Durante el verano boreal de 2026, el Partido Laborista, que gobierna el Reino Unido, contempló la posibilidad de su propia extinción. En las elecciones de mayo de ese año para los parlamentos regionales y los gobiernos locales, quedó al borde de la desaparición en Gales, profundizó su marginación en Escocia y sufrió una abrupta pérdida de bancas en los concejos municipales de sus antiguos bastiones en el centro y el norte de Inglaterra. Con el partido sumido en el desconcierto, el popular alcalde laborista del área metropolitana del Gran Manchester, Andy Burnham, vio la oportunidad de concretar su antigua aspiración de convertirse en primer ministro.

La facilidad con que lo consiguió da cuenta tanto de la debilidad del entonces primer ministro Keir Starmer como de las dotes políticas de Burnham. Josh Simons, un diputado que no solo había sido un incondicional de Starmer sino también una pieza central de su implacable purga de la izquierda laborista, renunció a su banca. Así le abrió a Burnham el camino de regreso a la Cámara de los Comunes a través de una elección parcial en Makerfield, un distrito de la vieja cuenca carbonífera, en la periferia de Manchester. Al principio, la victoria parecía improbable: en las elecciones locales celebradas apenas unas semanas antes, el partido de extrema derecha Reform, liderado por Nigel Farage, habitué de la corte de Donald Trump en Mar-a-Lago, había registrado un avance histórico. Aun así, Burnham obtuvo una cómoda mayoría de los votos en una elección con alta participación y una campaña centrada por completo en su imagen personal. El logo laborista no aparecía por ninguna parte; los carteles y materiales de campaña llevaban la consigna «Vota por Andy: por nosotros». Burnham dejó a Reform en un lejano segundo lugar en una circunscripción que el partido de extrema derecha confiaba plenamente en conquistar en las próximas elecciones generales.

La victoria en Makerfield fue la prueba que el laborismo necesitaba: demostró que un líder adecuado podía recomponer la base del partido y evitar un triunfo de Reform en 2029. Pero el apuro del laborismo por abrazar a Burnham también revela su desesperación. Una sola victoria en una elección parcial, en un distrito dominado por el Partido Laborista desde hace al menos un siglo, bastó para que Burnham pareciera un salvador. Lo catapultó a una rápida coronación como líder partidario y primer ministro, por delante de unos 400 diputados laboristas que habían sido elegidos apenas dos años antes, en una victoria abrumadora en bancas pero débil en respaldo electoral.

Aunque algunos observadores internacionales lo trataron como una figura nueva y poco conocida –Donald Trump lo llamó el alcalde de «un pueblo cualquiera»–, Burnham tiene una trayectoria y una experiencia mucho mayores que las de su predecesor. Político de toda la vida, en la década de 1990 disputaba ásperos partidos de fútbol amateur en un equipo de colaboradores del Nuevo Laborismo. Fue elegido diputado por primera vez en 2001 y ocupó varios cargos en el Gabinete en los años de desgaste del gobierno de Gordon Brown (2007-2010). En la elección del líder laborista de 2015 quedó segundo, detrás de Jeremy Corbyn; aunque de no haber mediado una reforma que eliminó el peso desproporcionado del voto de los parlamentarios, podría haber ganado. Con buen criterio, se negó a participar en el golpe interno contra Corbyn que siguió al referéndum del Brexit de 2016. Al año siguiente dejó su banca para competir por el recién creado cargo de alcalde del Gran Manchester. Allí terminó de afirmarse políticamente. Burnham abandonó los trajes entallados y las consignas diseñadas a partir de grupos focales (¿alguien se acuerda del «socialismo aspiracional»?), que hasta entonces habían limitado su ascenso, y construyó una imagen auténtica como rostro de la ciudad más de moda de Inglaterra (y la más enamorada de sí misma). 

