávez durante el golpe de Estado de 2002 pero tildado de «traidor» por haber promovido el «No» en ese referéndum y protestado contra la partidización del Ejército, sigue en la cárcel hasta hoy, al igual que su hijo, arrestado en las protestas de 2014. El ex-gobernador de Zulia y ex-candidato presidencial Manuel Rosales (del partido Un Nuevo Tiempo) se exilió entre 2009 y 2015 después de haber sido acusado en televisión por Chávez («Te tengo la celda lista, Rosales»), justo cuando estaba a punto de ganar la alcaldía de Maracaibo. A Leopoldo López ya se le impidió competir por la alcaldía de Caracas en 2008 en virtud de una muy oportuna sanción de inelegibilidad. Y a partir de 2010, la jueza María Lourdes Afiuni, para quien Chávez reclamó en vivo «30 años de prisión» por haber liberado (a falta de pruebas) a un empresario acusado de corrupción que amenazaba con revelar complicidades dentro del psuv, fue víctima de una serie tan impresionante de abusos –denunció incluso haber sido violada en la cárcel– que su caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh).

Sin embargo, los «excesos» de este último caso –o su daño a la imagen de la revolución, ya que fue por ejemplo la ocasión para que Noam Chomsky se distanciara de ella– son reveladores del carácter relativamente poliárquico, y a menudo desarticulado, de las cadenas de mandos subalternos que gestionan semejantes «asuntos sensibles». Se trata de una configuración de redes tan flexibles como poco estudiadas, que mezclan las esferas política, judicial, policial y militar, así como el mundo del empresariado tanto lícito como ilícito, y en las que destaca el narcotráfico. Al respecto, el actual cruce de acusaciones entre Luisa Ortega –nombrada fiscal general por Chávez en 2007, confirmada en 2014, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente y autoexiliada desde entonces– y su sustituto, el ex-defensor del pueblo Tarek William Saab, es sintomático del profundo arraigo de lo que se pasó a llamar el «Estado malandro»29.

En el caso de los «narcosobrinos» de la «Primera Combatiente» –como se suele llamar a la esposa de Maduro y actual constituyente Cilia Flores–, encarcelados en Nueva York desde 2015, se trata probablemente de novatos (al igual que el hijo de Chávez, «Huguito»), a los que la Administración para el Control de Drogas estadounidense (dea, por sus siglas en inglés) tendió una mala trampa. Pero existe un sinnúmero de casos más serios: Walid Makled, ex-cacique de los negocios en Puerto Cabello y comprador de la primera aerolínea nacional (Aeropostal), detenido por narcotráfico en Colombia en 2010 y extraditado a Venezuela, en lugar de eeuu, luego de haber testificado que trabajaba con el alto mando militar usando credenciales del tsj y del sebin; el ex-fiscal militar y juez del tsj Eladio Aponte, ex-filtrado por la dea en 2012 y citado en el caso Makled; o el ex-militar y diputado del psuv Hugo «Pollo» Carvajal, sucesivamente detenido en Aruba a pedido de la dea y liberado por su título de cónsul en la isla. Sin olvidar las denuncias que pesan sobre dos capos mayores alegados: Diosdado Cabello y el vicepresidente Tarek El Aissami, respectivamente según el ex-edecán del primero (y antes de Chávez) Leamsy Salazar, protegido por la dea desde 2015, y la ex-fiscal Ortega30.

Así que los «hijos de Chávez», como se autodenomina la elite bolivariana, con sus activos (y sus visas) bloqueados por el Imperio, se encuentran en medio de un circo jurídico-financiero que dice mucho sobre la densidad de las transacciones que llevaron al saqueo del erario público a la sombra de Chávez. Mientras el riesgo de default pesa sobre la República y pdvsa, y Donald Trump amenaza con un embargo petrolero, a las purgas lanzadas desde el alto gobierno responden revelaciones de ex-jerarcas desde su exilio dorado –tal como el ex-«zar» de la pdvsa «roja rojita» Rafael Ramírez, actualmente prófugo y acusado de haber lavado miles de millones de dólares en Andorra–. Y cuesta imaginar que algún miembro de esta cúpula pudiera haber sido ajeno –por acción o por omisión– a lo que la revolución transformó en el «mejor negocio del mundo»: el tráfico de divisas vendidas por el Estado a tasas preferenciales mediante importaciones sobrefacturadas o incluso «fantasmas» de bienes de consumo e intermediarios, así como de materias primas –y ello, irónicamente, gracias al control de cambios instaurado en 2003 para «luchar contra la fuga de capitales», después de tres meses de paro petrolero antichavista–.

