¿Cómo ha sido posible? En el Partido de los Trabajadores (PT) estaban convencidos de que, más allá del incierto resultado de la segunda vuelta, en la primera del 4 de octubre Luiz Inácio Lula da Silva quedaría primero, como ocurrió en 2022. Por eso los resultados –47% para Flávio Bolsonaro y 45% para Lula– fueron un terremoto político para la izquierda. Ahora el presidente brasileño se encuentra en la incómoda situación de tratar de revertir el golpe inicial y reorganizar fuerzas para la segunda vuelta del próximo 25 de octubre. Para lograrlo, su campaña ha dado un giro brusco: más combativa, menos centrada en el balance de gestión y acompañada de una multiplicación de las movilizaciones militantes. El objetivo es recuperar parte de los electores que Lula ha perdido a favor de Bolsonaro y, aún más importante, entre los cuarenta millones que no acudieron a las urnas, votaron en blanco o anularon su voto: en total, aproximadamente una cuarta parte del electorado. 

En 2018, con la victoria de Jair Bolsonaro frente a Fernando Haddad, Brasil anticipaba un crecimiento de las extremas derechas en toda América Latina. Bolsonaro perdió contra Lula su reelección por menos de dos puntos porcentuales en 2022, pero como se confirma ahora, el bolsonarismo expresa una coalición social que se mantuvo en pie durante estos cuatro años.

La reacción de los partidarios de Lula al resultado de la primera vuelta, así como de gran parte de la prensa extranjera y de los círculos diplomáticos internacionales, fue de sorpresa, consternación y perplejidad. Aunque ya está lejos del apogeo de su popularidad al final de su segundo mandato, en 2010, Lula sigue siendo uno de los líderes globales más respetados, mientras que Flávio Bolsonaro –hijo mayor y heredero político designado de Jair Bolsonaro– es un político mediocre y sin carisma, con una larga historia de escándalos de corrupción, vinculado tanto a los círculos de la «internacional reaccionaria» como a las milicias paramilitares de Río de Janeiro. 

¿Es la economía?

El desconcierto frente a los resultados remite a la famosa (y tan manida) frase de James Carville, el estratega de Bill Clinton en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1992: «Es la economía, estúpido». Y aquí nos encontramos frente a una situación llena matices. Desde un punto de vista macroeconómico, el tercer mandato de Lula ha sido un éxito incontestable, casi un modelo de manual. Desde 2023, Brasil ha registrado una caída sostenida del desempleo, cuya tasa se situó en el 5,3% en el trimestre de junio a agosto de 2026, cerca del mínimo histórico de la serie, y una moderación de la inflación -4,22% interanual en agosto-, ligeramente por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se situó en 4,3 % interanual en agosto de 2026. A ello se suma la reducción de alrededor del 20% de la pobreza extrema entre 2023 y 2024, equivalente a 1,9 millones de personas menos; la reanudación y ampliación de los programas sociales, como Bolsa Família; y un crecimiento del PIB del 3,2% en 2023, de 3,4% en 2024 y 2,3% en 2025, lo que arroja una media anual cercana a 3%. En el frente externo, el superávit comercial acumulado entre enero de 2023 y septiembre de 2026 rondó los 305.000 millones de dólares. Y ya entre las dos vueltas, el Congreso promulgó una reforma constitucional que fija la laboral en seis días, una vieja reivindicación que garantiza dos días de descanso sin recorte salarial y reduce gradualmente la jornada de 44 a 40 horas.

Si esos indicadores hubieran bastado para traducirse en un consenso electoral, tal y como Lula y su séquito habían pensado y esperado, las elecciones habrían sido un trámite sencillo.

