Tema central

La sociedad civil frente a la militarización de la seguridad pública en México

México vive una espiral de violencia alimentada por el crimen organizado, la respuesta militarista implementada desde el Estado y la penetración delictiva de las instituciones públicas. El artículo da cuenta de este fenómeno y analiza dos respuestas: la reacción de la sociedad, que se organiza para enfrentar el problema aunque sin apoyo de las autoridades; y las solicitudes de asilo político, que en algunos casos son consecuencia del acoso que sufren quienes resisten el aumento de la violencia e impactan en las relaciones diplomáticas, en particular con Estados Unidos y Canadá. Solo un cambio de estrategia, que excluya la militarización de la seguridad, junto con un compromiso trilateral con participación de la sociedad civil, puede modificar esta preocupante situación.

La sociedad civil frente a la militarización de la seguridad pública en México

Introducción

La violencia política ejercida por el Estado contra la población a través de las fuerzas encargadas de salvaguardar la seguridad y el orden, en el marco de la política de combate al crimen organizado, ha desencadenado una espiral de criminalidad en México. Para tratar de comprender este fenómeno, procederemos a analizar tres factores. Primeramente, la pertinencia y la eficacia de la política instrumentada por el Poder Ejecutivo federal; enseguida, el comportamiento de la sociedad y de los gobernantes, considerados como dos procesos claramente diferenciados y opuestos; y finalmente el impacto de esta situación en las relaciones diplomáticas y comerciales de México con sus dos socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos y Canadá.

La ineficacia de la política de seguridad ha sido ampliamente demostrada: el uso de la fuerza como única medida solo puede desencadenar más violencia. Respecto al segundo tema propuesto, es importante señalar que la población desaprueba esa política. Nuestra hipótesis es que nos encontramos ante un problema de correlación de fuerzas, ya que las expresiones sociales que se oponen a la violencia política están en desventaja frente al crimen organizado y las autoridades que controlan las instituciones públicas. Y se trata al mismo tiempo de un problema de representación política ya que, como consecuencia de la pérdida de autonomía del Instituto Federal Electoral y del aumento del índice de abstención, los gobernantes a menudo no representan realmente las preferencias del electorado1. Ante la dificultad para obtener consensos en el Congreso2, el presidente ha recurrido al autoritarismo para gobernar, sin reconocer interlocutores, por lo que existe poca comunicación entre la sociedad y las autoridades. Se trata entonces de un problema que concierne la calidad de la democracia, que incluye un desequilibrio entre el Ejecutivo y los demás poderes del Estado, la criminalización del disenso y la supresión de algunas garantías individuales en las zonas con mayor presencia del narcotráfico, como el derecho a la libre asociación y al libre tránsito.

En ese sentido, lejos de detener la espiral de violencia, la militarización de la seguridad pública ha sido en detrimento de la consolidación de la democracia y el buen gobierno. Y lejos de resolver la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia que rigen las instituciones responsables de la seguridad pública, ha contribuido a perpetuar dichos problemas.

La política de Felipe Calderón en el marco de la Convención de Palermo3

Un estudio realizado en 107 países por Edgardo Buscaglia demuestra que el fracaso de la estrategia de Felipe Calderón para combatir el crimen organizado radica en que se ha centrado exclusivamente en el uso de la fuerza. De acuerdo con el especialista, la delincuencia organizada opera a partir de cuatro ejes –político, patrimonial, paramilitar-operativo y social– en torno de los cuales construye redes que le permiten penetrar simultáneamente en la sociedad, las instituciones y la estructura económica. Estas redes articulan 25 crímenes tipificados por la Convención de Palermo4, que van desde la piratería hasta la trata de personas. La estrategia acordada por la Convención, de la cual el gobierno mexicano es signatario, recomienda actuar simultáneamente sobre los cuatro ejes.

En México, la penetración del crimen organizado en la sociedad es resultado de que el Estado no cumple las funciones básicas que debe cumplir y que aseguran la gobernabilidad: la garantía del bienestar económico y cultural de la población y la salvaguarda de la seguridad y el orden público. Esta situación les ha permitido a las organizaciones criminales construir una red de lealtad social sobre la base de un discurso benefactor con el que argumentan estar protegiendo a la población de otras organizaciones criminales, en una estrategia de «autodefensa» similar a la utilizada por las Autodefensas Unidas de Colombia, así como mediante la provisión de servicios públicos (infraestructura, créditos para la producción, escuelas, iglesias, intervención para la resolución de conflictos); es decir, garantías que el Estado no ofrece. De esta manera, han logrado expandirse territorialmente en el país.

La falta de políticas de prevención hace a la población de bajos recursos altamente susceptible de ser cooptada por estas organizaciones. Además, a los déficits de desarrollo existentes se ha sumado, en el último tiempo, la desviación de más y más recursos públicos para financiar la creación de policías. En efecto, entre 2006 y 2010 el presupuesto destinado a la seguridad pública aumentó 249,7%, mientras que el destinado a salud y empleo se incrementó 112,2% y el de previsión social, 12,7%5. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2009 el número de pobres había disminuido en toda América Latina salvo en México, donde la pobreza aumentó 3,1%6. El hecho de que en México no se estén atacando las redes patrimoniales y políticas de la delincuencia organizada les permite a estos grupos movilizar su patrimonio para responder con más fuerza a la violencia del Estado. Así se genera un círculo vicioso en el que la violencia y la corrupción generan más violencia y más corrupción.

Por otra parte, el Poder Legislativo carece de una comisión que le permita llamar al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional a rendir cuentas respecto a los procesos operativos que se llevan a cabo para impedir que se cometan abusos contra la población. En relación con la transparencia, dado que en México no existe una tradición legislativa en materia de defensa –el Poder Legislativo se limita a aprobar o desaprobar los presupuestos elevados por el Ejecutivo–, el Ejército no rinde cuentas ante el Congreso7. En la práctica, entonces, el Ejército es políticamente autónomo y funciona de acuerdo con sus objetivos e intereses, más allá de los objetivos civiles. Tampoco existe un servicio de inteligencia que provea al Ejecutivo de información para la toma de decisiones, lo cual permitiría conocer la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado.

  • 1. Al respecto, es elocuente el porcentaje de abstención y votos nulos expresados en las últimas elecciones para diputados en julio de 2009.
  • 2. Actualmente el partido del cual proviene el titular del Poder Ejecutivo no tiene la mayoría en el Congreso, por lo que requiere mucho trabajo de cabildeo y alianzas para lograr que se aprueben sus iniciativas legislativas.
  • 3. Esta sección ha sido redactada sobre la base de dos entrevistas realizadas por Carmen Aristegui a Edgardo Buscaglia: cnn en español, 13/7/2009, <www.dailymotion.com/video/x23ivx_aristeguientrevistabuscagliamafiame_politics cnn en español> y mvs radio, Primera Edición, 13/7/2009, www.youtube.com/watch?v=JlFtdk4r-0k.
  • 4. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo, Italia, 2000, www.unodc.org/unodc/crime_cicp_convention.html.
  • 5. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: «Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006-2010», México.
  • 6. Cepal: Panorama social de América Latina 2009, Cepal / Naciones Unidas, noviembre de 2009.
  • 7. Marcos Pablo Moloeznik Gruer: «Militarización de la seguridad pública, autonomía de las Fuerzas Armadas e imperativo de la reforma militar en México» en El Cotidiano vol. 22 No 146, 11-12/2007, p. 103.