Integrante de la generación X, Burnham creció cerca de su actual circunscripción, en la zona situada entre Liverpool y Manchester, y vivió tanto el declive económico como la efervescencia cultural del noroeste de Inglaterra durante la década de 1980. Cuando llegó a Cambridge para estudiar literatura inglesa a fines de esa década, su pasión por bandas de Manchester como New Order y los Stone Roses le ofreció una forma de convertir su identidad de clase trabajadora y su origen periférico en capital cultural.

El contraste con su predecesor es revelador. Starmer se crió, con mayores estrecheces que Burnham, en una familia de clase trabajadora, aunque en Surrey, el cinturón residencial acomodado de las afueras de Londres, una zona sin nada que se compare con el aura que tiene el noroeste en la cultura pop. Su formación vino del derecho y no de la política. Vistas en retrospectiva, sus oscilaciones en el gobierno entre la indecisión y la implacabilidad parecen haber sido producto del súbito vértigo de llegar a la cima sin un expediente al que atenerse ni peritos a los que citar. Por su rechazo personal a asumir cualquier definición política, Starmer fue incapaz de encontrar un rumbo en el gobierno. Los proyectos de ley, tanto los grandes como los pequeños, se demoraban, se malograban y terminaban siendo retirados; asesores, ministros y funcionarios eran despedidos o trasladados de un puesto a otro con absoluta frialdad; y una numerosa camada de diputados laboristas sin experiencia era hostigada y amenazada, en lugar de ganársela y conducirla como suele hacerse. La promesa de «estabilidad» que sustentaba la cautela del gobierno pronto se reveló ilusoria. Al final de su mandato, la enorme mayoría parlamentaria laborista ya no servía para llevar adelante un programa legislativo coherente.

Ahora bien, el fracaso de Starmer también era síntoma de la incoherencia de fondo de la gestión del Estado y de la economía política británica desde la crisis financiera de 2008. Aprovechando la ola de frustración con los detestados conservadores, en 2024 el laborismo prometió vagamente un «cambio», pero desdeñó el trabajo intelectual y político necesario para producirlo. Los años de insuficiente inversión en energía, infraestructura y servicios públicos pesarán ahora sobre el gobierno de Burnham tanto como pesaron sobre el de Starmer. La administración central británica, con sede en Whitehall, funciona con medios insuficientes y personal mal remunerado, está obsesionada con análisis reduccionistas de costos y beneficios, y ha sido vaciada por las consultoras y la tercerización de funciones. Muchos servicios esenciales están privatizados y en manos extranjeras. El Reino Unido tiene una elevada deuda e importa energía, alimentos y capital de inversión; ahora enfrenta su tercera gran sacudida inflacionaria de la década. Su gobierno no puede hacer desaparecer las restricciones financieras por arte de magia. Pero tampoco puede fingir que las políticas ortodoxas romperán el círculo vicioso de deterioro del nivel de vida, inestabilidad política y aumento del costo del endeudamiento. Buscar alternativas –una reforma tributaria progresiva, una ampliación de la propiedad pública, una transformación constitucional radical– exige un optimismo combativo y disposición para asumir riesgos y no rehuir a la confrontación. No hay duda de que Burnham está dispuesto a dar pelea. Pero ¿está preparado para lo que eso exige? ¿Y de qué lado está realmente?

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Burnham ha definido su gobierno como un «freno de emergencia», pero también como la «última oportunidad» del laborismo. Al asumir a mitad del mandato, su margen de maniobra estará limitado por el programa desordenado y contradictorio de su predecesor. Los esfuerzos laboristas por fomentar la inversión privada han sido obstaculizados por severas restricciones migratorias, que limitan la disponibilidad de trabajadores en sectores vitales como la salud y los cuidados y cierran la puerta a cualquier revisión de fondo de las relaciones con la Unión Europea establecidas tras el Brexit. Las mejoras en los derechos de trabajadores e inquilinos, bienvenidas aunque rebajadas, se han visto contrarrestadas por reducciones de las prestaciones sociales, mayores contribuciones patronales y la dependencia de desarrolladores inmobiliarios privados para levantar las viviendas que tanto se necesitan. Un discurso obrerista convive incómodamente con la promoción entusiasta de la inteligencia artificial, mientras el gobierno extiende la alfombra roja a los centros de datos de los gigantes tecnológicos estadounidenses, que consumen enormes cantidades de energía y agua. Con el comercio minorista, la hotelería y la gastronomía en dificultades por la caída del nivel de vida, el desempleo –sobre todo entre los jóvenes– aumenta gradualmente. A pesar de la paulatina reconstrucción de una red ferroviaria de propiedad pública, la inversión en infraestructura de transporte sigue relegada fuera de la capital. La crisis financiera que diezma a las universidades se ignora deliberadamente.