Pero, como solía repetir la economista progresista brasileña Maria da Conceição Tavares, quien en otros tiempos tuvo mucha influencia sobre Lula, «nadie se come PIB, sino alimentos». Las pérdidas de poder adquisitivo acumuladas, fundamentalmente entre la recesión de 2014 (gobierno de Dilma Rousseff) y 2022 (último año del gobierno de Bolsonaro padre), aún no se han recuperado en la base y en el medio de la pirámide social. Para llegar a fin de mes, muchos brasileños completan sus ingresos con trabajos extra, a menudo en plataformas como Uber o de entregas a domicilio, recurren a préstamos bancarios y pagan sus compras a plazos. Incluso muchos recurren a las apuestas en línea (que Lula prohibió por decreto pocos días antes de las elecciones). En agosto de 2026, 81,7% de las familias tenía alguna deuda pendiente de pago, el nivel más alto jamás registrado, 3 puntos más que en 2022. Las familias destinan casi 29% de sus ingresos al pago de deudas y, aun así, casi 30% de ellas están en mora –y, en consecuencia, como se dice en Brasil, tienen el «nombre manchado» en el sistema bancario–, lo cual dificulta sus operaciones financieras. Son deudas prácticamente impagables, porque los bancos brasileños aplican una de las tasas de interés más altas del planeta: el préstamo medio a las familias cuesta alrededor de 62% anual, y el crédito renovable de la tarjeta de crédito -cuando no se paga el total-, 445%. Así, el trabajador que consiguió un empleo y un aumento salarial durante el gobierno de Lula devolvió ambos al banco, con intereses. 

Los gobiernos del PT invirtieron en un gigantesco sistema de cobertura de salud universal (SUS) y en el acceso a la educación pública; sin embargo, ante las largas colas en los hospitales y el bajo nivel medio de las escuelas primarias públicas, un número cada vez mayor de familias, incluidas las de las clases populares, se esfuerza por pagar seguros médicos y colegios privados. En agosto de 2026, 24,9% de los brasileños tenía cobertura de un seguro médico privado y algo más de 20% de los alumnos de educación primaria y secundaria estudiaba en colegios privados.

Los datos macroeconómicos definitivamente no reflejan las condiciones de vida reales de la mayoría, ni dan respuesta a las necesidades, deseos y aspiraciones, tanto materiales como inmateriales, de una sociedad que ha cambiado profundamente en el cuarto de siglo que separa la primera llegada de Lula a la presidencia, en 2002, de esta campaña electoral tan difícil para la izquierda. En estas últimas décadas, en gran parte gracias a las políticas públicas de los gobiernos del PT, Brasil ha dejado de ser un país mayoritariamente pobre para convertirse en un país de clase media y media-baja. La denominada «clase C», que incluye a todos los hogares con unos ingresos mensuales per cápita comprendidos entre 610 y 2150 reales (entre unos 120 y 430 dólares), agrupa a más de 107 millones de personas, cerca de la mitad de la población. 

Renato Meirelles, uno de los mayores expertos en opinión pública, consumo y comportamiento de las clases populares en Brasil, publicó en junio de 2026 Brasil da maioria: 25 anos de classe C, un libro imprescindible para comprender los cambios sociales que se han producido en el país. A grandes rasgos, Meirelles identifica tres períodos distintos en el siglo XXI: 

1) Los dos primeros mandatos de Lula, hasta 2010, marcaron el ascenso de millones de brasileños a la clase C, impulsados por el crecimiento económico, la expansión del crédito y las políticas de inclusión y redistribución del ingreso. 

2) La década siguiente se caracterizó por el estancamiento de los ingresos, el fin de la euforia inicial y la transición hacia un periodo de frustración y reinvención personal y colectiva. Desde el punto de vista político, la década estuvo marcada por la crisis de los gobiernos de Dilma Rousseff, hasta su destitución en 2016, la operación «Lava Jato» y el surgimiento de una extrema derecha muy activa y agresiva, y antes prácticamente invisible, que llevó al poder a Jair Bolsonaro en 2018.

3) El presente: la clase C tiene hoy un mayor nivel educativo (70% de los jóvenes ha estudiado más años que sus padres, y por primera vez muchos llegan a la universidad), está muy conectada digitalmente, es emprendedora (con pequeños negocios y microempresas individuales) y es más exigente, tanto con los servicios públicos que recibe como con los productos que compra. Meirelles señala que este grupo rechaza las etiquetas ideológicas rígidas de izquierda y derecha, oscila entre posturas conservadoras y progresistas (por ejemplo, se puede mostrar en contra del aborto y a favor del matrimonio igualitario), y desempeña un papel decisivo en las urnas y en el consumo.

