En los últimos tiempos, Amnistía Internacional ha desarrollado un trabajo muy importante con relación a los derechos de la mujer y a las temáticas de salud reproductiva. ¿En qué estado considera que está América Latina en este momento? ¿Qué pasa con las fuerzas conservadoras y la reacción que han venido manifestando?

Efectivamente, nosotros tenemos un trabajo histórico en temas de derechos sexuales y justicia reproductiva que se vincula directamente al acompañamiento que realizamos a los movimientos de mujeres y a los movimientos LGTBI. Lo que hemos visto en los últimos cinco años ha sido un recrudecimiento de los ataques frente a cualquier progreso en materia de derechos de las mujeres, de las niñas, y de las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Frente a un avance poderoso se ha producido un ataque sistemático. Esto es claro en temas como la despenalización parcial del aborto en la ciudad de México o en la despenalización total en Uruguay. En ambos casos se hace evidente que los grupos conservadores pueden generar de manera articulada y rápida todo un sistema de ataques. En algunos casos, como el mexicano, esto tiene consecuencias nefastas porque, a pesar de que se trata de una ley centrada solo en la ciudad de México, las fuerzas conservadoras han conseguido frenar la posibilidad de iniciativas similares en otros Estados del país. Y lo han hecho impulsando una cruzada en defensa de la vida desde la concepción llegando a imponer esa mirada en las propias constituciones. Esta contraofensiva de las fuerzas conservadoras, que se produce muchas veces en connivencia con los Estados, tiene como base lo que han comenzado a denominar como «ideología de género».

¿Qué es exactamente eso a lo que llaman ideología de género?

En principio, diría que se trata de esta concepción muy particular. Básicamente consiste en la percepción de que la promoción equitativa de los derechos humanos para estos colectivos históricamente desventajados y marginalizados es una ideología. Pero claramente no lo es. Se trata simplemente de la implementación de las obligaciones nacionales e internacionales de los Estados para el ejercicio de los derechos de toda la población independientemente de la ideología, la identidad y la opinión de las personas. Ésta avanzada está siendo liderada por grupos que se identifican como religiosos pero que toman formas laicas y que se vinculan al poder estatal. Los grupos conservadores –identificados como católicos o evangélicos en el caso de nuestra región– empiezan a filtrarse y a sostener relaciones con el poder político, ingresando a los Congresos y a las Cámaras Legislativas. Allí es donde reside el mayor peligro: en su capacidad para modificar leyes y recortar derechos.

¿Cuáles son los casos más evidentes de este fenómeno? Últimamente se ha hablado mucho de la situación de Costa Rica en la que un candidato evangélico que estableció una cruzada contra la llamada «ideología de género» llegó a la segunda vuelta electoral…

Por supuesto, tenemos el caso de Costa Rica. Pero tenemos también el de Paraguay donde se estableció una verdadera cruzada contra la educación en temas de salud reproductiva, sexual, y de género. El colmo es que ni siquiera utilizaron una ley para cambiar los materiales educativos. Simplemente promovieron una resolución del Ministerio de Educación para ello. Y en esa resolución se dice, con todas las letras, que se prohíben los materiales de la «ideología de género». Esto se ha visto en buena parte de la región. Y, ciertamente, como tu decías, también en Costa Rica donde ante un avance significativo como el que implica la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reconocer la igualdad de derechos en relación con el matrimonio garantizando los derechos del colectivo LGTBI, se produjo una reacción conservadora de gran calibre. El candidato evangélico, que manifiesta un discurso de odio y discriminatorio, logró avanzar de manera escalofriante en la elección llegando a la segunda vuelta electoral. Siempre ha habido fuerzas reaccionarias frente a los fenómenos de avance de derechos, pero lo que se evidencia hoy es que su capacidad de respuesta se ha acelerado contando con la complicidad y el apoyo de muchos Estados.

¿Ese apoyo se manifiesta solo a través de leyes y resoluciones o hay otras formas de difusión del mensaje de odio que cuenten con el beneplácito de los Estados?

Creo que este es un punto importante. Porque deberíamos incluir todas estas campañas que tienen como lema «no te metas con mis hijos» y que han adoptado diferentes formas en muchos países de la región. Estas campañas se desarrollan para impedir que las instituciones públicas garanticen la difusión y la educación sobre los derechos de las mujeres o sobre temáticas de salud reproductiva. Por supuesto que aquí hay complicidad y connivencia estatal. Eso es muy evidente. Y lo es a tal punto que, durante el año pasado, la propia Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, habilitó estos mensajes. Eran los propios Estados los que permitían el ingreso de personas que se expresaban contra la «ideología de género» a la Asamblea. Allí pudieron difundir sus mensajes de odio que contradicen las propias convenciones que la OEA debe defender y respetar.