El saldo de semejantes negocios, operados no solo por empresarios «boliburgueses» sino también por otros más relacionados con sectores de la mud, se estima (por ahora) en al menos unos 500.000 millones de petrodólares31. Al respecto, dado que solo los barriles exportados hacia el Norte traen efectivo –los que van a China y Rusia suelen ser pagos por préstamos–, resulta sospechoso que se haya optado por pagar esmeradamente las deudas con Wall Street –incluso por vía de nuevas deudas «odiosas» que limitaban aún más los márgenes de maniobra para importar bienes vitales32–, en lugar de tratar de reestructurarlas cuando todavía era tiempo; pero esto suponía una auditoría concertada con la Asamblea Nacional en manos de opositores.

Frente a ese enredo, el gobierno parece empeñado en mantener los canales de enriquecimiento rápido solo para las fracciones más leales de las burguesías locales y extranjeras, al combinar una nueva subasta de las «joyas de la Corona» con medidas de disciplinamiento financiero y laboral de la población. Rompiendo con los intentos anteriores de revertir los aspectos más criticados desde la izquierda de la «apertura» petrolera de los años 90 –mediante la imposición a las transnacionales de la asociación con el Estado, así como mayores impuestos y royalties y una competencia «multipolar» (no solo euroamericana)–, se legisla ahora para proteger las inversiones en el Arco Minero y la Faja Petrolífera del Orinoco, y se hipotecan las reservas de crudo para contraer nuevas deudas a través de una seudo-criptomoneda (el petro). Se habla también de controlar las remesas de los cada vez más numerosos migrantes que trabajan en el exterior y de relanzar las controvertidas Zonas Económicas Especiales (donde se anula el derecho de huelga), mientras se combatiría la escasez con programas de agricultura urbana –incluso en las escuelas...–.

Empero, mientras el gobierno se aferra al control de cambios y de precios33 y se profundiza la dolarización acelerada de la economía, es dudoso que se detenga la pauperización imperante. En fin, no se trata solo de que la abigarrada alianza ideal-típica del chavismo, entre intelectuales dos veces vencidos –en la guerrilla y las urnas– y ex-militares golpistas (en 1992) y en búsqueda de «redención»34 –por la feroz represión de las protestas anti-neoliberales del Caracazo (en 1989)– le haya dado un doble toque humanitarista y filocubano al clásico presidencialismo petrolero del «Antiguo Régimen» criollo. Se trata también de que mientras se desvanecían las ilusiones neomilenaristas sobre el «saldo definitivo de la deuda social» y el «desarrollo endógeno» por venir, el vanguardismo originario terminó de convertirse en el más cruento obstáculo para la emancipación propiciada en el discurso bolivariano.

  • 1.

    Cátedra, Madrid, 2000, p. 170-171.

  • 2.

    Jacobo Grajales: Gobernar en medio de la violencia: Estado y paramilitarismo en Colombia, Universidad del Rosario, Bogotá, 2017.

  • 3.

    Alejandro Velasco: «The Pyrrhic Victories of Venezuela’s President» en Current History vol. 117 No 796, 2/2018, pp. 73-76.

  • 4.

    L’Abécédaire de Gilles Deleuze, película-entrevista con Claire Parnet, Arte, 1996.

  • 5.

    Laura Weffer Cifuentes: «Qué hay detrás de las guarimbas» en Últimas Noticias, 16/3/2014.

  • 6.

    Equipo de investigación de Marea Socialista: «Sinfonía de un desfalco a la Nación: tocata y fuga… de capitales» en Aporrea, 8/9/2014.

  • 7.

    Los colectivos armados, que emergieron frente a la represión estatal en los barrios en los 90, son un conglomerado heterogéneo que, si bien ha sido parte de la represión estatal bajo el chavismo y del control político en los barrios, también ha entrado en conflicto con las fuerzas de seguridad desde la época de Chávez. «La Revolución Bolivariana no necesita grupos armados al margen de la ley. La Revolución Bolivariana, el Estado y el pueblo venezolano tienen y cuentan con una FANB cumpliendo constitucionalmente sus tareas», indicó recientemente el ministro de Defensa Padrino López mediante su cuenta de Twitter, y los colectivos respondieron de manera crítica en lo que no es el primer enfrentamiento. «Colectivos rechazaron las palabras de Padrino López por ‘no aguantar la presión de la derecha’» en Caraota Digital, 2/3/2018.

  • 8.

    V. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA): «Venezuela: protestas y derechos humanos. Informe febrero-mayo 2014», 24/6/2014.

  • 9.

    V. la serie «Venezuela, crimen sin frontera», 2017, realizada por la unidad investigativa de El País de Colombia, disponible en www.elpais.com.co/especiales/venezuela-crimen-sin-frontera/los-ninos-chupadores.