La clase C, según Meirelles, apoya los programas de transferencia de ingresos de los gobiernos del PT, como el Bolsa Família, considerados indispensables para prevenir el hambre y garantizar la supervivencia de las familias más vulnerables, y reconoce que las políticas públicas fueron determinantes para su propio ascenso social y el aumento de su poder adquisitivo en la década de 2000. Sin embargo, con el paso de los años, las prestaciones sociales dejaron de considerarse una bendición extraordinaria y pasaron a verse como un derecho adquirido («lo mínimo» o un «hecho de la realidad», señala Meirelles). Por otro lado, la visión de la clase C sobre las ayudas está fuertemente marcada por valores meritocráticos. Entre 67% y 69% de los brasileños consideran que «solo se debe ayudar a quien lo merece». Existe una opinión difusa, aunque infundada, de que los programas de ayuda desincentivan la búsqueda de empleo. Algo más de 70% de la población –incluso entre los sectores de menores ingresos y entre los propios beneficiarios– coinciden en que las ayudas gubernamentales pueden hacer que las personas tengan menos ganas de trabajar. La clase C rechaza que se la trate como un mero público pasivo de la asistencia estatal. En lugar de limitarse a recibir prestaciones de subsistencia, la población de ingresos medios busca la autonomía y demanda el apoyo del Estado para emprender, acceder al crédito, obtener formación práctica y convertir pequeños negocios en microempresas. 

La cuestión de la relación con el Estado es fundamental para intentar descifrar las tendencias políticas y electorales de esta nueva clase media cuya posición no deja de ser precaria: por un lado, se percibe al Estado como ausente cuando faltan servicios públicos de calidad (especialmente en salud y educación), pero también se lo ve como un obstáculo burocrático y fiscal cuando intenta recaudar impuestos y dificulta la lucha por la supervivencia del trabajador autónomo. 

La visión de la importancia central del esfuerzo individual se entrelaza con la profunda religiosidad de la cultura popular y con el impetuoso crecimiento de las iglesias evangélicas neopentecostales, que predican que la fe, unida al esfuerzo personal, genera prosperidad terrenal: la llamada «teología de la prosperidad». Según Meirelles, para el 94% de la clase C, profesar una religión contribuye directamente a vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida. 75% de los encuestados afirma que la fe es una de las cosas más importantes de sus vidas y 58% la considera esencial para la educación de los niños. Los evangélicos votan más a la derecha que los católicos, pero el voto de la clase C no es monolítico.

Luchas comunicacionales

Todas las encuestas de opinión, por otro lado, indican desde hace tiempo el enfado y el cansancio de la mayoría de la población con su situación material, pero también su certidumbre a cerca de mejoras futuras en su vida. El nuevo sueño de decenas de millones de brasileños es convertirse en empresarios. Los de más edad piensan en una pequeña tienda o un salón de belleza. Para los más jóvenes, el sueño suele situarse en el mundo digital. La antropóloga Rosana Pinheiro-Machado, estudia cómo la economía de plataformas incide en las sociedades del Sur Global, ha seguido durante tres años a cientos de «influencers de la prosperidad», los que venden cursos y fórmulas sencillas para triunfar en internet y volverse rico: nueve de cada diez de ellos se alinean, de una u otra forma, con la extrema derecha. Es un universo marcado por una fe inquebrantable en la meritocracia y el individualismo, combinada con estilos de vida conservadores. 

No es casual que, en el tsunami reaccionario del 4 de octubre, al menos 13 jóvenes influencers bolsonaristas, con millones de seguidores en las redes sociales, hayan sido elegidos diputados federales y estatales en las filas del Partido Liberal (PL) de los Bolsonaro. Dos de ellos, Nikolas Ferreira, de treinta años, en el estado de Minas Gerais, y Lucas Pavanato, de veintiocho años, en San Pablo, obtuvieron más de tres millones de votos: son los diputados más votados de la historia de Brasil. 