¿La reacción frente a las luchas de género puede acabar haciendo retroceder aún más las conquistas o, por el contrario, la reacción conservadora está destinada a tener una derrota pronta?

Yo creo que estamos en un contexto general muy grave y regresivo. Pese a los enormes avances, esta coyuntura se caracteriza por la crítica a los derechos humanos por parte de líderes políticos nefastos. Y, por supuesto, la retórica de esos líderes políticos no es solo retórica porque, en cuanto acceden al poder, revelan su verdadero rostro lanzándose contra los colectivos y movimientos que han logrado transformaciones importantes. En este contexto retrogrado y regresivo, muchas de las victorias y los logros del movimiento feminista y de los colectivos LGTBI, están siendo cuestionados. Este proceso es sumamente preocupante porque, por ejemplo, un país como Brasil, ya cuenta con una mayoría en el Congreso que se autoidentifica como religiosa y se siente orgullosa de ello. Allí se evidencian los retrocesos en materia de derechos. La narrativa construida por las fuerzas conservadoras, muchas veces en complicidad con los Estados, está empezando a tener una resonancia importante en la población que no tiene acceso a la información.

Pero al mismo tiempo está desarrollándose una nueva narrativa de género que parece estar calando en parte de la población.

Sin duda alguna ha habido un avance significativo por parte de los movimientos de mujeres y feministas. Han abierto una brecha. En la mayoría de las ciudades y centros urbanos, los jóvenes miran la situación de la sexualidad de una manera muy distinta a la de generaciones pasadas. Aun así, sigo creyendo que es muy importante no minimizar la fuerza que manifiestan los conservadores. Estos grupos tienen acceso al ejercicio del poder político, algo que los movimientos feministas no han conseguido totalmente. Además, tienen acceso a recursos financieros, a medios de comunicación masivos, y esto es algo que los movimientos no hemos logrado permear fuertemente. El debate se produce en condiciones de desigualdad. Es el caso de Argentina. Allí hay un gobierno que efectivamente ha abierto el diálogo, pero no se ha posicionado sobre un tema como el aborto, lo que deja a los movimientos solos frente a un debate que debe ser responsabilidad del Estado. Sí, es cierto, que el movimiento feminista ha logrado una articulación mayor, pero es igualmente cierto que la respuesta conservadora ha sido muy contundente. Lo hemos visto en la Ciudad de México. El movimiento feminista consiguió aglutinarse por la despenalización del aborto, encaró una lucha poderosa, pero el costo político fue muy alto. Fue tan alto que no tuvieron la preparación para poder resistir las tendencias conservadoras en los otros Estados. Entonces siempre estamos avanzando desde atrás, empujando en resistencia, pero luego los reveses no nos encuentran preparadas. En Nicaragua, donde por más de 100 años se contó con una legislación que garantizaba el aborto en ciertas circunstancias, lo hemos visto claramente. El entonces candidato a la presidencia por el Frente Sandinista, Daniel Ortega, negoció con la Iglesia para lograr el poder político. Y lo que negoció fue la penalización del aborto. Claramente, los movimientos de mujeres no estaban listos para el contrataque. Ese es el problema del desequilibrio. Que los movimientos terminan supliendo la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos. Es por eso por lo que esta coyuntura es muy peligrosa.

¿Qué pasa con los sectores progresistas y de izquierda? ¿Están estos sectores políticos atravesados por la cultura patriarcal?

Sin lugar a duda, las posturas siempre responden a la cultura patriarcal. Cuando miras lo que sucede en algunos países que tienen gobiernos considerados de izquierda, las cosas no son muy diferentes a aquellos que son gobernados por la derecha. De los 6 países que penalizan el aborto en todas las circunstancias, dos tienen gobiernos identificados con la izquierda. Uno es El Salvador y el otro es Nicaragua. Allí ni siquiera ha habido un intento por parte de los gobiernos para promover un diálogo abierto. Pongo estos ejemplos para expresar que la violencia es estructural e independiente del tinte ideológico. El movimiento feminista ha fracasado parcialmente en sus grandes apuestas por los gobiernos progresistas. El caso claro es el de la Revolución Bolivariana. Allí, en Venezuela, el feminismo rural, indígena y de base, apostó por este proceso viéndolo como el camino para modificar una cultura de violencia sistemática contra las mujeres y las niñas. Y, hoy en día, no solo no hubo cambios, sino que se producen graves violaciones de derechos humanos contra las mujeres y las niñas. Las tasas de mortalidad materna son las más altas de toda la historia venezolana. Esto, por tanto, no se vincula totalmente al binomio izquierda y derecha, sino a la cultura sistemáticamente patriarcal y violenta en contra de las mujeres, las niñas y las personas LGTBI.