La política fiscal laborista, por su parte, ha quedado a merced del pánico y las urgencias. En 2024, Starmer no quiso incluir en su programa electoral la reforma tributaria profunda necesaria para asegurar un financiamiento sostenible de los servicios públicos. Por eso, las inyecciones transitorias de fondos para las Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional de Salud, las cárceles y las escuelas públicas se han financiado con una mezcla heterogénea de impuestos puntuales y artificios contables. Estas soluciones de emergencia irritaron a diversos sectores del electorado sin generar los recursos necesarios para que la población percibiera mejoras tangibles en los servicios públicos. Un intento particularmente escandaloso de obtener más recursos mediante recortes en las prestaciones por discapacidad fue frenado por una amplia rebelión de diputados laboristas sin cargos ministeriales, lo que dejó al partido con el costo político de la crueldad y sin ningún beneficio fiscal. La misma dinámica se repitió cuando el gobierno intentó recortar los subsidios a los jubilados para la calefacción invernal y mantener una política conservadora que limitaba las asignaciones por hijo para las familias numerosas. Como la política fiscal del gobierno ha sido improvisada y profundamente impopular, ni siquiera logró cumplir su tarea principal de tranquilizar a los mercados de bonos: las tasas de interés del endeudamiento público han ido aumentando durante todo el gobierno laborista.

La única señal de una transformación estructural, un ambicioso plan para descarbonizar la generación eléctrica mediante una empresa pública de energía limpia, ha quedado limitada por las restricciones de financiamiento impuestas por el Ministerio de Hacienda. Los costos de la energía en el Reino Unido siguen siendo los más altos de Europa, mientras que los esfuerzos del gobierno por electrificar la calefacción doméstica y el transporte se reducen a programas de subsidios con fondos insuficientes y a beneficios fiscales. Aunque las energías renovables ya aportan alrededor de la mitad de la generación eléctrica, los combustibles fósiles, en su mayoría gas y petróleo importados, todavía cubren casi tres cuartas partes del consumo final de energía del país. Por eso, el Reino Unido es particularmente vulnerable, en comparación con otros países europeos, a las subas de precios y la escasez provocadas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esto se traduce en mayores costos de endeudamiento para el gobierno, que tienden a acompañar las expectativas de inflación.

Si el laborismo ha sido cauteloso a la hora de impulsar reformas económicas, ha mostrado una llamativa determinación para defender los intereses del aparato de política exterior y de seguridad británico. El Ministerio del Interior libra una quijotesca batalla judicial para proscribir a la red de activistas Palestine Action [Acción Palestina] mediante la legislación antiterrorista. El gobierno planea limitar drásticamente los juicios con jurado para reducir el atraso en las causas penales que dejaron los recortes presupuestarios de los conservadores. El aumento del gasto militar, presentado como una forma de reforzar la autonomía del país, profundiza su dependencia de proveedores y contratistas estadounidenses poco confiables. Tras una oleada de disturbios contra los refugiados y el avance de Reform en las encuestas, el gobierno propuso una ley que recorta el derecho de asilo y endurece radicalmente los requisitos para obtener la residencia permanente. La ministra del Interior, Shabana Mahmood –la primera mujer musulmana en ocupar el cargo–, insiste en que estas medidas son necesarias para proteger a «personas que se parecen a mí» de la violencia callejera. En un podcast con público, pocas semanas antes de las elecciones de mayo, dijo que los «progresistas blancos» (white liberals) que no compartieran su análisis podían «irse a la mierda».