Es la punta del iceberg de lo que el politólogo Marcos Nobre ha bautizado como el «partido digital bolsonarista». El bolsonarismo no es solo un movimiento constituido alrededor del clan Bolsonaro, ni un conjunto disperso de influencers: funciona como un partido de verdad, con organización, jerarquía, disciplina y una gran capacidad de movilización permanente, no solo en períodos de campaña electoral. Es un poderoso instrumento para crear y mantener consensos políticos, así como valores culturales y de comportamiento. Es una batalla que la izquierda brasileña ha perdido sin siquiera intentar pelear. A lo largo de todo el tercer mandato de Lula, la comunicación del gobierno ha sido lenta, formal, triunfalista y alejada de los problemas reales y las aspiraciones de la mayoría de la población. En la izquierda, han surgido algunos jóvenes que, a título individual, han sabido disputar la hegemonía digital con inteligencia y habilidad, y han convertido a sus seguidores en votos, como Erika Hilton, diputada transgénero del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en San Pablo (7,7 millones de seguidores entre Instagram y X, y 1,6 millones de votos); Ana Elisa Santos, de solo 21 años, del PT de Minas Gerais (6,3 millones de seguidores entre Instagram y TikTok, y más de 500.000 votos); o Rick Azevedo, concejal del PSOL de Río de Janeiro, que se dio a conocer en todo el país tras lanzar en 2023 una campaña en TikTok e Instagram para acabar con la semana de seis días de trabajo y uno de descanso, que, como mencionamos, se convirtió en reforma constitucional: fue elegido diputado federal con casi 200.000 votos. Pero, en general, la izquierda institucional brasileña se ha mostrado incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos de la comunicación y de la política.

A punto de cumplir 81 años, Lula da Silva es el último superviviente de la «marea rosa» que, entre la primera elección de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 y el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil en 2016, dominó la escena política latinoamericana durante unas dos décadas. De los líderes de aquella época, algunos han fallecido, otros están presos, en el exilio o con órdenes de detención. 

Lula es un superviviente también en otros sentidos: al hambre del nordeste del Brasil, cuando era niño; al trabajo en la fábrica (se le cortó un dedo en una prensa cuando era operario metalúrgico); a la enfermedad (superó un cáncer de garganta tras el final de su segundo mandato); a la cárcel (la primera vez durante la dictadura militar; la segunda en 2018, cuando pasó un año y medio preso por una condena por corrupción que el Supremo anuló después); al intento de golpe de Estado que culminó en el asalto del 8 de enero de 2023, cuyo plan, elaborado por militares golpistas y bautizado como «Daga Verde y Amarilla», contemplaba el asesinato de Lula, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y del ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. El juez que lo condenó, Sergio Moro, fue luego ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y acaba de ser elegido gobernador de Paraná por el PL.

El pasado 16 de agosto, fecha del inicio oficial de la campaña electoral, el primer mitín de la séptima campaña presidencial de Lula (fue candidato en 1989, 1994 y 1998, antes de ser elegido por primera vez en 2002, reelegido en 2006 y elegido de nuevo en 2022) apostó por un simbolismo seguro y, al mismo tiempo, anticuado: el estadio de Vila Euclides, en São Bernardo do Campo, periferia de San Pablo, cuna del movimiento sindical de los metalúrgicos brasileños, donde Lula había iniciado su carrera en los años 70. Bajo un sol abrasador –llevaba sombrero por recomendación médica, tras someterse a radioterapia por un cáncer de piel en el cuero cabelludo–, Lula recordó a figuras vinculadas a los orígenes del PT ya fallecidas, como Antonio Candido y Sérgio Buarque de Holanda, y a referentes de las luchas sociales asesinados, como Chico Mendes y Margarida Alves. Evocó también a su madre, conocida como Dona Lindu, que murió mientras él estaba preso por su actividad sindical, y la convirtió en emblema de un llamamiento a las mujeres contra la violencia machista. 