¿Y qué tipo de trabajo puede establecerse para responder a esta cultura persistente que hoy revela su rostro más conservador?

El viraje estratégico que nos estamos planteando en esta coyuntura tan peligrosa basada en esta contraofensiva conservadora y sus ataques contra lo que califican como «ideología de género», es precisamente desde un marco cultural. Lo que planteamos es que no se trata de ideología sino de obligaciones. Se trata de la obligación estatal de protección y promoción de derechos. Pero para contrarrestar una narrativa tenemos que construir una narrativa propia. Por lo tanto, nuestro trabajo se divide en diferentes estrategias que van desde la argumentación e investigación sobre violaciones a derechos humanos, el diálogo con autoridades para cambiar algunos de estos contextos, y el litigio estratégico ante instancias nacionales e internacionales para avanzar en materias de política pública. Pero, sobre todo, es un tema de campañas. Nuestro trabajo se focaliza hoy en el involucramiento de nuevas audiencias, en la construcción de una narrativa desde la mirada de diferentes grupos afectados, pero también de grupos de jóvenes que están desarrollando formas más novedosas de activismo. Algo que ha sido particularmente desafiante ha sido estar en espacios como, por ejemplo, las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Asamblea General de la OEA. Allí pudimos ver como los grupos conservadores están logrando utilizar el mensaje y el activismo de las nuevas juventudes. Llevan jóvenes muy preparados con un discurso teóricamente fundamentado en los derechos humanos pero que se dirige a atacar los propios derechos humanos. Por lo tanto, de lo que se trata es de aprender a manejar nuestra información, a desarrollar una difusión más acertada para poder promover nuestra narrativa.

¿Y qué sucede cuando la narrativa feminista fuerza a discutir su agenda a gobiernos que no empatizaban con su causa?

Evidentemente, cuando gobiernos como el de Argentina plantean el tema del aborto, no debemos centrarnos en si son oportunistas o no. Cada cual tendrá su consideración al respecto. Lo importante es que forcemos un posicionamiento desde el movimiento de mujeres para garantizar los derechos reproductivos. Esto es trascendental para desarrollar un movimiento de réplica. Lo vimos con el matrimonio igualitario. Existe un efecto multiplicador si se sabe aprovechar la oportunidad y se eleva el costo político a los Estados. Los movimientos articulados de la región, sobre todo los movimientos feministas, pueden lograr un cambio paradigmático en aprovechando las coyunturas particulares como la que se produce en Argentina que es única e histórica. De lo contrario, el retroceso puede ser muy significativo. Si bien yo veo un panorama parcialmente sombrío, no podemos olvidar la despenalización del aborto bajo ciertas causales conseguida en Chile el año pasado, ni podemos olvidar al movimiento Ni una Menos que se desató en todo el continente, y tampoco omitir la importancia de las marchas de mujeres que desde Estados Unidos inspiraron muchas de las movilizaciones de la región y el mundo. Hay una posibilidad. No todo está perdido. Pero sí es una coyuntura adversa. De eso no me cabe ninguna duda.

Erika Guevara Rosas es una abogada de derechos humanos y reconocida activista feminista que se desempeña actualmente como directora para las Américas de Amnistía Internacional, donde dirige el trabajo de derechos humanos de la organización en el continente. Antes de unirse a Amnistía Internacional, Erika ejerció el cargo de Directora Regional para las Américas en el Fondo Global para las Mujeres, donde recaudo y movilizó más de 15 millones de dólares en apoyo a los derechos de las mujeres que se organizan en la región.

Erika Guevara Rosas es una abogada de derechos humanos y reconocida activista feminista que se desempeña actualmente como Directora para las Américas de Amnistía Internacional, donde dirige el trabajo de derechos humanos de la organización en el continente. Antes de unirse a Amnistía Internacional, Erika ejerció el cargo de Directora Regional para las Américas en el Fondo Global para las Mujeres, donde recaudo y movilizó más de 15 millones de dólares en apoyo a los derechos de las mujeres que se organizan en la región.