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Muchos de ellos, al parecer, hicieron exactamente eso. Los Verdes arrebataron al laborismo cientos de bancas en los concejos municipales de las ciudades inglesas, mientras que el Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) se recuperó con fuerza de la dura derrota sufrida en las elecciones al Parlamento británico de 2024 y obtuvo un quinto mandato consecutivo en el gobierno escocés. Paradójicamente, las deserciones del laborismo hacia los Verdes también estuvieron detrás de muchas de las derrotas del partido frente a Reform, que ganó bancas en reñidas contiendas entre cinco o incluso seis fuerzas. No obstante, el resultado más devastador para el laborismo llegó en las elecciones al Senedd, el Parlamento autónomo de Gales, que, a diferencia de los concejos municipales ingleses, utiliza un sistema de representación proporcional. El laborismo quedó reducido a apenas nueve representantes, mientras que Plaid Cymru [Partido de Gales], un partido nacionalista de izquierda, formó el primer gobierno de su historia. Pero no está prevista, al menos por ahora, una iniciativa para impulsar la independencia. En cambio, Plaid ha tomado el lugar del laborismo como guardián de una identidad socialdemócrata específicamente galesa, basada en una combinación cambiante de pertenencia de clase y lealtades lingüísticas. La tradición galesa de un unionismo autoritario y pro-Brexit (es decir, partidario de que Gales siga en el Reino Unido) está representada, en cambio, por Reform, que ocupa más de un tercio de las bancas del Senedd mientras coquetea con la idea de abolirlo y devolver sus competencias a Londres.

Reform también logró captar una parte del voto unionista en Escocia, beneficiándose más que el laborismo escocés del desgaste y los escándalos de un agotado gobierno del SNP. Con todo, es su fortaleza en las pequeñas ciudades inglesas lo que ha puesto a Farage cerca de convertirse en primer ministro. El principal atractivo actual de Reform para los votantes de derecha es el argumento de que los conservadores traicionaron el Brexit al propiciar un aumento de la inmigración legal. Pero Farage parece consciente de que la inmigración no es el único tema en el que Reform podría marcar la agenda. En 2025 buscó con empeño el apoyo de los votantes de mayor edad de la clase trabajadora de Gales y el norte de Inglaterra, prometiendo volver a nacionalizar las empresas de servicios públicos y reabrir minas de carbón y plantas siderúrgicas. Quizás no sea sorprendente que ese fuera el periodo en que el partido alcanzó su máximo apoyo en las encuestas, alrededor de 30%: suficiente, en un escenario político fragmentado, para lograr una mayoría absoluta de bancas en las próximas elecciones. Desde entonces, sin embargo, su respaldo ha retrocedido. Alentado por una serie de deserciones desde las filas conservadoras, el partido ha regresado a su zona de confort neothatcherista y promete recortes radicales del gasto para obtener el beneplácito de las elites para un gobierno encabezado por Reform. Su cercanía a Trump, antes vista como una fortaleza, se ha convertido en un pesado lastre desde el ataque a Irán. También lo es su dependencia de las dudosas donaciones de multimillonarios de las criptomonedas y los fondos de inversión especulativos radicados en el exterior, con las que financia una maquinaria de campaña cada vez más sofisticada, por no hablar del lujoso estilo de vida de su líder.

Con la elección del ecopopulista Zack Polanski como líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales en septiembre de 2025, Reform perdió su monopolio sobre el voto antisistema. Beneficiándose del repudio generalizado al apoyo laborista a Israel y a su deriva autoritaria más amplia, los Verdes han formulado una propuesta ideológica dirigida expresamente a sectores claves del electorado laborista, como las mujeres jóvenes y los musulmanes. Pero, como en el caso de Reform, hay factores que podrían limitar su atractivo. Sus propuestas políticas todavía están en elaboración y una estructura partidaria poco articulada no ha asimilado aún la repentina llegada de afiliados, ideas e ímpetu militante de la izquierda que antes apoyaba a Corbyn.