En su discurso, repasó su vida política, desde el sindicalismo hasta la presidencia, pasando por la cárcel, el regreso y los logros de sus gobiernos. Entre ellos, mencionó la creación de diez millones de puestos de trabajo, de una veintena de nuevas universidades federales y de cientos de campus de institutos técnicos, el paso de cinco a veinticinco millones de trabajadores con título universitario desde 2003 y las promesas de nuevos logros para el futuro. Toda su intervención osciló entre el recuerdo del pasado y la visión de un Brasil que produce chips y baterías eléctricas. Una arenga bastante triunfalista, de orgullo por todo lo que su gobierno y el PT habían hecho. Sobre temas espinosos como la delincuencia –una de las principales preocupaciones de la población–, Lula volvió a prometer la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y darle prioridad a la educación, porque «es mucho más barato que invertir en cárceles». Sus palabras pueden haber conmovido a los antiguos militantes, pero no dialogaron con las preocupaciones de decenas de millones de votantes que, según indican las encuestas de opinión, tienen una opinión negativa sobre la labor del gobierno.

A unos cientos de kilómetros de distancia, Flávio Bolsonaro había elegido para su mitin inaugural la playa de Copacabana, uno de los emplazamientos tradicionales de las manifestaciones de la extrema derecha en Río de Janeiro, el bastión principal del clan familiar. Ante un público mucho más reducido que el que reunió Lula, y bajo un cielo gris, Bolsonaro enumeró los temas que marcarían toda su campaña electoral: la «mano dura» contra la delincuencia, las dificultades de la vida cotidiana de las familias, el aumento del costo de vida, la reivindicación del legado político de Jair Bolsonaro, la oposición al aborto y a la legalización de las drogas, y la promesa de mejorar la gestión del Estado con un tesouraço (tijeretazo) en el gasto público, en referencia directa a la motosierra del presidente argentino, Javier Milei. En uno de sus primeros actos de campaña, en San Pablo, Flávio Bolsonaro blandió unas tijeras enormes, mientras que, a su lado, Milei se agitaba frenéticamente.

El tono de la campaña de los dos candidatos no cambió sustancialmente hasta el 4 de octubre. Fue, según la acertada definición del politólogo Pedro Abramovay, una disputa entre lo abstracto y lo concreto. Flávio Bolsonaro se movió en el terreno de lo abstracto. Reforzó los valores conservadores, apeló al antipetismo (un sentimiento muy fuerte en Brasil, continuación y actualización del anticomunismo de la época de la Guerra Fría), defendió el espíritu emprendedor, atacó al Supremo Tribunal Federal y aseguró que será implacable con los grupos criminales organizados, sin ofrecer detalles sobre ninguna propuesta concreta. Lula, por el contrario, fue demasiado «concreto», enumerando los muchos logros macroeconómicos de su gobierno y una lista de proyectos futuros, pero sin intentar siquiera transmitir la esperanza de que hay un país mejor por construir y de que eso pasa por su reelección. 

La ola conservadora

En la primera vuelta, los brasileños se decantaron por la visión abstracta y reaccionaria. Independientemente del resultado final de las elecciones, un análisis detallado de la elección ofrece un panorama desalentador para Lula, la izquierda y el futuro de la democracia. En términos absolutos, la diferencia entre Bolsonaro y Lula fue de 2,3 millones de votos: 56,1 millones para el primero y 53,8 millones para el segundo. En comparación con la primera vuelta de las presidenciales de 2022, Flávio Bolsonaro obtuvo 5 millones más que su padre Jair, quien perdió por estrecho margen en el balotaje, mientras que Lula perdió 3,4 millones de votos, a pesar de que el número total de electores aumentó ligeramente (158,7 millones de votantes en 2026 frente a 156,4 millones en 2022). Hace cuatro años, Lula se situó en cabeza en 3.378 de los 5.569 municipios y en 14 estados del país; este año, en solo 2.663 municipios y 12 estados. Un estudio del periódico O Globo muestra que el presidente perdió votos en 98,2% de los municipios, mientras que el candidato de extrema derecha avanzó. La caída de los votos de Lula fue más acusada en las ciudades de menos de 20.000 habitantes (5,9 puntos porcentuales) y más leve en las grandes ciudades de más de 500.000 habitantes (casi un punto). Un relevo del diario Folha de S. Paulo, en el que se cruzan los resultados electorales de la primera vuelta con los del censo de 2022, muestra que, en general, Lula sigue gozando de una popularidad extraordinaria entre los brasileños más pobres –obtuvo 76% de los votos en los sectores con ingresos mensuales de hasta 1.100 reales (unos 220 dólares)–, pero que Flávio Bolsonaro obtuvo proporcionalmente más votos en todos los demás niveles de ingresos. Entre los votantes de la clase C, el retroceso de Lula ha sido especialmente acusado: el presidente ha perdido 5,1 puntos porcentuales de los votos con respecto a 2022, mientras que el hijo de Bolsonaro ha aumentado su apoyo en 4,9 puntos respecto a los resultados de su padre. Paradójicamente, Lula ha aumentado su apoyo, aunque en menor medida que su rival, entre los votantes con mayores ingresos. 