  • 10.

    «La aterradora nueva máscara de las OLP» en El Nacional, 11/3/2017.

  • 11.

    V. las investigaciones coordinadas por Ronna Rísquez: «OLP: la máscara del terror en Venezuela», disponible en www.connectas.org/olp/ y Observatorio Venezolano de Violencia: «Crímenes brutales en Venezuela: ejecuciones extrajudiciales dejan más de ocho mil muertos», 15/3/2018.

  • 12.

    V. la serie «Detrás de los CLAP», coordinada por Roberto Deniz, en Armando.info, 2017.

  • 13.

    V. el portal dedicado y coordinado por Laura Weffer Cifuentes: Arcominerodelorinoco.com, 2017.

  • 14.

    Alejandro Velasco: «Venezuela: ¿por qué no ‘bajan’ de los cerros?» en Nueva Sociedad edición digital, www.nuso.org, 6/2017.

  • 15.

    Por ejemplo, Gustavo Borges: «En mi barrio cacerolean» en Misionverdad.com, 16/5/2017.

  • 16.

    Con excepciones como la del pequeño Partido Socialismo y Libertad (PSL), presente en las fábricas «socialistas» y autonomizado del gobierno desde hace largo tiempo.

  • 17.

    A falta de un informe global ya publicado, v. sobre esta secuencia Amnistía Internacional: «Venezuela 2017-2018», 1/2018; y PROVEA: «139 personas fallecidas en contexto de manifestaciones 2017 hasta el 14 de agosto», 8/2017.

  • 18.

    Jefe del hampa. Supuestamente la expresión proviene de la sigla de «preso reincidente asesino nato».

  • 19.

    Ver Observatorio Venezolano de Prisiones: «Así es como tienen secuestrado a A. Tirado y otros presos políticos en Tocuyito», 22/02/2018 y «70% de las cárceles venezolanas están bajo el dominio de los pranes», 27/03/2016, ambos en Oveprisiones.com.

  • 20.

    Ver Lissette González: «Calculating Our Diaspora» en Caracas Chronicles, 6/10/2017.

  • 21.

    «La empresa del recuento en Venezuela denuncia la manipulación de un millón de votos» en Efe, 2/8/2017.

  • 22.

    Ver Michael Penfold: «El nuevo Leviatán venezolano: entendiendo el #15oct» en Prodavinci, 22/10/2017.

  • 23.

    Destacan los casos de Eduardo Samán, ex-ministro de Chávez y candidato en Caracas, cuyo nombre no apareció en las tarjetas del Partido Comunista de Venezuela y las de Patria Para Todos, y el constituyente «comunero» Ángel Prado, cuyos votos (alrededor de 60%) en el municipio Simón Planas (Lara) fueron «adjudicados» al candidato del PSUV, quien sumó así más de 90%, por una decisión de la ANC que anuló su inscripción justo antes del escrutinio.

  • 24.

    «Hausmann Joins Team Marines» en Caracas Chronicles, 3/1/2018.

  • 25.

    Fernando Coronil: El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Nueva Sociedad, Caracas, 2002; Alfa, Caracas, 2013.

  • 26.

    Daniele Benzi: ALBA-TCP. Anatomía de la integración que no fue, Universidad Simón Bolívar, Quito, 2017.

  • 27.

    Margarita López Maya: El ocaso del chavismo: Venezuela 2005-2015, Alfa, Caracas, 2016.

  • 28.

    Estas prácticas fueron ampliamente documentadas en Rafael Uzcátegui: Venezuela: la revolución como espectáculo, El Libertario, Caracas, 2010.

  • 29.

    Fórmula usada en particular en Boris Muñoz: «Ante el desmoronamiento» en Prodavinci, 28/03/2016.

  • 30.

    V. el listado exhaustivo de Mailbort Petit: «Casos de narcotráfico en Venezuela» en Maibortpetit, 9/2017.

  • 31.

    A los datos del informe sobre el «deslfaco» citado previamente, pueden añadirse los de otro trabajo de Marea Socialista: «¿Autopsia de un colapso: ¿Qué pasó con los dólares petroleros de Venezuela?» en Aporrea, 13/12/2015.

  • 32.

    Entre otros, v. Franck Muci: «Meth Finance» en Caracas Chronicles, 29/5/2017.

  • 33.

    «Manuel Sutherland: control cambiario propició pérdida de $700 mil millones», audio en Unión Radio, 5/02/2018.

  • 34.

    Paula Vásquez Lezama: Le chavisme. Un militarisme compassionnel, MSH, París, 2014.