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Al negarse a aceptar que la fragmentación y la polarización son la nueva normalidad de la política en Occidente, el laborismo de Starmer buscó construir una posición centrista hegemónica apropiándose de banderas de Reform e ignorando en gran medida a los Verdes. Así, no logró ofrecer un programa propio y distintivo, centrado en lo que comparten todos los votantes que perdió: una profunda frustración con el orden político y económico británico y con el aumento del costo de vida. La mayor fortaleza política de Burnham es que parece capaz de vincular de manera instintiva los síntomas tangibles del malestar británico –calles comerciales con locales tapiados, salarios que no alcanzan, malos indicadores de salud en comparación con el resto de Europa– con problemas fundamentales del Estado y la economía. Desde hace mucho defiende abiertamente la ampliación de las facultades de los gobiernos regionales para recaudar impuestos e invertir, que probablemente será el eje de su programa de gobierno. Quienes apoyaron desde el principio su campaña no declarada por el liderazgo partidario destacaron la recuperación del control municipal de la red de transporte del Gran Manchester, que permitió fijar topes a las tarifas y adoptar otras medidas sociales, como un ejemplo exitoso de los ahorros que podrían conseguirse si se nacionalizaran los servicios de agua, gas y energía y se construyeran viviendas públicas a gran escala.

Como primer ministro, Burnham ha adoptado medidas iniciales bien recibidas para reducir los impuestos aplicados a las facturas de electricidad, fijar topes al precio de los pasajes de autobús en todo el país y lograr que nadie tenga que dormir en la calle. También prometió un «plan de diez años» para «volver a someter los bienes y servicios esenciales para la vida a un mayor control público». Además, propuso una ampliación del Estado de bienestar típicamente socialdemócrata al retomar el plan de un servicio gratuito de cuidados para personas mayores y quienes necesitan asistencia, que había elaborado por primera vez como ministro de Salud en 2010 y que podría financiarse con un impuesto progresivo sobre el valor de los inmuebles. Para fines de julio, su liderazgo ya había mejorado el respaldo al gobierno en las encuestas, hasta igualar o incluso superar el de Reform. Mientras Starmer se debatía entre recuperar a los votantes progresistas de las grandes ciudades que se habían ido a los Verdes o a los votantes de las pequeñas ciudades, conservadores en cuestiones sociales, que se habían ido a Reform, el populismo económico de Burnham, con su tono afable, parece capaz de recuperar a ambos grupos.

Sin embargo, la rapidez de su ascenso y la ausencia de competencia le han dado un amplio margen para ignorar las demandas de una izquierda partidaria que sigue reducida y desmoralizada por las purgas de Starmer y el crecimiento de los Verdes. Mahmood sigue en su cargo y su proyecto de ley migratoria se mantiene en pie, con vagas garantías de que se revisarán los aspectos más crueles de las reformas. Aunque Burnham pidió disculpas por la complicidad del gobierno en la destrucción de Gaza, no ha habido pasos inmediatos hacia sanciones más amplias contra Israel, y mucho menos hacia la suspensión o la reducción del alcance de los procesos penales contra activistas propalestinos¹. Si el gobierno planea nuevos impuestos sobre la riqueza o los ingresos más altos, lo mantiene en reserva. La designación de un anodino cuadro partidario como ministro de Hacienda sugiere que es poco probable que esas medidas lleguen a adoptarse. En lugar de ser promovido a Hacienda, como muchos esperaban, el veterano dirigente progresista Ed Miliband fue trasladado al Ministerio de Relaciones Exteriores después de una gestión exitosa como ministro de Energía: un ascenso puramente nominal que podría permitirle a Burnham rebajar el compromiso laborista de prohibir nuevos proyectos petroleros en el mar del Norte.