También Lula perdió votos en uno de los principales bastiones del PT, el estado de Bahía, donde ha pasado de 69,7% a 66,2%, aunque el gobernador del PT, Jerônimo Rodrigues, ha sido reelegido en la primera vuelta. Flávio Bolsonaro, al contrario, ha ganado terreno en estados clave en los que Lula había superado a Jair Bolsonaro en 2022, como Minas Gerais, donde obtuvo 538.000 votos más que su padre en 2022 y se situó en primer lugar. En el estado de San Pablo, el más rico y poblado de la federación, donde el PT tiene sus raíces históricas y donde Jair Bolsonaro se había impuesto hace cuatro años, Flávio obtuvo 682.000 votos más, mientras que Lula perdió casi un millón. En paralelo, el ex-ministro de Economía y delfín de Lula, Fernando Haddad, candidato por segunda vez a gobernador del estado, obtuvo un resultado ligeramente mejor que en 2022, pero no superó el 36% de los votos, y Tarcísio de Freitas, alineado con el bolsonarismo, fue reelegido en la primera vuelta con 62% de los votos. 

El PL, actual formación política del clan Bolsonaro, se ha convertido en el primer partido de Brasil: ha elegido a cinco gobernadores en la primera vuelta y 121 diputados (de un total de 513, lo que supone 23,6% de los escaños de la Cámara baja) y 19 senadores (de los 54 en liza), que, sumados a los senadores que ya ocupaban su cargo, darán al PL 28 de los 81 escaños, es decir, el 34,6%. El bolsonarismo se renueva también como dinastía. Michelle Bolsonaro, ex-primera dama que este año protagonizó un sonado enfrentamiento público con Flávio por la sucesión política de su marido, fue la candidata más votada al Senado en el Distrito Federal, con casi un millón de votos, y su partido se quedó con los dos escaños en disputa en la capital. Evangélica y con un discurso centrado en la fe y la familia, Michelle encarna la alianza entre el clan y las iglesias neopentecostales. No es un caso aislado: cinco de los ocho familiares de Jair Bolsonaro que se presentaron a estas elecciones fueron elegidos o siguen en carrera, entre ellos su hijo Carlos, que llega al Senado por Santa Catarina.

Los partidos de izquierda se han mantenido: han elegido en total 124 diputados, frente a los 125 elegidos en 2022, y contarán con 15 senadores, frente a los 17 actuales. El PT de Lula sigue siendo, de lejos, el más fuerte del bloque progresista, con 88 diputados y 9 senadores. Sin embargo, en estas elecciones la izquierda sufrió derrotas de enorme peso simbólico: quedaron fuera del Senado Randolfe Rodrigues, líder del gobierno en el Congreso; la ex-presidenta del PT Gleisi Hoffmann, en Paraná; Benedita da Silva, en Río en Janeiro; Paulo Pimenta, en Rio Grande do Sul, y dos ministras emblemáticas del tercer mandato de Lula, Marina Silva y Simone Tebet, en San Pablo. José Dirceu, quien llegó a ser el segundo nombre más fuerte del PT tras Lula, no logró regresar a la Cámara de Diputados.

Si Flávio Bolsonaro gana la segunda vuelta, el PL y sus aliados de la derecha y del centrão podrán impulsar su agenda con pocos obstáculos. Flávio podría indultar por sí mismo a su padre, condenado por la trama golpista y hoy bajo arresto domiciliario. Destituir a ministros del Supremo Tribunal Federal exigiría dos tercios del Senado (54 votos) y reformar la Constitución, tres quintos de cada cámara: mayorías fuera del alcance del PL solo, pero no de una coalición conservadora que ha salido reforzada del 4 de octubre. No obstante, Brasil no se ha transformado de repente en un país con una extrema derecha hegemónica. El bolsonarismo, según indican las series históricas de diferentes encuestas de opinión, cuenta con una minoría que se identifica firmemente con él, del orden de una cuarta parte del electorado, pero es capaz de liderar una coalición electoral mucho mayor. Su peso no radica únicamente en el número de seguidores, sino en su capacidad para organizar a la derecha y atraer a votantes que no se consideran estrictamente bolsonaristas. Del mismo modo, el electorado del PT representa desde hace años alrededor de 30% de los votantes. En el pasado, el lulismo –que históricamente tiene una capacidad de consenso electoral superior a la de su partido– lograba ampliar significativamente su apoyo electoral más allá de la izquierda propiamente dicha. Este año, al menos en la primera vuelta, ha sido el bolsonarismo el que ha logrado recabar un mayor consenso en casi todos los sectores de la población. Se pueden plantear al menos dos hipótesis, complementarias entre sí, para intentar explicar esta situación. 

La primera hipótesis, de orden concreto, nos devuelve a la economía: la política económica de todo el gobierno de Lula se ha caracterizado por una ortodoxia fiscal y monetaria que ha limitado en gran medida la capacidad de inversión pública. El gobierno se ató las manos al aprobar por ley un arcabouço fiscal (marco fiscal). La regla es sencilla en su lógica: el gasto público solo puede crecer el 70% de lo que crezcan los ingresos, y nunca más del 2,5% por encima de la inflación. Aun así, la deuda pública no ha dejado de subir: pasó del 73,8% del PIB en diciembre de 2023 al 82,9% en agosto de 2026, casi 10 puntos más. Está muy por debajo de la media de los países de la OCDE (110,5% del PIB en 2023) pero los mercados financieros y sus altavoces en los medios de comunicación la han convertido en uno de los temas principales del debate político (dándole a Flávio Bolsonaro la oportunidad de comprometerse a «alcanzar, en el menor plazo posible, la estabilidad y, posteriormente, la reducción de la ratio deuda/PIB» mediante un brutal programa de ajuste). En realidad, Brasil no sufre una crisis de deuda, sino una crisis del costo de la deuda, tal y como explican economistas ajenos a los mercados financieros, como Pedro Paulo Zahluth Bastos, profesor en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). El tipo de interés básico brasileño (Selic), de 13,75% anual, es uno de los más altos del mundo en términos reales. El pago de intereses de la deuda pública absorbe así casi el 9% del PIB, unos 1,2 billones de reales al año, lo que equivale a unos 240.000 millones de dólares. Es más del doble de lo que paga Italia, cuya deuda es, sin embargo, 60% mayor que la brasileña. Los altísimos tipos de interés que paga el Estado brasileño imponen, por un lado, una limitación real de los recursos disponibles para invertir (por ejemplo, para mejorar la calidad de los servicios públicos básicos, como la sanidad, la educación, el transporte público y la seguridad social) y, por otro lado, son uno de los principales mecanismos de concentración de la riqueza del país en manos de una elite muy reducida, que reúne en sus manos gran parte de los títulos de deuda interna: el 1% más rico de la población poseía 46,8% de la riqueza total del país en 2021. Se trata de un viejo problema de Brasil al que los gobiernos del PT, desde 2003 hasta la actualidad, nunca han enfrentado realmente, en un intento –fracasado– de evitar una confrontación con los poderes fácticos del país. Tras el inesperado éxito de Flávio Bolsonaro, la bolsa de San Pablo subió 7% en un solo día y el real se apreció frente al dólar: a pesar de los buenos resultados macroeconómicos del Gobierno de Lula III (y de los dos anteriores), los grandes grupos que influyen en el mercado financiero brasileño se han decantado abiertamente por la extrema derecha.