Estas primeras decisiones ya han llevado a los críticos de izquierda a considerar a Burnham un Starmer 2.0: un embaucador que consiguió manipular a la crédula base laborista para luego revelarse como un consumado reaccionario en el gobierno. Quienes han seguido durante años su gestión en Manchester han cuestionado con razón el relato interesado según el cual construyó en la ciudad una alternativa al neoliberalismo. Su economía pujante, pero profundamente desigual, se basa en una combinación de vida nocturna, educación superior, música, fútbol, producción televisiva y negocios inmobiliarios, con generosas dosis de capital extranjero procedentes de fondos estadounidenses y del Golfo de dudosa reputación. El propio cargo del que Burnham se valió para reforzar sus credenciales de izquierda fue producto de la visión profundamente neoliberal del desarrollo regional que el ministro de Hacienda conservador George Osborne puso en práctica en la década de 2010. Concebidos como una estrategia para que las autoridades locales, devastadas por sus drásticos recortes del gasto público, se las arreglaran por sus propios medios, los City Deals («acuerdos urbanos») de Osborne buscaban concentrar el poder en manos de alcaldes electos que gobernaran las áreas económicas que rodean a las grandes ciudades inglesas fuera de Londres, con Manchester a la cabeza.

Los éxitos reales, aunque limitados, de Burnham al dar una orientación progresista a este proyecto neoliberal muestran las limitaciones de evaluar su política a partir de un eje ideológico demasiado simplificado. Su trabajo sobre los problemas concretos del desarrollo regional en el noroeste de Inglaterra lo ha llevado a formular una crítica que, al menos, suena radical: contra un Estado británico excesivamente centralizado y dependiente de la tercerización, y contra décadas de privatizaciones y ventas de activos que han restringido la inversión, deprimido la productividad y vuelto impagable la vida cotidiana para la mayoría de los trabajadores. Más que cualquiera de sus predecesores recientes, Burnham parece comprender que una economía política cercana al desarrollismo, centrada en las capacidades económicas y en quién posee los recursos tanto a escala nacional como regional, es la única forma de que la clase política responda seriamente a la demanda de los partidarios del Brexit que todavía resuena: «recuperar el control».

Pero a Burnham le costará avanzar si sigue ignorando los factores globales del malestar británico. Retocar el financiamiento de los gobiernos locales tiene un alcance limitado cuando el caos climático y las guerras imperialistas impulsan la inflación, y los compromisos de aumentar el gasto militar sin fijar límites devoran los presupuestos públicos. Tampoco permitirá movilizar las grandes inversiones en infraestructura necesarias para fortalecer la capacidad del país de resistir crisis recurrentes. Volver a la Unión Europea, o al menos a su mercado único, resulta también, por paradójico que parezca, indispensable para reconstruir un capitalismo nacional viable, capaz de sostener una socialdemocracia revitalizada. Una década después, está claro que el Brexit ha perjudicado de manera desproporcionada a las empresas y las industrias manufactureras de menor tamaño y capital local. Como en los Estados Unidos de Trump, son los gigantes globalizados los que cuentan con la escala y los márgenes de ganancia necesarios para absorber los mayores costos de transacción que generan las nuevas barreras comerciales.

A esta altura, de todos modos, hasta albergar dudas sobre el programa del gobierno laborista resulta un placer y un lujo, porque por fin parece que tiene uno. Burnham, a diferencia de su predecesor, es un político interesante y auténtico, con un mundo propio, convicciones y prioridades, acertadas o equivocadas. Con la derecha dividida entre un Partido Conservador que resiste tenazmente y un Reform estancado, tiene el potencial de reconfigurar el panorama político y frenar el impulso hasta ahora imparable de Farage. Sea lo que sea que venga después, aquí hay algo con lo que trabajar. Lo que mata es la esperanza.

Nota: la versión original de este artículo, en inglés, se publicó en Dissent, otoño de 2026 y está disponible aquí. Traducción: Mariano Schuster.