Desde un punto de vista abstracto, Lula y el PT han perdido la capacidad de hacer soñar –de vivir «sin miedo a ser felices», como cantaba el inolvidable eslogan de la primera campaña electoral de 1989– y han renunciado en gran medida a cualquier intento de disputar seriamente la hegemonía cultural y la práctica político-económica neoliberal que prevalece en el país ya desde hace décadas. Mientras que la extrema derecha libra a diario una batalla cultural sin cuartel para imponer sus valores reaccionarios, la izquierda se ha acomodado a la tímida gestión de lo que considera posible, renunciando a cualquier tipo de rebeldía contra el status quo, en el sentido que sugiere Pablo Stefanoni en su ya clásico libro ¿La rebeldía se volvió de derecha? (2021). Para decenas de millones de brasileños, Lula se ha convertido él mismo en la encarnación del establishment, del sistema, en un país que no les permite hacer realidad sus sueños ni llevar una vida menos dura. Flávio Bolsonaro, por el contrario, a pesar de todos los escándalos que lo salpican a él y a su familia, logró venderse como una alternativa de ruptura, aunque lleva décadas en la política. Salvando las diferencias que existen entre la situación de los dos países, se trata, en esencia, de la misma dinámica política y psicológica que, en 2024, llevó a amplios sectores de las clases populares de Estados Unidos a votar por Donald Trump en las elecciones presidenciales, o a abstenerse. 

En abril de 2026, en la Primera Reunión de la Movilización Progresista Global organizada en Barcelona por el gobierno español de Pedro Sánchez, Lula había reconocido el problema. El proyecto neoliberal, dijo Lula, «prometió prosperidad y trajo hambre, desigualdad e inseguridad». El progresismo «logró avanzar en la agenda de los derechos», pero «no consiguió superar el pensamiento económico dominante» y, en lugar de romper con ese modelo, «sucumbió a la ortodoxia» y se convirtió en gestor de sus propios males. «Los gobiernos de izquierda ganan las elecciones con un discurso de izquierda y practican la austeridad», reconoció Lula. La extrema derecha, por su parte, supo «sacar partido del malestar generado por las promesas incumplidas», canalizando la frustración y la desesperanza de quienes fueron abandonados por el sistema y por el progresismo que prometió cambiarlo. «Nos hemos convertido en el sistema», admitió Lula. Seis meses después, de la forma más dramática, los brasileños han confirmado ese diagnóstico en las urnas. 

En busca de la remontada

La posibilidad de dar la vuelta al resultado del 4 de octubre, según revelan desde el comité de campaña de Lula, pasa ahora por una mayor movilización de los militantes de izquierda, pero también, y quizás, sobre todo, por el miedo. Es decir, convencer a decenas de millones de indecisos y abstencionistas de que el regreso de Bolsonaro a la presidencia pondría en peligro mortal los programas sociales del gobierno, empeoraría los servicios públicos, deterioraría los sueldos y las jubilaciones, dañaría sus vidas y cualquier posibilidad de ascenso social. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2006 (Lula contra Alckmin, el actual vicepresidente) y de 2014 (Dilma Rousseff contra Aécio Neves), esta estrategia funcionó. Una semana después de la primera vuelta, se celebraron enormes manifestaciones en las grandes ciudades brasileñas, como la izquierda brasileña no había logrado organizar desde hacía décadas. En muchos casos, se trató de manifestaciones autoorganizadas por una gran variedad de grupos, grandes y pequeños, de militantes –a menudo muy jóvenes– y no por las estructuras de los partidos ni de los sindicatos. Las consignas y pancartas contra Bolsonaro se entremezclaban con banderas arcoíris y palestinas, atuendos de las religiones afrobrasileñas, grupos de samba y pancartas que reclamaban la defensa de las universidades públicas y la reducción de la jornada laboral. Todo ello con una energía, e incluso una alegría, que habían brillado por su ausencia en los últimos años. 

Las encuestas indican que la ventaja de Flávio Bolsonaro empezó a reducirse. Pero el tiempo disponible es muy corto. Al último gigante de la izquierda latinoamericana solo le quedan ahora unos pocos días para intentar evitar que las limitaciones, los errores y las vacilaciones de su tercer mandato acaben entregando Brasil a la extrema derecha más reaccionaria. Están en juego el futuro de la democracia en un país de 215 millones de habitantes, la protección de la Amazonia y la posibilidad de resistir los ataques de Trump contra la soberanía de América Latina. Para Luiz Inácio Lula da Silva, esta será la última y más difícil prueba de supervivencia.